Sentencia AL-308-18 — Registro 12540
Resumen
Resolución declara sin lugar recurso de apelación y revoca en el sentido que deberá mantenerse embargo decretado por la cantidad de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (LPS 3,000,000.00) con relación a una medida cautelar de embargo preventivo de bienes, para que demandada principal pruebe justa causa de despido, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y recurrente en forma solidaría ha sido embargado en sus cuentas bancarias como medida cautelar en dicho proceso laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(6): Que del estudio de la foliada, se resume que el hecho controvertido traído a este Alto Tribunal es puntualizar si al suplicante se le han vulnerado las garantías invocadas relativas al debido proceso y derecho de defensa, pues con el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de fecha 12 de abril del 2018 que revoca la sentencia interlocutoria recurrida de fecha 19 de febrero del 2018 en el sentido que deberá mantenerse el embargo decretado por el A-Quo por la cantidad de L.3,000.000.00, sustentando su resolución en que se está ante una sentencia firme condenatoria, confirmada por la Corte de Apelaciones y por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, quien declaró no ha lugar el Recurso de Casación, y siendo que han entrado en proceso de ejecución, una vez practicada la liquidación se solicita embargo que debe de tener el rango de un embargo en vía de ejecución forzosa si más requisitos de ley.-CONSIDERANDO (7): Que el artículo 779 de Código de Trabajo establece que será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme. Cuando de fallos judiciales, laudos arbitrales, actos o documentos indubitados se desprenda obligaciones distintas de las de entregar suma de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que se trata este capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 509 y siguientes del Código de Procedimientos. Y siendo que se está ejecutando una sentencia con autoridad de cosa juzgada, que alcanzó su firmeza el 24 de septiembre del 2015, cuya liquidación ya fue practicada por el Juzgado, alcanzando los salarios dejados de percibir para el trabajador la suman L.2,114,640.00 (7 años, 10 meses, 28 días) y por concepto de Sentencia de Juzgamiento le corresponden al trabajador L.242,729.19, sumados ambos conceptos ascienden a L.2,357,369.19, más la tasación de costas procesales que alcanzan un valor de L.709,2210.75 (calculadas al 30% sobre el valor de L.2,357,369.19), tal y como quedó ordenado en la sentencia condenatoria aludida, éste tiene derecho a las indemnizaciones que según la ley le pudieren corresponder, por el despido injustificado de que fue objeto, y a título de daños y perjuicios los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, en tal sentido, esta Sala aprecia que los valores embargados son congruentes con los montos condenados en dinero y que la parte demandada se vería obligada a indemnizar, además de las costas del juicio en segunda instancia de ser el caso. Estima la Sala que las medidas cautelares ordenadas cumplen con los propósitos fundamentales, como es el de garantizar la ejecución de la sentencia condenatoria, de conformidad a lo dispuesto en la ley.-CONSIDERANDO (8): Que en materia laboral la normativa dispone que caben las medidas preventivas, una vez que el interesado solicite el cumplimiento y que se reúnan los requisitos, cuyo objeto es asegurar las resultas del juicio, el juez decretará inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes muebles o el mero embargo de inmuebles del deudor, que sean suficientes para asegurar el pago de lo debido y de las costas de la ejecución, como ha sucedido con los embargos ordenados en cuenta bancarias que mantiene la demandada en el sistema financiero nacional, según se desprende de autos, por lo que resulta de suma importancia reconocer para efectos del fallo, la firmeza de la sentencia condenatoria y la práctica de las liquidaciones realizadas por parte del Juez A-Quo de conformidad a lo ordenado en la sentencia de mérito, en la que están firmes los salarios dejados de percibir y las costas del juicio en primera instancia, justificándose a la fecha que la suma de los conceptos condenados superan los valores embargados tomando en cuenta el procedimiento ejecutivo que está regulado en el Código de Trabajo y que únicamente a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de dicho Código, y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles, articulo 858 del Código de Trabajo.-CONSIDERANDO (9): Que el recurrente en la exposición de sus motivos expresa que se está ante un proceso de liquidación que no ha concluido, porque ambas partes están conociendo de recursos de amparo registrados bajo números 527 y 700 del año 2016, dilación que no es responsabilidad de su representada, amparos que se presentaron por no estar de acuerdo ambas partes con la liquidación practicada; en tal sentido, este Alto Tribunal en fecha seis de junio del año dos mil dieciséis, en virtud de apreciar que los referidos Recursos de Amparo interpuestos por el Abogado KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO a favor de la Sociedad Mercantil AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V. (Registro No. 0527-2016) y por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO a favor del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO (Registro No. 0700-2016), se dirigían contra una misma resolución y relacionaban los mismos hechos, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, se ordenó acumular los amparos descritos para dictar una sola sentencia la que fue emitida en fecha siete (7) de Marzo del Dos mil Dieciocho para que surtiera los efectos de ley.