Sentencia AC-826-18 — Registro 8987
Resumen
Otorgamiento parcial de acción de amparo en relación a demanda mediante proceso declarativo ordinario para la indemnización de daños y perjuicios por error registral promovida por ciudadanos contra el Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad y el pago de valor por pérdida absoluta e irrecuperable de bien inmueble a título de daño más los perjuicios causados por lucro cesante y las ganancias dejadas de percibir por la no realización de proyecto habitacional invocando recurrente falta de cumplimiento de disposición que exonera al Estado del pago de costas, por las cuales se le condenó por parte del juez de instancia en resolución impugnada y el incidente de declinatoria por competencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."7): Que en la sentencia que resolvió el recurso de amparo referido, la Alzada fue del parecer porque se declarase parcialmente ha lugar la acción de amparo intentada, advirtiendo que la condena en costas que fue decidida en instancia resultaba violatoria del debido proceso, atendiendo la legislación previamente citada, pues efectivamente el artículo 8 de la mencionada ley, exonera al Estado o sus entidades del pago de costas en juicio de cualquier naturaleza, con lo que la condena impuesta transgredía, a criterio de la Alzada, la garantía del debido proceso, como ya queda dicho. En cuanto a la cuestión de competencia, el tribunal de Apelación estimó que la misma fue debidamente denegada por la juez de instancia, la cual no hizo sino ajustar su determinación al contenido de la ley, con lo que de esta decisión del A-Quo no resultaba violación alguna a garantías constitucionales, por ende la garantía invocada fue denegada en este respecto y solamente otorgada en lo que a la condena en costas se refiere, disponiendo así la Alzada, la continuación normal del proceso, pero sin efectos jurídicos en cuanto a este pronunciamiento.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, la condena en costas al Estado derivada de la resolución del incidente planteado desatiende la precitada normativa, que en forma expresa dispensa al Estado del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, como lo refiere el artículo 8 del cuerpo legal referido, que no es el caso que nos ocupa, puesto que no se ha establecido tal extremo en la resolución impugnada, como acertadamente lo ha indicado la Alzada. En tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso comporta inter alia el deber de los jueces de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como así ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa.-CONSIDERANDO (9): Que así también, esta Sala concuerda plenamente en que la decisión de la A-Quo de desestimar el incidente de declinatoria que fue promovido por la demandada, no causó ni generó vulneración alguna a la garantía del debido proceso, correspondiendo la resolución del juzgado de instancia con la normativa aplicable al caso, y plasmándose a su vez una destacada y debida motivación, sin que mediase arbitrariedad o desafuero a ley, resultando procedente por ende la desestimación de la acción de amparo intentada en cuanto a la misma, como oportunamente ha sido también declarado por el Tribunal de Apelaciones.-CONSIDERANDO (10): Que en virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse"
Legislación citada
- Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 35 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.-VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, que otorga parcialmente el recurso de amparo presentado por la Abogada LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, con relación a la demanda mediante proceso declarativo ordinario para la indemnización de daños y perjuicios por error registral promovida por los señores OSCAR DANILO SIERRA DISCUA, JOSE ABRAHAM FIGUEROA RUSH, CARLOS FRANCISCO VELÁSQUEZ REINA y LILIAN DOLORES FIALLOS MARTÍNEZ contra el ESTADO DE HONDURAS por medio del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: PRIMERO: Que en fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, comparecieron ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, los señores ÓSCAR DANILO SIERRA DISCUA, JOSE ABRAHAM FIGUEROA RUSH, CARLOS FRANCISCO VELÁSQUEZ REINA y LILIAN DOLORES FIALLOS MARTÍNEZ, interponiendo demanda mediante proceso declarativo ordinario para la indemnización de daños y perjuicios por error registral, contra el ESTADO DE HONDURAS por medio del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.-SEGUNDO: Que ante la interposición por parte del demandado de un incidente de declinatoria y seguido el trámite de ley correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, RESOLVIÓ: “PRIMERO: DESESTIMAR el Incidente de denuncia de declinatoria por falta de competencia territorial planteada por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República y por ende, representante legal del Estado de Honduras, en representación del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, como parte demandada, en la demanda vía proceso ordinario declarativo de indemnización de daños y perjuicios por error registral cometido por el Instituto de la Propiedad y el pago de valor por pérdida absoluta e irrecuperable de bien inmueble a título de daño más los perjuicios causados lucro cesante y las ganancias dejadas de percibir por la no realización del proyecto habitacional incluyendo además el pago de intereses legales hasta la ejecución total de la sentencia promovida en contra de su representante procesal de los señores OSCAR DANILO SIERRA DISCUA, JOSE ABRAHAM FIGUEROA RUSH, CARLOS FRANCISCO VELÁSQUEZ REINA y LILIAN DOLORES FIALLOS MARTÍNEZ, como demandantes, por los argumentos esgrimidos en los fundamentos de derecho.- SEGUNDO: ORDENAR que se continúe con el trámite de la demanda en la forma legalmente establecida, empezando a correr el plazo restante para contestar la demanda a la parte demandada una vez realizada la notificación del presente auto. (Folios 108 y 112 de la primera pieza de antecedentes).- TERCERO: Que en fecha veintiocho de junio del año dos mil dieciocho, la Abogada LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, recurrió en amparo la resolución arriba indicada, mismo que fue conocido por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; manifestando la recurrente que con dicha resolución se le han violentado garantías constitucionales a su representado.