Sentencia AC-876-17 — Registro 17770
Resumen
Acción de amparo interpuesto contra resolución que desestima incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones sobre el medio de prueba con relación a querella para la tutela de bien inmueble por la vía del procedimiento abreviado interpuesta contra recurrentes que según éstos dicho medio probatorio sirvió de base para condena de ellos, considerando la Sala constitucional que este órgano no resolver el derecho de las partes sino revisar la conducta de los operadores de justicia que ha sido acusado de actuar de forma abusiva no observando que desacuerdo en la valoración del ejercicio de la función jurisdiccional deba ser debatida en un proceso de amparo constitucional, dado que lo solicitado requiere la emisión de un juicio valorativo que evalué la apreciación de un medio de prueba por parte del juez de primera instancia y de la corte de apelaciones revisora de la legalidad de la decisión, las que han sido en apegado a nuestro ordenamiento jurídico
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
13): Que se debe indicar que la acción de amparo tiene una finalidad de proteger los derechos constituciones fundamentales vulnerados por la acción u omisión de los poderes públicos, entidades descentralizadas, desconcentradas, sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. Se reconoce que las sentencias judiciales de la justicia ordinaria constituyen una realización de derechos fundamentales emitidas por jueces y magistrados independientes, por lo que la intervención en sus decisiones por la justicia constitucional, debe ser con respeto y garantía de esa independencia, así como de la seguridad jurídica y autonomía que poseen como parte de la jurisdicción del Poder Judicial de una nación democrática. Considerando (14): Que esta Sala de lo Constitucional de verificar que no existe una vulneración a los derechos fundamentales reconocidos en nuestro marco constitucional, no puede imponer en una sentencia de acción de amparo un criterio distinto a los emitidos por los jueces y magistrados de instancias ordinarias, que han sido quienes han apreciado la valoración de las parte en apego, prima facie, al principio de contradicción, dispositivo, de defensa, debido proceso, entre otros; solo por existir el alegato de que el criterio adoptado por los juzgadores no es compartido por los hoy quejosos o por este revisor de constitucional. Considerando (15): Que se comprende que en el ejercicio de la justicia, se puedan presentar diversas interpretaciones de hechos o cuestiones procesales que puedan legitimar la intervención o revisión del juez constitucional; aquellas en las que el ente de justicia ordinaria recurrido tenga una nivel de desapego manifiestamente contrario al derecho interno de nuestra República, al omitir los presupuestos procesales o los derechos, libertad y garantías de las personas que habitan Honduras, siendo esos los aspectos que le competen al juez constitucional en amparo, pero no revisar si esta conforme mas a una interpretación jurídica o de prueba que otra. De tomarse esa atribución la justicia constitucional se volvería una proceso alternativo o suplementario para que en dicha instancia se resuelva la cuestión de objeto de la controversia ordinaria; debiendo este órgano no resolver el derecho de las partes sino revisar la conducta de los operadores de justicia que ha sido acusado de actuar de forma abusiva, arbitraria, caprichosa y fuera del marco de protección de los derechos y libertades fundamentales, garantizando a los agraviados en el pleno goce de sus derechos y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior de la violación. Considerando (16): Que al revisar la denuncia de la abogada García Arita como quejosa, esta Sala de lo Constitucional no observa que un desacuerdo en la valoración del ejercicio de la función jurisdiccional que deba ser debatida en un proceso de amparo constitucional, dado que lo solicitado requiere la emisión de un juicio valorativo que evalué la apreciación de un medio de prueba por parte del juez de primera instancia y de la corte de apelaciones revisora de la legalidad de la decisión, las que han sido en apegado a nuestro ordenamiento jurídico. Considerando (17): Que esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del debido proceso y al derecho de defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar la acción constitucional de Amparo, por las razones que se han expuesto
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
13): Que se debe indicar que la acción de amparo tiene una finalidad de proteger los derechos constituciones fundamentales vulnerados por la acción u omisión de los poderes públicos, entidades descentralizadas, desconcentradas, sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. Se reconoce que las sentencias judiciales de la justicia ordinaria constituyen una realización de derechos fundamentales emitidas por jueces y magistrados independientes, por lo que la intervención en sus decisiones por la justicia constitucional, debe ser con respeto y garantía de esa independencia, así como de la seguridad jurídica y autonomía que poseen como parte de la jurisdicción del Poder Judicial de una nación democrática. Considerando (14): Que esta Sala de lo Constitucional de verificar que no existe una vulneración a los derechos fundamentales reconocidos en nuestro marco constitucional, no puede imponer en una sentencia de acción de amparo un criterio distinto a los emitidos por los jueces y magistrados de instancias ordinarias, que han sido quienes han apreciado la valoración de las parte en apego, prima facie, al principio de contradicción, dispositivo, de defensa, debido