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Sentencia AL-277-18 — Registro 10884

Resumen

Reurso de amparo interpuesto contra la sentencia en el que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la solicitud de embargo precautorio sobre un bien inmueble presentada en el proceso que inició con la demanda ordinaria laboral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que se recurre en emparo invocando que se ha vulnerado el derecho fundamental a un debido proceso y de defensa así como otros derechos inherentes a la calidad de trabajador, sin embargo, el fallo emitido está dictado conforme a derecho, por cuanto el artículo 35 del Código de Comercio establece, “que la sentencia que se pronuncia contra la sociedad condenándola al cumplimiento de obligaciones respecto de terceros, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios y podrá ser ejecutada en el patrimonio de los mismos, en el límite de su responsabilidad, hecha excusión de los bienes sociales”; de otro lado, el artículo 90 del mismo cuerpo legal, dispone que “Sociedad Anónima es la que existe bajo una denominación social, con un capital fundacional dividido en acciones, en la cual los socios limitan su responsabilidad al pago de las que hubieren suscrito”, de lo que se colige que la parte demandada y condenada Sociedad Mercantil “INVERSIONES PATRIA S.A DE C.V.”, es en sí, la responsable de cumplir con la obligación a la que fue penada. La Alzada, en la decisión adoptada, lejos de haber vulnerado los derechos y garantías señaladas en el recurso de amparo, hace saber al amparista los errores cometidos al intentar embargo sobre bienes de presuntos socios de la empresa demandada; estima la Sala, que la resolución emitida está sustentada dentro de los parámetros que señala el Código de Comercio."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Comercio, art. 35 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Comercio, art. 90 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada Genny Larissa Laínez Ocampo a favor de los señores José Guillermo Miranda Orellana, Oscar Rolando Sandoval Matamoros, Walter Yovanny Salgado Mejía, Álvaro Escalante Baca, Alfonso Cruz Hernández, Enrique Bardales Castillo, Mauricio José García Pastrana, Eugenio Maradiaga Ortez, Rubén Osorto Espinal, José Ramón Raudales Montoya, (Sic) Haidee Discua Elvir[1], Alba Cristina Ochoa Guerrero, Maria Victoria Mejía Jiménez, Edna Yesenia Hernández Turcios, Santos Elia Cruz Vasquez, Bertilia Zulema Mercado Mendoza y Bety Margarita Álvarez Rivera contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la solicitud de embargo precautorio sobre un bien inmueble presentada en el proceso que inició con la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado José Humberto Maldonado López en su condición de apoderado legal de los señores José Guillermo Miranda Orellana, Oscar Rolando Sandoval Matamoros, Walter Yovanny Salgado Mejía, Álvaro Escalante Baca, Alfonso Cruz Hernández, Enrique Bardales Castillo, Mauricio José García Pastrana, Eugenio Maradiaga Ortez, Rubén Osorto Espinal, José Ramón Raudales Montoya, Alba Cristina Ochoa Guerrero, Maria Victoria Mejía Jiménez, Edna Yesenia Hernández Turcios, Santos Elia Cruz Vasquez, Bertilia Zulema Mercado Mendoza, Bety Margarita Álvarez Rivera, (Sic) Haidee Discua Coello[2] contra la sociedad mercantil denominada Inversiones Patria S.A de C.V., propietaria y administradora del Hotel Prado, por medio de su Gerente General y Representante el señor José María Agurcia Fasquelle. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los derechos consagrados en los artículos 90, 127, 128 numerales 4 y 15, 129, 303, 304 y 306 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado José Humberto Maldonado López en su condición de apoderado legal de los señores José Guillermo Miranda Orellana, Oscar Rolando Sandoval Matamoros, Walter Yovanny Salgado Mejía, Álvaro Escalante Baca, Alfonso Cruz Hernández, Enrique Bardales Castillo, Mauricio José García Pastrana, Eugenio Maradiaga Ortez, Rubén Osorto Espinal, José Ramón Raudales Montoya, Alba Cristina Ochoa Guerrero, Maria Victoria Mejía Jiménez, Edna Yesenia Hernández Turcios, Santos Elia Cruz Vasquez, Bertilia Zulema Mercado Mendoza, Bety Margarita Álvarez Rivera, (Sic) Haidee Discua Coello, promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJOS CON JUSTA CAUSA. PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS, VACACIONES, DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO MES; PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO HASTA LA FECHA DE LA SENTENCIA FIRME. COSTAS DEL JUICIO…”, contra la sociedad mercantil denominada Inversiones Patria S.A de C.V., propietaria y administradora del Hotel Prado, por medio de su Gerente General y Representante el señor José María Agurcia Fasquelle. (Folios 1-4 vuelto del tomo I del expediente del A-quo) 2) En fecha dieciocho de junio de dos mil diez, en la continuación de la audiencia primera de trámite, el Juzgado de Letras del Trabajo, falló: 1.- Declarar SIN LUGAR la Excepción Dilatoria de Ineptitud de Libelo por razón de algún defecto legal en el modo de proponer la demanda, opuesta por el Apoderado demandado, contra la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales le promovió a su representada, el Abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LÓPEZ, en su condición de Apoderado Legal de los trabajadores JOSÉ GUILLERMO MIRANDA ORELLANA, OSCAR ROLANDO SANDOVAL MATAMOROS, WALTER YOVANNY SALGADO MEJÍA, ÁLVARO ESCALANTE BACA, ALFONSO CRUZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE BARDALES CASTILLO, MAURICIO JOSÉ GARCÍA PASTRANA, EUGENIO MARADIAGA ORTEZ, RUBÉN OSORTO ESPINAL, JOSÉ RAMÓN RAUDALES MONTOYA, ALBA CRISTINA OCHOA GUERRERO, MARIA VICTORIA MEJÍA JIMÉNEZ, EDNA YESENIA HERNÁNDEZ TURCIOS, (Sic) SANTOS ELIAS CRUZ VASQUEZ, BERTILIA ZULEMA MERCADO MENDOZA, BETY MARGARITA ÁLVAREZ RIVERA, (Sic) HAIDEE DISCUA COELLO. II.-SIN COSTAS en esta instancia… (Folio 52-56 del tomo I del expediente del A-quo) 3) En fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, el Juzgado antes referido, en audiencia de juzgamiento, falló: Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, salarios dejados de percibir, promovido por el Abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LÓPEZ, como Apoderado Legal de los trabajadores JOSÉ GUILLERMO MIRANDA ORELLANA, OSCAR ROLANDO SANDOVAL MATAMOROS, WALTER YOVANNY SALGADO MEJÍA, ÁLVARO ESCALANTE BACA, ALFONSO CRUZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE BARDALES CASTILLO, MAURICIO JOSÉ GARCÍA PASTRANA, EUGENIO MARADIAGA ORTEZ, RUBÉN OSORTO ESPINAL, JOSÉ RAMÓN RAUDALES MONTOYA, ALBA CRISTINA OCHOA GUERRERO, MARIA VICTORIA MEJÍA JIMÉNEZ, EDNA YESENIA HERNÁNDEZ TURCIOS, SANTOS ELIA CRUZ VASQUEZ, BERTILIA ZULEMA MERCADO MENDOZA, BETY MARGARITA ÁLVAREZ RIVERA, HAIDEE DISCUA COELLO, todos de generales expresadas; contra la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES PATRIA, S.A. DE C.V., propietaria y administradora del HOTEL PRADO, por intermedio del Gerente General el señor JOSÉ MARIA AGURCIA FASQUELLE, también de generales expresadas: 2.- Condena a la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES PATRIA, S.A. DE C.V., propietaria y administradora del HOTEL PRADO, por intermedio del Gerente General el señor JOSÉ MARIA AGURCIA FASQUELLE, pagar al señor JOSÉ MIRANDA ORELLANA, la cantidad de CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 113,817.49), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 15,033.32; Auxilio de Cesantía Lps. 78,611.80; Vacaciones proporcionales Lps. 2,297. 64; Décimo tercer mes Lps.6, 187.44; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 3,437.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010, Lps. 8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. Al señor OSCAR ROLANDO SANDOVAL MATAMOROS, la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 147,745.53), por los siguientes conceptos; Preaviso Lps.15,033.32; Auxilio de Cesantía Lps. 107, 989.40; Vacaciones Lps.6,847.80; Décimo tercer mes Lps. 6,187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lps.3,437.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps. 8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. WALTER YOVANNY SALGADO MEJIA, la cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (Lps.177,956.10), por los siguientes conceptos; Preaviso Lps. 20,653.32; Auxilio de Cesantía Lps. 131,492.76; Vacaciones Lps. 7,935.24; Décimo tercer mes Lps. 6,187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 3,437.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps. 8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. Al señor ALVARO ESCALANTE BACA, la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 432,184.35), por los siguientes conceptos; Preaviso Lps. 30,066.68; Auxilio de Cesantía Lps. 346,102.56; Vacaciones Lps. 20,264.89; Décimo tercer mes Lps. 12,375.01; Décimo cuarto mes proporcional Lp.6,875.06; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps. 16,500.15; más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. Al señor ALFONSO CRUZ HERNANDEZ, la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 233,901.96), por los siguientes conceptos; Preaviso Lps. 15,033.32; Auxilio de Cesantía Lps. 177,894.38; Vacaciones Lps. 7,599.48; Décimo tercer mes Lps. 6,187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 8,937.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps. 8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. Al señor ENRIQUE BARDALES CASTILLO, la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps. 210,215.67), por los siguientes conceptos; Preaviso Lps. 20,557.32; Auxilio de Cesantía Lps. 160,117.50; vacaciones Lps. 11,666.67; décimo cuarto mes proporcional Lps. 3,437.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps. 8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. Al señor MAURICIO JOSÉ GARCÍA PASTRANA, la cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.149,295.86), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 21,835.32; Auxilio de Cesantía Lps. 112,321.53; Vacaciones Lps. 5,514.08; Décimo tercer mes Lps.6,187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 3,437.44; más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. Al señor EUGENIO MARADIAGA ORTEZ, la cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (Lps. 161,388.16), por los siguientes conceptos; Preaviso Lps. 15,033.32; Auxilio de Cesantía Lps. 119,181.78; Vacaciones Lps. 9,298.28; Décimo tercer mes Lps. 6,187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 3,437.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps.8,249.85; más a titulo de daños y perjuicio el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. Al señor RUBEN OSORTO ESPINAL, la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (Lps. 279,470.07), por los siguientes conceptos; Preaviso Lps. 31,960.66; Auxilio de Cesantía Lps. 223,058.84; Vacaciones Lps. 14,825.64; Décimo tercer mes Lps. 6,187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 3,437.44; más a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. Al señor JOSÉ RAMÓN RAUDALES MONTOYA, la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (Lps. 150,557.30), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 19,631.32; Auxilio de Cesantía Lps. 104,700.04; Vacaciones Lps. 8,351.16; Décimo tercer mes Lps. 6,187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 3,437.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps. 8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. A la señora ALBA CRISTINA OCHOA GUERRERO, la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (Lps. 232,240.11), por los siguientes conceptos; Preaviso Lps. 15,033.32; Auxilio de Cesantía Lps.187,916.50; Vacaciones Lps. 11,415.51; Décimo tercer mes Lps. 6,187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lps3,437.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps. 8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. A la señora MARIA VICTORIA MEJIA JIMENES, la cantidad de CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (Lps.111,708.81), por los siguientes conceptos; Preaviso Lps. 15,033.32; Auxilio de Cesantía Lps. 65,770.88; Vacaciones Lps. 13,029.12; Décimo tercer mes Lps.6,187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lps.3,437.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps. 8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. A la señora EDNA YESENIA HERNANDEZ TURCIOS, la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps.118,828.74), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.15,033.32; Auxilio de Cesantía Lps. 78,611.80; Vacaciones Lps.7,308.84; Décimo tercer mes Lps. 6,187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lp.3,437.44;pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps.8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. A la señora SANTOS ELIA CRUZ VASQUEZ, la cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (Lps.139,477.10), por los siguientes conceptos; Preaviso Lps. 15,033.32, Auxilio de Cesantía Lps. 97,466.16; Vacaciones Lps. 9,102.84; Décimo tercer mes Lps.6,187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 3,437.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps.8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. A la señora BERTILIA ZULEMA MERCADO MENDOZA, la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (Lps.36,891.05), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.7,516.66; Auxilio de Cesantía Lps. 9,062.62; Vacaciones Lps. 3,124.48; Décimo tercer mes Lps. 5,500.00; Décimo cuarto mes proporcional Lps.3,437.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps.8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. A la señora BETY MARGARITA ALVAREZ RIVERA la cantidad de CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 113,574.78), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 15,033.32; Auxilio de Cesantía Lps. 67,191.56; Vacaciones Lps. 13,475.12; Décimo tercer mes Lps.6,187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lps.3,437.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps.8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. Y a la señora HAIDEE DISCUA COELLO pagar la cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 141,218.36) por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.15, 033.32; Auxilio Cesantía Lps.99,262.54; Vacaciones Lps.9,047.72; Décimo tercer mes Lps.6, 187.49; Décimo cuarto mes proporcional Lps. 3,437.44; pago de salario mes de enero y 15 días del mes de febrero del año 2010 Lps.8,249.85; más a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia definitiva. 3.-Declara SIN LUGAR la demanda de pago del Bono Educativo promovida por el Abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LOPEZ, como Apoderado Legal de los trabajadores JOSÉ GUILLERMO MIRANDA ORELLANA, OSCAR ROLANDO SANDOVAL MATAMOROS, WALTER YOVANNY SALGADO MEJÍA, ÁLVARO ESCALANTE BACA, ALFONSO CRUZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE BARDALES CASTILLO, MAURICIO JOSÉ GARCÍA PASTRANA, EUGENIO MARADIAGA ORTEZ, RUBÉN OSORTO ESPINAL, JOSÉ RAMÓN RAUDALES MONTOYA, ALBA CRISTINA OCHOA GUERRERO, MARIA VICTORIA MEJÍA JIMÉNEZ, EDNA YESENIA HERNÁNDEZ TURCIOS, SANTOS ELIA CRUZ VASQUEZ, BERTILIA ZULEMA MERCADO MENDOZA, BETY MARGARITA ÁLVAREZ RIVERA, HAIDEE DISCUA COELLO; para el pago de Bono Educativo contra la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES PATRIA, S.A DE C.V., propietaria y administradora del HOTEL PRADO, por intermedio del Gerente General el señor JOSÉ MARIA AGURCIA FASQUELLE; 4)Absuelve a la demandada la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES PATRIA, S.A. DE C.V., propietaria y administradora del HOTEL PRADO, por intermedio del Gerente General el señor JOSÉ MARIA AGURCIA FASQUELLE, de pagar al Abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LÓPEZ, como Apoderado Legal de los trabajadores JOSÉ GUILLERMO MIRANDA ORELLANA, OSCAR ROLANDO SANDOVAL MATAMOROS, WALTER YOVANNY SALGADO MEJÍA, ÁLVARO ESCALANTE BACA, ALFONSO CRUZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE BARDALES CASTILLO, MAURICIO JOSÉ GARCÍA PASTRANA, EUGENIO MARADIAGA ORTEZ, RUBÉN OSORTO ESPINAL, JOSÉ RAMÓN RAUDALES MONTOYA, ALBA CRISTINA OCHOA GUERRERO, MARIA VICTORIA MEJÍA JIMÉNEZ, EDNA YESENIA HERNÁNDEZ TURCIOS, SANTOS ELIA CRUZ VASQUEZ, BERTILIA ZULEMA MERCADO MENDOZA, BETY MARGARITA ÁLVAREZ RIVERA, HAIDEE DISCUA COELLO.5.-SIN COSTAS en esta instancia…. (Folios 300-309 del tomo I del expediente del A-quo) 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Tomas Tercero Guillen contra la resolución relacionada en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha treinta de junio del dos mil once, falló: “1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación que se ha hecho mérito, 2) CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de febrero de dos mil once….” (Folios 314-315 del tomo II del expediente del A-quo). 5) La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral- Contencioso Administrativo, en fecha diez de abril de dos mil doce, dictó sentencia en el recurso de casación por infracción de ley, presentado por el Abogado Tomas Guillen en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada Inversiones Patria S.A. de C.V., en donde falló: (Sic) “1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 3) SIN COSTAS….” (Folios 316-322 del tomo II del expediente del A-quo). 6) El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, al haber recibido las certificaciones de las sentencias recaídas en fechas treinta de junio de dos mil once y diez de abril de dos mil doce, respectivamente, que confirman la resolución de fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, mismas que se han dejado relacionadas en los numerales 3, 4, y 5 de esta sentencia, en consecuencia, procedió con la liquidación correspondiente, en concepto de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios a favor de los señores demandantes, referidos anteriormente. Haciendo un total que le corresponde pagar a la demandada de SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (Lps.7,729,267.29). (Folios 323-328 vuelto del tomo II del expediente del A-quo) 7) En fecha veintisiete de julio de dos mil doce, el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, conociendo de la solicitud de derecho de tercero presentada por la Abogada Emma Edith Murillo Membreño, resolvió: Ordenar el DESEMBARGO INMEDIATO DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO, debiendo remitir al Instituto de la Propiedad la comunicación de estilo, a efecto de cesar la medida precautoria ejecutada sobre el bien inmueble a que se ha hecho mérito. Alegando que el tercero tenía la posesión de los bienes en el tiempo en que se practicó el embargo, no exime a la demandada de las responsabilidades económicas a que fue condenada, pues en el presente caso la propietaria legitima de los bienes objeto de embargo son de la demandada, independientemente de quien los haya tenido al momento de ejecutarse el embargo, por lo que se ordena devolver al compareciente la caución rendida. (Folios 454-456 del tomo II de la pieza del A-quo) 8) La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Humberto Maldonado López, en su condición antes referida, contra el auto interlocutorio relacionado en el numeral que antecede, en fecha treinta de octubre de dos mil doce, dictó sentencia en donde falló: “I.-DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LÓPEZ, en su condición de Representante Procesal de las partes demandantes.-II.-REVOCAR la providencia contenida en la resolución de fecha veintisiete de julio del año dos mil doce por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LÓPEZ, en su condición de Representante Procesal de los señores JOSÉ GUILLERMO MIRANDA ORELLANA, OSCAR ROLANDO SANDOVAL MATAMOROS, WALTER YOVANNY SALGADO MEJÍA, ÁLVARO ESCALANTE BACA, ALFONSO CRUZ HERNÁNDEZ, ENRIQUE BARDALES CASTILLO, MAURICIO JOSÉ GARCÍA PASTRANA, EUGENIO MARADIAGA ORTEZ, RUBÉN OSORTO ESPINAL, JOSÉ RAMÓN RAUDALES MONTOYA, ALBA CRISTINA OCHOA GUERRERO, MARIA VICTORIA MEJÍA JIMÉNEZ, EDNA YESENIA HERNÁNDEZ TURCIOS, SANTOS ELIA CRUZ VASQUEZ, BERTILIA ZULEMA MERCADO MENDOZA, BETY MARGARITA ÁLVAREZ RIVERA, HAIDEE DISCUA COELLO contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES PATRIA, S.A de C.V., por intermedio de su Gerente General y Representante el señor JOSÉ MARIA AGURCIA FASQUELLE, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en vista de terminación de contratos de trabajos con justa causa, pago de salarios adeudados, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes, pago de salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha de la sentencia firme y costas del juicio, que obra a folios 454,455 y 456 frente y vuelto de la primera pieza del expediente.- SIN COSTAS en esta instancia.”(Folios 478-479 del tomo II del expediente del A-quo) 9) La Sala de lo Constitucional conociendo del recurso de amparo interpuesto por el Abogado Hugo Mauricio Madrid Avelar a favor de la sociedad mercantil denominada Banco del País S.A, registrado bajo el numero 889-2012, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, en fecha seis de mayo de dos mil catorce, falló: I.- OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por el abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra la sentencia emitida en fecha treinta de octubre de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, y II.-SE ORDENA que el Tribunal Ad-quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia. (Folios 497-503 del tomo II del expediente del A-quo) 10) La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de septiembre del año dos mil catorce, falló: (Sic) I.-CONFIRMAR la providencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha 27 de julio del 2010 visible a folios 454, 455 y 456 de la primera pieza de autos.-II.