Sentencia AL-349-18 — Registro 10893
Resumen
Recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado, con relación a un incidente de declinatoria alegado en la demanda ordinaria laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem, deja establecidos los motivos de apelación expresados en los agravios del apelante, así como la contestación a estos, exponiendo en los considerandos de su sentencia que: “CONSIDERANDO (4): Que los contratos de servicios profesionales que suscribe el Estado de Honduras, los mismos reúnen los requisitos de articulo 20 y 47 del Código de Trabajo; ya que las funciones por las cuales son contratados, siempre son las mismas durante la suscripción de dichos contratos de Servicios Profesionales; extiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración.- Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.”, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (10): Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Carta Magna, como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno del Estado, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. De acuerdo a lo antes expuesto esta Sala encuentra que no se ha vulnerado el derecho a la Defensa, del recurrente puesto que ha intervenido en todos los momentos procesales que señala la ley, así como, que ha hecho uso de los recursos que le franquea el proceso, en consecuencia su derecho a la defensa no se ha limitado ni restringido en ningún momento. CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público representado por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, emitió dictamen en fecha 29 de enero del año dos mil diecinueve (2019), quien realiza un análisis de los artículo 2 numeral 2, 665 y 3 del Código del Trabajo; así como de los artículos 8 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Concluye el Ministerio Público que no se han violentado las garantías constitucionales invocadas por el recurrente en consecuencia fue de la opinión porque se deniegue la presente Acción de Amparo. CONSIDERANDO(12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (06) de marzo dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a un incidente de declinatoria alegado en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Señor GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA, actuando en causa propia y otorgando poder en la Abogada NORMA ISABEL ALMENDAREZ, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se le otorgue la permanencia en su puesto de trabajo en virtud de estar laborando mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, y eso en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo, el pago de vacaciones, pago de treceavo y catorceavo mes de salario y demás conceptos adeudados. (Folios 1–11 de la Pieza del A-Quo). 2) Que en fecha quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, celebró audiencia siendo la continuación de la audiencia PRIMERA DE TRAMITE en la cual falló: (SIC) “Téngase por contestado el INCIDENTE POR INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL ANTE QUIEN SE INTERPUSO LA DEMANDA POR RAZON DE LA MATERIA por parte de la representante procesal de la parte demandante y opuesto por la representante procesal de la parte demandada; Admítase el medio de prueba DOCUMENTAL consistentes en los documentos que corren a folio 28 al 54 de los autos y los que se presentan en este auto los cuales mandan agregar a los autos y se tienen por practicados. Y en aras del principio de celeridad procesal en este acto se decide el INCIDENTE de la siguiente forma; Que del análisis de los medios de prueba presentados y practicados se acredito, que el señor GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA firmo Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y técnicos para desempeñarse como Médico Especialista 6 Horas (ver folios 28 al 54 de los autos); y si bien es cierto que en la CLAUSULA NOVENA se refiere que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de los Contratos, las partes se someterán a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no es menos cierto que de los mismos Contratos se desprenden que se reúnen los tres elementos esenciales del Contrato de Trabajo que regula el artículo 20 de nuestro Código del Trabajo como ser: 1) La actividad personal del Trabajador…; 2) La continuada subordinación o dependencia… y 3) Salario como retribución del servicio. Y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; en vista de lo anterior la Suscrita es del criterio que procede declarar SIN LUGAR el INCIDENTE POR INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL ANTE QUIEN SE INTERPUSO LA DEMANDA POR RAZON DE LA MATERIA opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada. SEGUIDAMENTE SE LE CEDE EL USO DE LA PALABRA A LA ABOGADA DIANA L. GALLARDO CAÑAS EN SU CONDICION DE REPRESNETANTE PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA QUIEN DICE: voy interponer el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación.- Y EL JUZGADO RESUELVE: En vista de los solicitado por la representante procesal de la parte demandada, como se pide: declárese SIN LUGAR el recurso de reposición y admítase el recurso de apelación en el efecto devolutivo, para lo cual que la secretaria del despacho compulse las principales actuaciones y las remita a la Corte de Apelaciones del Trabajo donde deberá comparecer el apelante en mejora del recurso.