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Sentencia AC-961-18 — Registro 11432

Resumen

Resolución impugnada declaró no ha lugar recurso de apelación interpuesto con relación a demanda de ejecución forzada de título judicial,la cual se basa en un título judicial, lo que implica que cualquier discusión sobre el fondo del asunto ya se dio, el derecho del demandante, ahora ejecutante fue declarado mediante sentencia definitiva ,en donde también se ordena la restitución del inmueble objeto de la demanda, este fallo tiene el carácter de firme, por lo tanto ejecutable, tiene aparejada ejecución, se le dio a la actual ocupante del inmueble, el plazo de diez días para que justificara su ocupación. Atendiendo esa notificación a través de su apoderado legal, presentó copias autenticadas de una cantidad considerable de recibos de pago, así como copia del instrumento público que contiene el contrato de promesa de venta que fue resuelto en la sentencia que ahora se pretende ejecutar; por lo que con estos documentos no se justifica de ninguna manera su actual ocupación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(5): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego del mismo. CONSIDERANDO (7): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso2

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de septiembre de dos mil diecinueve. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDUARDO MELENDEZ LABORIEL a favor de la señora SONIA AMAYA ROCHEZ, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho; con relación a demanda de ejecución forzada de título judicial promovida por el señor OSCAR ALEXANDER LUNA ZUNIGA, en su condición de apoderado legal de la señora MARIA VESIN ESPINAL FUNEZ, contra la señora SONIA AMAYA TROCHEZ. CONSIDERANDO (1): Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que la señora Dionicia Amaya de Bonilla celebró contrato de promesa de venta sobre un inmueble, por el monto de ciento cincuenta mil dólares, de los cuales en ese acto la promitente vendedora recibió cincuenta y cinco mil dólares a su entera satisfacción, emitiendo una cláusula que dice que en caso de su deceso se autoriza a la vendedora, la señora Maria Vesin Espinal Funes, para que extienda la escritura traslaticia de dominio a favor de su esposo, Alejandro Abdon Bonilla, y en caso de falta este, a favor de la señora Sonia Amaya de Bonilla. Consecuentemente, la promitente vendedora hizo entrega del inmueble a la promitente compradora. Fue así que se realizaron los pagos, y al trascurrir del tiempo, la señora Dionicia Amaya, se percata que ha pagado más de la cantidad establecida en el contrato y toma la decisión de requerir a la señora Maria Vesin Espinal Fúnez, para que realice a su favor la tradición de dominio y la devolución del excedente, negándose la señora Espinal Fúnez a dichas peticiones, quien interpone ilegales acciones judiciales en contra de las partes en el contrato, al grado de pretender despojarlos de lo que por ley les pertenece. CONSIDERANDO (2): Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución mediante la cual se declara no ha lugar el recurso de apelación y que confirma la resolución de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Leras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, se encuentra apegada a derecho; ya que se estima que el proceso que nos ocupa es una demanda de ejecución forzosa, la cual se basa en un título judicial, lo que implica que cualquier discusión sobre el fondo del asunto ya se dio, el derecho del demandante, ahora ejecutante fue declarado mediante sentencia definitiva dictada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en donde también se ordena la restitución del inmueble objeto de la demanda, este fallo tiene el carácter de firme, por lo tanto ejecutable, o mejor dicho, tiene aparejada ejecución. Como parte del procedimiento establecido en el artículo 833 del Código Procesal Civil, se le dió a la actual ocupante del inmueble, la ejecutada señora Sonia Amaya Tróchez el plazo de diez días para que justificara su ocupación. Atendiendo esa notificación a través de su apoderado legal, presentó copias autenticadas de una cantidad considerable de recibos de pago, así como copia del instrumento público que contiene el contrato de promesa de venta que fue resuelto en la sentencia que ahora se pretende ejecutar; por lo que con estos documentos no se justifica de ninguna manera su actual ocupación, pues como dice el Juez A-Quo, no constituyen título, y por lo tanto no cumplen con la función pretendida por la parte ejecutada, que es justificar su ocupación, no resultan suficientes. Si el contrato de promesa de venta presenta algunas incongruencias de fondo como acusa el apelante, estas debieron ser discutidas en el juicio de conocimiento, lo mismo sucede con los recibos de pago, si la sumatoria de todas las cantidades en ellos consignadas superan el pago total del precio convenido en el contrato, eso debió ser discutido también en el juicio de conocimiento no en la ejecución. Por estas razones, se considera que se debe declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal ejecutado. CONSIDERANDO (3): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, declara no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, siendo dicha resolución, motivada de manera precisa y razonada, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. CONSIDERANDO (4): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (5): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego del mismo. CONSIDERANDO (7): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 197 numeral 1, 717, 718, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDUARDO MELENDEZ LABORIEL a favor de la señora SONIA AMAYA ROCHEZ, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; en fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiuno días del mes de octubre de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0961-2018.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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