-SIN COSTAS en esta instancia. (Folios 495-496 vuelto del tomo II del expediente del A-quo) 11) En fecha trece de octubre de dos mil catorce, el Abogado José Humberto Maldonado López, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo, solicitando se decretara embargo contra el inmueble propiedad de INVERSIONES PATRIA S.A DE C.V., y sobre veinte mil acciones que INVERSIONES PATRIA S.A. DE C.V., tiene como socia principal con la sociedad mercantil MULTICINES PLAZA S.A DE C.V. (Folio 508 vuelto del tomo II del expediente del A-quo) 12) El Juzgado de Letras del Trabajo precitado, en fecha dos de diciembre de dos mil catorce, declaró sin lugar la solicitud de embargo presentada por el Abogado José Humberto Maldonado López, en su condición antes indicada, exponiendo el A-quo que dicho inmueble está bajo la administración de BANCO DEL PAIS S.A., asimismo, consideró que la comunicación librada a la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, no es clara en cuanto a informar si la sociedad mercantil INVERSIONES PATRIA es socio o tiene acciones en la sociedad mercantil MULTICINES PLAZA S.A. de C.V. (Folio 585 vuelto del tomo II de la pieza del A-quo) 13) La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Humberto Maldonado López contra el auto interlocutorio relacionado en el numeral que antecede, en fecha treinta de enero de dos mil quince, dicto sentencia en donde falló: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LÓPEZ, actuando en su condición de apoderado apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de fecha dos de diciembre del año dos mil catorce, que corre a folios 585 frente y vuelto de la primera pieza de autos. (Folios 592-593 del tomo II de la pieza del A-quo) 14) Conociendo de la solicitud realizada por el Abogado José Humberto Maldonado López, relacionada al embargo de bienes pertenecientes a los señores José Maria Agurcia Fasquelle y Johnny Roberto Kafati Segebre como socios y directivos de la empresa demandada, el Juzgado de Letras del Trabajo, en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, mediante auto interlocutorio resolvió: VISTA la comparecencia presentada por parte del abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LÓPEZ quien actúa en condición de apoderado legal de la parte demandante mismo que se resuelve en los términos siguientes: tomando en consideración que en el presente proceso se condenó mediante sentencia definitiva a la sociedad mercantil INVERSIONES PATRIA S.A DE C.V., para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, mismo que fue confirmado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, y la Honorable Corte Suprema de Justicia.-Sala Laboral-Contencioso Administrativo; y siendo que la demandada es una persona jurídica por lo que se debe asumir las deudas y obligaciones contraídas de la presente demanda, en consecuencia se declara sin lugar la solicitud formulada por el compareciente, ya que las personas a las que hace referencia no han sido condenadas en las presentes diligencias…. (Folios 783-785/861 del tomo II de la pieza del A-quo) 15) La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Humberto Maldonado López, contra el auto interlocutorio dejado relacionado en el numeral que antecede, en fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, por mayoría de votos falló: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ HUMBERTO MALDONADO LÓPEZ, actuando en su condición de apoderado apelante.-2)Confirmando el auto dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el treinta de agosto del año dos mil diecisiete, que corre a folio 861 frente de la primera pieza de autos. (Folios 12-14 de la pieza del Ad-quem) 16) Que la Abogada Genny Larissa Laínez Ocampo, compareció ante este Tribunal en fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor de los señores José Guillermo Miranda Orellana, Oscar Rolando Sandoval Matamoros, Walter Yovanny Salgado Mejía, Álvaro Escalante Baca, Alfonso Cruz Hernández, Enrique Bardales Castillo, Mauricio José García Pastrana, Eugenio Maradiaga Ortez, Rubén Osorto Espinal, José Ramón Raudales Montoya, Alba Cristina Ochoa Guerrero, Maria Victoria Mejía Jiménez, Edna Yesenia Hernández Turcios, Santos Elia Cruz Vasquez, Bertilia Zulema Mercado Mendoza, Bety Margarita Álvarez Rivera, (Sic) Haidee Discua Elvir[3], afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 127, 128 numerales 4 y 15, 129, 303, 304 y 306 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito a la Abogada antes referida, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley, dando vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 19 de la pieza de amparo) 17) Que esta Sala, en fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, del que se desprende de su Apreciación Jurídica de los Hechos Controvertidos los hechos y consideraciones siguientes: Esta representación del Ministerio Publico, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que de la interposición del recurso se desprende que el amparista; acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías contenidas en los artículos 90, 127, 128, 129, 303, 304 y 306 de la Constitución de la República. Según el recurrente estas vulneraciones se han producido en virtud de que la sentencia condenatoria no se ha podido ejecutar, debido a que la demandada en forma dolosa e irresponsable se deshizo de su patrimonio, ha ocultado todos sus bienes, razón por la cual se solicitó ante el Juzgado de Letras del Trabajo, embargo sobre bienes inmuebles pertenecientes a socios de la demandada INVERSIONES PATRIA S.A DE C.V., por lo que el Ad-quem al confirmar el auto que denegó el embargo de dichas propiedades inmobiliarias no está juzgando el asunto planteado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, vulnerando el debido proceso y la obligación de los jueces y magistrados de aplicar la Ley al caso concreto. Que al examinar la resolución recurrida, se aprecia que a criterio de la Alzada, es la parte demandada INVERSIONES PATRIA S.A DE C.V., la responsable de cumplir con su obligación a la que fue condenada y, que consta en autos de primera pieza a folio 547, informe del Instituto de la Propiedad del departamento de Francisco Morazán, donde se informa que sobre el inmueble de INVERSIONES PATRIA S.A DE C.V., sigue vigente a esa fecha un fideicomiso por la cual no procede el decreto de embargo sobre dicho inmueble; y en cuanto a la solicitud de embargo que se supone es propietaria INVERSIONES PATRIA S.A DE C.V., la certificación solicitada al Registro Mercantil de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, no fue amplia en su información en virtud de no precisar de tener el derecho sobre dichas acciones. De lo expuesto, estima la suscrita que en el caso de autos efectivamente la sociedad demandada INVERSIONES PATRIA S.A de C.V., fue condenada a reconocerle a los trabajadores los derechos laborales correspondientes, mediante fallo de fecha 24 de febrero del año 2011, razón por la cual fue requerida de pago a través de su gerente general JOSÉ MARIA AGURCIA FASQUELLE por la cantidad de SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTINUEVE CENTAVOS (LPS.7,729,267.29); sin embargo a la fecha dicho fallo no ha sido ejecutado. Si bien es cierto consta acreditado que en fecha siete de diciembre del año 2010, se practicó embargo de un bien inmueble ubicado en la colonia Lomas del Guijarro Sur (folio 293 tomo I pieza 2) no obstante, el A-quo ordenó el desembargo de dicho bien inmueble en fecha 27 de julio del año 2012, por encontrarse en fideicomiso a favor del Banco del País S.A., (folios 454 al 456 tomo II pieza 2); y aun cuando dicho desembargo fue revocado por la Alzada, la Sala de lo Constitucional mediante fallo de fecha 06 de mayo de 2014, (folio 497 tomo II), otorgó la acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS, quedando vigente lo ordenado por el A-quo respecto al desembargo. Asimismo se desprende de la foliada las múltiples diligencias solicitadas ante el Órgano Jurisdiccional, con el objeto de verificar los bienes y derechos correspondientes a la sociedad condenada INVERSIONES PATRIA S.A de C.V., las cuales han resultado infructuosas para ejecutar la sentencia condenatoria, de igual manera resulta importante señalar que si bien el Ad-Quem establece en su resolución que la información solicitada al Registro de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, en relación a la escritura de constitución de Multicines Plaza S.A de C.V., no fue amplia en su información en virtud de no precisar de tener el derecho sobre dichas acciones, al respecto debemos señalar que consta a folio 733 del tomo II de pieza 2 que dicha Cámara de Comercio señala como observación que el Registro Mercantil no es el competente para atribuir la calidad de accionista en una sociedad anónima, de igual forma consta a folio 739 tomo II de pieza 2, certificación del Consejo de Administración de Multicines Plaza S.A de C.V., en la que se hace constar que la sociedad condenada INVERSIONES PATRIA S.A de C.V., NO tiene participación accionaria en la sociedad Multicines Plaza. En virtud de lo anterior, la suscrita no comparte los argumentos esgrimidos por el Ad-Quem ya que consta de las diligencias que se han instado a la demandada a cumplir con el pago de lo ordenado mediante una sentencia firme y a la fecha dicho pago no ha sido reconocido por la sociedad condenada y siendo que a los trabajadores demandantes les asiste el derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva, misma que se concreta en el cumplimiento del fallo judicial, y para evitar que la sentencia firme se convierta en una ineficaz declaración formal, la Ley en aras de garantizar los derechos de los trabajadores regula en el artículo 35 del Código de Comercio, lo siguiente: “La sentencia que se pronuncie contra la sociedad, condenándola al cumplimiento de obligaciones respecto de terceros tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios y podrá ser ejecutada en el patrimonio de los mismos, en el límite de su responsabilidad hecha excusión de los bienes sociales”, por lo que de la literalidad de la norma se extrae que la sentencia condenatoria firme tiene efecto de cosa juzgada contra los socios y siendo que se colige de la foliada que consta acreditado que los señores JHONY ROBERTO KAFATI SEGEBRE (presidente) JOSÉ MARIA AGURCIA FASQUELLE (vice-presidente) son socios de la sociedad condenada INVERSIONES PATRIA S.A de C.V., estos se encuentran obligados a responder en el límite de su responsabilidad por la obligación recaída en la persona jurídica que representan, pues de los antecedentes se desprende que ante la imposibilidad de obtener el pago de los derechos laborales supra referidos, de la sociedad condenada por haberse ordenado el desembargo de su propiedad y no siendo tampoco posible obtener la relación de bienes y derechos de la empresa condenada, se ha procedido a obtener el mismo de las personas que fungen como socios de dicha empresa, tal como lo indica la norma en el límite de su responsabilidad. De lo anterior esta Representación Fiscal estima que la resolución que hoy se impugna no se encuentra conforme a derecho ya que ha inobservado el debido proceso, el cual constituye un derecho fundamental que se materializa en garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial de un proceso, es así, que el debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso, el Órgano Jurisdiccional debe emitir una sentencia de fondo, es decir, razonable, congruente y justa y por ende se vulnera el Principio de Legalidad que establece: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. De lo anterior, la suscrita es del parecer que el criterio esgrimido por el Ad-quem vulnera los preceptos constitucionales invocados por el recurrente. IV.CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE la presente acción de amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por la amparista. CONSIDERANDO (1): Que es facultad de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; de igual modo en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha ocho (8) de febrero del dos mil dieciocho (2018) que declara Sin Lugar el Recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE HUMBERTO MALDONADO LOPEZ (apelante) en su condición de representante procesal de los señores JOSE GUILLERMO MIRANDA ORELLANA y OTROS, y CONFIRMA el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Departamento de Francisco Morazán de fecha treinta (30) de agosto del dos mil diecisiete (2017). CONSIDERANDO (4): Que resulta de los antecedentes que en fecha cinco de abril del año dos mil diez el Juzgado de Letras del trabajo de Francisco Morazán admitió mediante auto una DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE TERMINACION DE CONTRATOS DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS, VACACIONES, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO HASTA LA FECHA DE LA SENTENCIA FIRME Y COSTAS DEL JUICIO promovida por el señor JOSE GUILLERMO MIRANDA ORELLANA Y OTROS contra la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES PATRIA S.A. DE C.V. por medio de su Gerente General y representa el señor JOSE MARIA AGURCIA FASQUELLE, ordenando el órgano jurisdiccional citar y emplazar a la parte demandada con todas la prevenciones de ley, siguiéndose el proceso en todas sus etapas dictando el Juzgado sentencia favorable a los trabajadores la que alcanza su firmeza el 10 de abril del 2012 mediante fallo emitido en casación por la Honorable Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (5): Que argumenta la impetrante que una vez firme la sentencia se procedió a requerir a la parte condenada (demandada) para que efectuara el pago respectivo quien desatendió el requerimiento, ante tal actitud, a través de la vía de apremio se logra embargar un bien inmueble propiedad de la parte vencida en juicio (Inversiones Patria S.A. de C.V.) para cubrir los montos de la condena a favor de los trabajadores, bien inmueble que formaba parte de un Fideicomiso en garantía y administración con Banco del País, S.A. actuando como fideicomisario; el embargo fue admitido e inscrito en el Registro respectivo del Instituto de la Propiedad. Sin embargo, mediante una acción de tercero promovida por Banco del País S.A. alegando propiedad sobre dicho inmueble derivada del Fideicomiso, la misma juez desestima el embargo, auto que apela la parte demandante y la Alzada con criterio justo lo revoca; no obstante y por no estar conforme Banco del País S.A. con la decisión adoptada, interpone Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y ésta resuelve otorgando el amparo, dejando a los trabajadores sin ninguna garantía para obtener sus pagos, no pudiendo ejecutar el fallo favorable a los trabajadores hasta la fecha. CONSIDERANDO(6): Que, ante tal situación, invoca la recurrente, la parte vencida en juicio no da la cara y el juzgado no ha podido ejecutar la sentencia, ésta más bien, de forma dolosa e irresponsable se ha deshecho del patrimonio ocultado los bienes, por lo que en fecha 28 de julio del 2017 solicita al Juzgado que conoce de la causa embargo sobre bienes inmuebles perteneciente a socios de la demandada con fundamento en los artículos 35 del Código de Comercio que establece en forma imperativa, que las sentencias en contra de la sociedad mercantil que la condenan a cumplir obligaciones a favor de terceros tienen fuerza de cosa juzgada contra los socios de la misma, y en el artículo 748 numeral 2 del Código Procesal Civil, pero la petición de embargo fue denegada en auto de fecha treinta (30) de agosto del dos mil diecisiete (2017) bajo el argumento que los socios no aparecían en el fallo como condenados, que solicita la reposición y apelación subsidiaria contra dicho auto, resuelve la Corte de Apelaciones y por mayoría de votos declaro sin lugar el recurso de apelación, vulnerando con esta decisión según la impetrante los artículos 127, 128 numerales 4 y 15, 129, 90, 303, 304 y 306 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional, una vez estudiadas y analizadas las actuaciones que obran en las piezas del proceso, no observa vulneración alguna al derecho al debido proceso y legitima defensa, así como a los demás derechos y garantías invocadas, se aprecia en el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo que el mismo se ha dictado conforme a derecho, por lo que procede su confirmatoria. La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de Justicia dentro de los límites que señala la ley; en el presente caso, no puede ejecutarse un fallo en contra de personas naturales o jurídicas, distintas a las que han sido condenadas, y mucho menos, ejecutarse sobre personas que no han sido designadas como parte, representantes legales o requeridos para ello; la tutela de los derechos de un ciudadano no deben derivar en la vulneración de derechos a terceros que no son parte en el juicio, a efecto que prevalezcan garantías y derechos a un debido proceso en favor de las partes y a terceros, éstas garantías deben prevalecer en perfecta armonía con los principios de contradicción e igualdad. No consta en autos, en el presente juicio, que éstos fueron llamados en sus condiciones personales, como partes o se haya formado un Litis Consorcio con los señores JOSE MARIA AGURCIA FASQUELLE y JOHNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE para que las resultas del presente juicio estén garantizadas con los bienes personales y su patrimonio. Aunado a lo antes expuesto, no puede conculcarse el derecho a la propiedad, que igualmente goza de protección y que se decrete embargo sobre bienes de presuntos socios, sin existir la certeza de éstos sean los que ostentan la calidad de socios en la sociedad demandada, información que únicamente obra en los registros que al efecto lleva la Sociedad condenada de conformidad a lo preceptuado en el artículo 137 del Código de Comercio vigente; resulta del estudio, que en autos no consta la certificación de la composición del órgano societario, que permita decretar embargo de los bienes de los presuntos socios de INVERSIONES PATRIA S.A. DE C.V., se deduce de la información rendida por el Registro Mercantil de Francisco Morazán que no consta si los mismos son personas naturales o jurídicas, las acciones que cada uno suscribió y pagó, y si son socios fundadores, es así que la información proporcionada no es precisa, para determinar si las personas a quienes se pretende embargar en su patrimonio tienen derechos sobre las acciones de la sociedad mercantil demandada y condenada a pagar a los trabajadores, para que dentro del límite de la responsabilidad de cada socio se ejecute la precitada sentencia condenatoria. CONSIDERANDO (8): Que se recurre en emparo invocando que se ha vulnerado el derecho fundamental a un debido proceso y de defensa así como otros derechos inherentes a la calidad de trabajador, sin embargo, el fallo emitido está dictado conforme a derecho, por cuanto el artículo 35 del Código de Comercio establece, “que la sentencia que se pronuncia contra la sociedad condenándola al cumplimiento de obligaciones respecto de terceros, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios y podrá ser ejecutada en el patrimonio de los mismos, en el límite de su responsabilidad, hecha excusión de los bienes sociales”; de otro lado, el artículo 90 del mismo cuerpo legal, dispone que “Sociedad Anónima es la que existe bajo una denominación social, con un capital fundacional dividido en acciones, en la cual los socios limitan su responsabilidad al pago de las que hubieren suscrito”, de lo que se colige que la parte demandada y condenada Sociedad Mercantil “INVERSIONES PATRIA S.A DE C.V.”, es en sí, la responsable de cumplir con la obligación a la que fue penada. La Alzada, en la decisión adoptada, lejos de haber vulnerado los derechos y garantías señaladas en el recurso de amparo, hace saber al amparista los errores cometidos al intentar embargo sobre bienes de presuntos socios de la empresa demandada; estima la Sala, que la resolución emitida está sustentada dentro de los parámetros que señala el Código de Comercio. CONSIDERANDO (9): Que de autos se instituye, que no se determinó el nombre de los socios de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES PATRIA S.A. DE C.V.”, obligada mediante sentencia condenatoria a responder por las obligaciones contractuales con los trabajadores, sentencia que goza de autoridad de cosa juzgada; el número de acciones, y el límite de responsabilidad de cada socio, derivadas del pago de las acciones que hubieren suscrito, es así que la decisión del Tribunal de Alzada que confirma el auto apelado emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha 30 de agosto del año 2017, no vulnera en absoluto los derechos invocados por el impetrante, la Alzada ha cumplido estrictamente con la ley, al establecer en el fallo la forma de proceder en cuanto al modo de ejecutar lo procedente con respecto a la Sociedad Anónima, en relación con el patrimonio de los socios y el beneficio de excusión señalados en el artículo 35 del Código de Comercio, de lo que resulta procedente denegar el amparo causado. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal y con fundamento en los artículos 1, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 35, 90 y 137 del Código de Comercio vigente; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por la profesional del derecho GENNY LARISSA LAINEZ OCAMPO a favor de JOSE GUILLERMO MIRANDA ORELLANA Y OTROS contra la resolución pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en fecha ocho (8) de febrero del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende a solicitud de la Abogada Genny Larissa Laínez Ocampo, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipi o del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-277-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver página 1 del escrito de interposición del recurso de amparo.

[2] Ver página 1 del escrito de interposición de la demanda ordinaria.

[3] Ver página 1 del escrito de interposición del recurso de amparo.