Sentencia AL-160-18 — Registro 10879
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra las providencias dictadas por el Juzgado de Letras con relación a la solicitud de Ejecución Provisional de Sentencia, derivada de la Demanda Laboral de Única Instancia para el pago de Reajuste Salarial. Estima el recurrente que se han violentado en perjuicio de su representada los derechos a la defensa y el debido proceso, contenido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO(8): Que los recursos son aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca; en ese orden de ideas y al formar parte los recursos, del derecho a la tutela judicial efectiva, se trata de un derecho de configuración legal, según la remisión que hace el mismo texto constitucional a lo que señalan las leyes –Artículo 82-. Siguiendo esta idea el Artículo 744 del Código de Trabajo establece que serán también apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, de palabra en el acto de la notificación, o por escrito, dentro de los tres (3) días siguientes; interpuesto en la audiencia, el Juez lo concederá o denegará inmediatamente; si por escrito, resolverá dentro de los dos (2) días siguientes. CONSIDERANDO(9): Que por el efecto suspensivo del recurso, se atiende a la ejecutividad o no de la resolución recurrida. Cuando se produce dicho efecto la interposición del recurso impide que el órgano de instancia (a quo) pueda llevar a efecto la resolución recurrida, salvo su posible ejecución provisional.[5] En relación a la Ejecución Provisional de la resolución recurrida, en el caso sub júdice, la sentencia dictada en primera instancia en materia especial del trabajo, la normativa especial no establece configuración en su texto normativo, por ello y en cuanto al principio de supletoridad, se aplicarán las disposiciones establecidas en el Código Procesal Civil –Artículo 858[6] del Código de Trabajo.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 744 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 856 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO(12): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución inobservando las disposiciones legales establecidas en la ley, pues se invoca el Manual Procesal Laboral a efecto de unificar criterios en la sustanciación del proceso laboral, no obstante a ello conforme al principio de legalidad, los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad, por ello la Ejecución Provisional de una sentencia, no puede quedar a criterio del Juez, pues la ley establece en forma clara el procedimiento a seguir, y la misma sólo procede cuando se encuentre pendientes de resolver Recursos concedidos en el efecto devolutivo, lo cual no sucede en el caso bajo estudio, ello porque en materia de derecho laboral, sólo procede el recurso en el efecto suspensivo en las sentencias definitivas dictadas en primera instancia. CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (14):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho al debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (15): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que confirma la resolución emitida por el A-quo, que da trámite a la Ejecución Provisional de la sentencia definitiva dictada en primera instancia; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. “
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 744 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. [1]Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, DEPARTAMENTO DE COLÓN, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra las providencias dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, en fechas veinte y veinticinco de octubre del año dos mil diecisiete, con relación a la solicitud de Ejecución Provisional de Sentencia, derivada de la Demanda Laboral de Única Instancia para el pago de Reajuste Salarial, promovida por el Abogado Hugo Baldemar Romero Ortega, en su condición de Representante Procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNCIPALIADAD DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, a través de su representante legal el señor Alcalde Municipal Carlos Alberto Valle. Estima el recurrente que se han violentado en perjuicio de su representada los derechos a la defensa y el debido proceso, contenido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de marzo del año dos mil catorce, compareció ante el Abogado LUIS SAUL PAZ BARDALES, Juez de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, el Abogado HUGO BALDEMAR ROMERO ORTEGA, en su condición de Representante Procesal del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Sabá, departamento de Colón (SITRAMUSA) interponiendo demanda laboral de única instancia para el pago de reajuste salarial, contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN. (Folios 1fv del extracto de la pieza de antecedentes de primera instancia). 