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Sentencia AC-951-17 — Registro 11779

Resumen

Resolución que declaró la nulidad absoluta de actuaciones con relación a la demanda ordinaria para la declinatoria de herencia testamentaria y la consiguiente nulidad de herencia ab-intestato promovida por los señores Juan Ramon Lopez Bendeck y Miguel Lopez Bendeck

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."5): Que vista para estudio la presente acción de amparo, se denota que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos constitucionales recae sobre alegaciones de instancia contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017); la cual resulta, por demás, concluyente sobre las razones garantistas del debido proceso y el derecho de defensa para declarar fundado el recurso de apelación impetrado por ambas partes procesales. CONSIDERANDO (6): Que lo anteriormente considerado, tiene sustento según pacífica jurisprudencia constitucional, según la cual, la reiteración de aspectos o alegaciones de mera legalidad ante este alto Tribunal impide su conocimiento fundado en razones de peso y trascendencia constitucional. Corresponde, por lo tanto, dictar la improcedencia de la garantía de amparo, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que consista el contenido del recurso, en alegación de violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (7): Que si bien la ley no define expresamente en qué casos se incurre en el ámbito de la referida causal de inadmisibilidad, y consiguiente sobreseimiento, se ha sostenido también por esta Sala de lo Constitucional que constituye carga procesal del garantista explicitar de qué forma el acto recurrido confronta las normas constitucionales concernidas; trascendiendo el sentido regulativo que es propio de la legalidad secundaria, respecto a la concordancia que muestre para con la norma primaria; esto es, en interpretación constitucional conforme de la legalidad aplicable, según la cual: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema”. CONSIDERANDO (8): Que según se sigue de autos, existe insuficiencia de argumentación constitucional en el alegato garantista, respecto a la razonabilidad de la motivación efectuada por la Alzada para resolver el Recurso de mérito, la cual se ha limitado a aplicar el derecho vigente, con vistas a asegurar el acceso a la justicia para las partes que forman parte del presente litigio civil. En continencia a lo antes expresado, concurre al presente caso, la expresada causal de inadmisibilidad del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); ordenando, por consiguiente, el sobreseimiento de las presentes diligencias"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de mayo del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO CANTARERO AMAYA a favor de la Señora GLORIA LETICIA PLOWDEN ARRIAGA, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014), dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda ordinaria para la declinatoria de herencia testamentaria y la consiguiente nulidad de herencia ab-intestato promovida por los señores JUAN RAMON LOPEZ BENDECK Y MIGUEL LOPEZ BENDECK.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez (10) de junio de dos mil diez (2010), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el Abogado FERNANDO ENRIQUE LOPEZ GARCIA, actuando en su condición de apoderado legal de los señores JUAN RAMON LOPEZ BENDECK Y MIGUEL LOPEZ BENDECK, contra la señora GLORIA LETICIA PLOWDEN ARRIAGA.- Siendo admitida la misma en fecha catorce (14) de junio de dos mil diez (2010). (Folios 1–25 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado dictó auto resolutivo en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014), mediante la cual RESOLVIO: “…Admitir el escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, en la forma siguiente: admítase el escrito que antecede con la copia que acompaña la que se manda agregar a sus autos. Y en vista que el periodo probatorio de proposición de pruebas de diez días empezó a correr desde el dia siguiente al de la presentación del primer escrito de la parte demandada venciendo el mismo día veintiséis de septiembre del año dos mil trece, en consecuencia, no ha lugar a la admisión de los medios de prueba propuestos por el Abogado FERNANDO ENRIQUE LOPEZ GARCIA por haberse presentado extemporáneos…” (Folio 179 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado FERNANDO ENRIQUE LOPEZ GARCIA, en su condición de represéntate procesal de los señores JUAN RAMON LOPEZ BENDECK Y MIGUEL LOPEZ BENDECK, la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, dictó Sentencia en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: “PRIMERO: Decretando Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir del auto de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce (F179) y demás actuaciones sub siguientes, debiendo decretarse nuevamente la apertura del juicio a pruebas mandando a notificar nuevamente de la manera que corresponde a cada una de las partes puedan proponer y evacuar los medios probatorios que consideren oportunos para su legítima defensa.-….”; lo cual tuvo como fundamento que no es posible dejar al albedrio de una de las partes procesales la apertura del juicio a pruebas, cuando se trata de un plazo común, violentando con ello el derecho de defensa y al debido proceso. En consecuencia, cabe la subsunción de los errores procedimentales observados, en las susodichas actuaciones judiciales, en los supuestos legales que rigen la nulidad absoluta de actuaciones, conforme lo establecido en el artículo 1586 (Sic.) del Código Civil, referido en la determinación de nulidad relativa de los actos y contratos: “… cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular”.[1] (Folios 39–42 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 4) Que el Abogado JOSE ANTONIO CANTARERO AMAYA, compareció ante este Tribunal en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la señora GLORIA LETICIA PLOWDEN ARRIAGA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículo 90 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso en fecha trece (13) de abril de 2018. (Folios 1–7 y 15-21 del presente Recurso) 5) Que en fecha veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por no vislumbrarse lesión alguna a los derechos constitucionales invocados por el Amparista”; lo cual tuvo fundamento jurídico que la sentencia dictada por el A Quo de fecha 1° de septiembre de 2012, adquirió firmeza de cosa juzgada; por lo que el Juzgado deviene en la obligación de señalar de manera precisa y puntual la fecha en que dio inicio el periodo probatorio, lo cual no se observa de la lectura del auto de fecha 19 de febrero de 2013; salvaguardando con ello los derechos constitucionales de las partes relativos al derecho de defensa e igualdad. Observa el Dictamen fiscal, que mediante tal resolución - proveída por el Ad Quem en el uso legítimo del control jurisdiccional - se garantiza el derecho de las partes a acreditar de manera efectiva sus pretensiones; ordenando se decretará de nuevo la apertura del juicio oral a pruebas, notificándola debidamente a fin de que se continúe el curso normal del proceso y que ambas partes puedan proponer y evacuar los medios de prueba que consideren oportunos para su legítima defensa, pues no se puede ordenar apertura de pruebas solo para una de las partes, más aun tratándose de un término común. (Folio 24–28 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que en el escrito de formalización del recurso, manifiesta el recurrente, Abogado JOSE ANTONIO CANTARERO AMAYA, que estima vulnerados los derechos constitucionales de su representada, particularmente los contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; lo cual acaece en virtud que la resolución recurrida en esta vía de justicia constitucional, debió decretar nuevamente la apertura del juicio a pruebas, mandando a notificar nuevamente de la manera que corresponde a cada una de las partes, a fin de que se continúe con el curso normal del proceso y que ambas partes puedan proponer y evacuar los medios de prueba que consideren oportunos para su legítima defensa, según decretado por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil en fecha 25 de septiembre de 2013. Pide observar que tal ejecución de actos procesales tuvo ya verificativo mediante providencia de fecha 19 de febrero de 2013, en la cual el Juzgado resolvió lo conducente; notificándose el apoderado demandante en personal forma el 22 de abril de 2013; actuación contra la cual no existe declaratoria alguna de nulidad, antes bien, resultan confirmados sus efectos en la resolución de fecha 11 de diciembre de 2013, proferida por la Corte de Apelaciones recurrida, cuya motivación se centra ampliamente en la apertura probatoria decretada y convalida la supracitada providencia de fecha 19 de febrero de 2013, en donde el Juez de Primera Instancia da por abierto el juicio a pruebas, causando firmeza el mismo. CONSIDERANDO (4): Que considera, asimismo, el Abogado garantista que tal actitud procesal del Ad Quem, vulnera las aludidas garantías constitucionales, porque manda la apertura del juicio a pruebas, lo que ya había ocurrido; por lo que al fallo al que hoy se le busca remedio mediante este recurso jerárquico no le sustenta un fundamento legal. - Por todo lo cual pide se dicte sentencia definitiva otorgando el amparo solicitado, resolviendo en lo demás de conformidad a derecho. CONSIDERANDO (5): Que vista para estudio la presente acción de amparo, se denota que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos constitucionales recae sobre alegaciones de instancia contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017); la cual resulta, por demás, concluyente sobre las razones garantistas del debido proceso y el derecho de defensa para declarar fundado el recurso de apelación impetrado por ambas partes procesales. CONSIDERANDO (6): Que lo anteriormente considerado, tiene sustento según pacífica jurisprudencia constitucional, según la cual, la reiteración de aspectos o alegaciones de mera legalidad ante este alto Tribunal impide su conocimiento fundado en razones de peso y trascendencia constitucional. Corresponde, por lo tanto, dictar la improcedencia de la garantía de amparo, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que consista el contenido del recurso, en alegación de violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (7): Que si bien la ley no define expresamente en qué casos se incurre en el ámbito de la referida causal de inadmisibilidad, y consiguiente sobreseimiento, se ha sostenido también por esta Sala de lo Constitucional que constituye carga procesal del garantista explicitar de qué forma el acto recurrido confronta las normas constitucionales concernidas; trascendiendo el sentido regulativo que es propio de la legalidad secundaria, respecto a la concordancia que muestre para con la norma primaria; esto es, en interpretación constitucional conforme de la legalidad aplicable, según la cual: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema”.[2] CONSIDERANDO (8): Que según se sigue de autos, existe insuficiencia de argumentación constitucional en el alegato garantista, respecto a la razonabilidad de la motivación efectuada por la Alzada para resolver el Recurso de mérito, la cual se ha limitado a aplicar el derecho vigente, con vistas a asegurar el acceso a la justicia para las partes que forman parte del presente litigio civil. En continencia a lo antes expresado, concurre al presente caso, la expresada causal de inadmisibilidad del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); ordenando, por consiguiente, el sobreseimiento de las presentes diligencias. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 15, 18, 59, 60, 80, 82, 90 párrafo primero, 128 numeral 6, 132, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1) y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0951-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Lo citado corresponde, textualmente, a lo enunciado en el artículo 1587 del Código Civil.

[2] LINARES QUINTANA, Segundo, citado en: AGURCIA VALENCIA, Gilma. Introducción a la interpretación y aplicación al Derecho Hondureño. OIM, Tegucigalpa M.D.C., 2013, Pág. 136.