Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-494-18 — Registro 10478

Resumen

Resolución impugnada que declaró sin lugar incidente de anulabilidad denunciado por parte demandada, en relación a decreto de medida cautelar de embargo en proceso laboral de pago de prestaciones

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Que, vistos los antecedentes de la presente acción de amparo, encuentra esta Sala de lo Constitucional que la formalización de la presente acción de amparo, realiza la debida acreditación de su alegato de violación de garantías constitucionales de su representada, señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO; pues se colige claramente de los anteriores enunciados que la resolución subjudice ha colisionado con el ámbito garantista invocado por el recurrente y, en particular, a lo establecido en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, inter alia; con relación a lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); pues del estudio detenido de la presente garantía constitucional se han constatado carencias argumentativas, no sólo en cuanto a la motivación, sino que en cuanto a la propia fundamentación jurídica; pues se ha limitado el Tribunal Ad Quem, en caso concreto, a transcribir el articulado jurídico que juzgó aplicable, mas no a motivar la hipotética concordancia del articulado citado respecto a la disposición conducente al decreto de la medida cautelar sin audiencia previa de la contraparte. Del contenido del articulado jurídico en mención, resulta que, para proceder en tal sentido, debía constar no sólo la acreditación de la urgencia o del riesgo fundado de la pérdida de efectividad de la medida garante de los derechos, sino que se resolvía a solicitud expresa de la parte a la cual la ley le atribuye tal carga procesal; lo cual, según se constata de la lectura exhaustiva, no consta fehacientemente del tenor de la resolución recurrida; procediendo oficiosamente la jurisdicción ordinaria a este respecto. CONSIDERANDO (8): Que esta última consideración aparece a la vez como consistente, con lineamientos garantistas vertidos por la Sala, en tutela a lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 82 de la Constitución de la República, que establece: ”Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”; debido a que la indefensión, y consiguiente violación al debido proceso, no devienen necesariamente de cualquier denegatoria a las peticiones formuladas por los interesados en el decurso del proceso, sino que únicamente respecto a aquellas que entrañen un carácter de gravedad o irrevocabilidad y que impliquen un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales; tal como ocurre en el presente caso, al proceder el Juzgador a decretar oficiosamente y sin solicitud expresa previa - exigencia que dimana expresamente de la literalidad de la ley procesal del caso - a decretar una medida cautelar, sin audiencia previa de la contraparte. De lo anteriormente expuesto, se desprende que la sentencia de Apelaciones de la cual se ha hecho debida relación, no se ajusta a los requerimientos, procedimientos y exigencias establecidas en la ley, necesarias en todo caso para garantizar la efectividad del derecho material de defensa; conllevando, asimismo, a la concomitante vulneración de lo preceptuado en el Artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República, cuando establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Por ende, esta Sala de lo Constitucional, procede a dictar sentencia declaratoria ha lugar del amparo impetrado; a efecto la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE se sirva proceder a restituir a la persona agraviada, en el goce de los derechos constitucionales y convencionales, que le fueron conculcados al tenor de dicha resolución judicial."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES, a favor de la señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha tres (3) de mayo dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), con relación a la demanda laboral promovida por el Señor HERIK FRANK RODAS MORALES, contra la señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada los artículos 59, 61, 63, 64, 90, 94 y 183 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, el Abogado HERIK FRANK RODAS MORALES en su condición de representante procesal de los Señores MARIA DE LOS ANGELES BERMUDEZ ESCALANTE, como Representante de su menor hija LARISA FABIOLA CALDERON BERMUDEZ, LUIS GERARDO RIVERA BERMUDEZ, FRANKLIN ARGENIS BERMUDEZ MENDOZA Y OTROS, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento en virtud de despido directo, condenando al pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, preaviso auxilio de cesantía causado y proporcional, vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo causado y proporcional, decimo cuarto mes causado y proporcional, embargo precautorio con carácter de urgente, habilitación de días y horas inhábiles. (Folios 1–38 de la Pieza Principal del A-Quo). 2) Que en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, celebró audiencia siendo la continuación de la audiencia de OPOSICION en la cual falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR EL INCIDENTE DE ANULABILIDAD denunciado por el Abogado AMADEO SANCHEZ FLORES, representante de la parte demandada, en el proceso laboral promovido por la señora MARIA DE LOS ANGELES BERMUDEZ ESCALANTE Y OTROS, contra la señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO en su condición de dueña de finca LAS MESITAS SEGUNDO: .- TERCERO: Contra la presente sentencia interlocutoria se puede interponer el recurso de reposición y subsidiaria la apelación.-” (Folios 125–126 de la Pieza Separada del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES, en su condición de Apoderado Legal de la señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO, la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, dictó Sentencia en fecha tres (03) de mayo de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES en su condición de Representante Procesal de la parte Demandada, contra la resolución de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PREAVISO, AUXILIO DE CESANTIA CAUSADO Y PORPORCIONAL, VACACIONES CAISADAS Y PROPORCIONALES, AGUINALDO CAUSADO Y PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES CAUSADO Y PROPROCIONAL, EMBARGO PRECAUTORIO CON CARÁCTER DE URGENTE, HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- PETICION.- SE CONFIERE PODER.- CONDENA EN COSTAS, promovida por el Abogado HERIK FRANK RODAS MORALES en su condición de Representante Procesal de los señores MARIA DE LOS ANGELES BERMUDEZ ESCALANTE, en su condición de representante de su menor hija LARISA FABIOLA CALDERON BERMUDEZ, LUIS GERARDO RIVERA BERMUDEZ, LUIS GERARDO RIVERA MENDOZA, ROLANDO ALFREDO BERMUDEZ CARCAMO, YESSICA MUREYA HERRERA BERMUDEZ, RUDY EMILIO HERNANDEZ ESCALANTE, SINDY ROXANA HERRERA BERMUDEZ, ARNALDO JOSUE HERRERA BERMUDEZ, NOEL ALBERTO ESCALANTE MARTINEZ, JOSMAN ANTONIO RODRIGUEZ BERMUDEZ, ESTEBAN HORACION HERRERA BERMUDEZ, MEYLIN ISAMAR RIVERA BERMUDEZ, LEDYS GEOVANY ZAMBRANO, FERNANDO JOSE MONTOYA TERCERO, KENIA MARIBEL GRADIZ TERCERO, HECTOR OVIDIO GRADIZ TERCERO, ANYI GISSEL ZAMBRANO GONZALES, ANGIE DINORA RODRIGUEZ BERMUDEZ, WILSON JOSE BERMUDEZ GRADIZ, CARMEN LORENA BERMUDEZ GRADIZ, contra la señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO, como Propietaria de la Empresa FINCA LAS MESITA.- SEGUNDO: SIN LUGAR la pretensión de NULIDAD DE ACTUACIONES PETICIONADA POR LA PARTE APELADA. TERCERO: CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, que declaro SIN LUGAR el incidente de anulabilidad denunciado por el representante procesal de la parte demandada, sin perjuicio de seguir con la tramitación de la oposición formulada contra la medida cautelar, la cual deberá decidirse en su momento por el A-Quo. CUARTO: SIN COSTAS. -” (Folios 10–18 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que el Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la Señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO, contra la Sentencia de fecha tres (03) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). (Folio 1–6 y 24 de la presente Recurso) 5) Que en fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, pues no han ocurrido las vulneraciones alegadas por el demandante, con las correspondientes consecuencias legales”; teniendo motivación y fundamento legal en no corresponderse a la verdad que la autoridad recurrida hubiere faltado a su deber de motivación, pues, contrario a lo manifestado por el amparista, contiene una expresa mención de los razonamientos fácticos, jurídicos y doctrinales que lo condujeron a apreciar y valorar los motivos de urgencia que llevaron al Juez A Quo a adoptar una medida cautelar sin audiencia de parte. Lo anterior sin perjuicio de que, de seguirse con la tramitación de la oposición formulada, se le brinde el trámite correspondiente en derecho; donde la parte demandada ejercerá su derecho a ser oída, así como la posibilidad de probar y controlar la prueba, correspondiéndole al Juez acordar si procede a mantener el embargo, o bien, dejarlo sin efecto. (Folios 27–31 y 33 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha tres (3) de mayo dos mil dieciocho (2018), por la cual la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, resuelve DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES, a favor de la señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO, en su condición de parte demandada, contra la resolución dictada en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL presentada en su contra por la señora MARIA DE LOS ANGELES BERMUDEZ ESCALANTE, como Representante de su menor hija LARISA FABIOLA CALDERON BERMUDEZ y OTROS, ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA Y DEL TRABAJO por Ministerio de la Ley CONSIDERANDO (4): Que la resolución venida en amparo, según visto en el Antecedente 3), resuelve la CONFIRMATORIA A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, que declaraba SIN LUGAR el INCIDENTE DE ANULABILIDAD denunciado por el representante procesal de la parte demandada, sin perjuicio de seguir con la tramitación de la oposición formulada contra la medida cautelar, la cual deberá decidirse en el momento procesal oportuno por el Juzgado A-Quo. Tal resolución tendría un fundamento plural de argumentaciones, respecto a la desestimación de las alegaciones de parte apelante, reconduciendo fundamentalmente a que, respecto al incidente de anulabilidad opuesto por la demandada, no resultaba éste procedente en virtud de haberse fundamentado el A Quo en lo establecido en los artículos 351, contentivo de los presupuestos generales de las medidas cautelares y 383.2 del Código Procesal Civil, referente al trámite para la sustanciación de las mismas, a solicitud de parte; sin perjuicio de que la parte demandada formule oposición a la adopción de la misma. Considera la Corte de Alzada, que, asegurada esta posibilidad procesal, se justifica el actuar urgente del A Quo, dando pie únicamente a una apelación diferida, lo cual no puede merecer reparo de inconstitucionalidad; pues considerada en sí misma, la orden de embargo no es más que una medida cautelar, cuya emisión no requiere de plena certeza del derecho provisionalmente protegido, ni es forzoso se oiga con antelación a quien obliga. Cita, en tal sentido, como doctrina concurrente el Código Procesal Civil Comentado, pág. 327, s.c. – Señalando, en consecuencia, que procedía la confirmatoria del auto interlocutorio impugnado. CONSIDERANDO (5): Que aduce el recurrente, Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES, que tal resolución del Ad Quem no se encuentra conforme a los Arts. 59, 61, 63, 64, 90, 94 y 183 de la Constitución de la República y resulta en perjuicio de su representada, la señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO; pues vulnera las formalidades y garantías que impone al Juzgador el derecho adjetivo contenido en los artículos 350, 380, 383 numerales 1 y 2, 384 y 701 del Código Procesal Civil, con relación al artículo 763 del Código del Trabajo, inter alia; siendo que los alegatos y pronunciamientos recurridos por las partes, los que formaran parte de la decisión que resuelva el recurso de apelación, lo cual no fue observado en tal resolución judicial. Asimismo, censura el garantista que tampoco fue observado por el Ad Quem lo normativizado sobre la legitimidad de las partes; elemento fundamental para el discernimiento judicial, sobre el cual no se realizó motivación judicial alguna. Con relación a determinar la procedencia de la medida cautelar impuesta, se ha constatado que el peticionario no solicitó, ni acreditó, ninguno de los presupuestos procesales que la ley procesal establece para adoptar la medida cautelar a solicitud de la parte demandante; incumplimiento de formalidades esenciales del proceso que obligaba a la Corte de Apelaciones recurrida a verificar su observancia y cumplimiento, pues la ley establece que, previo a decretar las medidas en discrepancia, deberá el solicitante formular su petición expresa respecto a que la medida cautelar se adopte sin audiencia previa de la contraparte, para lo cual deberá acreditar la urgencia o la pérdida de efectividad de la medida. Por ello, estima el amparista, si el solicitante no puede justificar probatoriamente dichos presupuestos, lo procedente era rechazar la medida sin audiencia previa. No obstante, tal fue el proveído de la Corte de Apelaciones, en fraude de ley y en vulneración del debido proceso y al principio de legalidad, restringiendo así el derecho de la parte agraviada a ser oída, previo a decretársele una medida en materia laboral CONSIDERANDO (6): Que considera el recurrente, Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES que, tal proceder de la Corte de Apelaciones recurrida en Amparo, vulnera, en definitiva, el derecho de defensa de la parte demandada a ser escuchada en dicha audiencia, lo cual efectuó la Alzada sin reparar en las consideraciones de hecho y de derecho que han quedado expresadas; transcurriendo inclusive casi tres (3) años desde la adopción de tal medida, lo cual estima violatorio a los derechos fundamentales de su representada; con especial referencia a la inviolabilidad del derecho de defensa que le asiste de conformidad a ley, así como al tenor de lo normativizado en los instrumentos del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. - Por todo lo cual solicita se