-” (Folios 55–57 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA L. GALLARDO CAÑAS, en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha seis (06) de marzo de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, recaído en el incidente de declinatoria por incompetencia del Tribunal por razón de la materia, presentada por el representante procesal demandado; en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE OTORGUE LA PERMANENCIA EN UN PUESTO DE TRABAJO EN VIRTUD DE ESTAR LABORANDO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS, Y EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, PAGO DE VACACIONES, PAGO DE TRECEAVO Y CATORCEAVO MES DE SALARIO Y DEMÁS CONCEPTOS ADEUDADOS, COSTAS promovida por el señor GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA contra el ESTADO DE HONDURAS, representada por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la Republica.- SIN COSTAS en esta instancia.-” (Folios 37–41 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, compareció ante este Tribunal en fecha cuatro (04) de mayo de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia de fecha seis (06) de marzo de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019). (Folio 1–8 y 33 de la presente Recurso) 5) Que en fecha treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “Se Deniegue la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por la Amparista”. (Folios 36–42 y 44 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en los artículos 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la Sentencia Interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de fecha seis (06) de marzo del año dos mil dieciocho, que declara sin lugar el recurso de apelación, y confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecisiete, con relación al incidente por declinatoria alegado en la demanda laboral promovida por el señor GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que la impetrante, al formalizar el recurso manifiesta en el párrafo de la Relación de Hechos en la parte conducente del numeral dos (2), que interpuso el incidente por declinatoria por falta de jurisdicción en razón de la materia bajo el fundamento jurídico y válido que la parte demandante promueve su demanda ante el Juzgado de Letras de Trabajo de Francisco Morazán siendo éste incompetente para conocer del caso, tal como lo acreditó, siendo que la demandante prestó sus servicios profesionales de médico especialista en el Hospital San Felipe a su representada bajo la modalidad de acción de nombramiento interino por tiempo determinado según contrato servicios profesionales y técnicos, expresando que debía conocer la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo de acuerdo a la ley. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem, deja establecidos los motivos de apelación expresados en los agravios del apelante, así como la contestación a estos, exponiendo en los considerandos de su sentencia que: “CONSIDERANDO (4): Que los contratos de servicios profesionales que suscribe el Estado de Honduras, los mismos reúnen los requisitos de articulo 20 y 47 del Código de Trabajo; ya que las funciones por las cuales son contratados, siempre son las mismas durante la suscripción de dichos contratos de Servicios Profesionales; extiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración.- Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.”, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado.- CONSIDERANDO (5): Que la doctrina jurisprudencial es la que establece por medio de criterios reiterados en sus sentencias, complementando el ordenamiento jurídico al interpretar y aplicar la ley, las costumbres y los principios generales del derecho; es decir, que la jurisprudencia no vincula pero crea una hábitos interpretativos que tienden a procurar la unificación en la interpretación judicial, y permite servir de fundamento jurídico al medio de impugnación, ya sea de apelación o casación.- En ese sentido, la jurisprudencia cumple el cometido de fuente jurídica adicional que garantiza la uniforme aplicación del derecho, conforme al principio de igualdad; y esta función de fuente adicional solo se predica en las materias en que es posible el recurso de casación por infracción de jurisprudencia, como en el derecho civil y en el derecho laboral.- CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo a lo señalado en el considerando anterior, esta Corte de Apelaciones ha dejado establecido con suficiente jurisprudencia que en el caso sometido a recurso, que este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, han sido desnaturalizado, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código de Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral y por lo tanto no se encuentra bajo la jurisdicción y competencia de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- CONSIDERANDO (7): Que habiendo sido decidido por esta Corte de Apelaciones en incontables sentencias, que el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial es el competente para conocer del presente asunto, seria improcedente verter otra opinión sobre la excepción de incompetencia entablada; a menos de que hayan ocurrido nuevos hechos que hagan cambiar el criterio de este tribunal de alzada, lo cual no ha sucedido.” CONSIDERANDO (6): Que en la argumentación jurídica del incidente por declinatoria, por falta de Jurisdicción del Tribunal, se ataca el factor objetivo de la competencia, que ha de dirimir la cuestión laboral planteada por la demandante. La competencia tiene trascendencia procesal, pues la jurisdicción como función estatal y de carácter eminentemente público y de la cual se desprende aquella, está sujeta a reglas precisas y que en realidad condicionan la administración de justicia por diferentes razones como ser: Materia, cuantía, Grado, Turno y Territorio. Para determinar si la jurisdicción del trabajo es competente para conocer del asunto, o si en su defecto es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es preciso determinar si concurren los tres elementos del contrato de trabajo que establece el artículo 20 del Código del Trabajo, apoyándose en los principios que informan el Derecho del Trabajo, veamos cada uno de estos elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;…. De acuerdo a Vicente Antonio Martínez Abascal y José Bernardo Herrero Martin (Curso de Derecho del Trabajo.- 2013), comenta con respecto al tema que nos ocupa: “El trabajo comprometido conforme al mencionado presupuesto ha de ser personal, esto es, realizado por el propio trabajador (a) sin delegación posible. Se trata de un rasgo que deriva necesariamente del presupuesto genérico de dependencia, ya que ésta somete al concreto trabajador al poder directivo empresarial, de suerte que la prestación concertada exige a ese trabajador teniendo en cuenta sus aptitudes y cualidades profesionales”, b ) La continuada subordinación o dependencia del trabajador del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Esta subordinación o dependencia del trabajador al empresario y/o institución debe ser entendida en el sentido de sometimiento a las órdenes e instrucciones del empresario o jefe inmediato, para la ejecución del contrato. c) Un salario como retribución del servicio, este elemento que también hace presencia en el contrato objeto de controversia, que nos ocupa. CONSIDERANDO (7): Que a la luz de los principios del Derecho del Trabajo de acuerdo al artículo 18 C.T., entre ellos los principios protectorios, especialmente el de primacía de la realidad, nos permiten establecer si la pretensión de la demandante debe ser conocido por la jurisdicción laboral o al contrario por la contencioso administrativo. El principio de Primacía de la Realidad, junto a otros le dan el carácter de rama autónoma del derecho al Derecho Laboral, señalando que al analizar esta relación jurídica “en caso de discordia ente lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hecho” (el remarcado es nuestro),(Américo Plácido Rodríguez Los Principios del Derecho del Trabajo, 1990)…. Consecuentemente, de conformidad con este principio en materia laboral, importa más lo que ocurre en la práctica, en la realidad de la relación inter partes, que aquello que estas hayan convenido e incluso respaldado documentalmente….. Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida se evidencia que el demandante no reúne la calidad de funcionario o empleado público, pues su relación laboral con el Estado se deriva de un contrato, que reúne las características esenciales para la existencia de un Contrato de Trabajo a que hace alusión el artículo 20 del Código de Trabajo, aunque la Secretaria de Salud en los Despacho de Salud, le haya denominado Contrato de Servicios Profesionales, no deja de ser un contrato de trabajo, que por lo tanto deben ser tutelados por la jurisdicción laboral; por lo que resulta una relación meramente laboral, siendo naturalmente la jurisdicción laboral la indicada para conocer toda controversia nacida de aquella. Por otra parte debe observarse el artículo 3 Código del Trabajo que dispone: “son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”. CONSIDERANDO (8): Que el objeto propio del derecho laboral lo constituyen todas las normas legales relacionadas con el contrato de trabajo y sus consecuencias mediatas e inmediatas, regulando la forma, modo y condiciones en que el trabajo subordinado ha de desarrollarse. Contemplan, por tanto, la jornada de trabajo, los descansos obligatorios, las condiciones de salubridad, seguridad e higiene, etcétera, disposiciones que son de orden público y que están reguladas en el Código del Trabajo. Del estudio de la foliada esta Sala ha podido constatar que ciertamente ha existido una relación laboral de acuerdo a la documentación acompañada al expediente de mérito entre el demandante y la demandada, en la que concurren los elementos esenciales para determinar dicha relación laboral; constando en autos que el trabajador ha realizado una actividad determinada, bajo una subordinación continua y un salario en concepto de retribución por el servicio prestado. Por todo ello, esta Sala encuentra que la resolución dictada por el Ad-Quem, ha respetado, las exigencias, requisitos, solemnidades que garantizan el debido proceso, y por ende una tutela judicial efectiva CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, que contiene los requisitos, motivación y fundamentos para establecer que la jurisdicción del Trabajo debe conocer el caso sub judice, pues de los antecedentes se acredita la relación laboral de acuerdo al contrato de trabajo entre las partes. CONSIDERANDO (10): Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Carta Magna, como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno del Estado, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. De acuerdo a lo antes expuesto esta Sala encuentra que no se ha vulnerado el derecho a la Defensa, del recurrente puesto que ha intervenido en todos los momentos procesales que señala la ley, así como, que ha hecho uso de los recursos que le franquea el proceso, en consecuencia su derecho a la defensa no se ha limitado ni restringido en ningún momento. CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público representado por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, emitió dictamen en fecha 29 de enero del año dos mil diecinueve (2019), quien realiza un análisis de los artículo 2 numeral 2, 665 y 3 del Código del Trabajo; así como de los artículos 8 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Concluye el Ministerio Público que no se han violentado las garantías constitucionales invocadas por el recurrente en consecuencia fue de la opinión porque se deniegue la presente Acción de Amparo. CONSIDERANDO(12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (06) de marzo dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a un incidente de declinatoria alegado en la demanda ordinaria laboral promovida por el señor GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0349-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.