-CONSIDERANDO (10): Que de la revisión de los antecedentes, así como del fallo recurrido, observa esta Sala, que las actuaciones del Tribunal de Alzada han seguido y observado los procedimientos establecidos en la ley, entendiendo al debido proceso como el derecho que tienen las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada, derecho fundamental instituido en el artículo 90 constitucional y en el Código de Procedimientos Civiles.-CONSIDERANDO (11): Estima la Sala, que la resolución recurrida está fundada y suficientemente motivada en ley, que comparte el criterio de la Alzada, al encontrarnos ante una sentencia firme con autoridad de cosa juzgada en etapa de liquidación, en la que la parte vencedora (demandante) persigue como objetivo primario que prevalezcan los derechos que le fueron reconocidos en el fallo que declara CON LUGAR LA DEMANDA, mediante el proceso de ejecución en los términos estipulados en el Código de Trabajo, y que para asegurar su eficacia hace uso de las medidas preventivas permitidas por la ley (materia laboral) con el fin de que se tutelen los derechos a favor de las partes, que no es otra cosa que el derecho a la jurisdicción, el desarrollo del derecho respetando al debido proceso, con el cual se regulan las etapas del procedimiento, es decir; el acceso a la administración de justicia, el acceso a una defensa técnica, derecho a ser oído, derecho a la prueba como ha quedado evidenciado en las piezas del juicio, y como resultando del estudio, se observa que no se le han vulnerado a la parte reclamante las garantías y derechos invocados, por cuanto ha comparecido a todas las instancias haciendo uso de los términos y recurso que le franquea la ley sin limitación alguna.-CONSIDERANDO (12): Que el Recurso de Amparo tiene como propósito, proteger a las personas contra las acciones y omisiones así como de amenaza de violación por parte de las autoridades públicas y demás entidades señaladas en la ley y que procuren lesionar, restringir, alterar o tergiversar los derechos reconocidos en la Constitución y demás leyes ordinarias, en atención al caso sub judice, esta Sala es del parecer que no concurre la vulneración a los artículos constitucionales invocados por el amparista, como resulta del procedimiento desarrollado, llegando a la conclusión que la decisión del AdQuem objeto del presente recurso contra la sentencia recurrida, se ajusta a las disposiciones legales vigentes; con lo cual se ha tutelado a favor de las partes durante la tramitación del proceso con respeto al debido proceso, derecho de defensa y al principio de legalidad, por tanto de acuerdo a las consideraciones y disposiciones que preceden, la Sala es del criterio que cabe denegar el recurso de amparo presentado"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 779 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LENAR ADALID AGUILERA PINEDA, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V., contra la Resolución de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, contra actuaciones del Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, departamento de Choluteca, ahora Juzgado de Letras Seccional de Choluteca, con relación a una medida cautelar de embargo preventivo de bienes, alegados en la demanda laboral promovida por el señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS DEL SUR S.A DE C.V (SERVISUR), en forma principal y contra AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V., en forma solidaria.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 82, 89, 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil siete (2007), compareció ante Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, departamento de Choluteca, el señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO, interponiendo demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de despido, en caso contrario sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios.- (Folio 01 al 05 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que el referido Juzgado, dictó Auto Interlocutorio de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) en el cual “ORDENA:1) Reformar el embargo ordenado en fecha 31 de octubre del 2017, debiéndose practicar por la cantidad de LPS 2,750.000.00. 2) Se libre oficio a Banco Atlántida para que rectifique la cantidad de Lps 3,000,000.00 a la cantidad de LPS 2,750,000.00.- 3) Librar oficio a Banco FICOHSA, Banco del País S.A, Banco de Occidente S.A, Banco LAFISE, ordenando dejar sin valor y efecto los oficios librados en fecha 15 y 16 de febrero del presente año…” (Folio 403 de la pieza del Juzgado).-3) Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO y CESAR ERNESTO BAQUEDANO, dictó resolución en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018) en la cual: “RESUELVE: PRIMERO DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil denominada AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V., en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO EN CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTO PAGOS DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, promovida por el señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO, de generales ya conocidas contra el Centro de Trabajo denominado SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS DEL SUR S.A DE C.V AZUCARERA LA GRECIA a través de su representante legal PEDRO ROBERTO ARRIOLA ARRIOLA.