2) Que en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil diecisiete, la parte demandada, la Alcaldía Municipal de Sabá, Departamento de Colon, a través de su Apoderada Legal, promovió Recurso de Apelación, contra la sentencia definitiva que fue dictada en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, resolviendo el Juzgado de letras Seccional de Tocoa, departamento de Colon, lo siguiente: (Sic) “Admítase el Recurso de Apelación ante la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la Sentencia definitiva dictada por este Juzgado de fecha treinta y uno de Mayo del año Dos Mil Diecisiete, y remítase las presentes diligencias al Tribunal de Alzada, recurso que deberá concederse en el efecto suspensivo y concédase a las partes el termino de Ley correspondiente, Asimismo de delega el poder al Abogado SAUL NUÑEZ ORELLANA, con número de colegiación # 08583, con las facultades a él conferidas…” (Folio 163 del extracto del expediente de antecedentes de primera instancia). 3) Que en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil diecisiete, el Abogado Hugo Baldemar Romero Ortega, actuando en su condición de representante procesal del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Sabá, Departamento de Colón, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, solicitando la Ejecución Provisional de la Sentencia proferida en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, por el referido juzgado. En la misma fecha el Juzgado resolvió: (Sic) “1.-Admítase a trámite la Ejecución Provisional de la Sentencia ordenando se requiera de pago a la parte de demandada.- 2.- Se ordena que se deje testimonio del presente expediente judicial, en este Tribunal a los efectos de la ejecución provisional…” (Folios 167 y 168 del extracto del expediente de antecedentes de primera instancia) 4) Que fecha trece de octubre del año dos mil diecisiete, la Abogada Wendy Vanessa Munguía Menocal, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Municipalidad de Sabá, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, solicitando nulidad de actuaciones, a partir del auto de fecha 28 de septiembre del año 2017, en adelante, donde se ordena la Ejecución Provisional de una sentencia. Dando respuesta a la solicitud promovida, mediante providencia de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) el A-quo resolvió: (Sic) “Visto el escrito que antecede, agréguense a sus antecedentes, y en cuanto a lo solicitado, declárese sin lugar por ahora, en virtud que ya obra a folio (161) del expediente de mérito, la Abogada y solicitante delego el poder en el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, y hasta la fecha no lo ha reasumido.- Articulo 85 del Código Procesal Civil….” (Folio 177 del extracto del expediente de antecedentes de primera instancia) 5) Que en fecha veinte de octubre del año dos mil diecisiete, el Abogado HUGO BALDEMAR ORTEGA, actuando en su condición antes indicada, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, solicitando el requerimiento por la tabla de avisos al señor CARLOS ALBERTO VALLE, en su condición de Alcalde Municipal de Sabá, departamento de Colón, para que pague la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (LPS. 1,384,178.40) en calidad de reajuste de salario mínimo; resolviendo citado Juzgado mediante providencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, lo siguiente: (Sic) “Visto el escrito que antecede, agréguense a sus antecedentes, y en cuanto a lo solicitado declárese sin Lugar por ahora, en virtud que el requerimiento es personalísimo, el cual debe de realizarse directamente al señor Alcalde, ya que es el, el que ejerce la representación de la Municipalidad de Saba, Colón, y por ende no se puede requerir a través de la tabla de avisos, sino lo procedente es requerirlo a través de la señora Secretaría del Despacho.” (Folio 178 y 179 del extracto del expediente de antecedentes de primera instancia) 6) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, en su condición de Apoderado Legal de la Corporación Municipal de Sabá, Departamento de Colón, contra las providencias de fechas veinte y veinticinco de octubre del año dos mil diecisiete, emitidas por el A-quo, la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida dictó resolución en fecha seis (6) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló:(Sic) “Primero: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA contra los autos de fecha Veinte y veinticinco de octubre del Dos Mil Diecisiete.- Segundo: SE CONFIRMA los autos recurridos de fecha veinte y veinticinco de octubre del año dos mil diecisiete en las diligencias de mérito bajo las consideraciones de este ad-quem. Tercero: SIN COSTAS….” (Folios del 5 al 7fv de la pieza de antecedentes de Alzada)
- Que el recurrente Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha seis de febrero del año dos mil dieciocho violenta en perjuicio de su representada los derechos a la defensa y el debido proceso, contenido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciocho. (Folio 24 de los autos) 8) Que con fecha catorce de agosto del año dos mil dieciocho, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió el dictamen correspondiente, en el cual es de la opinión porque SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista. Arguye la Fiscal del Despacho que la resolución que se conoce por vía de la presente acción de amparo no se encuentra ajustada a derecho, en cuanto considera que el artículo 744 del Código del Trabajo es una disposición especial que está orientada a que queda en suspenso para una ejecución definitiva, pero esto no quita que no pueda ser ejecutada provisionalmente, por la aplicación supletoria de las normas contenidas en el Código Procesal civil, pero lo cierto es, que es precisamente esta normativa la que se considera violentada con dicha motivación, esto es así ya que el artículo 771 del Código Procesal Civil, establece que procederá la ejecución provisional de las sentencias de condena mientras se sustancian los recursos devolutivos interpuestos contra la misma, de igual forma, el artículo 772.1 del mismo cuerpo legal dispone que la solicitud de ejecución provisional podrá formularla en cualquier momento desde que conste la pendencia de un recurso devolutivo y antes que se dicte sentencia en él. (Folios del 27 al 31 de los autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[2]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[3].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Resolución dictada en fecha seis (6) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la Demanda Laboral de Única Instancia para el pago de Reajuste Salarial, promovida por el Abogado Hugo Baldemar Romero Ortega, en su condición de Representante Procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNCIPALIADAD DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, a través de su representante legal el señor Alcalde Municipal Carlos Alberto Valle; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó los autos recurridos de fechas veinte y veinticinco de octubre del año dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionada en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representada el debido proceso y el derecho de defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; como argumento toral de su acción constitucional de Amparo, el impetrante arguye que toda persona debe ser oída de acuerdo a las formalidades y solemnidades que prescribe la Ley. Que la Ejecución Provisional sólo procede cuando se admiten los recursos en su carácter devolutivo que son interpuestos contra las sentencias de condena, es decir que el Juez inferior sigue conociendo del proceso, pero en el caso de autos en materia laboral la ley ordena que contra las sentencias de Primera Instancia debe admitirse el Recurso de Apelación en el efecto suspensivo, es decir, suspende la jurisdicción del juez. Conforme a ello, considera el recurrente que, las actuaciones realizadas por el Juzgado inferior a partir de la admisión del Recurso de Apelación en el efecto suspensivo contra la sentencia recurrida son nulas. CONSIDERANDO(4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente revocar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había procedido a darle trámite a la Ejecución Provisional de la sentencia proferida en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), la cual no se encuentra firme por encontrarse pendiente de resolver recursos interpuestos, el cual fue conferido en el efecto suspensivo según disposiciones de la ley especial en materia del trabajo. CONSIDERANDO (5): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, en primer lugar es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio del recurrente los derechos constitucionales contenidos en los artículos que a continuación se exponen de la Constitución de la República: Artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; y lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. En ese orden de ideas respectivamente, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. CONSIDERANDO (6): Que el derecho a la defensa, es el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. CONSIDERANDO(7): Que el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República….”[4]. Es criterio del jurista ut supra, que el derecho a la tutela judicial efectiva, incluye el libre acceso a los tribunales; para que ese libre acceso se vuelva efectivo, comprende una pluralidad de derechos procesales, inter alia el acceso a los recursos legalmente establecidos. CONSIDERANDO(8): Que los recursos son aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca; en ese orden de ideas y al formar parte los recursos, del derecho a la tutela judicial efectiva, se trata de un derecho de configuración legal, según la remisión que hace el mismo texto constitucional a lo que señalan las leyes –Artículo 82-. Siguiendo esta idea el Artículo 744 del Código de Trabajo establece que serán también apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, de palabra en el acto de la notificación, o por escrito, dentro de los tres (3) días siguientes; interpuesto en la audiencia, el Juez lo concederá o denegará inmediatamente; si por escrito, resolverá dentro de los dos (2) días siguientes. CONSIDERANDO(9): Que por el efecto suspensivo del recurso, se atiende a la ejecutividad o no de la resolución recurrida. Cuando se produce dicho efecto la interposición del recurso impide que el órgano de instancia (a quo) pueda llevar a efecto la resolución recurrida, salvo su posible ejecución provisional.[5] En relación a la Ejecución Provisional de la resolución recurrida, en el caso sub júdice, la sentencia dictada en primera instancia en materia especial del trabajo, la normativa especial no establece configuración en su texto normativo, por ello y en cuanto al principio de supletoridad, se aplicarán las disposiciones establecidas en el Código Procesal Civil –Artículo 858[6] del Código de Trabajo-. CONSIDERANDO(10): Que el Código Procesal Civil desarrolla en el Artículo 771 y siguientes lo relativo a la Ejecución Provisional; el numeral 1 del precepto 771 establece: “1. A instancia de parte interesada y mientras se sustancias los recursos devolutivos interpuestos contra todas las sentencias de condena, salvo las que impongan realizar una declaración de voluntad, podrá procederse a su ejecución provisional…”; asimismo el numeral 1 del precepto 772 del mismo cuerpo normativo señala: “SOLICITUD DE EJECUCIÓN PROVISIONAL. 1. La ejecución provisional deberá solicitarla por escrito la parte que hubiera obtenido un pronunciamiento favorable, y podrá formularla en cualquier momento desde que conste la pendencia de un recurso devolutivo y antes de que se dicte sentencia en él….”. CONSIDERANDO(11): Que de la lectura de los preceptos supra indicados, esta Sala de lo Constitucional entiende que solo procede la Ejecución Provisional de una sentencia de condena, cuando se encuentren pendientes de resolver recursos admitidos en efecto devolutivo, ello porque al concederse el recurso de apelación en el efecto suspensivo, impide que el A-quo pueda llevar a efecto la resolución recurrida. De la foliada del extracto del expediente de Primera Instancia se observa que el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha 31 de mayo del año 2017, fue concedido en el efecto suspensivo, como claramente lo deja establecido el Artículo 744 del Código de Trabajo. CONSIDERANDO(12): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma vulnera la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, la cual implícitamente se encuentra en el concepto de debido proceso legal, ello porque se ha emitido una resolución inobservando las disposiciones legales establecidas en la ley, pues se invoca el Manual Procesal Laboral a efecto de unificar criterios en la sustanciación del proceso laboral, no obstante a ello conforme al principio de legalidad, los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad, por ello la Ejecución Provisional de una sentencia, no puede quedar a criterio del Juez, pues la ley establece en forma clara el procedimiento a seguir, y la misma sólo procede cuando se encuentre pendientes de resolver Recursos concedidos en el efecto devolutivo, lo cual no sucede en el caso bajo estudio, ello porque en materia de derecho laboral, sólo procede el recurso en el efecto suspensivo en las sentencias definitivas dictadas en primera instancia. CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (14):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el derecho al debido proceso legal, consecuentemente vulnera las demás garantías y derechos constitucionales invocados por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (15): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en la presente sentencia, proceda a restituir los derechos que han sido conculcados al recurrente en amparo; derechos que vulnera la resolución que se impugna, ya que confirma la resolución emitida por el A-quo, que da trámite a la Ejecución Provisional de la sentencia definitiva dictada en primera instancia; en consecuencia la resolución impugnada transgrede nuestra normativa constitucional, la que constituye norma primaria y fundamental de observancia obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales y administrativos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 744 y 858 del Código de Trabajo; 22, 714, 771 y 772 del Código Procesal Civil. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, contra la Resolución de fecha seis (6) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0160-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]
[2] Articulo 183 de la Constitución de la República.
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[4] L. Alfredo de Diego Díez. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal Número 1. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 32.
[5] Alfredo de Diego Díez. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 40.
[6] A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este Código, y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles.