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Sentencia AL-457-17 — Registro 17785

Resumen

Resolución confirmó auto interlocutorio dictado por Juzgado de Primera Instancia que denegó prueba aportada ya que el demandado se encuentra en Contumacia al contestar la demanda laboral promovida por demandante contra recurrente fuera del tiempo; Además, denegó la suspensión de la Audiencia; La Autoridad recurrida confirma la validez de lo actuado por dicho Juzgado en audiencia primera de trámite al precluirle al demandado su derecho en cuanto a proponer medios de prueba por no haber contestado la demanda dentro del término legal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"encuentra esta Sala de lo Constitucional que la parte garantista obtuvo respuesta fundada en derecho en la resolución que dictara la Alzada, la cual se emite en el marco de las garantías y derechos constitucionales correspondientes al debido proceso; pudiendo así la parte demandada acceder a la justicia, cumplidos que fueren los requisitos que enmarca la Ley, lo cual es parte esencial de lo que se entiende por derecho de defensa, consagrado constitucionalmente en el artículo 82 de la Carta Magna, e inclusive, del derecho al debido proceso, que postula el artículo 90 de la Constitución de la República; tal como se ha constatado en el caso de autos..."..."acorde al artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional y de flexibilización del procedimiento, en aras de obtener una justicia constitucional acorde a los principios que conforman el debido proceso; permitiéndole así, a la parte demandada, proponer y controvertir pruebas en la forma acotada por la sentencia de apelaciones venida en amparo, cumplidos que fueren, desde luego, los requisitos que enmarca la Ley; no siendo exequible constitucionalmente, a contrario, la interpretación de la contumacia absoluta e incondicionada, la cual sí produciría la indefensión de la demandada. - En consecuencia, y por todo lo expresado, debe procederse a la denegatoria de la presente acción de Amparo, en los términos aquí expuestos y compendiados..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO a favor del “COMITÉ PRO AYUDA AL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS”, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda laboral promovida por el señor ANGEL NOE ORDOÑEZ ALVAREZ, en contra del “COMITÉ PRO AYUDA AL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS”. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representación procesal los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de diciembre de dos mil quince (2015), comparece ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el señor ANGEL NOE ORDOÑEZ ALVAREZ, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales generadas por la suscripción de varios contratos, contra el “COMITÉ PRO AYUDA AL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS”, a ser condenados al reintegro de trabajo o caso contrario a los salarios dejados de percibir; siendo esta admitida en fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). (Folios 1 al 58 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha dos (02) de Febrero de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán celebró audiencia primera de trámite, mediante Auto resolutorio resolvió: … se deniega la prueba aportada en vista de que apoderado demandado se encuentra en CONTUMACIA, ya que el auto de fecha 09 de mayo del 2016 se contestó la demanda fuera de tiempo, asimismo se deniega la suspensión de la audiencia.…” (Folios 42-43 de la pieza del Juzgado). 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, al conocer del recurso apelación interpuesto por el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO contra el auto interlocutorio dictado en fecha dos (02)de febrero de dos mil diecisiete (2017); dictó sentencia en fecha once de mayo de dos mil diecisiete (2017), en la cual FALLA: (SIC)CONFIRMANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de este Departamento de Francisco Morazán de fecha 2 de febrero del dos mil diecisiete.… (Folio 44 al 47 de la pieza de la Corte de Apelaciones). 4) Que el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, compareció ante este Tribunal el trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo amparo a favor del COMITÉ PRO AYUDA AL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS, afirmando que la sentencia de fecha once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha siete (07) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 5) Que en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por evacuado el dictamen emitido por la Fiscal del Despacho Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, quien fue de la opinión que: “QUE SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO, promovida en virtud de existir vulneración de la garantía invocada por el Amparista…”; lo cual fundamenta en que del estudio de las diligencias se desprende que la demanda fue contestada en forma, más no en tiempo, como señala el A Quo. Sin embargo, para que se dé por acreditada la contumacia, se debe apreciar un abandono del proceso por la parte demandada, lo cual no fue el caso; razón por la cual la judicatura no puede cercenarle al demandado el derecho de presentar sus medios probatorios: “… mucho menos cuando de la foliada se colige que el demandado ha comparecido a todas las audiencias señaladas”. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que confirmó, por mayoría de votos de sus miembros, el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda laboral promovida por el señor ANGEL NOE ORDOÑEZ ALVAREZ, en contra del “COMITÉ PRO AYUDA AL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS”, se fundamenta precisamente en la procedencia de confirmar la validez de lo actuado por el A-Quo en audiencia primera de trámite, al precluirle al apoderado demandando su derecho en cuanto a proponer medios de prueba, en vista a encontrarse incurso en la figura de contumacia; por no haber contestado la demanda dentro del término legal que le fuere señalado para ello. CONSIDERANDO (4): Que en formalización de su recurso de amparo, ha manifestado el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO a favor del “COMITÉ PRO AYUDA AL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS”, que la resolución de la Corte de Apelaciones que se describe en el numeral inmediato anterior violenta los derechos de defensa y al debido proceso reconocidos en los artículos 92 y 80 (Sic.), de la Constitución de la República; en virtud de que denegó la prueba propuesta por la parte demandada y aún de la prueba en relación, relativa a la prueba propuesta por la parte demandante; procediendo a devolver los documentos presentados por el Apoderado Demandado. Lo anterior fue objeto de la apelación precitada y de reposición previa, recursos que fueron ineficaces para rectificar el yerro que el amparista percibe, en el contenido de la resolución denegatoria dictada por la Juez A–Quo. CONSIDERANDO (5): Que sigue considerando el amparista, que tal resolución causa grave perjuicio al “Comité Pro Ayuda del Hospital General San Felipe”, negándole el justo y debido proceso para pueda defenderse con la proposición de prueba necesaria, ante una demanda laboral injustificada y controvertida. Cita, asimismo, como doctrina jurídica aplicable, lo dispuesto en la página 10 del Manual Procesal Laboral No. 5.2, Sección II, “De la Justificación”, respecto a que la parte rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se encuentre, sin que pueda retroceder en las actuaciones (al tenor de los artículos 4 y 443.1 CPC), lo cual sería aplicable en materia laboral de conformidad al artículo “749 CDT” (Sic.) y en la sección VII procedimiento en los juicios del trabajo, letra A, procedimiento ordinario laboral, numeral 10.3 página 45 del referido Manual Procesal Laboral en cuanto a la proposición y admisión de los medios de prueba que en el escrito de la demanda y admisión de los medios de prueba, así como en la contestación de la demanda, las partes deberán relacionar los medios de prueba de que se harán valer con los hechos de la demanda y la contestación de la misma; con lo cual se configura, inter alia, una errónea apreciación de la dimensión y límites, en el tiempo y espacio procesal, de la figura jurídica de la contumacia, por cuanto no tiene en consideración la norma procesal, como queda relacionado supra; derecho de proponer medios probatorios del que gozaba la parte demandada, una vez incorporada al proceso, en declarada oposición a los argumentos y pretensiones de la parte demandante; produciendo, por lo tanto, el fallo recurrido en amparo, la indefensión de la parte demandada, por cuanto le priva del derecho a proponer los medios de prueba para desacreditar las pretensiones en materia laboral formuladas por la parte demandante; por todo lo cual, solicita se tenga por formalizada la acción de amparo y que la misma sea otorgada, en definitiva. CONSIDERANDO (6): Que acorde al escrito de formalización de amparo, se ha configurado en el fallo del Ad Quem una errónea apreciación de la dimensión y límites, en el tiempo y espacio procesal, de la figura jurídica de la Contumacia; la cual le impide ejercer a su representación procesal el derecho de proponer medios probatorios del que gozaba una vez incorporada al proceso, en declarada oposición a los argumentos y pretensiones de la parte demandante; produciendo, por lo tanto, el fallo recurrido en amparo, la indefensión de la parte demandada, por cuanto le ha privado del derecho a proponer los medios de prueba para desacreditar las pretensiones en materia laboral formuladas por la parte demandante. En apoyo a su tesitura, ha esgrimido apoyos doctrinarios de la página 10, No. 5.2, y en el numeral 10.3 de la página 45 del referido Manual Procesal Laboral;[1] las cuales una vez verificadas por esta Sala, a manera de ilustración, versan sobre los principios que rigen el derecho del trabajo y específicamente sobre el principio de irrenunciabilidad, valedero particularmente para el trabajador (Acápite No. 5.2) y sobre la Proposición y admisión de los medios de prueba (Acápite No. 10.3), el cual remite al escrito de demanda y al de contestación de la demanda, como locus procesales en los cuales - según el Manual citado - deben las partes relacionar los medios de prueba de que se harán valer: “…con los hechos de la demanda y la contestación de la misma”; lo cual no es el caso, tratándose de la contumacia de la patronal como parte demandada, lo que implica no se cumplió con el emplazamiento legal en el momento procesal oportuno, ni se justificó oportunamente tal incumplimiento. CONSIDERANDO (7): Que para mayor abundancia a lo aquí expuesto, se tiene en consideración la definición en derecho usual del término “Contumacia”, entrada la cual, en su acepción procesal, refiere a (la): “Situación procesal que se da en el proceso penal cuando el imputado debidamente notificado no comparece a la audiencia preliminar u ordinaria, y no existen motivos fundados para considerar que su ausencia se debe a alguna causa justificada”;[2] lo cual tendría equivalente procesal civil, en nuestro ordenamiento, en lo preceptuado en los artículos 3, 4, 7 y 443.1 del Código Procesal Civil; y en el tenor literal del artículo 703, con relación al 709, ambos del Código del Trabajo, según citados y contextualizados en el Considerando inmediato anterior de la presente sentencia. CONSIDERANDO (8): Que, asimismo, concurren en la tesitura de la sentencia examinada a la luz de la presente garantía constitucional, los principios que rigen el derecho del trabajo – parcialmente invocados en la formalización del presente recurso de amparo[3] –, especialmente los referidos al principio protectorio, de irrenunciabilidad (del trabajador), de verdad procesal,[4] y a la preclusión procesal, el cual, en armonía con el principio de oficiosidad, garantiza la seguridad jurídica en el proceso: “… ya que cada fase procesal termina, concluye y no puede repetirse”.[5] CONSIDERANDO (9): Que vistos los antecedentes del caso y contrastado el Dictamen Fiscal, con los elementos de motivación supraindicados, encuentra esta Sala de lo Constitucional que la parte garantista obtuvo respuesta fundada en derecho en la resolución que dictara la Alzada, la cual se emite en el marco de las garantías y derechos constitucionales correspondientes al debido proceso; pudiendo así la parte demandada acceder a la justicia, cumplidos que fueren los requisitos que enmarca la Ley, lo cual es parte esencial de lo que se entiende por derecho de defensa, consagrado constitucionalmente en el artículo 82 de la Carta Magna, e inclusive, del derecho al debido proceso, que postula el artículo 90 de la Constitución de la República; tal como se ha constatado en el caso de autos. CONSIDERANDO (10): Que acorde al artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional y de flexibilización del procedimiento, en aras de obtener una justicia constitucional acorde a los principios que conforman el debido proceso; permitiéndole así, a la parte demandada, proponer y controvertir pruebas en la forma acotada por la sentencia de apelaciones venida en amparo, cumplidos que fueren, desde luego, los requisitos que enmarca la Ley; no siendo exequible constitucionalmente, a contrario, la interpretación de la contumacia absoluta e incondicionada, la cual sí produciría la indefensión de la demandada. - En consecuencia, y por todo lo expresado, debe procederse a la denegatoria de la presente acción de Amparo, en los términos aquí expuestos y compendiados. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 16, 18, 59 reformado, 64, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-457-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] La edición consultada es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia y bajo la coordinación y supervisión técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Tegucigalpa, M.D.C., 2013.

[2] Ver la entrada correspondiente, en: Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (Vol. I). Dirigido por Santiago Muñoz Machado. Real Academia Española-Cumbre Judicial Iberoamericana-Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2017. Pág. 638.

[3] Op. Cit., Manual Procesal…, Págs. 10-13.

[4] “Principio de Verdad Procesal: Los Juzgados deben emitir sus fallos con base a las pruebas aportadas, independiente de que pudiera darse el caso de que la parte a quien le asiste el derecho no hubiere aportado prueba”. Op. Cit., Manual Procesal…, Págs. 12.

[5] Op. Cit., Manual Procesal…, Págs. 13.