proceso, entre otros; solo por existir el alegato de que el criterio adoptado por los juzgadores no es compartido por los hoy quejosos o por este revisor de constitucional. Considerando (15): Que se comprende que en el ejercicio de la justicia, se puedan presentar diversas interpretaciones de hechos o cuestiones procesales que puedan legitimar la intervención o revisión del juez constitucional; aquellas en las que el ente de justicia ordinaria recurrido tenga una nivel de desapego manifiestamente contrario al derecho interno de nuestra República, al omitir los presupuestos procesales o los derechos, libertad y garantías de las personas que habitan Honduras, siendo esos los aspectos que le competen al juez constitucional en amparo, pero no revisar si esta conforme mas a una interpretación jurídica o de prueba que otra. De tomarse esa atribución la justicia constitucional se volvería una proceso alternativo o suplementario para que en dicha instancia se resuelva la cuestión de objeto de la controversia ordinaria; debiendo este órgano no resolver el derecho de las partes sino revisar la conducta de los operadores de justicia que ha sido acusado de actuar de forma abusiva, arbitraria, caprichosa y fuera del marco de protección de los derechos y libertades fundamentales, garantizando a los agraviados en el pleno goce de sus derechos y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior de la violación. Considerando (16): Que al revisar la denuncia de la abogada García Arita como quejosa, esta Sala de lo Constitucional no observa que un desacuerdo en la valoración del ejercicio de la función jurisdiccional que deba ser debatida en un proceso de amparo constitucional, dado que lo solicitado requiere la emisión de un juicio valorativo que evalué la apreciación de un medio de prueba por parte del juez de primera instancia y de la corte de apelaciones revisora de la legalidad de la decisión, las que han sido en apegado a nuestro ordenamiento jurídico. Considerando (17): Que esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del debido proceso y al derecho de defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar la acción constitucional de Amparo, por las razones que se han expuesto
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 228 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Treinta de enero del dos mil diecinueve. Visto: Para dictar sentencia en la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Karla Patricia García Arita a favor de los ciudadanos Leonela Josefina Pinto Aguilar, Mirna Adela Pinto Aguilar y Mario Alexis Pinto Aguilar contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial del departamento de Copán, en fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de veinte de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras del Departamento de Lempira, con relación a la querella para la tutela de un bien inmueble por la vía del procedimiento abreviado, interpuesta por la ciudadana Jenny Beirut Gutiérrez Díaz, contra los ciudadanos Leonela Josefina Pinto Aguilar, Mirna Adela Pinto Aguilar y Mario Alexis Pinto Aguilar. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada el artículo 90 de la Constitución, vinculados con los artículos 1, 82 y 88 de la misma Constitución. Antecedentes 1) Que en fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras del departamento de Lempira la señora Jenny Beirut Gutiérrez Díaz, presentando querella de amparo para que se tutele la posesión de un bien inmueble por la vía del proceso abreviado dispositivo. (Folios No uno al siete de la pieza del Juzgado de primera instancia). 2) Que en fecha veinte de julio del año dos mil diecisiete el Juzgado de Letras del departamento de Lempira, dictó sentencia mediante la cual “RESOLVIO: PRIMERO: DESESTIMESE el incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones sobre el medio de prueba denominado Reconocimientos judicial, evacuado en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, interpuesto por el Abogado LUIS ALFREDO MIRANDA, como Apoderado Legal de los señores LEONELA JOSEFINA PINTO AGUILAR, en la Querella de Amparo para que se tutele la posesión de un Bien Inmueble por la vía del proceso Abreviado Dispositivo, que promovió la señora JENNY BEIRUT GUTIERREZ DIAZ, en su condición personal y en representación de sus menores hijos CARLOS ALBERTO y MARCELA MARIA ambos de apellidos PINTO GUTIERREZ”. (Folios No 152 al 153 de la pieza del Juzgado de primera instancia). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el abogado Alberto García Fortín, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha doce de septiembre del año dos mil diecisiete, dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el representante procesal de los señores LEONELA JOSEFINA PINTO AGUILAR, MIRNA ADELA PINTO AGUILAR Y MARIO ALEXIS PINTO AGUILAR, SEGUNDO: CONFIRMAR LA SENTENCIA DEFINITIVA, de fecha 20 de julio del año 2017, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Gracias Lempira; TERCERO: CON COSTAS”. (Folios No 15 al 16 de la pieza de Corte de Apelaciones). 4) Que la recurrente, la abogada Karla Patricia García Arita, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor de los señores Leonela Josefina, Mirna Adela y Mario Alexis, todos de apellidos Pinto Aguilar contra sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional del departamento de Copán, en fecha doce de septiembre del año dos mil diecisiete, que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 con relación a los artículos 1, 82, y 88 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veinte de febrero del año dos mil dieciocho; ordenándose dar vista al Ministerio Público de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. 5) Que en fecha ocho de marzo del año dos mil dieciocho, el agente fiscal Rene Mauricio Aceituno Ulloa, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que no se otorgue, en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el 1, 82, 88 y 90 de la Constitución de la República. (Folios No 23 al 27 de la pieza de amparo). Fundamentos Jurídicos Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en los artículos 183 y 313 numeral quinto con relación al artículo 303, todos de la Constitución de la República; así como en los artículos 3, 5, 7, 8 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No 244-2003. Considerando (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario, que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, teniendo por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o libertades que la Constitución y los tratados internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Considerando (3): Que se conoce en esta vía constitucional la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial del Departamento Copán; en fecha dice de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras del Departamento de Lempira, con relación a la querella para la tutela de un bien inmueble por la vía del procedimiento abreviado, interpuesta por la ciudadana Jenny Beirut Gutiérrez Díaz, contra los ciudadanos Leonela Josefina Pinto Aguilar, Mirna Adela Pinto Aguilar y Mario Alexis Pinto Aguilar. Considerando (4): Que la recurrente, la abogada Karla Patricia García Arita, en la interposición del recurso, manifiesta que el tribunal Ad quem realizó en perjuicio de sus representados, la vulneración del contenido del artículo 90, con relación con los artículos 1, 82 y 88, todos de la Constitución de la República; para ello explica que la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional, al declarar sin lugar la apelación interpuesta, ha concitado la vulneración constitucional; señala que la Corte de Apelaciones ha emitido una resolución en la cual no se ha acreditado perturbaciones, dado que aprecia una supuesta falta de debida motivación, de no utilización de la sana critica, incluyendo reglas de la lógica; dado que se presentó como prueba para acreditar el hecho de perturbación, la grabación de un video, prueba que para la recurrente fue la esencia de la “condena” a sus representado en la acción civil, generando una vulneración al debido proceso. Considerando (5): Que se alego en el amparo que con base al artículo 13 del Código Procesal Civil, la valoración de las pruebas de un proceso debe de realizarse con las reglas de la sana critica, lo que requiere una valoración conjunta de las pruebas, concatenado con el artículo 207 del Código Procesal Civil, que versa sobre la motivación de la sentencia, al imponer el deber a los órganos jurisdiccionales de apreciar y valorar las pruebas, debiendo su motivación incidir en los distintos elementos que formen parten del proceso. Arguye que la prueba de la filmación posee problemas de autenticidad para que la misma pueda ser usada como prueba, ya que la filmación no fue acompañada de las declaraciones de las personas que se encontraron en el lugar donde se llevo a cabo el medio de prueba, a fin de acreditar el contenido que manifiesta la quejosa, puede ser de cualquier otra situación y no el alegado por la parte demandante. Considerando (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Como intérprete último y definitivo de la Constitución, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y en las normas convencionales que formen parte de nuestro derecho interno. Considerando (7): Que la Corte de Apelaciones, con respecto al agravio expresado en el recurso de amparo por la abogada García Arita, responde la motivación expuesta en la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, donde el represente de la parte procesal pasiva, hoy amparitas, manifestó que el medio de prueba de grabación no establece que sus representantes este en un determinado terreno, tampoco se comprueba la fecha de la grabación, observándose únicamente a sus representados, pero los mismos al criterio de la representante procesal de ellos, no están realizando actos de perturbación. El Ad quem de instancia ordinaria, en su sentencia de apelación revisa y expone la valoración a los medios de prueba ofertados por las parte al responder ¿qué se probó en el proceso. Considerando (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. Considerando (9): Que se encuentra que dentro del dictamen del agente fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, se emitió un dictamen en el que se insta a que no se otorgue la garantía de amparo por lo alegado por la recurrente, que resulta ser un alegato de mera legalidad, de acuerdo a la jurisprudencia de este Alto Tribunal; los anteriores son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas a decisión a la normativa secundaria, como lo son el planteamiento de asuntos puramente judicial o administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios; procediendo la competencia de la justicia constitucional únicamente cuando se conculquen los derechos fundamentales de los gobernados. Considerando (10): Que partiendo de los deberes y formalidades a las que esta sujeto el órgano jurisdiccional recurrido en la presente garantía constitucional de amparo, la denuncia versa sobre su apreciación de un medio de prueba aportado, valorado y motivado en su resolución de apelación; se debe señalar que el Código Procesal Civil en su artículo 228 establece los fines de la prueba, siendo que las partes acreditan las afirmaciones de hechos alegadas, para el convencimiento del juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho, o lo verificarán como ciertos a los efectos del proceso. Dice la norma adjetiva en materia civil que la valoración de los distintos medios de prueba por el tribunal de justicia ordinario será motivada de manera precisa y razonada en la sentencia. Considerando (11): Que esta Sala de lo Constitucional observa que en la sentencia de apelación la Corte de segunda instancia responde a los criterios exigidos en la norma procesal en cuanto a los requisitos de la sentencia civil, asimismo expone a las partes y a la ciudadanía cuales son las razones por las que llega al convencimiento de su decisión a través de la valoración de los fundamentos fácticos, jurídicos a través de los distintos medios de prueba aportados y admitidos en ese proceso. Considerando (12): Que el Código Procesal establece en su artículo 291 que el Tribunal valorará las reproducciones de medios técnicos de grabación y archivo de texto, sonidos e imágenes, como filmación; de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Por lo que la denuncia del artículo 88 constitucional no procede, puesto que la valoración que realizan las autoridades recurridas se realiza a través de un proceso legal en que las pruebas pueden ser aportadas en contradicción, dualidad de posiciones y en seguimiento al principio dispositivo, admitidas los jueces las valoran a través de su inmediación, dando cumplimiento a los estándares que reconoce nuestra Constitución. Considerando (13): Que se debe indicar que la acción de amparo tiene una finalidad de proteger los derechos constituciones fundamentales vulnerados por la acción u omisión de los poderes públicos, entidades descentralizadas, desconcentradas, sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. Se reconoce que las sentencias judiciales de la justicia ordinaria constituyen una realización de derechos fundamentales emitidas por jueces y magistrados independientes, por lo que la intervención en sus decisiones por la justicia constitucional, debe ser con respeto y garantía de esa independencia, así como de la seguridad jurídica y autonomía que poseen como parte de la jurisdicción del Poder Judicial de una nación democrática. Considerando (14): Que esta Sala de lo Constitucional de verificar que no existe una vulneración a los derechos fundamentales reconocidos en nuestro marco constitucional, no puede imponer en una sentencia de acción de amparo un criterio distinto a los emitidos por los jueces y magistrados de instancias ordinarias, que han sido quienes han apreciado la valoración de las parte en apego, prima facie, al principio de contradicción, dispositivo, de defensa, debido proceso, entre otros; solo por existir el alegato de que el criterio adoptado por los juzgadores no es compartido por los hoy quejosos o por este revisor de constitucional. Considerando (15): Que se comprende que en el ejercicio de la justicia, se puedan presentar diversas interpretaciones de hechos o cuestiones procesales que puedan legitimar la intervención o revisión del juez constitucional; aquellas en las que el ente de justicia ordinaria recurrido tenga una nivel de desapego manifiestamente contrario al derecho interno de nuestra República, al omitir los presupuestos procesales o los derechos, libertad y garantías de las personas que habitan Honduras, siendo esos los aspectos que le competen al juez constitucional en amparo, pero no revisar si esta conforme mas a una interpretación jurídica o de prueba que otra. De tomarse esa atribución la justicia constitucional se volvería una proceso alternativo o suplementario para que en dicha instancia se resuelva la cuestión de objeto de la controversia ordinaria; debiendo este órgano no resolver el derecho de las partes sino revisar la conducta de los operadores de justicia que ha sido acusado de actuar de forma abusiva, arbitraria, caprichosa y fuera del marco de protección de los derechos y libertades fundamentales, garantizando a los agraviados en el pleno goce de sus derechos y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior de la violación. Considerando (16): Que al revisar la denuncia de la abogada García Arita como quejosa, esta Sala de lo Constitucional no observa que un desacuerdo en la valoración del ejercicio de la función jurisdiccional que deba ser debatida en un proceso de amparo constitucional, dado que lo solicitado requiere la emisión de un juicio valorativo que evalué la apreciación de un medio de prueba por parte del juez de primera instancia y de la corte de apelaciones revisora de la legalidad de la decisión, las que han sido en apegado a nuestro ordenamiento jurídico. Considerando (17): Que esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del debido proceso y al derecho de defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar la acción constitucional de Amparo, por las razones que se han expuesto. Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 59, 80, 82, 88, 90, 303, 304, 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 41, 45, 46, 48, 63, 64, 67, 68, 69 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Falla: Denegando la acción de amparo interpuesta por la abogada Karla Patricia García Arita a favor de los ciudadanos Leonela Josefina Pinto Aguilar, Mirna Adela Pinto Aguilar y Mario Alexis Pinto Aguilar contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, en fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, en el proceso judicial detallado en esta sentencia. Y manda: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Álvarez Sagastume. Notifíquese. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0876-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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