Sentencia AL-1026-16 — Registro 8725
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó auto interlocutorio que declaró caducidad de término para contestar demanda y ordenó seguir juicio en contumacia señalando audiencia de conciliación en relación a demanda de reintegro al trabajo contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala observa que el debido proceso no se ha vulnerado con la resolución recurrida, puesto que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, habiendo razonado y motivado suficientemente su resolución, tal y como resulta de la sentencia dictada por Ad Quem..."..."el derecho de defensa, estrechamente ligado al debido proceso, se ha garantizado en el caso Sub Judice, pues el recurrente ha tenido las oportunidades procesales y uso de los recursos que la ley le franquea para defender su posición procesal en el asunto controvertido colocado en la esfera de atribuciones de los Tribunales..."..."observa esta Sala que el fallo proferido por el Ad Quem se ha enmarcado dentro de las normas de Derecho aplicables al caso concreto, así como respetando los derechos y garantías de las partes, efectuando un cómputo legal del término que legalmente concede la ley para contestar las demandas ordinarias, con el cual la parte amparista se encuentra en discrepancia; no siendo de recibo, sin embargo, la acotación formulada por el garantista, en el sentido de que el fallo obviare pronunciarse sobre el alcance de la nulidad, quedando todo a la interpretación judicial; pues se trata de un cálculo cierto, determinado y concreto, aunado a la no contestación efectiva de la demanda, tal y como se desprende de la resolución que emitiere la Alzada. Por lo que no existe vulneración a la preceptiva constitucional invocada en la presente garantía de amparo..."..."encuentra la Sala de lo Constitucional que la parte garantista obtuvo respuesta fundada en derecho en la resolución que dictara la Alzada, la cual se emite en el marco de las garantías y derechos constitucionales correspondientes al debido proceso; pudiendo así la parte demandada efectivamente acceder a la justicia, cumplidos que fueren los requisitos que enmarca la Ley, lo cual se tiene también como parte esencial de lo que se entiende por derecho de defensa, reconocido constitucionalmente en el artículo 82 de la Carta Magna; tal como se constata del caso de autos. - En consecuencia, debe procederse a la denegatoria de la presente acción de Amparo, en los términos aquí expresados..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de febrero del dos mil diecinueve.- VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado Odir Antonio Fernández Herrera a favor de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Julio Randolfo Núñez Olivera contra la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) a través de su Presidente Ejecutivo, el señor Jorge Antonio Vargas Araya. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el señor Julio Randolfo Nuñez Olivera promoviendo “demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo…” contra la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) a través de su Presidente Ejecutivo, el señor Jorge Antonio Vargas Araya. (Folios 1-10 del tomo I del expediente del A-quo)- 2) Mediante auto interlocutorio de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se manifestó en cuanto: “a la constancia que antecede declárese caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la parte demandada para contestar la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por el señor Julio Randolfo Nuñez Olivera, contra la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), representada por el señor Jorge Vargas como Presidente Ejecutivo para el Reintegro. Sígase el presente juicio en Contumacia de la parte demandada, y en consecuencia señálese audiencia de Conciliación para el día lunes catorce de noviembre del año dos mil dieciséis, a las nueve de la mañana…”(Folio 368 del tomo II del expediente del A-quo)-
- La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, al conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Odir Antonio Fernández Herrera, en su condición de representante procesal de Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) contra el auto interlocutorio que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, en fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, falló: “Declarando Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Odir Antonio Fernández Herrera; 2.-Confirmando el auto interlocutorio de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.-3.-Sin Costas en esta instancia…”(Folios 68-73 de de la pieza del A-quem)- 4) Que el Abogado Odir Antonio Fernández Herrera, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de su representado, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Asimismo esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito del Abogado Odir Antonio Fernández Herrera, en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se le ordenó al recurrente estarse a lo dispuesto por éste Tribunal en el auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis (f-28) recaído en autos, en consecuencia dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 1-5/47 de la pieza de amparo)- 5) Que esta Sala, en fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal del Despacho, Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos lo siguiente: “Al examinar los antecedentes de la causa se logra determinar que el Juzgado de Letras del Trabajo, del departamento de Francisco Morazán, emitió resolución declarando en contumacia al demandado en la tramitación de la presente causa. Que los argumentos del amparista sugieren la vulneración del derecho constitucional de defensa, contenido en el articulo 82 de la Constitución de la República, explicándola el Censor de la siguiente manera: Alega el impetrante que siendo que la decisión jurisdiccional de alzada, de fecha 02 de noviembre de 2015, en el cual se establecía que COCESNA no disfruta de inmunidad, dejaba sin valor la admisión de la demanda efectuada el 20 de febrero de 2015, sugiriendo que dicha acción judicial debía nuevamente ser admitida. Señala que el planteamiento de nulidad realizado por la parte demandante, al ser resuelto, no indica nada sobre contumacia, por lo que estima que el auto no es claro ni congruente. No se pronuncia sobre el alcance de la nulidad. No aclara ni determina o no la contumacia. No se señaló por parte del Juez cuando vencía el término para contestar la demanda. Indica que el demandado, Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), goza de privilegios de inmunidad laboral, extremo que en la tramitación de otros juicios laborales se ha reconocido así. La resolución cuestionada se nutre para su formación del informe extendido por la Secretaría, mismo que obvió señalar que la parte demandada no había utilizado en su totalidad el término de seis días otorgados para contestar la demanda. Se observa que la Secretaría del Despacho Judicial, al momento de informar sobre el término de contestación, no se detiene a estimar que dicho término se había suspendido, ya que como se aprecia del mismo, el Secretario indica que el término venció contando exactamente 6 días a partir de la notificación y emplazamiento original, sin considerar la interposición de la solicitud de declinatoria, que suspendió dicho término, tal como lo señala el articulo 45 supramencionado; véase que en ningún momento en el informe se aprecia que se hayan contabilizado los tres días que le restaban al demandado para la contestación de la demanda. Siendo, así las cosas, la resolución impugnada por el amparista, infringe los parámetros procesales establecidos para la formación de la resolución, y consecuentemente se vulnera la garantía constitucional del debido proceso. En relación con el argumento de que la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) es una entidad que goza de inmunidad en materia laboral, debemos de indicar que el mismo no puede ser examinado en tanto que la impugnación amparista se dirigió contra una resolución distinta, para ello hubiese sido necesario que se interpusiese amparo en contra de la resolución del Tribunal de Alzada emitida en fecha 02 de noviembre de 2015, anteriormente referida. Por lo que del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos se ha violentado la garantía constitucional invocada por el amparista en su petición de amparo como ser el derecho del debido proceso. El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que Se Otorgue la Acción de Amparo, por existir vulneración de la garantía del debido proceso invocada por el amparista.”- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Julio Randolfo Núñez Olivera contra la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) a través de su Presidente Ejecutivo, el señor Jorge Antonio Vargas Araya; el cual se fundamenta precisamente la declaratoria de contumacia de la parte demandada y por perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por ésta, para contestar la demanda laboral. Lo anterior, por no haber contestado la demanda dentro del término legal de seis (6) días que le fuere señalado para ello, razón por la cual, procedía confirmar el auto interlocutorio apelado.- CONSIDERANDO (4): Que en la formalización de su recurso de amparo, ha manifestado el Abogado Odir Antonio Fernández Herrera a favor de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), que la resolución de la Corte de Apelaciones que se describe en el numeral inmediato anterior violenta los derechos de defensa y al debido proceso reconocidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en virtud de que la sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), a que se ha hecho anterior referencia, confirma la resolución del A Quo donde se pronuncia declarando en contumacia y por perdida irrevocablemente el término dejado de utilizar por la demandada para contestar la demanda laboral, por lo que dejan a su representada en indefensión y desigualdad de derechos. Que la sentencia en mención quebranta también el debido proceso, ínsito en el derecho constitucional precitado y lo establecido en los artículos 15, 16 y 18 siempre de la Norma Fundamental, pues habiéndose suscrito con COCESNA un Convenio Sede, el cual se encuentra legalizado por Decreto Legislativo No. 20-2001, publicado en Diario Oficial “La Gaceta” bajo número 29,482 de fecha 21 de mayo de 2001, debe reconocerse que goza de inmunidad de jurisdicción, tal y como lo prescribe el artículo 3 del Convenio, habiéndose siempre presentado a través de los procedimientos establecidos, la denuncia de declinatoria, en vista que existen los instrumentos jurídicos internacionales que le otorgan ese privilegio de contestar las demandas de la forma en que lo hace COCESNA. Finalmente, esgrime como infringido el principio de contradicción, establecido en el artículo 15 del Código Procesal Civil, relacionado con el derecho de defensa, ya que en todo proceso debe existir la fase probatoria. Lo anterior fue objeto de los recursos ordinarios de apelación y de reposición previa, recursos que fueron ineficaces para rectificar el yerro percibido por el amparista, en el contenido de la resolución confirmatoria a lo resuelto por la Juez A – Quo que dictara la Corte Ad Quem.- CONSIDERANDO (5): Que, asimismo, sigue considerando el amparista, Abogado Odir Antonio Fernández Herrera, que tal resolución causaría grave perjuicio a la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), negándole el justo y debido proceso para que pueda defenderse ante la demanda laboral incoada y derecho de defensa; para lo cual también ha referido, en la formalización de su recurso y en lo que se refiere específicamente a la resolución judicial de la cual se viene en amparo, no se pronuncia sobre el alcance de la nulidad, quedando todo a la interpretación judicial y habiendo también obviado el artículo 45 numeral 2) del Código Procesal Civil, acorde al cual, la interposición de la declinatoria suspende el término para la contestación de la demanda. Por todo lo cual, solicita admitir la formalización del recurso de amparo, dictándose sentencia en plazo legal otorgando el amparo a favor de su representada.- CONSIDERANDO (6): Que el Debido Proceso se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que el Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso a toda persona;[2] por lo cual garantiza a la ciudadanía el derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que, además, el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso no se ha vulnerado con la resolución recurrida, puesto que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, habiendo razonado y motivado suficientemente su resolución, tal y como resulta de la sentencia dictada por Ad Quem.- CONSIDERANDO (7): Que el artículo 82 Constitucional, por su parte, establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el derecho de defensa, estrechamente ligado al debido proceso, se ha garantizado en el caso Sub Judice, pues el recurrente ha tenido las oportunidades procesales y uso de los recursos que la ley le franquea para defender su posición procesal en el asunto controvertido colocado en la esfera de atribuciones de los Tribunales.- CONSIDERANDO (8): Que el Estado de Honduras reconoce la figura de la Inmunidad Jurisdiccional de las distintas organizaciones internacionales que gocen de dicho Estatuto, una vez seguido el respectivo proceso ordinario de promulgación de la ley, lo cual es dimanante de la plena vigencia del artículo 18 constitucional y de la actitud respetuosa que propende el Estado de Honduras respecto a los principios y prácticas del Derecho Internacional. Ello no es óbice para reconocer que tal instituto jurídico se encuentra delimitado y regulado por el ordenamiento jurídico nacional; lo cual lo coloca en un plano correlativo al acatamiento a lo allí establecido; aunando el cumplimiento del Ius Cogens en el ámbito internacional, a lo establecido en el derecho interno del país, tanto por las organizaciones internacionales y supranacionales; así como por sus respectivos organismos consultivos o especializados.[3]- CONSIDERANDO (9): Que acorde al escrito de formalización de amparo, se ha configurado en el fallo del Ad Quem una errónea apreciación de la concurrencia, en el tiempo y espacio procesal, de la figura jurídica de la Contumacia, en perjuicio de la parte demandada, por la falta de claridad en el fallo, respecto a los alcances de la resolución recurrida; en virtud del cual, se ha provocado también una violación flagrante al debido proceso. Considera la Sala de lo Constitucional, que para mayor ilustración se exponga la definición en derecho usual del término “Contumacia”, entrada la cual, en su acepción procesal, refiere a (la): “Situación procesal que se da en el proceso penal cuando el imputado debidamente notificado no comparece a la audiencia preliminar u ordinaria, y no existen motivos fundados para considerar que su ausencia se debe a alguna causa justificada”.[4] Lo cual tendría equivalente procesal civil, en nuestro ordenamiento, en lo preceptuado, inter alia, en los artículos 3, 4, 7 y 443.1 del Código Procesal Civil; y, en lo conducente, al Tenor literal del artículo 703, con relación a los artículos 707, 708, 709 y 710, todos del Código del Trabajo vigente.