declare CON LUGAR la garantía constitucional de amparo que se formaliza y de la cual se ha hecho mérito. CONSIDERANDO (7): Que, vistos los antecedentes de la presente acción de amparo, encuentra esta Sala de lo Constitucional que la formalización de la presente acción de amparo, realiza la debida acreditación de su alegato de violación de garantías constitucionales de su representada, señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO; pues se colige claramente de los anteriores enunciados que la resolución subjudice ha colisionado con el ámbito garantista invocado por el recurrente y, en particular, a lo establecido en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, inter alia; con relación a lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); pues del estudio detenido de la presente garantía constitucional se han constatado carencias argumentativas, no sólo en cuanto a la motivación, sino que en cuanto a la propia fundamentación jurídica;[1] pues se ha limitado el Tribunal Ad Quem, en caso concreto, a transcribir el articulado jurídico que juzgó aplicable, mas no a motivar la hipotética concordancia del articulado citado respecto a la disposición conducente al decreto de la medida cautelar sin audiencia previa de la contraparte. Del contenido del articulado jurídico en mención, resulta que, para proceder en tal sentido, debía constar no sólo la acreditación de la urgencia o del riesgo fundado de la pérdida de efectividad de la medida garante de los derechos, sino que se resolvía a solicitud expresa de la parte a la cual la ley le atribuye tal carga procesal;[2] lo cual, según se constata de la lectura exhaustiva, no consta fehacientemente del tenor de la resolución recurrida; procediendo oficiosamente la jurisdicción ordinaria a este respecto.[3] CONSIDERANDO (8): Que esta última consideración aparece a la vez como consistente, con lineamientos garantistas vertidos por la Sala, en tutela a lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 82 de la Constitución de la República, que establece: ”Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”; debido a que la indefensión, y consiguiente violación al debido proceso, no devienen necesariamente de cualquier denegatoria a las peticiones formuladas por los interesados en el decurso del proceso, sino que únicamente respecto a aquellas que entrañen un carácter de gravedad o irrevocabilidad y que impliquen un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales; tal como ocurre en el presente caso, al proceder el Juzgador a decretar oficiosamente y sin solicitud expresa previa - exigencia que dimana expresamente de la literalidad de la ley procesal del caso - a decretar una medida cautelar, sin audiencia previa de la contraparte. De lo anteriormente expuesto, se desprende que la sentencia de Apelaciones de la cual se ha hecho debida relación, no se ajusta a los requerimientos, procedimientos y exigencias establecidas en la ley, necesarias en todo caso para garantizar la efectividad del derecho material de defensa; conllevando, asimismo, a la concomitante vulneración de lo preceptuado en el Artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República, cuando establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Por ende, esta Sala de lo Constitucional, procede a dictar sentencia declaratoria ha lugar del amparo impetrado; a efecto la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE se sirva proceder a restituir a la persona agraviada, en el goce de los derechos constitucionales y convencionales, que le fueron conculcados al tenor de dicha resolución judicial. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo, por haber mérito constitucional para ello. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL.JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0494-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Versando la distinción entre resolución motivada y resolución fundada en derecho, ha expresado el Prof. José Garberí Llobregat, Ex-Letrado del Tribunal Constitucional español, que al decir que la motivación ha de estar fundada en Derecho, tal carga no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad. En suma, que el artículo 24.1 de la CE (Contentivo del derecho a la tutela judicial efectiva): “… impone a los órganos judiciales no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico (STC 308/2006, de 23 de octubre)”. Ver del autor citado: “Constitución y Derecho Procesal: Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal”. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2009. Págs. 162-164.

[2] Ver: DE DIEGO DIEZ, L. Alfredo. La tutela cautelar en el nuevo Código Procesal Civil. Tegucigalpa: OIM, 2008. Pág. 121.

[3] Ver: DE DIEGO DIEZ, L. Alfredo. La tutela cautelar en el nuevo Código Procesal Civil. Tegucigalpa: OIM, 2008. Pág. 122.