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Sentencia AL-380-19 — Registro 10895

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra la sentencia interlocutoria que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado con relación a un incidente de nulidad absoluta de actuaciones, alegado en la demanda ordinaria laboral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio."...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto de dos mil diecinueve. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, con relación a un incidente de nulidad absoluta de actuaciones, alegado en la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ANTONIA SUYAPA CRUZ BARAHONA, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH). CONSIDERANDO (1): Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que violenta las garantías constitucionales establecidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el recurrente, el acto reclamado es la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, que declara sin lugar el recurso de apelación y confirma el auto interlocutorio de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, basándose en el hecho de que la demandante no agotó previamente el procedimiento gubernativo establecido en el artículo 691 del Código de Trabajo que establece que las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, podrán iniciarse solo cuando el actor, a su elección, haya agotado bien el procedimiento gubernativo o bien el procedimiento reglamentario correspondiente. CONSIDERANDO (3): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, declara sin lugar el recurso de apelación y confirma el auto interlocutorio de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (4): Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución apelada se encuentra apegada a derecho, ya que si bien, el artículo 691 del Código de Trabajo establece que en el caso como el que nos ocupa, es requisito agotar la vía administrativa, no debemos perder de vista que el mismo no establece, ni mucho menos condiciona el tipo de acción por el cual debe de agotarse, es un llamado a una conciliación, como un mecanismo de resolución de conflictos antes de una judicialización, ante un órgano especializado, de manera tal, que si no se concilia, queda expedita la vía judicial, pero de ninguna manera vincula al órgano jurisdiccional, para que admita la acción por la pretensión por la cual se intentó en este caso el arreglo conciliatorio, contrario sensu, si se hubiere llegado a un acuerdo judicial pero para la ejecución del acuerdo conciliatorio, porque ya ha existido una aceptación de la obligación. Ha quedado acreditado en autos y reforzado por lo manifestad por el apelante que hubo un agotamiento de la vía administrativa, independientemente de la pretensión de la demandante en ese momento, entendiendo que no hubo acuerdo conciliatorio, por lo tanto, dejó libre la vía judicial para que la trabajadora pueda presentar su acción por haber sido despedida injustamente, es decir sin causa justificada. CONSIDERANDO (5): Que esta Sala aprecia asimismo de las actuaciones relacionadas al acto reclamado en amparo, que se ha respetado en todo momento el debido proceso, por lo cual y en vista al carácter contencioso de sus alegatos, los cuales son dirigidos contra el fondo del asunto en litigio y no concretamente contra la resuelto por el Ad-Quem en el acto impugnado, estima, que al no alegarse una violación constitucional concreta contra la resolución emitida por el Ad-Quem, es preciso ratificar que el acto reclamado se ha dictado con todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (6): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (7): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (9): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 489, 490, 747, 751, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA, a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-380-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL