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Sentencia AL-128-18 — Registro 8545

Resumen

Resolución impugnada que declara sin lugar incidente de excepción de Declinatoria por falta de Jurisdicción invocando Inmunidad jurisdiccional contra demanda Ordinaria de reintegro interpuesta contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto"

Legislación citada

  • Convención sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

…"14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto"

Legislación citada

  • Convención sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA, a favor de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria dictada en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria de Reintegro, promovida por la Señora GLORIA BERTILA OYUELA CARRASCO, en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA). Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada el Artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la Señora GLORIA BERTILA OYUELA CARRASCO, interponiendo Demanda Ordinaria de Reintegro, en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), solicitando que se declare con lugar la presente demanda; ordene el reintegro a su puesto de trabajo en el mismo o mejor puesto y condiciones laborales; y el pago de los salarios dejados de percibir, y al pago daños y perjuicios causados desde la fecha de su despido. (Folios 1–27 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 2) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia Interlocutoria en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “I.- DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCION Y COMPETENCIA opuesto por el Representante procesal de la parte Demandada en la demanda de mérito. II.- SIN COSTAS: En esta instancia.” (Folios 222–226 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALBERT ABERY CARCAMO GOMEZ, en su condición de apoderado legal de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “1º DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALBERT ABERY CARCAMO GOMEZ, en su condición de representante procesal de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA); 2º CONFIRMANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha doce de septiembre del año dos mil diecisiete, visible a folios 221 al 226 de la primera pieza de autos, en consecuencia se ORDENA al JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, continuar con el trámite del juicio de que se ha hecho mérito, por ser competente para conocer la demanda ordinaria laboral interpuesta por la Abogada GLORIA BERTILA OYUELA CARRASCO; 3º SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 16–19 de la Segunda Pieza de los antecedentes)- 4) Que la Abogada RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), contra la Sentencia de fecha ocho (8) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha once (11) de junio de dos mil dieciocho (2018). (Folio 1–36 y 57 de la presente Recurso)- 5) Que en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por estimar que la sentencia dictada por el Ad-Quem y que motivó la presente Acción de Amparo, no es conforme a derecho, en virtud de vulnerar el derecho constitucional invocado.” (Folios 60–66 del presente Recurso).- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria dictada en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria de Reintegro, promovida por la Señora GLORIA BERTILA OYUELA CARRASCO, en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA).- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República; por considerar que la Corte de Apelaciones recurrida ha obviado disposiciones de orden público y con rango constitucional al confirmar la resolución del Tribunal inferior, sin tomar la supremacía del Derecho comunitario, a pesar de que se ha invocado la violación del debido proceso por la inobservancia del Protocolo de Tegucigalpa y demás derecho derivado y complementario.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por estimar que la sentencia dictada por el Ad-Quem y que motivó la presente Acción de Amparo, no es conforme a derecho, en virtud de vulnerar el derecho constitucional invocado.”- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia en que de acuerdo con la regla universal de la lógica jurídica, las excepciones, así como las inmunidades deben ser expresas u taxativa; y, están sujetas a interpretación restrictiva; por consiguiente, si se hubiese querido consagrar inmunidad en relación con la jurisdicción laboral o del trabajo, así se hubiese consagrado expresamente en la Convención de Viena. Así también de acuerdo al Convenio constitutivo, se establece que el Gerente General y demás funcionarios de COCESNA, están obligados a respetar a las autoridades nacionales y a obedecer las leyes de la República desde su ingreso al territorio nacional; y tendrán derecho a ser protegidos por ellas.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que los privilegios e inmunidades no son un mecanismo para evitar el cumplimiento de las normas de orden público del país sede, sino que priva el respeto y sometimiento a la ley interna de conformidad con las convenciones internacionales aplicables en materia del trabajo o laboral; las organizaciones internacionales tienen la obligación de acatar las normas locales, siempre y cuando estas no obstaculicen sus funciones y actividades, las que existen para garantizar que puedan desempeñar estas funciones con independencia y sin la indebida intervención de los países miembros a través de sus tribunales o por medio de procesos administrativos o intervenciones policiales. Que las inmunidades deberán entenderse que no son absolutas y que, de conformidad a los convenios suscritos con los Estados, hay limitaciones o restricciones en ciertas materias, específicamente en lo relativos a contratos de trabajo y otras, cuyas excepciones con respecto a la falta de jurisdicción ya están previstas y no pueden ser invocadas, según Artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes constituyen un principio generalmente aceptado en el derecho internacional consuetudinario, según lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas, en su Artículo 1 establece el alcance de la aplicación de la inmunidad jurisdiccional de un Estado y de sus bienes ante los tribunales de otro Estado, señalando taxativamente los términos empleados para su aplicación, excluyendo los Contratos de Trabajo. Artículo 2. Términos empleados 1. Para los efectos de la presente Convención: a) se entiende por “tribunal” cualquier órgano de un Estado, sea cual fuere su denominación, con potestad para ejercer funciones judiciales; b) se entiende por “Estado”: I) El Estado y sus diversos órganos de gobierno; II) los elementos constitutivos de un Estado Federal o las subdivisiones políticas del Estado, que estén facultados para realizar actos en el ejercicio de la autoridad soberana y actúen en tal carácter; III) los organismos o instituciones del Estado u otras entidades, en la medida en que estén facultados para realizar y realicen efectivamente actos en ejercicio de la autoridad soberana del Estado; IV) los representantes del Estado cuando actúen en tal carácter; c) se entiende por “transacción mercantil”: I) todo contrato o transacción mercantil de compraventa de bienes o prestación de servicios; II) todo contrato de préstamo u otra transacción de carácter financiero, incluida cualquier obligación de garantía o de indemnización concerniente a ese préstamo o a esa transacción; III) cualquier otro contrato o transacción de naturaleza mercantil, industrial o de arrendamiento de obra o de servicios, con exclusión de los contratos individuales de trabajo. Aunado a estas disposiciones, se suma lo preceptuado en la Convención de Viena, de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales, advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma "pacta sunt servanda" están universalmente reconocidos, convención que no señala en sus estatutos reconocimiento expreso de la inmunidad con respecto a la Jurisdicción Laboral o del Trabajo.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que el derecho del trabajo es reconocido universalmente como un derecho humano, respetado y garantizado constitucionalmente por los países así como en los tratados internacionales suscritos lo que obliga a los contratantes al cumplimiento de lo pactado, y el caso de las demandas contra COCESNA hay pronunciamiento suficiente en cuanto a las sentencias emitidas, señalándose “que en los estatutos de la Corporación se establece que el personal que labora para COCESNA estará regulado por el Código de Servicios, por el Reglamento Interno de Trabajo y por las Leyes Laborales del lugar donde prestan sus servicios”; por lo que al invocar inmunidad jurisdiccional en la nueva demanda originada por el no cumplimiento de un fallo proferido y emanado por autoridad judicial competente, al dejar de reintegrar al trabajador y más bien darle carta de despido, este derecho amparado no puede quedar como certeza jurídica ideal, sino que debe satisfacer el reconocimiento de su derecho, al no concretarse, vulnera los derechos garantizados por la Constitución de la República, los consignados en los instrumentos internacionales suscritos; es así, que el Estado está obligado a garantizar a los ciudadanos que acuden a los tribunales un debido proceso, a que se respeten sus derechos como demandante o demandado, garantizando el derecho amparado a través de la tutela judicial efectiva, que se respete los convenios y tratados internacionales en materia de trabajo en los que Honduras es parte para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra todo acto y omisiones contrarios a la ley, por lo expuesto, se concluye que la Jurisdiccional Laboral es competente para conocer de la demanda ordinaria laboral promovida.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0128-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA, a favor de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria dictada en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria de Reintegro, promovida por la Señora GLORIA BERTILA OYUELA CARRASCO, en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA). Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada el Artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la Señora GLORIA BERTILA OYUELA CARRASCO, interponiendo Demanda Ordinaria de Reintegro, en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), solicitando que se declare con lugar la presente demanda; ordene el reintegro a su puesto de trabajo en el mismo o mejor puesto y condiciones laborales; y el pago de los salarios dejados de percibir, y al pago daños y perjuicios causados desde la fecha de su despido. (Folios 1–27 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 2) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia Interlocutoria en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “I.- DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCION Y COMPETENCIA opuesto por el Representante procesal de la parte Demandada en la demanda de mérito. II.- SIN COSTAS: En esta instancia.” (Folios 222–226 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALBERT ABERY CARCAMO GOMEZ, en su condición de apoderado legal de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “1º DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALBERT ABERY CARCAMO GOMEZ, en su condición de representante procesal de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA); 2º CONFIRMANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha doce de septiembre del año dos mil diecisiete, visible a folios 221 al 226 de la primera pieza de autos, en consecuencia se ORDENA al JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, continuar con el trámite del juicio de que se ha hecho mérito, por ser competente para conocer la demanda ordinaria laboral interpuesta por la Abogada GLORIA BERTILA OYUELA CARRASCO; 3º SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 16–19 de la Segunda Pieza de los antecedentes)- 4) Que la Abogada RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), contra la Sentencia de fecha ocho (8) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha once (11) de junio de dos mil dieciocho (2018). (Folio 1–36 y 57 de la presente Recurso)- 5) Que en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por estimar que la sentencia dictada por el Ad-Quem y que motivó la presente Acción de Amparo, no es conforme a derecho, en virtud de vulnerar el derecho constitucional invocado.” (Folios 60–66 del presente Recurso).- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria dictada en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria de Reintegro, promovida por la Señora GLORIA BERTILA OYUELA CARRASCO, en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA).- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República; por considerar que la Corte de Apelaciones recurrida ha obviado disposiciones de orden público y con rango constitucional al confirmar la resolución del Tribunal inferior, sin tomar la supremacía del Derecho comunitario, a pesar de que se ha invocado la violación del debido proceso por la inobservancia del Protocolo de Tegucigalpa y demás derecho derivado y complementario.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por estimar que la sentencia dictada por el Ad-Quem y que motivó la presente Acción de Amparo, no es conforme a derecho, en virtud de vulnerar el derecho constitucional invocado.”- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia en que de acuerdo con la regla universal de la lógica jurídica, las excepciones, así como las inmunidades deben ser expresas u taxativa; y, están sujetas a interpretación restrictiva; por consiguiente, si se hubiese querido consagrar inmunidad en relación con la jurisdicción laboral o del trabajo, así se hubiese consagrado expresamente en la Convención de Viena. Así también de acuerdo al Convenio constitutivo, se establece que el Gerente General y demás funcionarios de COCESNA, están obligados a respetar a las autoridades nacionales y a obedecer las leyes de la República desde su ingreso al territorio nacional; y tendrán derecho a ser protegidos por ellas.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que los privilegios e inmunidades no son un mecanismo para evitar el cumplimiento de las normas de orden público del país sede, sino que priva el respeto y sometimiento a la ley interna de conformidad con las convenciones internacionales aplicables en materia del trabajo o laboral; las organizaciones internacionales tienen la obligación de acatar las normas locales, siempre y cuando estas no obstaculicen sus funciones y actividades, las que existen para garantizar que puedan desempeñar estas funciones con independencia y sin la indebida intervención de los países miembros a través de sus tribunales o por medio de procesos administrativos o intervenciones policiales. Que las inmunidades deberán entenderse que no son absolutas y que, de conformidad a los convenios suscritos con los Estados, hay limitaciones o restricciones en ciertas materias, específicamente en lo relativos a contratos de trabajo y otras, cuyas excepciones con respecto a la falta de jurisdicción ya están previstas y no pueden ser invocadas, según Artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes constituyen un principio generalmente aceptado en el derecho internacional consuetudinario, según lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas, en su Artículo 1 establece el alcance de la aplicación de la inmunidad jurisdiccional de un Estado y de sus bienes ante los tribunales de otro Estado, señalando taxativamente los términos empleados para su aplicación, excluyendo los Contratos de Trabajo. Artículo 2. Términos empleados 1. Para los efectos de la presente Convención: a) se entiende por “tribunal” cualquier órgano de un Estado, sea cual fuere su denominación, con potestad para ejercer funciones judiciales; b) se entiende por “Estado”: I) El Estado y sus diversos órganos de gobierno; II) los elementos constitutivos de un Estado Federal o las subdivisiones políticas del Estado, que estén facultados para realizar actos en el ejercicio de la autoridad soberana y actúen en tal carácter; III) los organismos o instituciones del Estado u otras entidades, en la medida en que estén facultados para realizar y realicen efectivamente actos en ejercicio de la autoridad soberana del Estado; IV) los representantes del Estado cuando actúen en tal carácter; c) se entiende por “transacción mercantil”: I) todo contrato o transacción mercantil de compraventa de bienes o prestación de servicios; II) todo contrato de préstamo u otra transacción de carácter financiero, incluida cualquier obligación de garantía o de indemnización concerniente a ese préstamo o a esa transacción; III) cualquier otro contrato o transacción de naturaleza mercantil, industrial o de arrendamiento de obra o de servicios, con exclusión de los contratos individuales de trabajo. Aunado a estas disposiciones, se suma lo preceptuado en la Convención de Viena, de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales, advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma "pacta sunt servanda" están universalmente reconocidos, convención que no señala en sus estatutos reconocimiento expreso de la inmunidad con respecto a la Jurisdicción Laboral o del Trabajo.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que el derecho del trabajo es reconocido universalmente como un derecho humano, respetado y garantizado constitucionalmente por los países así como en los tratados internacionales suscritos lo que obliga a los contratantes al cumplimiento de lo pactado, y el caso de las demandas contra COCESNA hay pronunciamiento suficiente en cuanto a las sentencias emitidas, señalándose “que en los estatutos de la Corporación se establece que el personal que labora para COCESNA estará regulado por el Código de Servicios, por el Reglamento Interno de Trabajo y por las Leyes Laborales del lugar donde prestan sus servicios”; por lo que al invocar inmunidad jurisdiccional en la nueva demanda originada por el no cumplimiento de un fallo proferido y emanado por autoridad judicial competente, al dejar de reintegrar al trabajador y más bien darle carta de despido, este derecho amparado no puede quedar como certeza jurídica ideal, sino que debe satisfacer el reconocimiento de su derecho, al no concretarse, vulnera los derechos garantizados por la Constitución de la República, los consignados en los instrumentos internacionales suscritos; es así, que el Estado está obligado a garantizar a los ciudadanos que acuden a los tribunales un debido proceso, a que se respeten sus derechos como demandante o demandado, garantizando el derecho amparado a través de la tutela judicial efectiva, que se respete los convenios y tratados internacionales en materia de trabajo en los que Honduras es parte para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos contra todo acto y omisiones contrarios a la ley, por lo expuesto, se concluye que la Jurisdiccional Laboral es competente para conocer de la demanda ordinaria laboral promovida.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0128-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional