Sentencia AL-1203-16 — Registro 10915
Resumen
Recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial del Departamento de Francisco Morazan, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado con relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que de todo lo anteriormente expuesto, se desprende que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis (2016) ofrece una concisa relación argumentativa de la consideración que le merece la existencia formal y material de un contrato de trabajo aun y cuando en el mismo se indique que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del mismo, las partes se someten expresamente a los tribunales de lo contencioso administrativo de esta jurisdicción; lo cual no se sobrepone, en definitiva, al tenor social y garantista que es propio del derecho del Trabajo y su proyección constitucional para regular las relaciones laborales, cualquiera que sea su denominación, en el Estado de Honduras. CONSIDERANDO (8): Que por ello, el fallo venido en amparo muestra continencia con numerosa y relevante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, la cual se ha caracterizado por hacer prevalecer el principio de primacía de la realidad, en esta clase de casos; es decir, los que tienen por sustrato común tal principio sustantivo o material del derecho del trabajo, el cual se considera intrínseco a la consideración jurídica que amerita la relación de trabajo. De manera que, habiéndose acreditado el cumplimiento de los tres (3) elementos esenciales del contrato de trabajo en el presente caso, según queda visto; resultaría del todo implícita la existencia de una relación de trabajo, a tutelarse de conformidad a ley,[1] lo cual ha sido reconocido por la Alzada en la resolución judicial bajo estudio.
CONSIDERANDO (9): Que consta, asimismo, en la argumentación jurídica vertida por el amparista, la existencia de un Antecedente emitido por esta Honorable Corte Suprema de Justicia, mismo que confirma una sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, en la cual se establecería en forma expresa que el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán es incompetente para conocer los Contratos de Servicios Profesionales suscritos por su representado y el demandante.[2] Sin embargo, vista la sentencia en mención, no resulta de su tenor literal que exista un pronunciamiento de fondo sobre dicho particular – como asegura el garantista - toda vez que el pronunciamiento de la jurisdicción constitucional en el referido caso se ha limitado concretamente a constatar la existencia de causal cierta de inadmisibilidad, toda vez que los alegatos del amparista (demandante) se aprecian como de mera legalidad: “… (y) sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales”.[3] CONSIDERANDO (10): Que de todo lo expresado, se desprende la esencial razonabilidad de lo resuelto por la Corte de Apelaciones del Trabajo, respecto a que es la jurisdicción ordinaria del trabajo, la competente para conocer la demanda laboral instaurada contra la parte representada por el garantista, aun y cuando el contrato suscrito inter partes con las formalidades que se estimaron del caso, ordenare o dispusiere la sumisión de las partes hacia distinta jurisdicción, en caso de suscitarse un conflicto de trabajo. Asimismo, que para la Sala de lo Constitucional, según continuada jurisprudencia, no procede la aplicación preferente del concepto civilista de autonomía de la voluntad por sobre la conceptualización normativa de las garantías sociales que recoge el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo; siendo que ésta última amerita la protección optima de la Constitución y las leyes, dentro del concepto teleológico de armonía entre el capital y el trabajo. En tal sentido, se considera que la resolución judicial de Alzada se encuentra fundada en derecho y orientada a lograr un mayor grado de intensidad en la constitucionalización del derecho público hondureño, a manera de garantizar con mayor efectividad a las partes el acceso a la justicia ante el órgano jurisdiccional competente, imparcial e independiente, con plena vigencia de las reglas y principios que integran el debido proceso; por todo lo cual, se considera que la sentencia pronunciada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), conocida en amparo, no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el recurrente; por lo cual resulta procedente su denegatoria."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 872 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que por ello, el fallo venido en amparo muestra continencia con numerosa y relevante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, la cual se ha caracterizado por hacer prevalecer el principio de primacía de la realidad, en esta clase de casos; es decir, los que tienen por sustrato común tal principio sustantivo o material del derecho del trabajo, el cual se considera intrínseco a la consideración jurídica que amerita la relación de trabajo. De manera que, habiéndose acreditado el cumplimiento de los tres (3) elementos esenciales del contrato de trabajo en el presente caso, según queda visto; resultaría del todo implícita la existencia de una relación de trabajo, a tutelarse de conformidad a ley,[1] lo cual ha sido reconocido por la Alzada en la resolución judicial bajo estudio."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 135 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de mayo del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio dictado en fecha treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro, promovida por el señor JORGE ANTONIO CHAVARRIA GUEVARA contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha vulnerado en perjuicio del Estado el contenido de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha seis (6) de mayo de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el Señor JORGE ANTONIO CHAVARRIA GUEVARA, actuando en su condición personal, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro, contra el FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), institución adscrita al INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), por medio de su Ministro Director MARIO RENE PINEDA VALLE solicitando que se declare CON LUGAR la demanda, condenando al demandado a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo ilegal e injusto, a titulo de daños y perjuicios, y salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que quede firme la Sentencia. (Folios 1–20 de la Primera Pieza de los antecedentes). 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Auto Interlocutorio en fecha treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: “SIN LUGAR denuncia del Incidente de Declinatoria por Falta de Jurisdicción por Razón de Materia y CON LUGAR Defecto Procesal de Falta de Capacidad Procesal interpuestos por el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por JOSE ANTONIO CHAVARRIA GUEVARA, en contra del “FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) institución adscrita actualmente al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS) a través del Director Ejecutivo MARIO RENE PINEDA VALLE y en forma solidaria en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la Representante Legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA”…”. (Folios 72–77 de la Primera Pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ, en su condición de apoderado legal del FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), institución adscrita al INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), por medio de su Ministro Director MARIO RENE PINEDA VALLE, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: “1º REFORMA el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta de agosto de año dos mil dieciséis, únicamente en cuanto declara con lugar el defecto procesal de falta de capacidad procesal interpuesto por el Abogado Oscar Rolando Palma Rodríguez, en consecuencia SE DECLARA SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL, interpuesto por la parte Demandada, en todo lo demás se confirma; 2º SIN COSTAS en esta instancia.” (Folios 88–90 de la Segunda Pieza de los antecedentes). 4) Que el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–8 y 32 de la presente Recurso). 5) Que en fecha catorce (14) de agosto de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Publico, es del parecer que SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por la Amparista”; lo cual tuvo como fundamento de actuaciones que se ha probado la relación existente entre las partes demandantes y la parte demandada es una relación laboral, que se deriva de un Contrato de Trabajo, aunque su denominación no corresponda a tal, sino que al de “Prestación de Servicios Profesionales”; actividad laboral que empezó a desempeñarse en el año 2004, cuando el demandante ingresó como asistente técnico de transporte, labor relacionada con el funcionamiento de dicha institución, realizada por el personal regular y permanente; como bien señala el Ad Quem. Por otra parte, respecto al segundo alegato planteado por el amparista, se estima que la resolución del Ad Quem fue dictada en el marco de sus atribuciones y fundamentada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 715 del Código Procesal Civil, que permite al Juez cierta libertad en el alcance del recurso de apelación, por lo que de apreciar alguna infracción en la aplicación o interpretación del derecho, puede modificar la sentencia apelada y dictarse la que estime procedente en derecho; por lo cual, habiéndose demandado al FHIS y solidariamente al Estado de Honduras y siendo éste debidamente citado y emplazado para contestar la Demanda, interviniendo como sujeto procesal dentro del proceso; debe, por lo tanto, continuar con el mismo. (Folios 35–42 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia interlocutoria proferida en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016)por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio dictado en fecha treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REINTEGRO, promovida por el señor JORGE ANTONIO CHAVARRIA GUEVARA en contra el ESTADO DE HONDURAS; fallando de la siguiente forma: “1ª REFORMA el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta de agosto de año dos mil dieciséis, únicamente en cuanto declara con lugar el defecto procesal de falta de capacidad procesal interpuesto por el Abogado Oscar Rolando Palma Rodríguez, en consecuencia SE DECLARA SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL, interpuesto por la parte Demandada, en todo lo demás se confirma;(…)”. CONSIDERANDO (4): Que el Tribunal de Alzada motivó la reformatoria del auto interlocutorio conocido en apelaciones, según dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en que éste desestimó correctamente el INCIDENTE DE DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCIÓN POR RAZÓN DE MATERIA promovida por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en virtud de haberse acreditado que el demandante, señor JORGE ANTONIO CHAVARRÍA GUEVARA, inició su actividad laboral con el FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) en el año 2004, a través de contratos por tiempo determinado, para laborar como asistente técnico de transporte, el cual es un cargo permanente en dicha institución, con una antigüedad superior a los diez (10) años; y que, por otra parte, en cuanto a la declaratoria con lugar del DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL interpuesto por la parte demandada, se estima que si bien consta de autos que la demanda está dirigida contra el FHIS y solidariamente contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República; siendo que éste fue debidamente citado y emplazado para contestar la Demanda, como efectivamente así lo hizo el Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, en su condición de Sub Procurador General, interviniendo como sujeto dentro del proceso y alegando los hechos y razones en que apoyaba su defensa, el defecto procesal opuesto resultaba improcedente. CONSIDERANDO (5): Que en formalización del recurso de amparo, ha manifestado el amparista, Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ en su condición de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS, que al declarase SIN LUGAR el defecto procesal de falta de capacidad procesal se obró erróneamente por el Tribunal de Primera Instancia, no obstante habérsele suministrado los medios de prueba y elementos legales dignos de tutela jurídica que conforman el debido proceso violentado, mismos que dejan evidenciado, que la acción de mérito fue mal dirigida por la parte Actora, siendo que la parte demandante prestó sus servicios profesionales a su representación como Jefe de Servicios Generales, según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito a tiempo determinado, con fecha de finalización el veintiocho (28) de febrero del año dos mil quince (2015), contrato que estipula en su cláusula décima, que cualquier controversia que suscite el contrato será sometida prima facie al derecho administrativo interno de la Institución y, en última instancia, ante la normativa establecida por la Ley de lo contencioso administrativo, es decir, que dada la naturaleza de los contratos éstos están sujetos al Derecho Administrativo; limitándose el Juzgador de Instancia a motivar bajo el argumento que la legislación laboral presume que toda relación de trabajo personal es regida por un contrato de trabajo, desconociendo que tal presunción puede ser desplazada por el contratante, lo cual ocurrió en el presente caso en que el FHIS aportó en el juicio el contrato a que se hace referencia, así como la Ley del Fondo Hondureño de Inversión Social, que rige esta clase de casos, la cual, en su artículo 18 determina que la relación de servicio del personal se regulará por lo estipulado en los contratos de servicios profesionales o técnicos que se celebren, los cuales estarán sometidos a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; lo cual, no obstante, resultó obviado por la autoridad judicial reclamada. Finalmente, agrega la formalización del recurso, que existe el antecedente bajo número AL-SCO-0351-2013, de fecha 13 de mayo de 2015, donde se confirma por parte de la Corte Suprema de Justicia el parecer emitido por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, donde se establece que el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán es incompetente para conocer los Contratos de Servicios Profesionales suscritos por el demandante y su representada. CONSIDERANDO (6): Que de lo anteriormente expuesto, colige el amparista, el quebrantamiento de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, dado que la resolución reclamada a la cual se ha hecho anterior referencia desestimó incorrectamente el INCIDENTE DE DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCIÓN EN RAZÓN DE MATERIA, opuesto por la representación procesal del Estado de Honduras, por lo cual solicita se dicte sentencia definitiva otorgando el amparo que se solicita contra la sentencia de apelaciones de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) por no haberse dictado de conformidad a derecho, restituyéndose al Estado de Honduras en el goce de los Derechos y Garantías que se le han visto vulnerados. CONSIDERANDO (7): Que de todo lo anteriormente expuesto, se desprende que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis (2016) ofrece una concisa relación argumentativa de la consideración que le merece la existencia formal y material de un contrato de trabajo aun y cuando en el mismo se indique que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del mismo, las partes se someten expresamente a los tribunales de lo contencioso administrativo de esta jurisdicción; lo cual no se sobrepone, en definitiva, al tenor social y garantista que es propio del derecho del Trabajo y su proyección constitucional para regular las relaciones laborales, cualquiera que sea su denominación, en el Estado de Honduras. CONSIDERANDO (8): Que por ello, el fallo venido en amparo muestra continencia con numerosa y relevante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, la cual se ha caracterizado por hacer prevalecer el principio de primacía de la realidad, en esta clase de casos; es decir, los que tienen por sustrato común tal principio sustantivo o material del derecho del trabajo, el cual se considera intrínseco a la consideración jurídica que amerita la relación de trabajo. De manera que, habiéndose acreditado el cumplimiento de los tres (3) elementos esenciales del contrato de trabajo en el presente caso, según queda visto; resultaría del todo implícita la existencia de una relación de trabajo, a tutelarse de conformidad a ley,[1] lo cual ha sido reconocido por la Alzada en la resolución judicial bajo estudio.
CONSIDERANDO (9): Que consta, asimismo, en la argumentación jurídica vertida por el amparista, la existencia de un Antecedente emitido por esta Honorable Corte Suprema de Justicia, mismo que confirma una sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, en la cual se establecería en forma expresa que el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán es incompetente para conocer los Contratos de Servicios Profesionales suscritos por su representado y el demandante.[2] Sin embargo, vista la sentencia en mención, no resulta de su tenor literal que exista un pronunciamiento de fondo sobre dicho particular – como asegura el garantista - toda vez que el pronunciamiento de la jurisdicción constitucional en el referido caso se ha limitado concretamente a constatar la existencia de causal cierta de inadmisibilidad, toda vez que los alegatos del amparista (demandante) se aprecian como de mera legalidad: “… (y) sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales”.[3] CONSIDERANDO (10): Que de todo lo expresado, se desprende la esencial razonabilidad de lo resuelto por la Corte de Apelaciones del Trabajo, respecto a que es la jurisdicción ordinaria del trabajo, la competente para conocer la demanda laboral instaurada contra la parte representada por el garantista, aun y cuando el contrato suscrito inter partes con las formalidades que se estimaron del caso, ordenare o dispusiere la sumisión de las partes hacia distinta jurisdicción, en caso de suscitarse un conflicto de trabajo. Asimismo, que para la Sala de lo Constitucional, según continuada jurisprudencia, no procede la aplicación preferente del concepto civilista de autonomía de la voluntad por sobre la conceptualización normativa de las garantías sociales que recoge el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo; siendo que ésta última amerita la protección optima de la Constitución y las leyes, dentro del concepto teleológico de armonía entre el capital y el trabajo. En tal sentido, se considera que la resolución judicial de Alzada se encuentra fundada en derecho y orientada a lograr un mayor grado de intensidad en la constitucionalización del derecho público hondureño, a manera de garantizar con mayor efectividad a las partes el acceso a la justicia ante el órgano jurisdiccional competente, imparcial e independiente, con plena vigencia de las reglas y principios que integran el debido proceso; por todo lo cual, se considera que la sentencia pronunciada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), conocida en amparo, no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el recurrente; por lo cual resulta procedente su denegatoria. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1203-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] De conformidad a la legislación del trabajo generalmente aplicable, como por ejemplo; los artículos 19, 20, 24 y 47 del Código del Trabajo, en su relación conjunta y armónica.
[2] Se hace referencia expresa a la sentencia dictada en el expediente número AL-SCO-0351-2013, de fecha 13 de mayo de 2015, por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
[3] Ver considerando 13) de la sentencia a que se hace inmediata y anterior referencia.