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Sentencia AL-388-18 — Registro 10896

Resumen

Recurso de Amparo Interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que se deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido, al confrontar la sentencia recurrida con el contenido formal de las sentencia, se constante que el Ad Quem en la resolución emitida estima que si bien el Estado debe asegurar una tutela plena, asegurando que el tiempo que se requiere para ejecutar una sentencia firme no podrá ser aprovechado por el demandado o un tercero, para propiciar una situación que de a lugar a una burla al derecho al trabajo consignados en el artículo 127 Constitucional en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo –periculum mora- por lo que es el ESTADO quien debe y tiene que asegurar que la situación jurídica patrimonial que sustancialmente vigente al momento de la sentencia o de su ejecución de tal modo que sea una realidad su ejecución. "...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. VISTO: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado Manuel de Jesús Bonilla González a favor de la señora Olimpia Astrid Bustillo Vijil contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Olimpia Astrid Bustillo Vijil contra el Estado de Honduras a través del Registro Nacional de las Personas (RNP) por medio de su representante legal el señor Miguel Villeda Villela. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 1, 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la señora Olimpia Astrid Bustillo Vijil promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REAJUSTE SALARIAL EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 128 NUMERAL 3 Y 5 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL ARTICULO 367 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO POR ESTAR EN LAS MISMAS CONDICIONES DE PREPARACIÓN ACADEMICA, ASÍ TAMBIÉN EN LA MISMA CATEGORIA COMO FUNCIONARIOS…”, contra el Estado de Honduras a través del Registro Nacional de las Personas (RNP) por medio de su representante legal el señor Miguel Villeda Villela. (Folios 1-6 del expediente del A-quo) 2) En fecha diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras antes referido, en la continuación de la audiencia primera de trámite, conociendo del defecto procesal insubsanable por falta de acreditación en la representación, opuesto por la parte demandante, falló: “1. Declarar SIN LUGAR el DEFECTO PROCESAL INSUBSANABLE POR FALTA DE ACREDITACIÓN EN LA REPRESENTACIÓN…”. (Folio 83-88 de la pieza del A Quo) 3) La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Manuel de Jesús Bonilla González, contra el auto interlocutorio que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, en fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018), dictó sentencia en donde falló: “1. DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESÚS BONILLA GONZALEZ; 2. CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, y recaído en el defecto procesal insubsanable por falta de acreditación en la representación interpuesto por el apoderado demandante, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REAJUSTE SALARIAL EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 128 NUMERAL 3 Y 5 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL ARTICULO 367 DEL CODIGO DEL TRABAJO POR ESTAR EN LAS MISMAS CONDICIONES DE PREPARACIÓN ACADEMICA, ASÍ TAMBIÉN EN LA MISMA CATEGORIA COMO FUNCIONARIOS, promovido por la señora OLIMPIA ASTRID BUSTILLO VIJIL contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), representada por el señor MIGUEL VILLEDA VILLELA, en su condición de Director Ejecutivo.3.SIN COSTAS….”(Folios 65-68 del expediente del Ad Quem) 5) Que el Abogado Manuel de Jesús Bonilla González, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor de la señora Olimpia Astrid Bustillo Vijil, afirmando que la resolución dictada por el Ad Quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala en fecha cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019), tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito al Abogado antes referido, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley, dando vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 1-35/86 de la pieza de amparo) 6) Que esta Sala, en fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve (2019), tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Yulibeth Garay Hernández, del que se desprende de su análisis jurídico lo siguiente: De la cuestión traída a examen: El amparista expresa en la interposición de la presente acción de amparo, la violación de las garantías constitucionales consagradas en los artículos: 1, 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República; es por ello que una vez analizado el caso de autos, el Ministerio Público concluye: Se observa del estudio de los presentes autos, que el amparista centra su alegato para la interposición de la presente acción de amparo en: “Que en la resolución recurrida no hay motivación, no es clara, ni precisa, ni congruente, que el Juzgador no valoró objetivamente los medios de prueba, vulnerándose los artículos: 206, 208, 228 y 234 del Código Procesal Civil; aunado al Defecto Procesal Insubsanable por Falta de Acreditación en la Representación de la demandada. Se aprecia en los presentes autos, que la demanda fue presentada contra el Registro Nacional de las Personas, por lo que al haber comparecido y contestado la demanda el abogado Rigoberto Cerrato Martínez, en su condición de apoderado legal del Registro Nacional de las Personas, lo cual acreditó con el Testimonio de Escritura Pública de Poder General para Pleitos otorgado por el Ingeniero Jorge Arturo Reyna García, en su condición de Director en aquel entonces del ente estatal demandado, no habiendo sido en ese momento aun revocado el poder con el que actuaba, por parte de la institución demandada, por lo que dicho poder se considera vigente en aquel momento procesal, siempre y cuando el mismo no hay sido sustituido por parte de la persona que ahora ostenta el cargo de Director del Registro Nacional de las Personas. En relación al señalamiento que realiza el recurrente de: “Falta de motivación, claridad, precisión y congruencia de la resolución recurrida”, se observa al retrotraerse a la resolución de fecha 8 de marzo del 2018, de la cual re recurrente solicitó Aclaración y Corrección Material, que la misma, posee la motivación suficiente satisfaciendo los requisitos, las formalidades que señala la ley para garantizar la efectividad del derecho, en el cual se aprecia se ha respetado durante la prosecución del proceso laboral las garantías constitucionales que señalan la norma constitucional, por lo que no se aprecia violación a las mismas, puesto que el Ad Quem ha establecido en la resolución recurrida la motivación razonada de su decisión fundamentándose en la norma procesal aplicable por lo cual consecuentemente, no se observa vulneración a garantías constitucionales.-Por lo que se comparte el criterio esgrimido por la Corte de Apelaciones, ya que se observa que dicho Tribunal, se pronunció concretamente sobre el recurso de apelación interpuesto y consecuentemente no es necesario aclarar los extremos enunciados por el abogado Manuel de Jesús Bonilla González, en su comparecencia de fecha 13 de marzo del 2018. Por lo que, al revisar la resolución recurrida por el amparista, no se aprecia la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. III.-OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se Deniegue el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo las diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesta por el Abogado Manuel de Jesús Bonilla González a favor de la señora Olimpia Astrid Bustillo Vijil contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Olimpia Astrid Bustillo Vijil contra el ESTADO DE HONDURAS a través del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERONAS (RNP) por medio de su representante legal el señor Miguel Villeda Villela. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 1, 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que analizado el expediente de mérito consta en autos que el amparista expresa en la interposición de la presente acción de amparo, esgrime la violación a las garantías constitucionales consagradas en los artículos: 1, 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República; es por ello que una vez analizado el caso de mérito se contrae de su estudio de los presentes autos, que el amparista centra su interposición en la presente acción de amparo en: Que en la resolución recurrida no hay motivación, no es clara, ni precisa, ni congruente, siendo que el Juzgador no valoró objetivamente los medios de prueba, vulnerándose los artículos: 206, 208, 228 y 234 del Código Procesal Civil; aunado al Defecto Procesal Insubsanable por Falta de Acreditación en la Representación de la demandada. Se aprecia en los presentes autos, que la demanda fue presentada contra el Registro Nacional de las Personas (RNP), por lo que al haber comparecido y contestado la demanda el abogado Rigoberto Cerrato Martínez, en su condición de apoderado legal del Registro Nacional de las Personas, lo cual acreditó con el testimonio de escritura pública de Poder General para Pleitos otorgado por el Ingeniero Jorge Arturo Reyna García, en su condición de Director en aquel entonces del ente estatal demandado, no habiendo sido en ese momento aun revocado el poder con el que actuaba, por parte de la institución demandada, por lo que dicho poder se consideraba vigente en aquel momento procesal, siempre y cuando el mismo no haya sido sustituido por parte de la persona que ahora ostenta el cargo de Director del Registro Nacional de las Personas quien es el señor Miguel Villeda Villela. En relación al señalamiento que realiza el recurrente de: Falta de motivación, claridad, precisión