Sentencia AC-874-17 — Registro 11397
Resumen
Resolución que declaró Con Lugar incidente de Nulidad de Actuaciones en relación a Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio promovida por recurrente,donde éste argumenta falta de legitimación de apoderado de parte demandada al haber interpuesto incidente de nulidad sin haber sido citado y sin ser parte en el proceso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(10): Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando el debido proceso que aduce el recurrente como vulnerado; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a declarar Sin Lugar el recurso de apelación promovido, por la inobservancia de lo dispuesto en los preceptos 200 y 421 del Código de Procedimientos Civiles de 1906, por ello esta Sala advierte que la autoridad recurrida a actuado conforme y enmarcado en ley, no siendo una resolución arbitraria; aunado a ello los argumentos expuestos por el recurrente no guardan una relación lógica y coherente en relación a los hechos y fundamentos de derecho tenidos a bien por el Tribunal de Alzada, para llegar a la conclusión que culminó con la declaratoria sin lugar del recurso de apelación promovido. CONSIDERANDO(11): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO(12): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración al derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 de nuestra Ley Suprema; situación que no advierte esta sala de lo constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales; el Tribunal de Alzada ha procedido a declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la inobservancia de lo dispuesto en los preceptos 200 y 421 del Código de Procedimientos Civiles de 1906, no existiendo vulneración al derecho constitucional del debido proceso invocado. CONSIDERANDO(13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el principio genérico del Debido Proceso, invocado por el recurrente en amparo"
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 421 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"(10): Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando el debido proceso que aduce el recurrente como vulnerado; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a declarar Sin Lugar el recurso de apelación promovido, por la inobservancia de lo dispuesto en los preceptos 200 y 421 del Código de Procedimientos Civiles de 1906, por ello esta Sala advierte que la autoridad recurrida a actuado conforme y enmarcado en ley, no siendo una resolución arbitraria; aunado a ello los argumentos expuestos por el recurrente no guardan una relación lógica y coherente en relación a los hechos y fundamentos de derecho tenidos a bien por el Tribunal de Alzada, para llegar a la conclusión que culminó con la declaratoria sin lugar del recurso de apelación promovido. CONSIDERANDO(11): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO(12): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración al derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 de nuestra Ley Suprema; situación que no advierte esta sala de lo constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales; el Tribunal de Alzada ha procedido a declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la inobservancia de lo dispuesto en los preceptos 200 y 421 del Código de Procedimientos Civiles de 1906, no existiendo vulneración al derecho constitucional del debido proceso invocado. CONSIDERANDO(13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el principio genérico del Debido Proceso, invocado por el recurrente en amparo"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO, a favor de los señores CARLOS CHEFIK Y ENRIQUE CHAFIK ambos de apellidos ASFURA HIZA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), que declara Con Lugar el incidente de Nulidad de Actuaciones promovido por la parte demandada, en la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio promovida por los señores CARLOS CHEFIK y ENRIQUE CHAFIK ambos de apellidos ASFURA HIZA, contra la Sociedad Mercantil denominada B.D.B. INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados la garantía constitucional del Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República y el Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES.1) Que en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil nueve (2009), comparecieron ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, los señores CARLOS CHEFIK y ENRIQUE CHAFIK ambos de apellidos ASFURA HIZA, promoviendo Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio-Prohibición de Celebrar Actos y Contratos, contra la Sociedad Mercantil denominada B.D.B. INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA. (Folios del 01 al 06 del Tomo I de la Pieza de los antecedentes de primera instancia) 2) Que habiéndose admitido la demanda de mérito, compareció ante el referido juzgado en fecha nueve de marzo del año dos mil diez, el abogado DAVID LEONARDO DIAZ AVILA en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada BDB INVESTMENT S.A., promoviendo Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones de improcedentes medidas precautorias. transcurriendo que fue el proceso, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia interlocutoria en fecha doce de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), mediante el cual Falla: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el incidente de NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, interpuesto ante este Despacho de Justicia en fecha nueve de marzo del año dos mil diez (2010), por el Abogado DAVID LEONARDO DIAZ AVILA, actuando en ese momento como apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada BDB INVESTMENT S.A.; en la demanda ordinaria de reivindicación de dominio promovida por los señores CARLOS CHEFIK y ENRIQUE CHAFIK ambos de apellido ASFURA HIZA, contra la Sociedad Mercantil denominada BDB INVESTMENT,S.A..- SEGUNDO: Dejar sin ningún valor y efecto las Medidas Precautorias Decretadas en el presente proceso: a) De Prohibición de Celebrar Actos y Contratos, sobre el asiento número 71 del tomo 4908, asimismo sobre las matriculas generales del sistema folio real matricula 463424 y las individualizaciones inscritas según asiento número 29 del tomo 4974, ampliada dicha individualización bajo número 686680, todas del Registro de la Propiedad de Francisco Morazán….” (Folios del 55 al 59 del Tomo I de la pieza de antecedentes de primera instancia y folios del 1441-1449fv del Tomo II de la Pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, en su condición de Apoderado Legal de los señores CARLOS CHEFIK y ENRIQUE CHAFIK ambos de apellidos ASFURA HIZA, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, en su condición de apoderado legal de los señores CARLOS CHEFIK y ENRIQUE CHAFIK ambos de apellidos ASFURA HIZA, contra la sentencia interlocutoria de fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).- SEGUNDO: Confirma la sentencia interlocutoria de fecha 12 de septiembre de 2016, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán….”(Folios del 30 al 32 de la Pieza de los antecedentes de Alzada) 4) Que el Abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de de los señores CARLOS CHEFIK y ENRIQUE CHAFIK ambos de apellidos ASFURA HIZA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el acápite que antecede, por considerar que la misma es violatoria del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República y Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el presente recurso en fecha nueve (09) de marzo del año dos mil dieciocho(2018). (Folios del 1 al 6 y 28 de los autos) 5) Que en fecha dos (2) de abril del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho, Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque SE DENIEGUE el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por la Amparista. Argumenta la Fiscal del Despacho que en relación a lo expuesto y al confrontar el contenido de la sentencia interlocutoria recurrida con los dos alegatos en que el recurrente fundamenta la acción de amparo es decir: 1) Que la parte demandada cuando interpuso el incidente de nulidad, no era parte en el proceso; y 2) Valoración arbitraria en cuanto a la acreditación de la semi plena prueba y que la venta de casas es una ocultación de bienes y que el Ad-quem otorga un razonamiento distinto a las declaraciones rendidas, se observa falta de coherencia, en virtud que estos dos alegatos vertidos en la presente acción de amparo no guardan relación estrecha con el ataque técnico jurídico que se pretende efectuar de la sentencia interlocutoria recurrida de fecha 30 de mayo del 2017. (Folios del 31 al 35 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación a lo dispuesto en el artículo 303 de la Constitución de la República; así como lo establecido en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO(2): Que el recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta puede interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, y puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente en amparo, se avoca ante esta Sala de lo Constitucional, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, solicitando amparo en contra del fallo emitido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandante en contra de la Sentencia Interlocutoria de fecha doce (12) de Septiembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve Declarar Con Lugar el Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones, promovido por la parte demandada, en relación a la Demanda Ordinaria de Reivindicación de Dominio, promovida por los señores CARLOS CHEFIK y ENRIQUE CHAFIK ambos de apellidos ASFURA HIZA, contra la Sociedad Mercantil denominada B.D.B. INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA. CONSIDERANDO(4): Que el recurrente, en la exposición de sus alegatos, en contra del fallo emitido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, arguye que el acto reclamado es violatorio del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República y Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el recurrente hace una relación de los hechos que motivaron la demanda de Reivindicación de Domino relacionada, así como las situaciones que se suscitaron previo a la emisión de la sentencia interlocutoria que impugnó, haciendo uso del recurso ordinario de apelación, resolución que no comparte y que fue confirmada por el tribunal de alzada; sostiene el recurrente que la parte demandada cuando interpuso incidente de nulidad no había sido citada, por consiguiente no estaba constituida legalmente en la demanda de mérito, en tal sentido la intervención de la demandada antes que se le citara para contestar la demanda, ya que el juicio ejecutivo como el cualquier otro juicio, la relación procesal entre partes de produce desde que la demanda presentada ante tribunal competente ha sido válidamente notificada al demandado, por lo que aunque el demandado se persone en juicio aun no puede ser considerado como parte en el mismo, por tal razón el incidente de nulidad concluye con las sentencias de fecha 12 de septiembre del 2016 y 30 de mayo del 2017 y demás actuaciones procesales son nulas de pleno derecho al no estar legitimada la parte demandada para comparecer en juicio. CONSIDERANDO(5): Que el pedidor de Amparo reitera que con dichas actuaciones la Corte recurrida violenta el Artículo 90 de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al considerar como parte a una persona jurídica sin haber sido citada al momento de la interposición del incidente objeto de juzgamiento. Dice el recurrente que la Corte recurrida no observó en su sentencia que la demandada se encontraba imposibilitada para interponer excepciones y cualquier otro medio de defensa antes de ser citado, por lo que el incidente de nulidad interpuesto jamás pudo ser admitido y mucho menos emitir una sentencia decretando la nulidad solicitada. CONSIDERANDO(6): Que asimismo argumenta el impetrante que se ha realizado una valoración arbitraria, violentando garantías constitucionales comprendidas en los Artículos 90 de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el Artículo 280[1] del Código de Procedimientos Comunes de 1906. Que el objeto del amparo en relación a la prueba se limita a determinar si en ella se conculcan derechos por varias razones, una de ella es la valoración arbitraria que se hace de esos medios de prueba, en el presente caso la sentencia recurrida de fecha 30 de mayo de 2017 que confirma la del ad-quo de fecha 12 de septiembre del 2016, motiva: (Sic) “No concederán los tribunales ninguna de las medidas precautorias que establece este código (Código de Procedimientos Comunes de 1906), sino cuando el demandante produzca prueba semi plena del derecho que reclama”. Continuando con sus alegaciones el recurrente dice que ese semi plena prueba, no es otra que tener la convicción sobre simples indicios, sin llegar a total evidencia, tal como se realizó con la declaración de los testigos Juan Carlos Duran Vallecillo y Roberto Montoya Murillo. Que la sentencia no razona tales declaraciones, pues les da un razonamiento distinto a las declaraciones rendidas, olvidándose que las medidas precautorias como su nombre lo indica son provisionales y basta con tener el indicio que los demandados disponen de sus bienes para que la medida sea decretada. CONSIDERANDO(7): Que el génesis de la Demanda de mérito inicia en el año dos mil nueve (2009), estando en vigencia el Código de Procedimientos Civiles de mil novecientos seis (1906); la referida normativa legal señala en su artículo 200 que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del Tribunal superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior; siguiendo la idea en relación a cuál es el objeto o fin del recurso de apelación, el artículo 421 de la norma citada indica: “Personado el apelante dentro del término del emplazamiento para la mejora, se le conferirá traslado de los autos por seis (6) días para que presente su escrito de expresión de agravios, enumerando con la concisión posible los puntos de hecho y de derecho que los motiven.” –Lo subrayado es nuestro-. CONSIDERANDO(8): Que en la Motivación de la resolución impugnada en sus acápites identificados CONSIDERANDO OCTAVO y NOVENO, el Tribunal recurrido argumenta: (Sic) “ CONSIDERANDO OCTAVO: En ese orden de ideas y siendo obligatorio la observancia de las disposiciones emanadas de la precitada Ley procesal, este Tribunal de Alzada, estima que desde un punto de vista técnico-procesal se debe recordar al recurrente, que el escrito de fundamentación de un recurso de apelación debe contener un análisis razonado y crítico de la resolución que se pretende revocar, tendiente a demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho, debiéndose apreciar concretamente los errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al auto, providencia o fallo, y/o la aplicación o interpretación indebida de la norma, especificando con toda exactitud cuál es el gravamen concreto que le produce tal pronunciamiento, en relación a la resolución impugnada. Además, es necesario establecer que no constituye una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene alegaciones genéricas sobre la resolución impugnada. El hecho de expresar disconformidad no es crítica, si no se consigna expresamente cuál es el agravio que le acusa determinado pronunciamiento en un fallo. CONSIDERANDO NOVENO: En este caso concreto, se recurre la resolución de fecha doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016); sin embargo, al revisar el escrito de expresión de agravios de la parte apelante se aprecia que encaminado a estacar aspectos no relativos a elementos que determinaron la procedencia de la pretensión de la denunciante, ya que ambos agravios se dirigen a confrontar aspectos que no fueron vertidos por el A-quo para afianzar su decisión de declarar conjugar el incidente de nulidad planteado….” CONSIDERANDO(9): Que dos son los argumentos centrales que expone el recurrente en amparo a saber: 1) Que la parte demandada cuando interpuso el incidente de nulidad, no era parte en el proceso; y 2) Valoración arbitraria en cuanto a la acreditación de la semi plena prueba y que el Ad-quem otorga un razonamiento distinto a las declaraciones rendidas. De la foliada de la resolución impugnada, éste Tribunal advierte que el Tribunal de Alzada fundamentó su decisión en argumentos que no han sido controvertidos por el recurrente, pues la alzada declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante ante la evidente inobservancia de los preceptos establecidos en los Artículos 200 y 421 del Código de Procedimientos Civiles de 1906. El impetrante hace alusión a elementos de hecho y derecho que no fueron considerados por la alzada al momento de emitir su fallo; ejemplo de ello es lo expuesto por el recurrente en cuanto a la valoración de la prueba que realizó el Tribunal recurrido, elemento éste que no ha sido valorado en el acto que se recurre en amparo. La idea central considerada para declarar sin lugar el recurso de apelación se encuentra plasmado en los considerandos octavo y noveno relacionados. CONSIDERANDO(10): Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, respetando el debido proceso que aduce el recurrente como vulnerado; conclusión a la que se arriba pues la Alzada ha procedido a declarar Sin Lugar el recurso de apelación promovido, por la inobservancia de lo dispuesto en los preceptos 200 y 421 del Código de Procedimientos Civiles de 1906, por ello esta Sala advierte que la autoridad recurrida a actuado conforme y enmarcado en ley, no siendo una resolución arbitraria; aunado a ello los argumentos expuestos por el recurrente no guardan una relación lógica y coherente en relación a los hechos y fundamentos de derecho tenidos a bien por el Tribunal de Alzada, para llegar a la conclusión que culminó con la declaratoria sin lugar del recurso de apelación promovido. CONSIDERANDO(11): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO(12): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración al derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 de nuestra Ley Suprema; situación que no advierte esta sala de lo constitucional, pues el dictar resoluciones contrarias a las pretensiones de las partes, no supone vulneración a derechos constitucionales; el Tribunal de Alzada ha procedido a declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la inobservancia de lo dispuesto en los preceptos 200 y 421 del Código de Procedimientos Civiles de 1906, no existiendo vulneración al derecho constitucional del debido proceso invocado. CONSIDERANDO(13): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el principio genérico del Debido Proceso, invocado por el recurrente en amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 200 y 421 del Código de procedimientos Civiles; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLÁS GARCÍA ZORTO, a favor de los señores CARLOS CHEFIK Y ENRIQUE CHAFIK ambos de apellidos ASFURA HIZA, contra el Fallo de fecha TREINTA (30) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), emitido por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de enero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-874-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] No concederán los Tribunales ninguna de las medidas precautorias que establece este Titulo, sino cuando el demandante produzca, a lo menos, prueba semiplena del derecho que reclama. En casos graves y urgentes podrán, sin embargo decretarlas por un breve término, mientras se les presente esa prueba.