Sentencia AC-854-18 — Registro 8723
Resumen
Sentencia sobreseyó acción de amparo contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar nulidad de actuaciones de falta del procedimiento legal en solicitud de tasación de costas en relación a demanda ordinaria para el pago de indemnización de daños y perjuicios contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."se aprecia muy claramente en autos, que el recurrente tuvo la oportunidad de alegar la irregularidad procesal expuesta, en el momento en que se advirtió, de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del artículo 215 del Código Procesal Civil, que fue precisamente cuando se le notifico mediante la Receptora de la Central de Citaciones, emplazamientos, Notificaciones, Requerimientos y otras diligencias, de la Ciudad de San Pedro Sula, a fin de que impugnara la tasación de costas, que se le había puesto en conocimiento; sin embargo se limitó únicamente a la impugnación de los mismos, sin exteriorizar ningún vicio de nulidad de que supuestamente adolecía el procedimiento tramitado por el Juez, enfocando su impugnación a la tasación, en que el interés que debe aplicar es del 6% y no del 7%..."..."Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha cinco (5) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que resuelve SOBRESEER la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL en su condición de apoderado legal de “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, es totalmente apegada a derecho, por lo que constando que en el expediente examinado no existe vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente SOBRESEER el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), en la Demanda vía Proceso Declarativo Ordinario para el Pago de Indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por la sociedad mercantil DROGUERIA HUMANA S.A., contra el señor DAVID GALLAGHER, en su condición de Gerente de la sociedad mercantil PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado MIGUEL ANGEL IDIAQUEZ MOLINA, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil DROGUERIA HUMANA S.A., interponiendo Demanda vía Proceso Declarativo Ordinario para el Pago de Indemnización de Daños y Perjuicios, en contra el señor DAVID GALLAGHER, en su condición de Gerente de la sociedad mercantil PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, solicitando que se declare con lugar la demanda; se condene al demandado al pago de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados; y que se condene a la parte demandada, al pago de costas del presente juicio. (Folios 1–79 del Tomo I, de los antecedentes Primera Instancia)- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha primero (1) de julio de dos mil quince (2015), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE FALTA DE ACCION EN EL PROCESO alegada por la parte demandada.- SEGUNDO: Declarar CON LUGAR la DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA EL PAGO DE UNA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por el Abogado MIGUEL ANGEL IDIAQUEZ MOLINA, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil denominada “DROGUERIA HUMANA, S.A.” como parte Demandante, contra la Empresa “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, con domicilio en el Condado de Dublín, Irlanda, a través de su Representante Legal el Señor DAVID GALLAGHER, de generales conocidas.- TERCERO: CONDENAR a la parte demandada, la Empresa “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, a pagar a la Sociedad Mercantil denominada “DOGUERIA HUMANA, S.A. como parte Demandante, la cantidad de DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.12.719,268.89), más los intereses comerciales que se generen hasta que se cancele el monto de la condena.- CUARTO: CON COSTAS.- QUINTO: CONTRA LA PRESENTE SENTENCIA PROCEDE EL RECURSO DE APELACION EL QUE DEBE INTERPONERSE ANTE ESTE TRIBUNAL DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION Y COMUNICACIÓN DEL PRESENTE FALLO.-” (Folios 261–266 del Tomo II, de los antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que en fecha catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018), se presento al referido Juzgado, el abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, presentando Escrito de Anulabilidad de Actuaciones Procesales, en proceso de tasación de costas del expediente contentivo de la Demanda vía Proceso Declarativo Ordinario para el Pago de Indemnización de Daños y Perjuicios, solicitando que se declare con lugar su solicitud de nulidad, en virtud de existir la causal de falta del procedimiento legal para la liquidación de los intereses, causando indefensión a su representada. (Folios 357–360 del Tomo II, de los antecedentes de Primera Instancia)- 4) Que seguido el trámite legal correspondiente, el Juzgado ya mencionado, dictó Resolución en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Admítase el escrito que antecede junto con la copia simple que acompaña los cuales se mandan agregar a sus antecedentes, en cuanto a la nulidad solicitada Sin lugar, en virtud de que el motivo por el cual fundamente su escrito establecido en el artículo 209.2 y 884 del Código Procesal Civil, no determina la efectiva indefensión, ya que según consta en el expediente de merito el proceso se ha desarrollado en legal y debida forma.- SEGUNDO: De igual manera, el representante de la parte demandante se allanó en su momento a la manifestación de la parte demandada en cuanto a las costas.-” (Folio 361 del Tomo II, de los antecedentes de Primera Instancia)- 5) Que en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, contra la Resolución de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), relacionada en el numeral anterior; manifestando el recurrente, que el acto reclamado, ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–22 de la pieza de Amparo)- 6) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), emitió su Resolución, en la cual Resolvió: (SIC) “Se SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por el abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL en su condición de apoderado legal de “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, quien recurre contra la resolución de fecha 21 de agosto de 2018, emitida por el Juzgado antes referido.” (Folios 34–36 de la pieza de Amparo)- 7) Que en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que dictó sentencia en fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la cual falló por unanimidad de votos: “PRIMERO: Se SOBRESEE la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL en su condición de apoderado legal de “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, quien recurre contra la resolución de fecha 21 de agosto de 2018, emitida por el Juzgado antes referido.”- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente expresa en su Acción de Amparo lo siguiente: “DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS CON LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. 1.-VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: El párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República claramente establece que: "nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece" Esta representación considera que el auto recurrido en amparo se dictó violentando de manera clara y flagrante el debido proceso. garantizado constitucionalmente, por cuanto se dictó en contravención directa de disposiciones legales que establecen el procedimiento que debe seguirse en estos casos. Paso a hacer un análisis jurídico de esa violación al debido proceso: ANÁLISIS JURÍDICO DE LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN EL CASO DE AUTOS: A continuación, hago un análisis jurídico de cómo el auto recurrido viola el derecho constitucional al debido proceso de mi poderdante, así: Sobre la Invariabilidad de las Sentencias: El artículo 203 del Código Procesal Civil señala de manera expresa que los juzgados y tribunales no podrán varía/las resoluciones que pronuncien después de firmadas…; En el caso particular, la sentencia de primera instancia condenó a la cantidad de L 12,719,268.89 más intereses comerciales. Sin embargo, dicha sentencia no estableció ninguna fecha retroactiva desde la cual debía hacerse ese cálculo de intereses, por lo que el juzgado a-quo ordenó que dicho cálculo debía realizarse, en todo caso, a partir de la fecha en que quedara firme la sentencia. Resulta, sin embargo, que la Honorable Corte Primera de Apelaciones Civil de Francisco Morazán reformó la sentencia de primera instancia y en fecha veintiocho (28) de junio de 2016 señaló que la condena efectivamente se mantenía en L 12,719,268.89, pero que los intereses a calcularse debían ser los legales, no comerciales. Cabe hacer notar que tampoco la Corte de Apelaciones señaló ninguna fecha retroactiva para el cálculo de intereses, por lo que dicho cálculo debe realizarse a partir de la fecha de sentencia de segunda instancia, es decir, a partir del veintiocho de junio de 2016. Sobre las Sentencias con Reserva de Liquidación: El artículo 209.2 del Código Procesal Civil claramente señala que en los casos a que se refiere el numeral anterior, la sentencia de condena establecerá el importe exacto de las cantidades respectivas- o fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que se efectuará en ejecución: El Código Procesal Civil, en el Capítulo VII del Título VI, artículos del 884 al 886 establece el procedimiento de Liquidad6n de Cantidades. El artículo 884.1 del Código Procesal Civil prescribe que la determinación en ejecución forzosa de la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios o del equivalente en dinero de una obligación no numeraria, se realizará previa solicitud escrita. El artículo 884.2 del Código Procesal Civil prescribe que: A la solicitud se acompañará relación detallada de los distintos conceptos, en su respectivo importe, y con las justificaciones o informes que considere procedentes. De todo ello se entregará copia al abogado por UD plazo de diez (10) días para que: a) conteste aceptando expresamente la liquidación propuesta por el acreedor, en cuyo caso la aprobará el juez, y si continuará la ejecución conforme a lo dispuesto en las obligaciones de dinero. b) No conteste emplazo o conteste sin concretar su oposición a la solicitud del acreedor. En estos casos se considerará que el obligado acepta tácitamente la Liquidación y el juez procederá igual que en el numeral anterior. c) Conteste presentando oposición motivada, de la que se entregará copia al acreedor; Sustanciándose el incidente por los trámites del proceso abreviado" que finalizará por medio de auto, en el que se fijará la cantidad que deba abonarse al solicitante. Ese procedimiento NO SE SIGUIÓ EN EL CASO DE AUTOS, Y, por el contrario, la parte demandante pretendió liquidar los intereses en el mismo trámite de tasación de costas. Sobre las Partidas que Integran las Costas: El artículo 218.2 del Código Procesal Civil señala que se considerarán costas las siguientes partidas económicas: a) Honorarios de los profesionales del derecho por la defensa y representación técnica realizadas cuando su participación sea legalmente obligatoria. b) Gastos de testigos y gastos- derechos y honorarios de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. e) Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. d) Copias. certificaciones. notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la ley; salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos. e) Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones para el desarrollo del proceso. Como puede observarse. los intereses no forman parte de las partidas económicas de costas. por lo que fue completamente improcedente que la parte demandante lo incluyera en la referida tasación de costas. como también fue improcedente que hiciera lo mismo la Secretaría del Despacho del Juzgado a-quo. aunque haya modificado el cálculo. Sobre la Clase y Causa de Nulidad Invocada: En el caso particular, mi representada invocó la nulidad de actuaciones, fundamentada en el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, que claramente establece que los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: ... 4. Cuando se prescinda de normas esenciales de procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión. Resulta entonces que, esta representación debe cumplir dos presupuestos procesales para demostrar la existencia de la nulidad de actuaciones: 1) Que se haya prescindido de normas esenciales de procedimiento. Este requisito queda plenamente demostrado puesto que NO SE SIGUIÓ EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL en la liquidación de intereses. 