Sentencia AL-123-19 — Registro 10876
Resumen
Recurso de amparo que resolvió un recurso de apelación que fue interpuesto contra el auto interlocutorio dictado con relación a la ejecución de embargo y costas de ejecución en la demanda laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio de merito."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numerales 1 y 6 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M. D. C., siete de mayo del año dos mil diecinueve. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación que fue interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho; con relación a la Ejecución de embargo y Costas de ejecución en la demanda laboral promovida por RAFAEL ANTONIO MEJÍA MALDONADO, JULIO CÉSAR RIVERA PAREDES, MARCO TULIO FLROES MOLINA, ELICEO CRUZ URBINA y OTROS, contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se desprende que el recurrente refiere que mediante el acto reclamado, la Alzada confirmó el embargo sobre las cuentas bancarias de Recaudaciones de Impuestos Municipales que fue decretado por el A-quo, lo cual estima el reclamante se resolvió sin apreciar el perjuicio a la administración de dicho ente, indicando además el quejoso que el Ad-quem no se pronunció sobre el alegato que entabló referente a la improcedencia del pago a las costas de ejecución de sentencia. CONSIDERANDO: Que del estudio del mismo escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como violados entre otros, los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado dictado por el Ad-quem se establece que no es posible la revocatoria del auto apelado toda vez que el embargo ejecutado es producto del Informe rendido por la Secretaría General del A-quo, mediante el cual hace del conocimiento al Juez que la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, fue requerida de pago en concepto de prestaciones y salarios caídos, y que a la fecha de extender tal Informe, había vencido el plazo para consignar las cantidades requeridas, estimando por tal motivo la confirmatoria del auto apelado. Asimismo la Alzada estableció que no le era posible pronunciarse sobre el pago de costas de ejecución que alega el recurrente en virtud de que no constaba en la resolución apelada tal decisión. CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y de la resolución reclamada contra la que el repitente entabla su acción de amparo, puede apreciarse que el Ad-quem fundamentó y motivó adecuadamente su decisión conforme a la ley, exponiendo la Alzada que el proceso se ha realizado conforme al procedimiento regulado en la ley, razón por la que no han concurrido las vulneraciones señaladas por el peticionario, logrando ésta Sala constatar de la resolución recurrida, la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva, rigorista, formalista o desproporcionada, quedando evidenciado que la norma aplicada por la autoridad recurrida en el acto reclamado en amparo, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra legislación laboral, por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando lo que dispone la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, que fue emitido por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que se ha aplicado el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio de merito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE:: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve, por apreciar ésta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0123-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
4