- CONSIDERANDO (10): Que, asimismo, concurren en la tesitura de la sentencia examinada a la luz de la presente garantía constitucional, los principios que rigen el derecho del trabajo, especialmente los referidos al principio protectorio, de irrenunciabilidad (del trabajador), de verdad procesal,[5] y a la preclusión procesal, el cual, en armonía con el principio de oficiosidad, garantiza la seguridad jurídica en el proceso: “… ya que cada fase procesal termina, concluye y no puede repetirse”.[6]- CONSIDERANDO (11): Que, en definitiva, del estudio realizado observa esta Sala que el fallo proferido por el Ad Quem se ha enmarcado dentro de las normas de Derecho aplicables al caso concreto, así como respetando los derechos y garantías de las partes, efectuando un cómputo legal del término que legalmente concede la ley para contestar las demandas ordinarias, con el cual la parte amparista se encuentra en discrepancia; no siendo de recibo, sin embargo, la acotación formulada por el garantista, en el sentido de que el fallo obviare pronunciarse sobre el alcance de la nulidad, quedando todo a la interpretación judicial; pues se trata de un cálculo cierto, determinado y concreto, aunado a la no contestación efectiva de la demanda, tal y como se desprende de la resolución que emitiere la Alzada. Por lo que no existe vulneración a la preceptiva constitucional invocada en la presente garantía de amparo.- CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; por todo lo cual, vistos los antecedentes del caso y contrastado el Dictamen Fiscal, con los elementos de motivación supraindicados; encuentra la Sala de lo Constitucional que la parte garantista obtuvo respuesta fundada en derecho en la resolución que dictara la Alzada, la cual se emite en el marco de las garantías y derechos constitucionales correspondientes al debido proceso; pudiendo así la parte demandada efectivamente acceder a la justicia, cumplidos que fueren los requisitos que enmarca la Ley, lo cual se tiene también como parte esencial de lo que se entiende por derecho de defensa, reconocido constitucionalmente en el artículo 82 de la Carta Magna; tal como se constata del caso de autos. - En consecuencia, debe procederse a la denegatoria de la presente acción de Amparo, en los términos aquí expresados.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 16, 18, 59 reformado, 64, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 1026-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de febrero del dos mil diecinueve.- VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado Odir Antonio Fernández Herrera a favor de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Julio Randolfo Núñez Olivera contra la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) a través de su Presidente Ejecutivo, el señor Jorge Antonio Vargas Araya. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el señor Julio Randolfo Nuñez Olivera promoviendo “demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo…” contra la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) a través de su Presidente Ejecutivo, el señor Jorge Antonio Vargas Araya. (Folios 1-10 del tomo I del expediente del A-quo)- 2) Mediante auto interlocutorio de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se manifestó en cuanto: “a la constancia que antecede declárese caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la parte demandada para contestar la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por el señor Julio Randolfo Nuñez Olivera, contra la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), representada por el señor Jorge Vargas como Presidente Ejecutivo para el Reintegro. Sígase el presente juicio en Contumacia de la parte demandada, y en consecuencia señálese audiencia de Conciliación para el día lunes catorce de noviembre del año dos mil dieciséis, a las nueve de la mañana…”(Folio 368 del tomo II del expediente del A-quo)-
- La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, al conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Odir Antonio Fernández Herrera, en su condición de representante procesal de Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) contra el auto interlocutorio que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede, en fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, falló: “Declarando Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Odir Antonio Fernández Herrera; 2.-Confirmando el auto interlocutorio de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.-3.-Sin Costas en esta instancia…”(Folios 68-73 de de la pieza del A-quem)- 4) Que el Abogado Odir Antonio Fernández Herrera, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de su representado, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Asimismo esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito del Abogado Odir Antonio Fernández Herrera, en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se le ordenó al recurrente estarse a lo dispuesto por éste Tribunal en el auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis (f-28) recaído en autos, en consecuencia dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 1-5/47 de la pieza de amparo)- 5) Que esta Sala, en fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal del Despacho, Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos lo siguiente: “Al examinar los antecedentes de la causa se logra determinar que el Juzgado de Letras del Trabajo, del departamento de Francisco Morazán, emitió resolución declarando en contumacia al demandado en la tramitación de la presente causa. Que los argumentos del amparista sugieren la vulneración del derecho constitucional de defensa, contenido en el articulo 82 de la Constitución de la República, explicándola el Censor de la siguiente manera: Alega el impetrante que siendo que la decisión jurisdiccional de alzada, de fecha 02 de noviembre de 2015, en el cual se establecía que COCESNA no disfruta de inmunidad, dejaba sin valor la admisión de la demanda efectuada el 20 de febrero de 2015, sugiriendo que dicha acción judicial debía nuevamente ser admitida. Señala que el planteamiento de nulidad realizado por la parte demandante, al ser resuelto, no indica nada sobre contumacia, por lo que estima que el auto no es claro ni congruente. No se pronuncia sobre el alcance de la nulidad. No aclara ni determina o no la contumacia. No se señaló por parte del Juez cuando vencía el término para contestar la demanda. Indica que el demandado, Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), goza de privilegios de inmunidad laboral, extremo que en la tramitación de otros juicios laborales se ha reconocido así. La resolución cuestionada se nutre para su formación del informe extendido por la Secretaría, mismo que obvió señalar que la parte demandada no había utilizado en su totalidad el término de seis días otorgados para contestar la demanda. Se observa que la Secretaría del Despacho Judicial, al momento de informar sobre el término de contestación, no se detiene a estimar que dicho término se había suspendido, ya que como se aprecia del mismo, el Secretario indica que el término venció contando exactamente 6 días a partir de la notificación y emplazamiento original, sin considerar la interposición de la solicitud de declinatoria, que suspendió dicho término, tal como lo señala el articulo 45 supramencionado; véase que en ningún momento en el informe se aprecia que se hayan contabilizado los tres días que le restaban al demandado para la contestación de la demanda. Siendo, así las cosas, la resolución impugnada por el amparista, infringe los parámetros procesales establecidos para la formación de la resolución, y consecuentemente se vulnera la garantía constitucional del debido proceso. En relación con el argumento de que la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) es una entidad que goza de inmunidad en materia laboral, debemos de indicar que el mismo no puede ser examinado en tanto que la impugnación amparista se dirigió contra una resolución distinta, para ello hubiese sido necesario que se interpusiese amparo en contra de la resolución del Tribunal de Alzada emitida en fecha 02 de noviembre de 2015, anteriormente referida. Por lo que del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos se ha violentado la garantía constitucional invocada por el amparista en su petición de amparo como ser el derecho del debido proceso. El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que Se Otorgue la Acción de Amparo, por existir vulneración de la garantía del debido proceso invocada por el amparista.”- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Julio Randolfo Núñez Olivera contra la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) a través de su Presidente Ejecutivo, el señor Jorge Antonio Vargas Araya; el cual se fundamenta precisamente la declaratoria de contumacia de la parte demandada y por perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por ésta, para contestar la demanda laboral. Lo anterior, por no haber contestado la demanda dentro del término legal de seis (6) días que le fuere señalado para ello, razón por la cual, procedía confirmar el auto interlocutorio apelado.- CONSIDERANDO (4): Que en la formalización de su recurso de amparo, ha manifestado el Abogado Odir Antonio Fernández Herrera a favor de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), que la resolución de la Corte de Apelaciones que se describe en el numeral inmediato anterior violenta los derechos de defensa y al debido proceso reconocidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; en virtud de que la sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), a que se ha hecho anterior referencia, confirma la resolución del A Quo donde se pronuncia declarando en contumacia y por perdida irrevocablemente el término dejado de utilizar por la demandada para contestar la demanda laboral, por lo que dejan a su representada en indefensión y desigualdad de derechos. Que la sentencia en mención quebranta también el debido proceso, ínsito en el derecho constitucional precitado y lo establecido en los artículos 15, 16 y 18 siempre de la Norma Fundamental, pues habiéndose suscrito con COCESNA un Convenio Sede, el cual se encuentra legalizado por Decreto Legislativo No. 20-2001, publicado en Diario Oficial “La Gaceta” bajo número 29,482 de fecha 21 de mayo de 2001, debe reconocerse que goza de inmunidad de jurisdicción, tal y como lo prescribe el artículo 3 del Convenio, habiéndose siempre presentado a través de los procedimientos establecidos, la denuncia de declinatoria, en vista que existen los instrumentos jurídicos internacionales que le otorgan ese privilegio de contestar las demandas de la forma en que lo hace COCESNA. Finalmente, esgrime como infringido el principio de contradicción, establecido en el artículo 15 del Código Procesal Civil, relacionado con el derecho de defensa, ya que en todo proceso debe existir la fase probatoria. Lo anterior fue objeto de los recursos ordinarios de apelación y de reposición previa, recursos que fueron ineficaces para rectificar el yerro percibido por el amparista, en el contenido de la resolución confirmatoria a lo resuelto por la Juez A – Quo que dictara la Corte Ad Quem.