2) Que se haya producido indefensión. Efectivamente, como nunca se siguió el procedimiento de ley, mi representada jamás tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la fecha de cálculo de intereses, tema esencial, pues como puede observarse de los cálculos arriba establecidos, la diferencia entre un cálculo y otro es enorme y desproporcionado. Sobre el Procedimiento a Seguir en la Nulidad Invocada: De conformidad con el artículo 214 del Código Procesal Civil, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular. De conformidad con el artículo 215 del Código Procesal Civil: 1) Esta representación, como parte legítima, puede pedir por escrito, como está haciendo, que se declare la nulidad de actuaciones; en el caso particular, de todo el procedimiento de tasación de costas, pues primeramente debió liquidarse la suma condenada in cuando a los intereses. 2) El tribunal podrá decidir de plano de conformidad con el numeral 2 del artículo 215 precitado o siguiendo el procedimiento para los incidentes, de conformidad con el numeral 3 del mismo artículo. 3) Las actuaciones deben reponerse al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido, de conformidad con el numeral 5 del artículo 215 del Código Procesal Civil. Conclusión sobre la Nulidad de Actuaciones Invocada: Por todas las razones arriba expuestas, el juzgado a-quo debió decretar la nulidad de actuaciones de la tasación de costas, puesto que se ha pretendido liquidar en ella los intereses de que habla la sentencia, sin seguir el procedimiento que señala el Código Procesal Civil para la liquidación de daños y perjuicios, causando indefensión a mi representada, puesto que no se pudo presentar argumentos con relación a la diferencia en la fecha de inicio del cálculo de dichos intereses, lo que incide de manera notoria y exagerada tanto en el cálculo de los intereses como en el de las costas que se pretendían tasar. El Rechazo de Plano de la Nulidad de Actuaciones invocada es una Violación al Debido Proceso. garantizado constitucionalmente: En el caso particular, resulta que: (i) tanto el cálculo de costas prescindiendo del trámite para calcular los intereses; (ii) el cálculo de intereses desde una fecha anterior a la sentencia misma; (iii) como el rechazo de plano de la nulidad de actuaciones invocada, implican, no solo una violación a la ley procesal, sino que una violación al debido proceso garantizado constitucionalmente puesto que: 1) Se pretende que el cálculo de intereses realizado de manera ilegal y sin seguir el procedimiento ya no puede ser revisado; 2) Se pretende que el cálculo de costas quede firme a pesar que se basa en un cálculo de intereses ilegal y sin seguir el procedimiento legal; 3) Finalmente deja indefensa a mi representada sobre el momento procesal de impugnar el cálculo de intereses. Por lo anterior, en el caso Particular se está violando el derecho constitucional del debido proceso a mi poderdante y por consiguiente debería otorgarse la presente acción de amparo. 11.-VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: El párrafo primero del artículo 82 de la Constitución de la República establece: "el derecho de defensa es inviolable"'. De conformidad con la Enciclopedia Jurídica Omeba (1991 Editorial Driskill SA, Argentina) Tomo VI, página 24: En nuestra doctrina constitucional prevalecen los mismos principios y se entiende que la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio comporta para cada habitante de la nación: a) La posibilidad efectiva de ocurrir ante un órgano jurisdiccional -judicial o administrativo- en procura de justicia. b) De realizar ante dicho órgano jurisdiccional los actos conducentes y razonables -reglamentados- a una verdadera defensa de las personas y de sus derechos. e) El derecho a ser oído y de tener oportunidad de hacer valer sus medios de defensa en la forma y con las solemnidades prescriptas por las leyes correspondientes. Como puede observarse, el derecho de defensa para que esté debidamente garantizado debe estar íntimamente ligado al respeto a los procedimientos establecidos en la ley sobre la forma en que se juzga, pues esa manera, prevista legalmente, para el juzgamiento de los casos, es la verdadera garantía que una persona podrá defender sus puntos de vista y presentar los medios de prueba que interesen a su posición. En ese mismo orden de ideas, la convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 (Garantías Judiciales) numeral 1, señala: Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter. Por consiguiente, tanto la constitución, como la doctrina y además el ordenamiento de derechos humanos internacional son coincidentes en que el derecho de defensa, para ser garantizado debidamente, debe cumplir con los procedimientos establecidos por la ley. Es decir, está íntimamente ligado al respeto al debido proceso, que lo comprende Habida cuenta que ya analizamos extensamente las violaciones procesales que se están produciendo en el caso de autos, al analizar el debido proceso, únicamente queda demostrar que esas mismas violaciones también violan el derecho de defensa de mi poderdante: El Rechazo de Plano de la Nulidad de Actuaciones invocada es una Violación al Derecho de Defensa. garantizado constitucionalmente: Tal como se ha desarrollado, el juzgado a-quo, a través de la resolución recurrida en amparo, ha vulnerado e ignorado totalmente, el procedimiento legal para el cálculo de intereses devengados sobre la deuda principal condenada, lo cual también implicó un cálculo excesivo e ilegal de costas. Así pues: a) Mi representada jamás fue escuchada sobre el cálculo de intereses sobre la suma principal condenada. b) A mi representada le hicieron un cálculo excesivo, basando el mismo en una fecha anterior a la sentencia firme, sin que dicha sentencia la estableciera, modificando ilegalmente y de facto la parte dispositiva de la referida sentencia. c) Al hacerle ver al juzgado a-quo el error judicial, lejos de enmendarlo optó por negar el procedimiento legal a la nulidad de actuaciones planteada. Esas actuaciones judiciales son verdaderas violaciones al derecho de defensa de mi representada, pues se le negó el procedimiento de ley para hacer valer sus derechos. Por consiguiente, esta representación considera que debe otorgarse la presente acción de amparo.”- CONSIDERANDO (4): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, encontró como señala en el numeral CUARTO de los antecedentes y consigna en los numerales PRIMERO al TERCERO de los Fundamentos de Derecho y en su parte dispositiva: “CUARTO: Que al revisar el expediente de instancia se observa lo siguiente: En fecha 8 de marzo de 2018, esta Corte remitió al Juzgado de Letras Civil de este departamento, el expediente 0801-2012-03426-CPCO, en virtud de haberse declarado firme la sentencia emitida por esta Corte en fecha 28 de junio de 2016 la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por el Juzgado antes referido de fecha 1 de julio de 2015, ya que la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, declaro firme la misma a través de su resolución de fecha 13 de febrero de 2018; la sentencia emitida por esta Corte, en su parte dispositiva resuelve: PRIMERO: Declara CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación de que se ha hecho mérito; SEGUNDO: CONFIRMA LA SENTENCIA DEFINITIVA proferida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán con fecha 01 de julio del año 2015, en cuanto a los pronunciamientos "PRIMERO, SEGUNDO. Y CUARTO. TERCERO. Respecto del numeral TERCERO de la sentencia apelada, la revoca en cuanto a la condena al pago de los intereses comerciales; consecuentemente dicho numeral deberá leerse así: "TERCERO. CONDENAR a la parte demandada, la Empresa "PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS", a pagar a la Sociedad Mercantil denominada "DROGUERIA HUMANA, S. A." como parte Demandante, la cantidad de DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA y NUEVE CENTAVOS (L. 12,719,268.89), más los intereses legales que se generen hasta que se cancele el monto de la condena ... TERCERO: Exime a la parte apelante del pago de costas en esta instancia, en vista de la estimación parcial de su recurso. y MANDA: ... ": el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ en su condición de apoderado legal de la sociedad Mercantil denominada "DROGUERIA HUMANA S. A.", solicito ante el Juzgado referido, se le tasaran las costas, a lo que la Secretaria Adjunta de ese Juzgado, realizó la misma en fecha 26 de abril de 2018; mediante auto de fecha 8 de mayo de 2018, el a-qua, ordeno a través del receptor, que procediera a darle vista por cinco días al abogado HECTOR ANTONIO FERNANDEZ PINEDA quien en ese momento era el apoderado legal de la Sociedad -PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, para que impugne o aprueba la tasación realizada por la Secretaria de ese tribunal; en fecha 30 de mayo de 2018, el abogado FERNANDEZ PINEDA presentó impugnación de la tasación de costas realizada por la Secretaria Adjunta, siendo dicha impugnación contestada por el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ en fecha 26 de junio de 2018, manifestando que se allana o acepta la misma de forma total e incondicional (ver folio 346 de la pieza de primera instancia); procediendo la Secretaria adjunta a tasar nuevamente las costas en fecha 6 de agosto de 2018. Se observa a folio 351 de la pieza de primera instancia, que en fecha 7 de agosto de 2018, el abogado HECTOR ANTONIO FERNANDEZ PINEDA en su condición de apoderado de PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, le sustituye poder al abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZABAL; el abogado FORTIN LARDIZABAL en su condición de representante procesal de PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, solicitó ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de agosto de 2018, NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES alegando que el procedimiento de la solicitud de tasación de costas antes referida, no se realizó conforme a derecho, pues según lo manifiesta en dicha solicitud de nulidad, " ...primero debió liquidarse la suma condenada en cuando los intereses, causando indefensión a quien representante, puesto que no se pudo presentar argumentos con relación a la diferencia en la fecha de inicio del cálculo de dichos intereses, lo que incide de manera notoria y exagerada tanto en el cálculo de los intereses como en el de las costas que se pretendían tasar". FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO: Conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo) tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- Artículos 183 de la Constitución de la República- y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. SEGUNDO: Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, cuando el acto impugnado haya sido consentido por el agraviado, entendiendo como tal, cuando no se hubiese ejercitado dentro de los términos legales, los recursos o acciones tendientes, a lograr la modificación, revocación o saneamiento del acto recurrido en amparo. – Es decir, que aquellos actos judiciales que no se impugnaron en su momento procesal y por los mecanismos idóneos que la ley establece, no pueden ser conocidos por medio de la Garantía Constitucional de Amparo. En tal circunstancia se aprecia muy claramente en autos, que el recurrente tuvo la oportunidad de alegar la irregularidad procesal expuesta, en el momento en que se advirtió, de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del artículo 215 del Código Procesal Civil, que fue precisamente cuando se le notifico mediante la Receptora de la Central de Citaciones, emplazamientos, Notificaciones, Requerimientos y otras diligencias, de la Ciudad de San Pedro Sula, a fin de que impugnara la tasación de costas, que se le había puesto en conocimiento; sin embargo se limitó únicamente a la impugnación de los mismos, sin exteriorizar ningún vicio de nulidad de que supuestamente adolecía el procedimiento tramitado por el Juez, enfocando su impugnación a la tasación, en que el interés que debe aplicar es del 6% y no del 7%. TERCERO: Por lo anterior, nos encontramos ante La presencia de un acto recurrido vía acción de amparo que ha sido consentido por la misma pare recurrente y que por lo tanto es de aplicación irrestricta el artículo 46.3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyendo a estas alturas del proceso sobreseer las diligencias correspondientes.” “PRIMERO: Se SOBRESEE la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL en su condición de apoderado legal de “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, quien recurre contra la resolución de fecha 21 de agosto de 2018, emitida por el Juzgado antes referido.”