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Sentencia AL-340-19 — Registro 10867

Resumen

Que la recurrente expone en el escrito de interposición del recurso de amparo, que no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual declaró sin lugar el incidente declinatorio por falta de competencia de tribunal y el incidente declinatorio por falta de legitimación del demandante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que del estudio del acto reclamado dictado por la Alzada se establece, que la motivación esgrimida por el Juez de Primera Instancia es correcta y se encuentra apegada a derecho, que existe abundante jurisprudencia que en el caso sometido a recurso, que este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores de manera continua reúnen los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que consideró procedente declarar sin lugar el incidente de falta de competencia de tribunal por razón de la materia, y en cuanto a la legitimación alegada por la recurrente la cual es motivada por la apelante con los argumentos del incidente anterior, el Ad-quem es del criterio que la demandante si se encuentra legitimada para comparecer y actuar en juicio como persona natural, en posición jurídica, de reconocimiento de permanencia, reintegro a su trabajo, restitución de sus funciones, pago de salarios dejados de percibir, pago del décimo tercer y décimo cuarto mes, vacaciones, causadas y proporcionadas, derivada de la relación contractual entre las partes de este proceso por lo que declaró sin lugar el incidente de falta de legitimación alegada por la demandante."...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio"...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. VISTO: el recurso de amparo interpuesto la Abogada BESSY LORENA GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de febrero de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, con relación a la demanda promovida por la señora ANGELA MANUELA FLORES CALIX contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) (Exp. 868-17-J1). CONSIDERANDO: Que la recurrente expone en el escrito de interposición del recurso de amparo, que no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual declaró sin lugar el incidente declinatorio por falta de competencia de tribunal y el incidente declinatorio por falta de legitimación del demandante, estimando que la referida resolución adolece de irregularidades que vician el proceso establecido ó las garantías del debido proceso en virtud que la demandante no realizó el procedimiento interno establecido, requisito indispensable para poder demandar al Estado de Honduras, desconociendo el derecho de defensa, debido a que no corresponde al Juzgado de Letras del Trabajo conocer derechos que no le corresponden como ser pago de multas, las cuales deben ser reclamadas en sede administrativa, en este caso ante la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social (STSS), según el ámbito de competencia a través de la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), siendo una facultad única y exclusiva de ésta. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición se desprende que el quejoso estima como vulneradas las garantías enmarcadas en los artículos 82 párrafo primero y 90, de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado dictado por la Alzada se establece, que la motivación esgrimida por el Juez de Primera Instancia es correcta y se encuentra apegada a derecho, que existe abundante jurisprudencia que en el caso sometido a recurso, que este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores de manera continua reúnen los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que consideró procedente declarar sin lugar el incidente de falta de competencia de tribunal por razón de la materia, y en cuanto a la legitimación alegada por la recurrente la cual es motivada por la apelante con los argumentos del incidente anterior, el Ad-quem es del criterio que la demandante si se encuentra legitimada para comparecer y actuar en juicio como persona natural, en posición jurídica, de reconocimiento de permanencia, reintegro a su trabajo, restitución de sus funciones, pago de salarios dejados de percibir, pago del décimo tercer y décimo cuarto mes, vacaciones, causadas y proporcionadas, derivada de la relación contractual entre las partes de este proceso por lo que declaró sin lugar el incidente de falta de legitimación alegada por la demandante. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1 y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de febrero de dos mil diecinueve, al advertir esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y estimar que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la sustanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0340=2019.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

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