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, en su condición de representante procesal del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO EN CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, promovida por el señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO, de generales ya conocidas, contra el Centro de Trabajo denominado SOCIEDAD MERCANTIL SERVIDORES DEL SUR S.A DE C.V AZUCARERA LA GRECIA, a través de su Representante legal PEDRO ROBERTO ARRIOLA ARRIOLA.- TERCERO: REVOCAR LA RESOLUCION RECURRIDA, proferida en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil dieciocho, en el sentido que deberá mantenerse el embargo decretado por el A-quo por la cantidad de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (LPS 3,000,000.00).- CUARTO: SIN COSTAS…” (Folios 14 al 18 de la pieza de Corte de Apelaciones antecedentes).-4) El recurrente abogado LENAR ADALID AGUILERA PINEDA, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho, (2018) violenta en perjuicio de su representada, los artículos 82, 89, 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha ocho (8) de agosto del año dos mil dieciocho (2018).-5) Que con fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (2): Que se cita como antecedente la sentencia definitiva de fecha 17 de marzo del 2010, en la que el Juzgado de Letras Primero Departamental y del Trabajo por Ministerio de la Ley en Choluteca que falló CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que el Patrono Pruebe la Justa Causa del Despido en caso contrario sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud del despido directo ilegal e injusto, promovida por SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO contra la EMPRESA SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V. “SERVISUR S.A. DE C.V.” a través de su representante legal el señor PEDRO ROBERTO ARRIOLA ARRIOLA y de manera SOLIDARIA contra la EMPRESA AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. a través de su representante legal señor GUILLERMO LIPPMAN ROMERO; CONDENA a la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V. “SERVISUR S.A. DE C.V.” y de manera SOLIDARIA a la empresa AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. a pagar al trabajador demandante SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (L.242.729.19), por los siguientes conceptos. PRE-AVISO dos meses (L.44, 450.00) AUXILIO DE CESANTIA siete meses (L.210 días) Lp.155, 925.00, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL 355 días (29.58) L.21,963.15, AGUINALDO PROPORCIONAL (295 días) (24.58) L.14,600.52, DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL (115 días) (9.58) L.5,690.52. Y a Título de Daños y Perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del Contrato de Trabajo, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajó quede firme esta sentencia y declara SIN LUGAR, LA EXCEPCION PERENTORIA DE FALTA DE DERECHO PARA DEMANDAR…” CON COSTAS Y MANDA: ….” Sentencia que fue recurrida en las diferentes instancias alcanzando firmeza con autoridad de cosa juzgada.-CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional conoce en Amparo la Sentencia de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018) proferida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle que resolvió el Recurso de Apelación contra la Sentencia Interlocutoria emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), en la que resolvió PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO en su condición de Representante Procesal de las Sociedad Mercantil denominada AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V. en la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido en caso contrario sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, promovida por el señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO de generales conocidas, contra el Centro de Trabajo denominado SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS DEL SUR S.A. DE CV. AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. a través de su representante legal PEDRO ROBERTO ARRIOLA ARRIOLA.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado CESAR ERNESTO QUEDANO en su condición de Representante Procesal del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO EN CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR …” . TERCERO: REVOCAR LA RESOLUCION RECURRIDA, proferida en fecha 19 de febrero del 2018, en el sentido que deberá mantenerse el embargo decretado por el A-Quo por la cantidad de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (L.3,000.0000.00).- CUARTO: SIN COSTAS”. En el mismo acto la parte demandada al no estar conforme con el fallo proferido por la Alzada, recurre en reposición, resolviéndose el Iudex Ad-Quem sin lugar por considerar que está ajustado a derecho.-CONSIDERANDO (4): Que el suplicante LENAR ADALID AGUILERA en su condición de representante procesal de la Sociedad AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. (parte demandada), motiva su acción en que la parte demandante solicito medida cautelar de embargo preventivo de bienes, petición que se hizo sin audiencia de la parte demandada, es decir, sin el conocimiento previo, en fecha 24 de octubre del 2017, ordenando el Juzgado embargo por la suma de TRES MILLONES DE LEMPIRAS (L.3,000.000.00) el que fue trabado en las cuentas que mantiene la demanda en el sistema financiero. Que contra dicha determinación se opuso su representada y el Juzgado emitió resolución en fecha 19 de febrero del 2018 REFORMANDO el embargo rebajándolo a DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL (L. 2,750,000.00), por existir con anterioridad un embargo por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.250,000.00), interponiéndose el recurso de apelación para que se procediera a REVOCAR el embargo por violentarse el procedimiento legalmente establecido. Que resuelta la apelación en fecha 12 de abril del 2018 el fallo resultó gravoso para su representada al REFORMAR la resolución del A-Quo ampliando el embargo a TRES MILLONES DE LEMPIRAS (L.3,000.000.00), es decir la cuantía retenida asciende actualmente a TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.3,250,000.00). Sigue expresando el Amparista que dicha actuación de la Alzada ha vulnerado lo dispuesto en los artículos 351. PRESUPUESTOS: 1…2…3…4…” el Articulo 380 REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES, 1… 2.. 3…”.-CONSIDERANDO (5): Que si bien existe una sentencia firme el proceso está en la etapa de liquidación, el mismo no ha concluido, como bien conoce el Juzgado, porque ambas partes están conociendo de recursos de amparo registrados bajo números 527 y 700 del año 2016, por no estar de acuerdo ambas partes con la liquidación practicada, que la dilación del proceso no es culpa de la demandada. Que se ha vulnerado contra su representada el articulo 90 relativo al Debido Proceso, el Derecho a la Defensa garantizado en el artículo 82, ambos de la Constitución de la República, pues no se le dio el traslado de ley para pronunciarse sobre la petición, para probar que su representada es una empresa seria, responsable y solvente y perfectamente puede garantizar las resultas de cualquier demanda laboral. Que ha existido exceso y abuso de parte de la Judicatura y Magistratura de conformidad a los citados artículos, pues corre agregado a los autos la primera medida cautelar decretada más los montos actuales embargados, lo que supera cualquier cuantía a la que se pueda llegar con la acción, lo que ha generado perjuicios a su representada, lo que es improcedente por no existir los presupuestos que exige el Código Procesal Civil en consecuentica, se solicita se enmiende la Resolución del Ad-Quem y se otorgue el presente amparo.-CONSIDERANDO (6): Que del estudio de la foliada, se resume que el hecho controvertido traído a este Alto Tribunal es puntualizar si al suplicante se le han vulnerado las garantías invocadas relativas al debido proceso y derecho de defensa, pues con el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de fecha 12 de abril del 2018 que revoca la sentencia interlocutoria recurrida de fecha 19 de febrero del 2018 en el sentido que deberá mantenerse el embargo decretado por el A-Quo por la cantidad de L.3,000.000.00, sustentando su resolución en que se está ante una sentencia firme condenatoria, confirmada por la Corte de Apelaciones y por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, quien declaró no ha lugar el Recurso de Casación, y siendo que han entrado en proceso de ejecución, una vez practicada la liquidación se solicita embargo que debe de tener el rango de un embargo en vía de ejecución forzosa si más requisitos de ley.-CONSIDERANDO (7): Que el artículo 779 de Código de Trabajo establece que será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme. Cuando de fallos judiciales, laudos arbitrales, actos o documentos indubitados se desprenda obligaciones distintas de las de entregar suma de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que se trata este capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 509 y siguientes del Código de Procedimientos. Y siendo que se está ejecutando una sentencia con autoridad de cosa juzgada, que alcanzó su firmeza el 24 de septiembre del 2015, cuya liquidación ya fue practicada por el Juzgado, alcanzando los salarios dejados de percibir para el trabajador la suman L.2,114,640.00 (7 años, 10 meses, 28 días) y por concepto de Sentencia de Juzgamiento le corresponden al trabajador L.242,729.19, sumados ambos conceptos ascienden a L.2,357,369.19, más la tasación de costas procesales que alcanzan un valor de L.709,2210.75 (calculadas al 30% sobre el valor de L.2,357,369.19), tal y como quedó ordenado en la sentencia condenatoria aludida, éste tiene derecho a las indemnizaciones que según la ley le pudieren corresponder, por el despido injustificado de que fue objeto, y a título de daños y perjuicios los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, en tal sentido, esta Sala aprecia que los valores embargados son congruentes con los montos condenados en dinero y que la parte demandada se vería obligada a indemnizar, además de las costas del juicio en segunda instancia de ser el caso. Estima la Sala que las medidas cautelares ordenadas cumplen con los propósitos fundamentales, como es el de garantizar la ejecución de la sentencia condenatoria, de conformidad a lo dispuesto en la ley.-CONSIDERANDO (8): Que en materia laboral la normativa dispone que caben las medidas preventivas, una vez que el interesado solicite el cumplimiento y que se reúnan los requisitos, cuyo objeto es asegurar las resultas del juicio, el juez decretará inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes muebles o el mero embargo de inmuebles del deudor, que sean suficientes para asegurar el pago de lo debido y de las costas de la ejecución, como ha sucedido con los embargos ordenados en cuenta bancarias que mantiene la demandada en el sistema financiero nacional, según se desprende de autos, por lo que resulta de suma importancia reconocer para efectos del fallo, la firmeza de la sentencia condenatoria y la práctica de las liquidaciones realizadas por parte del Juez A-Quo de conformidad a lo ordenado en la sentencia de mérito, en la que están firmes los salarios dejados de percibir y las costas del juicio en primera instancia, justificándose a la fecha que la suma de los conceptos condenados superan los valores embargados tomando en cuenta el procedimiento ejecutivo que está regulado en el Código de Trabajo y que únicamente a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de dicho Código, y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles, articulo 858 del Código de Trabajo.-CONSIDERANDO (9): Que el recurrente en la exposición de sus motivos expresa que se está ante un proceso de liquidación que no ha concluido, porque ambas partes están conociendo de recursos de amparo registrados bajo números 527 y 700 del año 2016, dilación que no es responsabilidad de su representada, amparos que se presentaron por no estar de acuerdo ambas partes con la liquidación practicada; en tal sentido, este Alto Tribunal en fecha seis de junio del año dos mil dieciséis, en virtud de apreciar que los referidos Recursos de Amparo interpuestos por el Abogado KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO a favor de la Sociedad Mercantil AZUCARERA LA GRECIA S.A DE C.V. (Registro No. 0527-2016) y por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO a favor del señor SELVIN LEONIDAS ESTRADA CARCAMO (Registro No. 0700-2016), se dirigían contra una misma resolución y relacionaban los mismos hechos, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, se ordenó acumular los amparos descritos para dictar una sola sentencia la que fue emitida en fecha siete (7) de Marzo del Dos mil Dieciocho para que surtiera los efectos de ley.-CONSIDERANDO (10): Que de la revisión de los antecedentes, así como del fallo recurrido, observa esta Sala, que las actuaciones del Tribunal de Alzada han seguido y observado los procedimientos establecidos en la ley, entendiendo al debido proceso como el derecho que tienen las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada, derecho fundamental instituido en el artículo 90 constitucional y en el Código de Procedimientos Civiles.-CONSIDERANDO (11): Estima la Sala, que la resolución recurrida está fundada y suficientemente motivada en ley, que comparte el criterio de la Alzada, al encontrarnos ante una sentencia firme con autoridad de cosa juzgada en etapa de liquidación, en la que la parte vencedora (demandante) persigue como objetivo primario que prevalezcan los derechos que le fueron reconocidos en el fallo que declara CON LUGAR LA DEMANDA, mediante el proceso de ejecución en los términos estipulados en el Código de Trabajo, y que para asegurar su eficacia hace uso de las medidas preventivas permitidas por la ley (materia laboral) con el fin de que se tutelen los derechos a favor de las partes, que no es otra cosa que el derecho a la jurisdicción, el desarrollo del derecho respetando al debido proceso, con el cual se regulan las etapas del procedimiento, es decir; el acceso a la administración de justicia, el acceso a una defensa técnica, derecho a ser oído, derecho a la prueba como ha quedado evidenciado en las piezas del juicio, y como resultando del estudio, se observa que no se le han vulnerado a la parte reclamante las garantías y derechos invocados, por cuanto ha comparecido a todas las instancias haciendo uso de los términos y recurso que le franquea la ley sin limitación alguna.-CONSIDERANDO (12): Que el Recurso de Amparo tiene como propósito, proteger a las personas contra las acciones y omisiones así como de amenaza de violación por parte de las autoridades públicas y demás entidades señaladas en la ley y que procuren lesionar, restringir, alterar o tergiversar los derechos reconocidos en la Constitución y demás leyes ordinarias, en atención al caso sub judice, esta Sala es del parecer que no concurre la vulneración a los artículos constitucionales invocados por el amparista, como resulta del procedimiento desarrollado, llegando a la conclusión que la decisión del AdQuem objeto del presente recurso contra la sentencia recurrida, se ajusta a las disposiciones legales vigentes; con lo cual se ha tutelado a favor de las partes durante la tramitación del proceso con respeto al debido proceso, derecho de defensa y al principio de legalidad, por tanto de acuerdo a las consideraciones y disposiciones que preceden, la Sala es del criterio que cabe denegar el recurso de amparo presentado.-POR TANTO: La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No.5, 316 y 319 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 5, 8, 9. 3 b), 48, 54, 56, 63 p.1, 67 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 779, 780, 858 del Código de Trabajo FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado LENAR ADALID AGUILERA PINEDA a favor del SOCIEDAD MERCANTIL AZUCARERA LA GRECIA S.A. DE C.V. contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE en fecha DOCE (12) DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve(2019) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0308-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL