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Sentencia AL-490-18 — Registro 10901

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que confirmó el auto interlocutorio dictado con relación a la demanda ordinaria laboral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de mayo de dos mil ­­­­­­diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado YOVANY MISAEL MONCADA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, que confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MARIA DE LOS ÁNGELES ARGEÑAL contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD por medio de su representante legal la señora EDNA YOLANI BATRES CRUZ. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los Artículos 61, 82, 90 y 135 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora Maria de los Ángeles Argeñal promoviendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones cuya cuantía ascendía a L.180,669.83, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (Instituto Nacional de Tórax) por medio de su representante legal la señora Edna Yolani Batres Cruz (Folios 1-6 del expediente del A-quo) 2) En fecha veintitrés de enero del dos mil dieciocho, en la conciliación celebrada en la Audiencia Primera de Trámite, el A-quo le cedió la palabra a la parte demandante para que interpusiera algún defecto procesal, corrigiera, aclarara, o enmendara la demanda, aclarando así lo concerniente a la cuantía de la demanda, describiéndose de la siguiente manera: prestaciones e indemnizaciones laborales, preaviso (L.19,818.32), auxilio de cesantía, (L.89,137.44), auxilio de cesantía proporcional, (L.7702.17), vacaciones (L.13,205.60), vacaciones proporcionales (L.5136.98), décimo tercer mes (L.16,979.00), décimo cuarto (L.16,979.00), décimo cuarto mes proporcional (L.4244.70) reajuste de salario (L54,591.60), otros pagos (L.54,591.60), conforme al cálculo de prestaciones laborales realizado por la Secretaría del Trabajo. Pago de reajuste del salario mínimo, la suma asciende a la cantidad de (L.282, 376.31). (Folio 48 vuelto de la pieza del A-quo) 3) Que conociendo de los defectos procesales promovidos por la parte demandada en la continuación de la audiencia primera de trámite, celebrada en fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, el Juzgado ante citado, admitió la corrección al escrito de demanda que se realizó en la audiencia relacionada en el numeral que precede, asimismo, tuvo por interpuesto la EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL POR RAZON DE LA MATERIA, DEFECTO PROCESAL DE OSCURIDAD O AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA, y la PRESCRIPCIÓN… (Folios 48-50 de la pieza del A-quo)4) La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Yovany Misael Moncada, contra el auto interlocutorio que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, dictó sentencia en fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, en donde falló: 1° CONFIRMANDO la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste departamento de Francisco Morazán de fecha veinte de febrero del año dos mil dieciocho; 2° SIN COSTAS en ambas instancias….(Folios 41-43 del expediente del A-quem) 5) Que el Abogado Yovany Misael Moncada, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 61, 82, 90 y 135 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala en fecha quince de enero de dos mil diecinueve, tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito al Abogado antes referido, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley, dando vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 1-3/20 de la pieza de amparo) 6) Que esta Sala, en fecha, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Yulibeth Garay Hernández, del que se desprende de su análisis jurídico lo siguiente: De la cuestión traída a examen: El amparista expresa en la interposición de la presente acción de amparo, la violación de la garantía constitucional consagrada en los artículos: 61, 82, 90 de la Constitución de la República; es por ello que una vez analizado el caso de autos, el Ministerio Público concluye: El Código de Trabajo dispone: Artículo 706 párrafo segundo: “La demanda podrá ser aclarada, corregida o enmendada dentro de la primera audiencia de trámite.”. De las actuaciones que constan en autos se desprende: Que el amparista centra su alegato en la presente interposición de acción de amparo en: Que la demandante al aclarar la demanda altera sustancialmente aspectos como la pretensión, petición y la cuantía de la demanda, por lo que está alterando y modificando la demanda presentada por lo cual acumula nuevos aspectos como otros pagos los que no determina claramente su procedencia ni adjuntó documento que acredite este extremo.- Y que la modificación de la pretensión se debió realizar previo a la contestación y no en la audiencia referida por lo cual es extemporánea. Del análisis efectuado, al contrastar el alegato expuesto por el amparista versus la resolución recurrida, se observa que el Tribunal de Alzada, en la resolución señala los argumentos facticos jurídicos que dan respuesta a lo planteado por la parte recurrente como ser: 1.- Que la pretensión principal es el pago de prestaciones laborales por despido ilegal e injusto por lo que incluir otros pagos en concepto de salarios no implica que se esté cambiando la pretensión.- 2.- Que la procedencia de otros pagos será objeto de prueba que al efecto se presente.- 3.- En cuanto al salario mínimo el demandado deberá acreditar que se cancela.- 4.- En relación a que no se presentó el documento que lo acredite, establece que existe un momento procesal para que ambas partes aporten sus medios de prueba.- 5.- Extemporáneo de la petición, señala que es en la audiencia primera de trámite que el demandante deberá aclarar, corregir o enmendar la demanda.-6.-Finalmente en atención al alegato del recurrente de aplicar las disposiciones del Código Procesal Civil, establece que tales disposiciones son de carácter supletorio en cuanto no lo regule el Código del Trabajo. Por lo que de lo expuesto, se aprecia que la resolución recurrida dictada por el Ad-quem, posee la motivación suficiente satisfaciendo los requisitos, las formalidades que señala la ley para garantizar la efectividad del derecho, en el cual se aprecia se han respetado durante la prosecución del proceso laboral las garantías constitucionales que señalan la norma constitucional, por lo que no se aprecia violación a las mismas, puesto que el Ad-quem ha establecido en la resolución recurrida la motivación razonada de su decisión fundamentándose en la normal procesal aplicable por lo cual consecuentemente no se observa vulneración a garantías constitucionales. IV. OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se DENIEGUE, la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.

CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, que confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MARIA DE LOS ÁNGELES ARGEÑAL contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD por medio de su representante legal la señora EDNA YOLANI BATRES CRUZ. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 61, 82, 90 y 135 de la Constitución de la República, al permitir la alteración y modificación de la demanda por el actor, la Corte Recurrida violenta el derecho de defensa ya que arbitrariamente permite al demandante realizar un acto no permitido por la Ley, en un momento procesal extemporáneo e inoportuno, en el cual no se permite realizar alteraciones a la demanda o modificar la misma; la ley laboral en este sentido solo permite aclarar o corregir ya que la etapa para modificar o alterar la petición de la demanda claramente es establecido que deberá ser antes de la contestación. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, señalando que del análisis anterior el Ministerio Publico puede determinar que, en el presente caso de autos, no se han violentado las garantías Constitucionales a la que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por que no se otorgue la acción impetrada. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia concretamente en que haciendo un análisis de la demanda y de la enmienda hecha por la parte demandante, la misma va encaminada a corregir la cuantía de la demanda y de ninguna manera agrega pretensiones, como lo señala la parte demandada, ni la pone en desventaja, ya que la ley le permite al trabajador poder corregir, enmendar o aclarar su demanda; y, si bien es cierto ése Tribunal, reiteradamente ha sostenido el criterio que no es posible poder cambiar las pretensiones del demandante en una aclaración, corrección o enmienda de la demanda; también es cierto, que en el presente caso, como ya se dijo, no hay ningún cambio en cuanto a las pretensiones de fondo y consecuentemente es procedente declarar improcedente la impugnación hecha por el representante procesal de la parte demandada. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-490-2018

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL