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Sentencia AL-202-19 — Registro 11533

Resumen

Se interpuso recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria con relación a la demanda laboral.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada determinó que del análisis del contrato en referencia se concluye que contiene los elementos que determinan los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo, como ser la actividad desempeñada por el trabajador, la subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y derecho a una remuneración, por lo cual indica dicha Alzada que existe una labor de naturaleza permanente y regida bajo una relación jurídica laboral, habiéndose pronunciado ya los juzgados y tribunales en similares términos unificando criterios en cuanto a interpretar éste tipo de contratos, con el objetivo primordial de que exista seguridad jurídica y en donde la estabilidad laboral debe ser respetada, razón por la que estimó confirmar el auto interlocutorio apelado.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

... “-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que la recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero.confirmar el auto interlocutorio apelado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de junio de dos mil diecinueve.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, con relación a la demanda laboral promovida por los señores CARLOS ROBERTO PADILLA DAVID y MIGUEL ALBERTO MUÑOZ LÓPEZ contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA y DESCENTRALIZACION.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que se suscribió un contrato de servicios profesionales por tiempo determinado entre el Estado y los señores CARLOS ROBERTO PADILLA DAVID y MIGUEL ALBERTO MUÑOZ LÓPEZ, manifestando que la Ley aplicable era la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no estando por ende sometidos a un régimen laboral protegido por el Código del Trabajo, sino que corresponde el conocimiento de la controversia al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, por lo anterior, en el momento procesal oportuno se interpuso el defecto procesal de incompetencia de tribunal por razón de la materia, mismo que fue declarado sin lugar.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se puede apreciar que la recurrente señala que con la resolución contra la cual reclama se vulneran, entre otros, el derecho de defensa y de debido proceso reconocidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, así como los artículos 106 y 321 del mismo texto legal.-CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada determinó que del análisis del contrato en referencia se concluye que contiene los elementos que determinan los artículos 20[1] y 47 del Código del Trabajo, como ser la actividad desempeñada por el trabajador, la subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y derecho a una remuneración, por lo cual indica dicha Alzada que existe una labor de naturaleza permanente y regida bajo una relación jurídica laboral, habiéndose pronunciado ya los juzgados y tribunales en similares términos unificando criterios en cuanto a interpretar éste tipo de contratos, con el objetivo primordial de que exista seguridad jurídica y en donde la estabilidad laboral debe ser respetada, razón por la que estimó confirmar el auto interlocutorio apelado.-CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo y la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra ley para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que la recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, al advertir ésta Sala que las cuestiones alegadas por la demandante de amparo resultan ser alegaciones de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de agosto del año dos mil diecinueve.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ contra la resolución dictada por esta Sala el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual se sobreseyó el recurso de Amparo interpuesto por la hoy recurrente a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, con relación a la demanda laboral promovida por los señores CARLOS ROBERTO PADILLA DAVID y MIGUEL ALBERTO MUÑOZ LÓPEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA y DESCENTRALIZACIÓN.-CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, sobreseyó el recurso de mérito, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se limitó a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que precediera disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparaban a la quejosa.-CONSIDERANDO: Que la recurrente Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ, en el escrito mediante el cual interpuso el recurso de reposición, vertió los mismos alegatos que los expuestos en el escrito de interposición del presente amparo, sin establecer nuevas razones para que procediera la enmienda de la resolución recurrida.-CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que los razonamientos plasmados en la resolución recurrida por ésta vía se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto.- CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ contra la resolución dictada por esta Sala el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de las Resoluciones de fechas diecisiete (17) de junio y dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) recaídas en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0202-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Código del Trabajo.- Artículo 20. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.