y congruencia de la resolución recurrida, no existiendo ninguno de los tres requisitos en la sentencia recurrida por no ser clara y siendo incongruente, por lo que considera que es absurda la justificación tendiente a procurar proteger el error que el apoderado procesal anterior cometió displicentemente y en aras de tal propósito, no importando los derechos constitucionales o procesales que a su representada infringe el Tribunal, de manera que éste deviene en la obligación de ser el garante a través del control que de manera responsable y oficiosa deberá realizar en lo que respecta a la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos procesales especificados por la ley, a contrario sensu, el tribunal irrisoriamente es el generador de estas innecesarias controversias que devienen de una reiterativa violación sistematizada de la ley. CONSIDERANDO (5): De la cuestión traída a estudio en el presente caso no se debe olvidar los principios de oficiosidad y celeridad que son previstos en el Código del Trabajo en los artículos 669 y 726 que imponen al juzgador una vez reclamada su primera intervención en forma legal, actuar de oficio procurando abreviar en lo posible el curso normal del asunto sometido a su conocimiento, debiendo efectuar todas las actuaciones necesarias para impulsar el proceso de manera oficiosa, debiendo el juez dirigir el proceso en forma que garantice a las partes el derecho a que el proceso se desarrollo en los trámites previstos legamente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República, debiendo el órgano jurisdiccional dirigir el proceso de forma que conduzca la reducción del tiempo, costo y esfuerzo de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones, sin embargo, la economía procesal en ninguno puede suponer disminución de las garantías y derechos que reconocen las partes. De ahí, que el órgano jurisdiccional está obligado haciendo uso del poder para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso, rechazando cualquier solicitud, petición o acto que implique una dilación manifiesta o impertinente del litigio o cuando cualquier de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin contario a la ley. CONSIDERANDO (6): Que por consiguiente, se observa al retrotraerse a la resolución de fecha 8 de marzo del 2018, de la cual el recurrente solicitó su aclaración y corrección material, que la misma, posee la motivación suficiente satisfaciendo los requisitos, las formalidades que señala la ley para garantizar la efectividad del derecho, en el cual se aprecia se ha respetado durante la prosecución del proceso laboral las garantías constitucionales que señalan la norma constitucional, por lo que no se aprecia violación a las mismas, puesto que el Ad Quem ha establecido en la resolución recurrida la motivación razonada de su decisión fundamentándose en la norma procesal aplicable por lo cual consecuentemente, no se observa vulneración a garantías constitucionales. Por lo que se comparte el criterio esgrimido por la Corte de Apelaciones, ya que se observa que dicho Tribunal, se pronunció concretamente sobre el recurso de apelación interpuesto y consecuentemente no es necesario aclarar los extremos enunciados por el abogado Manuel de Jesús Bonilla González, en su comparecencia de fecha 13 de marzo del 2018. Por lo que, al revisar la resolución recurrida por el amparista, no se aprecia la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. CONSIDERANDO (7): Es menester establecer que el derecho al trabajo es público, la legislación del trabajo no puede ser expuesta hoy en día en un tratado del derecho civil. Ha conquistado su autonomía, sin dejar a un lado la intervención del Estado para la protección de los trabajadores y la organización económica lo inclina hacia el derecho público, produjo como consecuencia la autonomía de la voluntad, principio rector de aquel derecho civil que depende de la voluntad de las partes[1]. En este orden de ideas y reiterando en materia laboral las excepciones son el poder que tiene el demandado para oponer, frente a la pretensión del actor, aquellas cuestiones que afecten la validez de la relación procesal e impidan un pronunciamiento de fondo sobre dicha pretensión, o aquellas cuestiones que, por contradecir el fundamento de la pretensión, procuran un pronunciamiento de fondo absoluto. CONSIDERANDO (8): Que la capacidad es la aptitud genérica para ser titular de todos los derechos procesales y asumir cargas y responsabilidades inherentes al proceso; es decir, constituye toda aptitud para ser titular de derechos y deberes, ya sea como demandante o demandado, de los derechos deberes y cargas que origina y dimanan del proceso o de la constitución, desarrollo, desenvolvimiento y finalización de la relación jurídico procesal, y su falta determina la ausencia de un requisito indispensable para la validez del acto emanado del sujeto. Que del razonamiento del testimonio del poder otorgado para contestar la demanda fue otorgado en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por aquel entonces Registrador Nacional de las Personas señor JORGE ARTURO REINA GARCIA a favor del Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ[2] mismo que fue utilizado para contestar en tiempo y forma la demanda de trabajo contra la institución a la cual representaba, mismo que fue objeto de revocado en fecha 30 de junio de 2017 (folio 80 de la pieza de sus antecedentes) habiéndose otorgado posteriormente poder general para pleitos en materia laboral a partir del 3 de julio del 2017 al Abogado AMADEO ARTURO MARTINEZ ZUNIGA el que debidamente razonado en autos tal como consta en el folio 68 de sus antecedentes; por lo que al comparecer el apoderado demandado ante el Juzgado haciendo uso del poder conferido, acepta someterse a la jurisdicción y competencia de dicho órgano jurisdiccional, ya que el poder otorgado con antelación no había sido recovado por el llamado a hacerlo a lo interno del Registro Nacional de las Personas y el que fue otorgado ante Notario Público en su condición de Director del RNP no en forma personal por lo que el poder conferido es por consiguiente vigente hasta ser revocado ante Ministro de Fe Pública Notarial por parte de la Institución demandada. CONSIDERANDO (9): Que se entiende por postulación procesal, la intervención de profesional del derecho, la que deberá hacerse mediante profesional del derecho habilitado legalmente para ejercer, quien asumirá su defensa y representación procesal, quien quedará obligado por mandato conferido expresamente mediante poder general o especial, a servir de comunicación eficiente entre su cliente y el juez o tribunal, el cual ha sido aceptado cuando el profesional del derecho realice gestiones procesales para la parte; por lo que el poder para pleitos es un documento que se puede otorgar ante el juez o tribunal mediante comparecencia ante el secretario respectivo por escritura pública otorgada ante Notario, facultando al profesional del derecho para realizar válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de los procesos, desde los actos preliminares hasta su ejecución. Cabe bien decir que conforme al artículo 86 del Código Procesal Civil, cesará el profesional del derecho en su representación, por la revocación expresa o tácita del poder, luego que conste en el proceso, por lo que se entenderá por revocado el poder del nombramiento posterior de otro profesional del derecho que se haya personado en el proceso, tal como consta en folios 68 y 80 de la pieza principal de sus antecedentes. CONSIDERANDO (10): El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que se deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido, al confrontar la sentencia recurrida con el contenido formal de las sentencia, se constante que el Ad Quem en la resolución emitida estima que si bien el Estado debe asegurar una tutela plena, asegurando que el tiempo que se requiere para ejecutar una sentencia firme no podrá ser aprovechado por el demandado o un tercero, para propiciar una situación que de a lugar a una burla al derecho al trabajo consignados en el artículo 127 Constitucional en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo –periculum mora- por lo que es el ESTADO quien debe y tiene que asegurar que la situación jurídica patrimonial que sustancialmente vigente al momento de la sentencia o de su ejecución de tal modo que sea una realidad su ejecución. CONSIDERANDO (11): Señalado lo anterior, esta Sala efectivamente constata que en el caso sub judice se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía el Ad Quem en su sentencia recurrida ha aplicado las normas adjetivas correspondiente a la tramitación legal del proceso, ya que se puede apreciar que el recurrente esgrime violaciones no infringidas en el proceso, por lo que es procedente denegar el amparo interpuesto por considerar este Tribunal de Alzada que no se han violentado en el amparo interpuesto las garantías constitucionales enunciadas por el recurrente. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia por UNANIMIDAD DE VOTOS, la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 89, 90, 127, 183, 303, 304, 305, 313 Atribución 5ta, 314, 316 atribución 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 44, 47, 49, 52, 56, 59, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 669, 715, 716, 726, 743 Y 858 del Código del Trabajo; 1, 3, 12, 22, 79, 81, 8284 y 86 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGAR la acción de AMPARO interpuesta por el Abogado MANUEL DE JESUS BONILLA GONZALEZ a favor de la señora OLIMPIA ASTRID BUSTILLO VIJIL contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. REDACTÓ MAGISTRADA: REINA AUXILIADORA HÉRCULES. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-388-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo I, Editorial Porrúa, México, 1961, pag.211 y ss.

[2] Folio 40-41 de sus antecedentes