- CONSIDERANDO (5): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha cinco (5) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que resuelve SOBRESEER la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL en su condición de apoderado legal de “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, es totalmente apegada a derecho, por lo que constando que en el expediente examinado no existe vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente SOBRESEER el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 183, 303, 304 de la Constitución de la República; 1, 55.2 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3.2, 4, 6, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 63, 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6.2, 12.2, 193, 197, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208 del Código Procesal Civil; 8.1, 24, 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 7, 18 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre.- FALLA: CONFIRMANDO la Resolución que SOBRESEE el recurso de Amparo emitido en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.-Redactó el Magistrado Serrano Villanueva.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0854-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), en la Demanda vía Proceso Declarativo Ordinario para el Pago de Indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por la sociedad mercantil DROGUERIA HUMANA S.A., contra el señor DAVID GALLAGHER, en su condición de Gerente de la sociedad mercantil PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado MIGUEL ANGEL IDIAQUEZ MOLINA, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil DROGUERIA HUMANA S.A., interponiendo Demanda vía Proceso Declarativo Ordinario para el Pago de Indemnización de Daños y Perjuicios, en contra el señor DAVID GALLAGHER, en su condición de Gerente de la sociedad mercantil PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, solicitando que se declare con lugar la demanda; se condene al demandado al pago de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados; y que se condene a la parte demandada, al pago de costas del presente juicio. (Folios 1–79 del Tomo I, de los antecedentes Primera Instancia)- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha primero (1) de julio de dos mil quince (2015), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE FALTA DE ACCION EN EL PROCESO alegada por la parte demandada.- SEGUNDO: Declarar CON LUGAR la DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA EL PAGO DE UNA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por el Abogado MIGUEL ANGEL IDIAQUEZ MOLINA, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil denominada “DROGUERIA HUMANA, S.A.” como parte Demandante, contra la Empresa “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, con domicilio en el Condado de Dublín, Irlanda, a través de su Representante Legal el Señor DAVID GALLAGHER, de generales conocidas.- TERCERO: CONDENAR a la parte demandada, la Empresa “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, a pagar a la Sociedad Mercantil denominada “DOGUERIA HUMANA, S.A. como parte Demandante, la cantidad de DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.12.719,268.89), más los intereses comerciales que se generen hasta que se cancele el monto de la condena.- CUARTO: CON COSTAS.- QUINTO: CONTRA LA PRESENTE SENTENCIA PROCEDE EL RECURSO DE APELACION EL QUE DEBE INTERPONERSE ANTE ESTE TRIBUNAL DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION Y COMUNICACIÓN DEL PRESENTE FALLO.-” (Folios 261–266 del Tomo II, de los antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que en fecha catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018), se presento al referido Juzgado, el abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, presentando Escrito de Anulabilidad de Actuaciones Procesales, en proceso de tasación de costas del expediente contentivo de la Demanda vía Proceso Declarativo Ordinario para el Pago de Indemnización de Daños y Perjuicios, solicitando que se declare con lugar su solicitud de nulidad, en virtud de existir la causal de falta del procedimiento legal para la liquidación de los intereses, causando indefensión a su representada. (Folios 357–360 del Tomo II, de los antecedentes de Primera Instancia)- 4) Que seguido el trámite legal correspondiente, el Juzgado ya mencionado, dictó Resolución en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Admítase el escrito que antecede junto con la copia simple que acompaña los cuales se mandan agregar a sus antecedentes, en cuanto a la nulidad solicitada Sin lugar, en virtud de que el motivo por el cual fundamente su escrito establecido en el artículo 209.2 y 884 del Código Procesal Civil, no determina la efectiva indefensión, ya que según consta en el expediente de merito el proceso se ha desarrollado en legal y debida forma.- SEGUNDO: De igual manera, el representante de la parte demandante se allanó en su momento a la manifestación de la parte demandada en cuanto a las costas.-” (Folio 361 del Tomo II, de los antecedentes de Primera Instancia)- 5) Que en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, contra la Resolución de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), relacionada en el numeral anterior; manifestando el recurrente, que el acto reclamado, ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–22 de la pieza de Amparo)- 6) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), emitió su Resolución, en la cual Resolvió: (SIC) “Se SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por el abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL en su condición de apoderado legal de “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, quien recurre contra la resolución de fecha 21 de agosto de 2018, emitida por el Juzgado antes referido.” (Folios 34–36 de la pieza de Amparo)- 7) Que en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que dictó sentencia en fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la cual falló por unanimidad de votos: “PRIMERO: Se SOBRESEE la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL en su condición de apoderado legal de “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, quien recurre contra la resolución de fecha 21 de agosto de 2018, emitida por el Juzgado antes referido.”- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente expresa en su Acción de Amparo lo siguiente: “DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS CON LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. 1.-VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: El párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República claramente establece que: "nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece" Esta representación considera que el auto recurrido en amparo se dictó violentando de manera clara y flagrante el debido proceso. garantizado constitucionalmente, por cuanto se dictó en contravención directa de disposiciones legales que establecen el procedimiento que debe seguirse en estos casos. Paso a hacer un análisis jurídico de esa violación al debido proceso: ANÁLISIS JURÍDICO DE LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN EL CASO DE AUTOS: A continuación, hago un análisis jurídico de cómo el auto recurrido viola el derecho constitucional al debido proceso de mi poderdante, así: Sobre la Invariabilidad de las Sentencias: El artículo 203 del Código Procesal Civil señala de manera expresa que los juzgados y tribunales no podrán varía/las resoluciones que pronuncien después de firmadas…; En el caso particular, la sentencia de primera instancia condenó a la cantidad de L 12,719,268.89 más intereses comerciales. Sin embargo, dicha sentencia no estableció ninguna fecha retroactiva desde la cual debía hacerse ese cálculo de intereses, por lo que el juzgado a-quo ordenó que dicho cálculo debía realizarse, en todo caso, a partir de la fecha en que quedara firme la sentencia. Resulta, sin embargo, que la Honorable Corte Primera de Apelaciones Civil de Francisco Morazán reformó la sentencia de primera instancia y en fecha veintiocho (28) de junio de 2016 señaló que la condena efectivamente se mantenía en L 12,719,268.89, pero que los intereses a calcularse debían ser los legales, no comerciales. Cabe hacer notar que tampoco la Corte de Apelaciones señaló ninguna fecha retroactiva para el cálculo de intereses, por lo que dicho cálculo debe realizarse a partir de la fecha de sentencia de segunda instancia, es decir, a partir del veintiocho de junio de 2016. Sobre las Sentencias con Reserva de Liquidación: El artículo 209.2 del Código Procesal Civil claramente señala que en los casos a que se refiere el numeral anterior, la sentencia de condena establecerá el importe exacto de las cantidades respectivas- o fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que se efectuará en ejecución: El Código Procesal Civil, en el Capítulo VII del Título VI, artículos del 884 al 886 establece el procedimiento de Liquidad6n de Cantidades. El artículo 884.1 del Código Procesal Civil prescribe que la determinación en ejecución forzosa de la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios o del equivalente en dinero de una obligación no numeraria, se realizará previa solicitud escrita. El artículo 884.2 del Código Procesal Civil prescribe que: A la solicitud se acompañará relación detallada de los distintos conceptos, en su respectivo importe, y con las justificaciones o informes que considere procedentes. De todo ello se entregará copia al abogado por UD plazo de diez (10) días para que: a) conteste aceptando expresamente la liquidación propuesta por el acreedor, en cuyo caso la aprobará el juez, y si continuará la ejecución conforme a lo dispuesto en las obligaciones de dinero. b) No conteste emplazo o conteste sin concretar su oposición a la solicitud del acreedor. En estos casos se considerará que el obligado acepta tácitamente la Liquidación y el juez procederá igual que en el numeral anterior. c) Conteste presentando oposición motivada, de la que se entregará copia al acreedor; Sustanciándose el incidente por los trámites del proceso abreviado" que finalizará por medio de auto, en el que se fijará la cantidad que deba abonarse al solicitante. Ese procedimiento NO SE SIGUIÓ EN EL CASO DE AUTOS, Y, por el contrario, la parte demandante pretendió liquidar los intereses en el mismo trámite de tasación de costas. Sobre las Partidas que Integran las Costas: El artículo 218.2 del Código Procesal Civil señala que se considerarán costas las siguientes partidas económicas: a) Honorarios de los profesionales del derecho por la defensa y representación técnica realizadas cuando su participación sea legalmente obligatoria. b) Gastos de testigos y gastos- derechos y honorarios de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. e) Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. d) Copias. certificaciones. notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la ley; salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos. e) Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones para el desarrollo del proceso. Como puede observarse. los intereses no forman parte de las partidas económicas de costas. por lo que fue completamente improcedente que la parte demandante lo incluyera en la referida tasación de costas. como también fue improcedente que hiciera lo mismo la Secretaría del Despacho del Juzgado a-quo. aunque haya modificado el cálculo. Sobre la Clase y Causa de Nulidad Invocada: En el caso particular, mi representada invocó la nulidad de actuaciones, fundamentada en el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, que claramente establece que los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: ... 4. Cuando se prescinda de normas esenciales de procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión. Resulta entonces que, esta representación debe cumplir dos presupuestos procesales para demostrar la existencia de la nulidad de actuaciones: 1) Que se haya prescindido de normas esenciales de procedimiento. Este requisito queda plenamente demostrado puesto que NO SE SIGUIÓ EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL en la liquidación de intereses. 2) Que se haya producido indefensión. Efectivamente, como nunca se siguió el procedimiento de ley, mi representada jamás tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la fecha de cálculo de intereses, tema esencial, pues como puede observarse de los cálculos arriba establecidos, la diferencia entre un cálculo y otro es enorme y desproporcionado. Sobre el Procedimiento a Seguir en la Nulidad Invocada: De conformidad con el artículo 214 del Código Procesal Civil, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular. De conformidad con el artículo 215 del Código Procesal Civil: 1) Esta representación, como parte legítima, puede pedir por escrito, como está haciendo, que se declare la nulidad de actuaciones; en el caso particular, de todo el procedimiento de tasación de costas, pues primeramente debió liquidarse la suma condenada in cuando a los intereses. 2) El tribunal podrá decidir de plano de conformidad con el numeral 2 del artículo 215 precitado o siguiendo el procedimiento para los incidentes, de conformidad con el numeral 3 del mismo artículo. 3) Las actuaciones deben reponerse al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido, de conformidad con el numeral 5 del artículo 215 del Código Procesal Civil. Conclusión sobre la Nulidad de Actuaciones Invocada: Por todas las razones arriba expuestas, el juzgado a-quo debió decretar la nulidad de actuaciones de la tasación de costas, puesto que se ha pretendido liquidar en ella los intereses de que habla la sentencia, sin seguir el procedimiento que señala el Código Procesal Civil para la liquidación de daños y perjuicios, causando indefensión a mi representada, puesto que no se pudo presentar argumentos con relación a la diferencia en la fecha de inicio del cálculo de dichos intereses, lo que incide de manera notoria y exagerada tanto en el cálculo de los intereses como en el de las costas que se pretendían tasar. El Rechazo de Plano de la Nulidad de Actuaciones invocada es una Violación al Debido Proceso. garantizado constitucionalmente: En el caso particular, resulta que: (i) tanto el cálculo de costas prescindiendo del trámite para calcular los intereses; (ii) el cálculo de intereses desde una fecha anterior a la sentencia misma; (iii) como el rechazo de plano de la nulidad de actuaciones invocada, implican, no solo una violación a la ley procesal, sino que una violación al debido proceso garantizado constitucionalmente puesto que: 1) Se pretende que el cálculo de intereses realizado de manera ilegal y sin seguir el procedimiento ya no puede ser revisado; 2) Se pretende que el cálculo de costas quede firme a pesar que se basa en un cálculo de intereses ilegal y sin seguir el procedimiento legal; 3) Finalmente deja indefensa a mi representada sobre el momento procesal de impugnar el cálculo de intereses. Por lo anterior, en el caso Particular se está violando el derecho constitucional del debido proceso a mi poderdante y por consiguiente debería otorgarse la presente acción de amparo. 11.-VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: El párrafo primero del artículo 82 de la Constitución de la República establece: "el derecho de defensa es inviolable"'. De conformidad con la Enciclopedia Jurídica Omeba (1991 Editorial Driskill SA, Argentina) Tomo VI, página 24: En nuestra doctrina constitucional prevalecen los mismos principios y se entiende que la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio comporta para cada habitante de la nación: a) La posibilidad efectiva de ocurrir ante un órgano jurisdiccional -judicial o administrativo- en procura de justicia. b) De realizar ante dicho órgano jurisdiccional los actos conducentes y razonables -reglamentados- a una verdadera defensa de las personas y de sus derechos. e) El derecho a ser oído y de tener oportunidad de hacer valer sus medios de defensa en la forma y con las solemnidades prescriptas por las leyes correspondientes. Como puede observarse, el derecho de defensa para que esté debidamente garantizado debe estar íntimamente ligado al respeto a los procedimientos establecidos en la ley sobre la forma en que se juzga, pues esa manera, prevista legalmente, para el juzgamiento de los casos, es la verdadera garantía que una persona podrá defender sus puntos de vista y presentar los medios de prueba que interesen a su posición. En ese mismo orden de ideas, la convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 (Garantías Judiciales) numeral 1, señala: Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter. Por consiguiente, tanto la constitución, como la doctrina y además el ordenamiento de derechos humanos internacional son coincidentes en que el derecho de defensa, para ser garantizado debidamente, debe cumplir con los procedimientos establecidos por la ley. Es decir, está íntimamente ligado al respeto al debido proceso, que lo comprende Habida cuenta que ya analizamos extensamente las violaciones procesales que se están produciendo en el caso de autos, al analizar el debido proceso, únicamente queda demostrar que esas mismas violaciones también violan el derecho de defensa de mi poderdante: El Rechazo de Plano de la Nulidad de Actuaciones invocada es una Violación al Derecho de Defensa. garantizado constitucionalmente: Tal como se ha desarrollado, el juzgado a-quo, a través de la resolución recurrida en amparo, ha vulnerado e ignorado totalmente, el procedimiento legal para el cálculo de intereses devengados sobre la deuda principal condenada, lo cual también implicó un cálculo excesivo e ilegal de costas. Así pues: a) Mi representada jamás fue escuchada sobre el cálculo de intereses sobre la suma principal condenada. b) A mi representada le hicieron un cálculo excesivo, basando el mismo en una fecha anterior a la sentencia firme, sin que dicha sentencia la estableciera, modificando ilegalmente y de facto la parte dispositiva de la referida sentencia. c) Al hacerle ver al juzgado a-quo el error judicial, lejos de enmendarlo optó por negar el procedimiento legal a la nulidad de actuaciones planteada. Esas actuaciones judiciales son verdaderas violaciones al derecho de defensa de mi representada, pues se le negó el procedimiento de ley para hacer valer sus derechos. Por consiguiente, esta representación considera que debe otorgarse la presente acción de amparo.”- CONSIDERANDO (4): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, encontró como señala en el numeral CUARTO de los antecedentes y consigna en los numerales PRIMERO al TERCERO de los Fundamentos de Derecho y en su parte dispositiva: “CUARTO: Que al revisar el expediente de instancia se observa lo siguiente: En fecha 8 de marzo de 2018, esta Corte remitió al Juzgado de Letras Civil de este departamento, el expediente 0801-2012-03426-CPCO, en virtud de haberse declarado firme la sentencia emitida por esta Corte en fecha 28 de junio de 2016 la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por el Juzgado antes referido de fecha 1 de julio de 2015, ya que la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, declaro firme la misma a través de su resolución de fecha 13 de febrero de 2018; la sentencia emitida por esta Corte, en su parte dispositiva resuelve: PRIMERO: Declara CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación de que se ha hecho mérito; SEGUNDO: CONFIRMA LA SENTENCIA DEFINITIVA proferida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán con fecha 01 de julio del año 2015, en cuanto a los pronunciamientos "PRIMERO, SEGUNDO. Y CUARTO. TERCERO. Respecto del numeral TERCERO de la sentencia apelada, la revoca en cuanto a la condena al pago de los intereses comerciales; consecuentemente dicho numeral deberá leerse así: "TERCERO. CONDENAR a la parte demandada, la Empresa "PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS", a pagar a la Sociedad Mercantil denominada "DROGUERIA HUMANA, S. A." como parte Demandante, la cantidad de DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA y NUEVE CENTAVOS (L. 12,719,268.89), más los intereses legales que se generen hasta que se cancele el monto de la condena ... TERCERO: Exime a la parte apelante del pago de costas en esta instancia, en vista de la estimación parcial de su recurso. y MANDA: ... ": el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ en su condición de apoderado legal de la sociedad Mercantil denominada "DROGUERIA HUMANA S. A.", solicito ante el Juzgado referido, se le tasaran las costas, a lo que la Secretaria Adjunta de ese Juzgado, realizó la misma en fecha 26 de abril de 2018; mediante auto de fecha 8 de mayo de 2018, el a-qua, ordeno a través del receptor, que procediera a darle vista por cinco días al abogado HECTOR ANTONIO FERNANDEZ PINEDA quien en ese momento era el apoderado legal de la Sociedad -PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, para que impugne o aprueba la tasación realizada por la Secretaria de ese tribunal; en fecha 30 de mayo de 2018, el abogado FERNANDEZ PINEDA presentó impugnación de la tasación de costas realizada por la Secretaria Adjunta, siendo dicha impugnación contestada por el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ en fecha 26 de junio de 2018, manifestando que se allana o acepta la misma de forma total e incondicional (ver folio 346 de la pieza de primera instancia); procediendo la Secretaria adjunta a tasar nuevamente las costas en fecha 6 de agosto de 2018. Se observa a folio 351 de la pieza de primera instancia, que en fecha 7 de agosto de 2018, el abogado HECTOR ANTONIO FERNANDEZ PINEDA en su condición de apoderado de PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, le sustituye poder al abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZABAL; el abogado FORTIN LARDIZABAL en su condición de representante procesal de PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, solicitó ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de agosto de 2018, NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES alegando que el procedimiento de la solicitud de tasación de costas antes referida, no se realizó conforme a derecho, pues según lo manifiesta en dicha solicitud de nulidad, " ...primero debió liquidarse la suma condenada en cuando los intereses, causando indefensión a quien representante, puesto que no se pudo presentar argumentos con relación a la diferencia en la fecha de inicio del cálculo de dichos intereses, lo que incide de manera notoria y exagerada tanto en el cálculo de los intereses como en el de las costas que se pretendían tasar". FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO: Conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo) tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- Artículos 183 de la Constitución de la República- y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. SEGUNDO: Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, cuando el acto impugnado haya sido consentido por el agraviado, entendiendo como tal, cuando no se hubiese ejercitado dentro de los términos legales, los recursos o acciones tendientes, a lograr la modificación, revocación o saneamiento del acto recurrido en amparo. – Es decir, que aquellos actos judiciales que no se impugnaron en su momento procesal y por los mecanismos idóneos que la ley establece, no pueden ser conocidos por medio de la Garantía Constitucional de Amparo. En tal circunstancia se aprecia muy claramente en autos, que el recurrente tuvo la oportunidad de alegar la irregularidad procesal expuesta, en el momento en que se advirtió, de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del artículo 215 del Código Procesal Civil, que fue precisamente cuando se le notifico mediante la Receptora de la Central de Citaciones, emplazamientos, Notificaciones, Requerimientos y otras diligencias, de la Ciudad de San Pedro Sula, a fin de que impugnara la tasación de costas, que se le había puesto en conocimiento; sin embargo se limitó únicamente a la impugnación de los mismos, sin exteriorizar ningún vicio de nulidad de que supuestamente adolecía el procedimiento tramitado por el Juez, enfocando su impugnación a la tasación, en que el interés que debe aplicar es del 6% y no del 7%. TERCERO: Por lo anterior, nos encontramos ante La presencia de un acto recurrido vía acción de amparo que ha sido consentido por la misma pare recurrente y que por lo tanto es de aplicación irrestricta el artículo 46.3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyendo a estas alturas del proceso sobreseer las diligencias correspondientes.” “PRIMERO: Se SOBRESEE la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL en su condición de apoderado legal de “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, quien recurre contra la resolución de fecha 21 de agosto de 2018, emitida por el Juzgado antes referido.”- CONSIDERANDO (5): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha cinco (5) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que resuelve SOBRESEER la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL en su condición de apoderado legal de “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS”, es totalmente apegada a derecho, por lo que constando que en el expediente examinado no existe vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente SOBRESEER el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 183, 303, 304 de la Constitución de la República; 1, 55.2 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3.2, 4, 6, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 63, 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6.2, 12.2, 193, 197, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208 del Código Procesal Civil; 8.1, 24, 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 7, 18 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre.- FALLA: CONFIRMANDO la Resolución que SOBRESEE el recurso de Amparo emitido en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.-Redactó el Magistrado Serrano Villanueva.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0854-2018.- Firma y Sello.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional