Sentencia AL-235-18 — Registro 10882
Resumen
Recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia dictada que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada, con relación a un incidente de nulidad de actuaciones alegado, en la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones,
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que bajo los argumentos ilustrados por la Sala, y según continuada jurisprudencia, resulta apropiado desenvolvimiento de los derechos y garantías constitucionales, el subordinar la aplicación irrestricta del concepto civilista de autonomía de la voluntad hacia una conceptualización normativa de las garantías sociales que norma el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo; siendo que ésta última amerita la protección optima acorde a la Constitución y las leyes, a través de su congruente desarrollo jurisprudencial y dentro del concepto teleológico constitucional de armonía entre el capital y el trabajo;[3] con lo cual se verifica la complementariedad de la sentencia conocida en amparo, según pronunciada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES y objeto de la presente acción de amparo, con el ámbito constitucionalmente reconocido al debido proceso, por lo cual se estima no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el recurrente; considerándose de forma concluyente que la sentencia recurrida no produjo violación real y efectiva a las garantías constitucionales que protegen el debido proceso y demás derechos de configuración legal aludidas en formalización de la acción de amparo por el recurrente; en virtud de haberse dictado con las formalidades y derechos que exige la legalidad aplicable, sobre bases de razonabilidad y de doble vinculación a la Constitución y a las leyes sociales y del trabajo vigentes; por lo cual debe denegarse la presente acción constitucional de amparo."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 28 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de febrero del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A., contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018), que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, con relación a un incidente de nulidad de actuaciones alegado por la Sociedad Mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A., en la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones, promovida por las señoras NULSY JAQUELINE BARAHONA y BESSY JACKELINE GARCIA MURILLO, en contra de la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNES Y ALIMENTOS CONGELADOS, S. DE R.L. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado, en perjuicio de su representada, el artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve (9) de junio de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, las Señoras NUSLY JACQUELINE BARAHONA y BESSY JACKELINE GARCIA MURILLO, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones, en contra de la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNES Y ALIMENTOS CONGELADOS, S. DE R.L., solicitando que se declare con lugar la presente demanda y se ordene a la parte demandada al pago de prestaciones. (Folios 1–20 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, en fecha uno (1) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el citado Juzgado, el abogado MARTIN ORTHON MORALES CERVANTES, en su condición de Apoderado Legal de las ya citadas demandantes, presentando una transacción extrajudicial realizada ante el Notario ALEJANDRO DUARTE SALGADO, en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), y solicitando la homologación del mismo ante el presente Juzgado. En vista de todo lo anterior, en la misma fecha, el Juzgado ya mencionado dictó Resolución, mediante la cual Resolvió: (SIC) “… tener por bien hecho el arreglo extrajudicial celebrado entre las partes y siendo que dicho arreglo de manera atìpica pone fin al proceso, por ende no procede lo solicitado por el compareciente que se dicte sentencia favorable, en virtud de que las partes llegaron a un arreglo y de esta forma ponen fin al proceso, en consecuencia mándese archivar las presentes diligencias en el lugar que ocupan los juicios fenecidos.” (Folio 44 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que en fecha siete (7) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), comparece ante el citado Juzgado, el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en representación de la Sociedad Mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A. (DAVIVIENDA), para tenerse por personado en el presente juicio e interpuso una NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, alegando que: ellos nunca han podido participar en el proceso; no pudieron pronunciarse sobre el acuerdo de transacción acordado entre las partes; que el Juzgado no se percato, que uno de los objetos de la transacción, estaba disponiendo de una causa ajena y no tenían ningún derecho sobre èl; y que este es un acto simulado entre los subscriptores, por lo que estas actuaciones constituyen un fraude por simulación. Debido a todo lo alegado, el citado Juzgado, en la misma fecha Resolvió: (SIC) “… en cuanto al incidente de nulidad planteado se declara SIN LUGAR en virtud de considerar este Tribunal que no ha incurrido en ningún error de procedimiento que vicien el proceso; en cuanto al arreglo extrajudicial que han llegado las partes como bien lo dice ese arreglo se hizo fuera de los tribunales y este Tribunal respetando el poder de disposición de las partes que establece el artículo 481.1 del Código Procesal Civil norma aplicable a falta de disposición del Código del Trabajo el cual reza: que las partes pueden disponer de las pretensiones interpuestas en el proceso en cualquier estado y momento del mismo, ya sea en primera instancia o durante la sustanciación del recurso o incluso en la ejecución forzosa…, tal como ha ocurrido en el presente juicio, al manifestar la parte actora que habían llegado a un arreglo extrajudicial tal como lo acredito con la escritura publica que presento, siendo esta una de las formas de poner fin al juicio de manera atípica, este Tribunal resolvió de conformidad a lo pedido por la parte actora tener por bien hecho el arreglo en consonancia al poder de disposición de las partes y mando a archivar las presentes diligencias en el lugar que ocupan los juicios fenecidos, resolución que se encuentra firme.” (Folios 80–83 de la Primera Pieza de los antecedentes) 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A. (DAVIVIENDA), la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, dictó sentencia de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: “PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO en su condición de apoderado de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A. (DAVIVIENDA) contra la resolución dictada en fecha siete de noviembre del año dos mil diecisiete (07/11/17), por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se CONFIRMA la misma.- SEGUNDO: SIN COSTAS en ésta instancia dado el carácter social de las normas laborales”; lo cual tuvo especial consideración en que se confirmaba el auto interlocutorio venido en apelación, porque la “colusión” o acto simulado denunciado por el apelante, no se encuentra comprendida como causa de nulidad dentro de la competencia objetiva que el Código del Trabajo autoriza en materia laboral según lo establece su artículo 665, con relación al artículo 304 de la Constitución de la República. Asimismo, que no es posible decretar la nulidad pretendida, pues el órgano jurisdiccional atendió la petición de parte legitimada en juicio, respetando el poder de disposición de las partes respecto a las pretensiones interpuestas en el proceso, con la única limitante de asegurarse que nada en el citado acuerdo restrinja o disminuya los derechos irrenunciables de los actores; de manera que el efecto lo tiene únicamente con relación a los trabajadores y al proceso laboral iniciado, tal y como ocurrió en el caso sub judice; bajo el entendido, que cualquier responsabilidad del acuerdo suscrito, deberá denunciarse ante la autoridad competente, no en los juzgados de instancia en materia social laboral. Cita el Ad Quem como jurisprudencia aplicable, la expresada, en similares términos, en los expedientes 8203 y 8638 de la Corte de Apelaciones de esa sección judicial, sin expresar la ratio iuris que concierne a cada uno de ellos. (Folios 14–17 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 5) Que el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A., contra la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho (2018). (Folio 1–28 y de la presente Recurso) 6) Que en fecha veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, es de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO, en virtud de no concurrir la violación del precepto constitucional señalado por el Amparista.”. (Folios 57–62 del presente Recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO DOS (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que del estudio del escrito de formalización de amparo se puede apreciar ha manifestado la parte garantista, una serie de consideraciones jurídicas y fácticas, en apoyo de la tesis que tal resolución vulneraría los derechos y garantías constitucionales que amparan el debido proceso, según reconocido en el artículo 90, párrafo primero de la Constitución de la República; en virtud de que la resolución judicial contra la cual se reclama, afecta el derecho de su representada al obviar la existencia de una colusión entre las partes que presentaran la homologación del arreglo extrajudicial írrito a derecho, por constituirse en simulación de acto jurídico, en fraude a derecho, con el afán de causar un perjuicio a su representada, quien tiene interés legítimo en el juicio; debiendo en el caso concreto la judicatura asegurar se acredite la existencia de una relación laboral como mínimo, aclarando así cualquier sospecha de colusión existente, lo cual no fue el caso. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que, asimismo, continúa señalando el garantista que la sentencia en mención causa agravios a su representada, por declarar SIN LUGAR el recurso de apelación sustanciado contra la desestimatoria del INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir del uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); momento procesal en que se resuelve la comparecencia presentada ante el Juzgado A Quo el arreglo extrajudicial en mención y manda a archivar las diligencias en el lugar que ocupan los juicios fenecidos, en inobservancia de los artículos 212 numeral 4), 235, 485 y 486 del Código Procesal Civil, que establecen la sanción de nulidad para los actos que se produzcan con prescindencia a las normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se haya causado indefensión; como es el caso en que ha incurrido la Jurisdicción, al prescindir darle el debido cumplimiento a la obligación legal que tiene de revisar el acuerdo de transacción, comprobando que lo convenido no implique fraude o abuso de ley; lo anterior, con relación al artículo 858 del Código del Trabajo, que enmarca, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas supletorias de dicho Código y, en defecto, lo establecido en la normativa procesal civil, donde sí se contienen disposiciones relacionadas con las limitantes que tiene el poder de disposición de las partes; formalidades, derechos y garantías que la ley establece como aplicables imperativamente para el caso de autos y de las cuales ha prescindido la Corte sentenciadora, obviando en el presente caso existe fraude por simulación, como queda dicho; por todo lo cual, solicita se dicte sentencia definitiva otorgando el presente recurso de amparo contra la sentencia de apelaciones en referencia, restituyéndose a la SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A., garantizándole en el goce y ejercicio de los derechos constitucionales que se estima conculcados y volviendo las cosas al estado anterior a la violación. CONSIDERANDO CINCO (5): Que, para la Sala de lo Constitucional, la sentencia de apelaciones objeto de la presente garantía constitucional, resulta acordada en sus fundamentos motivacionales, no sólo al debido proceso en su más amplia comprensión; sino que se reconoce su ajustada compatibilidad a los derechos y garantías sociales estatuidos, inter alia, en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, los cuales se tienen como explícitos en la jurisdicción del trabajo, según lo establece su artículo 665 del Código del Trabajo. No procede, por tanto, la interpretación de parte que extrapola requerimientos adicionales de legitimación procesal, según provenientes del derecho privado, aduciendo para ello la existencia de una laguna en la legislación vigente, que admitiría la supletoriedad que concede - en su caso - el artículo 858 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que, considera la Sala, en tal sentido, que los fundamentos de derecho esgrimidos por la Alzada, guardan razonable proporcionalidad al problema jurídico planteado, hasta la aparición de la postulada tercería de la entidad financiera que se presenta como agraviada; la cual se manifiesta ya ante una resolución firme y consentida, expresándose inclusive por el ahora amparista, que tal controversia es conocida en otro expediente en la vía jurisdiccional civil; lo cual no obstaculizaría, desde luego, su capacidad de postulación y legitimación para acceder a la tutela judicial efectiva, como parte esencial del debido proceso; ni perjudicaría en instancia el derecho preferencial planteado, en su oportunidad procesal, por los actores del caso sub iudice; no encontrándose, en ninguna parte de la resolución denunciada, interpretación restrictiva o aplicación indebida de los preceptos constitucionales citados iura novit curia, resultando más bien una interpretación armónica de la legislación vigente, en compatibilidad a la jurisprudencia nacional establecida en sede constitucional, en desarrollo del principio pro persona[1] (también denominado pro operario en el derecho social y del trabajo). CONSIDERANDO SIETE (7): Que, desde la fundación constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho, este adopta posiciones dogmáticas que lo enmarcan en los valores y principios de cómo la sociedad se ve y se pretende perpetuar.[2] Por otra parte, que resulta pacífico en la jurisprudencia constitucional, que tales valores y principios deberán interpretarse y aplicarse de manera que den cabida a la máxima realización de los principios en la sociedad y a la máxima irradiación de los valores; sin perjuicio del referente obligado en un Estado de Derecho, como es la sujeción al principio de legalidad, el cual vincula, por igual, tanto a gobernantes como gobernados. CONSIDERANDO OCHO (8): Que tales basas constitucionales han sido respetadas en la sentencia que se examina, pues se funda, inter alia, en el ámbito competencial que señala el artículo 665 del Código de Trabajo, el cual facultaría al Juez del Trabajo a la actuación delimitadora del derecho de acción que el Abogado recurrente estima como gravosa al debido proceso de su representada, lo cual no se compadece de otras vías procesales en que se dirime la presente controversia, según se desprende del propio escrito de formalización de amparo. En tal sentido, resulta claro para la Sala de lo Constitucional, que tal interpretación judicial fue efectuada por un tribunal competente, en apego los atributos que la Sala de lo Constitucional ha reconocido como propios del debido proceso, no pudiendo demostrarse en el presente recurso de amparo de qué forma éste resulta vulnerado por el fallo en mención, pues si bien declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, no le impide a la parte que se considera tercera legitimada, que se deduzcan otras acciones legales en vindicación de sus derechos. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, se resume el parecer de la Sala de lo Constitucional, en que el fallo jurisdiccional bajo estudio no colisiona con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, pues se ha garantizado al amparista el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la base de la doble vinculación del Juzgador a lo establecido en la ley y la Constitución de la República, el cual ha resuelto con motivación suficiente y clara, fundada en derecho congruente; si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas del peticionario, en el incidente de nulidad absoluta de actuaciones promovido en representación procesal de la persona jurídica que se presenta como agraviada, en la presente garantía constitucional de amparo. Asimismo, establece el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que la denegación del amparo deja a salvo las acciones civiles y penales que en derecho procedan contra el autor del agravio y no prejuzga sobre ninguna materia. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que bajo los argumentos ilustrados por la Sala, y según continuada jurisprudencia, resulta apropiado desenvolvimiento de los derechos y garantías constitucionales, el subordinar la aplicación irrestricta del concepto civilista de autonomía de la voluntad hacia una conceptualización normativa de las garantías sociales que norma el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo; siendo que ésta última amerita la protección optima acorde a la Constitución y las leyes, a través de su congruente desarrollo jurisprudencial y dentro del concepto teleológico constitucional de armonía entre el capital y el trabajo;[3] con lo cual se verifica la complementariedad de la sentencia conocida en amparo, según pronunciada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES y objeto de la presente acción de amparo, con el ámbito constitucionalmente reconocido al debido proceso, por lo cual se estima no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el recurrente; considerándose de forma concluyente que la sentencia recurrida no produjo violación real y efectiva a las garantías constitucionales que protegen el debido proceso y demás derechos de configuración legal aludidas en formalización de la acción de amparo por el recurrente; en virtud de haberse dictado con las formalidades y derechos que exige la legalidad aplicable, sobre bases de razonabilidad y de doble vinculación a la Constitución y a las leyes sociales y del trabajo vigentes; por lo cual debe denegarse la presente acción constitucional de amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63, 67, 119 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0235-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Vid. Castañeda, Mireya. El Principio Pro Persona: Experiencias y perspectivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, 2014. Asequible en internet, en: http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_Principio_Pro_Persona_experiencias_y_perspectivas_libro_descargable.shtml
[2] Vid. Méndez Garita, W. Alberto. Elementos de teoría del Derecho, teoría del Estado y Derecho Constitucional: apuntes para la discusión académica. Editorial Juricentro, San José, C.R., 2013, p. 28.
[3] Vid. Rodríguez, Olvín E. Estudios de Derecho Laboral. Editorial Universitaria, Tegucigalpa, 2000, p. 126.