- CONSIDERANDO (5): Que, asimismo, sigue considerando el amparista, Abogado Odir Antonio Fernández Herrera, que tal resolución causaría grave perjuicio a la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), negándole el justo y debido proceso para que pueda defenderse ante la demanda laboral incoada y derecho de defensa; para lo cual también ha referido, en la formalización de su recurso y en lo que se refiere específicamente a la resolución judicial de la cual se viene en amparo, no se pronuncia sobre el alcance de la nulidad, quedando todo a la interpretación judicial y habiendo también obviado el artículo 45 numeral 2) del Código Procesal Civil, acorde al cual, la interposición de la declinatoria suspende el término para la contestación de la demanda. Por todo lo cual, solicita admitir la formalización del recurso de amparo, dictándose sentencia en plazo legal otorgando el amparo a favor de su representada.- CONSIDERANDO (6): Que el Debido Proceso se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[7]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que el Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso a toda persona;[8] por lo cual garantiza a la ciudadanía el derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que, además, el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso no se ha vulnerado con la resolución recurrida, puesto que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, habiendo razonado y motivado suficientemente su resolución, tal y como resulta de la sentencia dictada por Ad Quem.- CONSIDERANDO (7): Que el artículo 82 Constitucional, por su parte, establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el derecho de defensa, estrechamente ligado al debido proceso, se ha garantizado en el caso Sub Judice, pues el recurrente ha tenido las oportunidades procesales y uso de los recursos que la ley le franquea para defender su posición procesal en el asunto controvertido colocado en la esfera de atribuciones de los Tribunales.- CONSIDERANDO (8): Que el Estado de Honduras reconoce la figura de la Inmunidad Jurisdiccional de las distintas organizaciones internacionales que gocen de dicho Estatuto, una vez seguido el respectivo proceso ordinario de promulgación de la ley, lo cual es dimanante de la plena vigencia del artículo 18 constitucional y de la actitud respetuosa que propende el Estado de Honduras respecto a los principios y prácticas del Derecho Internacional. Ello no es óbice para reconocer que tal instituto jurídico se encuentra delimitado y regulado por el ordenamiento jurídico nacional; lo cual lo coloca en un plano correlativo al acatamiento a lo allí establecido; aunando el cumplimiento del Ius Cogens en el ámbito internacional, a lo establecido en el derecho interno del país, tanto por las organizaciones internacionales y supranacionales; así como por sus respectivos organismos consultivos o especializados.[9]- CONSIDERANDO (9): Que acorde al escrito de formalización de amparo, se ha configurado en el fallo del Ad Quem una errónea apreciación de la concurrencia, en el tiempo y espacio procesal, de la figura jurídica de la Contumacia, en perjuicio de la parte demandada, por la falta de claridad en el fallo, respecto a los alcances de la resolución recurrida; en virtud del cual, se ha provocado también una violación flagrante al debido proceso. Considera la Sala de lo Constitucional, que para mayor ilustración se exponga la definición en derecho usual del término “Contumacia”, entrada la cual, en su acepción procesal, refiere a (la): “Situación procesal que se da en el proceso penal cuando el imputado debidamente notificado no comparece a la audiencia preliminar u ordinaria, y no existen motivos fundados para considerar que su ausencia se debe a alguna causa justificada”.[10] Lo cual tendría equivalente procesal civil, en nuestro ordenamiento, en lo preceptuado, inter alia, en los artículos 3, 4, 7 y 443.1 del Código Procesal Civil; y, en lo conducente, al Tenor literal del artículo 703, con relación a los artículos 707, 708, 709 y 710, todos del Código del Trabajo vigente.- CONSIDERANDO (10): Que, asimismo, concurren en la tesitura de la sentencia examinada a la luz de la presente garantía constitucional, los principios que rigen el derecho del trabajo, especialmente los referidos al principio protectorio, de irrenunciabilidad (del trabajador), de verdad procesal,[11] y a la preclusión procesal, el cual, en armonía con el principio de oficiosidad, garantiza la seguridad jurídica en el proceso: “… ya que cada fase procesal termina, concluye y no puede repetirse”.[12]- CONSIDERANDO (11): Que, en definitiva, del estudio realizado observa esta Sala que el fallo proferido por el Ad Quem se ha enmarcado dentro de las normas de Derecho aplicables al caso concreto, así como respetando los derechos y garantías de las partes, efectuando un cómputo legal del término que legalmente concede la ley para contestar las demandas ordinarias, con el cual la parte amparista se encuentra en discrepancia; no siendo de recibo, sin embargo, la acotación formulada por el garantista, en el sentido de que el fallo obviare pronunciarse sobre el alcance de la nulidad, quedando todo a la interpretación judicial; pues se trata de un cálculo cierto, determinado y concreto, aunado a la no contestación efectiva de la demanda, tal y como se desprende de la resolución que emitiere la Alzada. Por lo que no existe vulneración a la preceptiva constitucional invocada en la presente garantía de amparo.- CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; por todo lo cual, vistos los antecedentes del caso y contrastado el Dictamen Fiscal, con los elementos de motivación supraindicados; encuentra la Sala de lo Constitucional que la parte garantista obtuvo respuesta fundada en derecho en la resolución que dictara la Alzada, la cual se emite en el marco de las garantías y derechos constitucionales correspondientes al debido proceso; pudiendo así la parte demandada efectivamente acceder a la justicia, cumplidos que fueren los requisitos que enmarca la Ley, lo cual se tiene también como parte esencial de lo que se entiende por derecho de defensa, reconocido constitucionalmente en el artículo 82 de la Carta Magna; tal como se constata del caso de autos. - En consecuencia, debe procederse a la denegatoria de la presente acción de Amparo, en los términos aquí expresados.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 16, 18, 59 reformado, 64, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 1026-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia. Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] González Pérez, Jesús. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional (3° edición). Civitas, Madrid, 2001. Pág. 53.
[3] Para el caso de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), esta fue establecida como Organismo Especializado del SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA), según establecido en el Decreto Legislativo No. 20-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 29, 482 de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil uno (2001), que aprueba el Acuerdo No. 022-DT de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil (2000), emitido por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, que contiene el CONVENIO SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN ÁEREA (COCESNA) suscrito el veintinueve (29) de agosto del año dos mil (2000).
[4] Ver la entrada correspondiente, en: Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (Vol. I). Dirigido por Santiago Muñoz Machado. Real Academia Española-Cumbre Judicial Iberoamericana-Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2017. Pág. 638.
[5] “Principio de Verdad Procesal: Los Juzgados deben emitir sus fallos con base a las pruebas aportadas, independiente de que pudiera darse el caso de que la parte a quien le asiste el derecho no hubiere aportado prueba”, según citado en: Corte Suprema de Justicia / Organización Internacional del Trabajo (OIT) Manual Procesal Laboral. Tegucigalpa, M.D.C., 2013. Págs. 12.
[6] Op. Cit., Manual Procesal…, Págs. 13.
[7] Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia. Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[8] González Pérez, Jesús. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional (3° edición). Civitas, Madrid, 2001. Pág. 53.
[9] Para el caso de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), esta fue establecida como Organismo Especializado del SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA), según establecido en el Decreto Legislativo No. 20-2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 29, 482 de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil uno (2001), que aprueba el Acuerdo No. 022-DT de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil (2000), emitido por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, que contiene el CONVENIO SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN ÁEREA (COCESNA) suscrito el veintinueve (29) de agosto del año dos mil (2000).
[10] Ver la entrada correspondiente, en: Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (Vol. I). Dirigido por Santiago Muñoz Machado. Real Academia Española-Cumbre Judicial Iberoamericana-Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2017. Pág. 638.
[11] “Principio de Verdad Procesal: Los Juzgados deben emitir sus fallos con base a las pruebas aportadas, independiente de que pudiera darse el caso de que la parte a quien le asiste el derecho no hubiere aportado prueba”, según citado en: Corte Suprema de Justicia / Organización Internacional del Trabajo (OIT) Manual Procesal Laboral. Tegucigalpa, M.D.C., 2013. Págs. 12.
[12] Op. Cit., Manual Procesal…, Págs. 13.