- CUARTO: Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de mérito, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, dictó sentencia en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, resolviendo así: “ FALLA: PRIMERO: Otorga parcialmente la acción de Amparo incoada por la abogada LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) mayo de dos mil dieciocho (2018), únicamente en lo que se refiere al pronunciamiento TERCERO DE LA PARTE DISPOSITIVA de dicha resolución que condena al Estado de Honduras al pago de COSTAS; pronunciamiento que no obliga ni le es aplicable al recurrente por contravenir el Derecho fundamental del Debido Proceso; SEGUNDO: Se deniega el Amparo en cuanto al pronunciamiento PRIMERO DE LA PARTE DISPOSITIVA DE DICHA RESOLUCIÓN, que desestima EL INCIDENTE DE DECLINATORIA POR FALTA DE COMPETENCIA TERRITORIAL, interpuesto por parte del abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la Republica; TERCERO: Se determina como conducta precisa a cumplir por la autoridad recurrida, la continuación normal del proceso, pero sin efectos jurídicos el pronunciamiento TERCERO, de la parte dispositiva del auto recurrido. (Folios 96 al 98 de la segunda pieza de antecedentes).- QUINTO: Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. -CONSIDERANDO (1): Que El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que en el trámite de la demanda principal de que se ha hecho mérito, el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, resolviendo un incidente de declinatoria promovido por la parte demandada, determinó mediante auto de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, declararlo sin lugar, en tanto que, de acuerdo con el juez de instancia, el artículo 35.1 del Código Procesal Civil dispone que las personas jurídicas deberán ser demandadas en el lugar de su domicilio, siendo por ende competente para conocer de la demanda que por daños y perjuicios se ha promovido contra el ESTADO DE HONDURAS, el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, siendo además que la pretensión principal del demandante es precisamente una indemnización de daños y perjuicios, y no una pretensión real sobre un bien inmueble, el cual inclusive han establecido como perdido de manera irrevocable, de ahí entonces que su pretensión al momento de demandar resulte ser el resarcimiento de los perjuicios causados por la alegada actuación del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.-CONSIDERANDO (6): Que el referido auto fue recurrido vía amparo ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, presentando sus argumentos el Estado, insistiendo en la debatida falta de competencia del juzgado de instancia, y además invocando la falta de cumplimiento de una disposición normativa que exonera al Estado del pago de costas, por las cuales se le condenó por parte del juez de instancia en la resolución impugnada. La norma señalada como infringida es la contemplada en el artículo 8 de la “Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia”.- CONSIDERANDO (7): Que en la sentencia que resolvió el recurso de amparo referido, la Alzada fue del parecer porque se declarase parcialmente ha lugar la acción de amparo intentada, advirtiendo que la condena en costas que fue decidida en instancia resultaba violatoria del debido proceso, atendiendo la legislación previamente citada, pues efectivamente el artículo 8 de la mencionada ley, exonera al Estado o sus entidades del pago de costas en juicio de cualquier naturaleza, con lo que la condena impuesta transgredía, a criterio de la Alzada, la garantía del debido proceso, como ya queda dicho. En cuanto a la cuestión de competencia, el tribunal de Apelación estimó que la misma fue debidamente denegada por la juez de instancia, la cual no hizo sino ajustar su determinación al contenido de la ley, con lo que de esta decisión del A-Quo no resultaba violación alguna a garantías constitucionales, por ende la garantía invocada fue denegada en este respecto y solamente otorgada en lo que a la condena en costas se refiere, disponiendo así la Alzada, la continuación normal del proceso, pero sin efectos jurídicos en cuanto a este pronunciamiento.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, la condena en costas al Estado derivada de la resolución del incidente planteado desatiende la precitada normativa, que en forma expresa dispensa al Estado del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, como lo refiere el artículo 8 del cuerpo legal referido, que no es el caso que nos ocupa, puesto que no se ha establecido tal extremo en la resolución impugnada, como acertadamente lo ha indicado la Alzada. En tal virtud, siendo que la garantía constitucional al debido proceso comporta inter alia el deber de los jueces de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, ello conlleva a que todas las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional deban ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico, siendo su contravención causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo, como así ha sido declarado por la Alzada en la sentencia que se revisa.-CONSIDERANDO (9): Que así también, esta Sala concuerda plenamente en que la decisión de la A-Quo de desestimar el incidente de declinatoria que fue promovido por la demandada, no causó ni generó vulneración alguna a la garantía del debido proceso, correspondiendo la resolución del juzgado de instancia con la normativa aplicable al caso, y plasmándose a su vez una destacada y debida motivación, sin que mediase arbitrariedad o desafuero a ley, resultando procedente por ende la desestimación de la acción de amparo intentada en cuanto a la misma, como oportunamente ha sido también declarado por el Tribunal de Apelaciones.-CONSIDERANDO (10): Que en virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe declararse. -POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 35 del Código Procesal Civil; 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Democracia; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, y que otorgó parcialmente el recurso de amparo presentado por la Abogada LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, con relación a la demanda mediante proceso declarativo ordinario para la indemnización de daños y perjuicios por error registral promovida por los señores OSCAR DANILO SIERRA DISCUA, JOSE ABRAHAM FIGUEROA RUSH, CARLOS FRANCISCO VELÁSQUEZ REINA y LILIAN DOLORES FIALLOS MARTÍNEZ contra el ESTADO DE HONDURAS por medio del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0826-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL