Sentencia AC-774-17 — Registro 8976
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución que desestimó impugnación de costas de ejecutado por considerar que no reúne requisitos legales, se ordenó reanudar el proceso con relación a demanda de ejecución hipotecaria promovida por institución financiera contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional comparte el razonamiento del Tribunal Ad Quem en cuanto a la CONFIRMATORIA de la sentencia recurrida, pues la misma es garante del cumplimiento de lo establecido en el numeral tres del artículo 225 del Código Procesal Civil, el que manda a inadmitir de plano a que “de no efectuarse dicha mención, no se admitirá la impugnación a trámite”..."..."la sentencia recurrida, NO vulnera en perjuicio del Quejoso, el derecho al debido proceso, pues lo que ha ocurrido en autos es que el apoderado legal del recurrente, no observó los requerimientos taxativos de la norma procesal ya mencionada..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 225, 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROQUE ERWIN GERMER GALINDO, a favor del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por la Sociedad Mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS, S.A. (BAC HONDURAS S.A.) en contra el Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos contenidos en los artículos 1, 59, 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha trece (13) de enero de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS, S.A. (BAC HONDURAS S.A.), interponiendo Demanda de Ejecución Hipotecaria, en contra el Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, solicitando que: se reconozca la legitimación del actor y la fuerza ejecutiva de los títulos; requerir al pago de la deuda al demandado, más los intereses moratorios y legales, el seguro de vida y daños y todos los demás gastos que se generen a lo largo del proceso; y se condene al pago de las costas. (Folios 1–44 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 2) Que en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), se presentó al citado Juzgado, el Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, como Apoderado Legal del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, presentando Escrito de Oposición en el expediente contentivo de la Demanda de Ejecución Hipotecaria; mismo que fue resuelto en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015), mediante la cual el Juzgado Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Después de haber estudiado la oposición y revisado las pruebas documentales presentada por la parte demandante se determina que: 1) en cuanto a la oposición presentada por la parte ejecutada y al no basar su oposición en ninguno de los dos motivos del artículo 899 del Código Procesal Civil la misma carece de fundamento legal; 2) en cuanto al vicio de nulidad con respecto al planteamiento de la demanda, tal como se señaló en la audiencia realizada en veintidós de mayo del presente año, la misma llena todos los requisitos de admisibilidad para este tipo de procedimientos.- SEGUNDO: La parte Ejecutante presento como medio de prueba A) Testimonio de escritura pública número 154 de compra vente e hipoteca y 563 de línea de crédito con garantía hipotecaria y B) Certificación del contador desglosando capital adecuado más intereses normales, moratorios, seguro de vida, seguro de daños , de fecha veintidós de mayo del dos mil quince, con lo que se acredita que existe hasta el momento una deuda hipotecaria contraída por la parte opositora-ejecutada.- TERCERO: en consecuencia se DESESTIMA LA OPOSICION planteada por la parte Ejecutada y se ordena reanudar la ejecución debiéndose seguir con la ejecución hipotecaria planteada en el presente juicio.-” (Folios 49–98 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 3) Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016), se presentó al citado Juzgado, el Abogado ROQUE ERWIN GERMER GALINDO, como Apoderado Legal del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, presentando Escrito de Impugnación de Tasación de Costas en el expediente contentivo de la Demanda de Ejecución Hipotecaria, solicitando que se tenga por indebida la formulación de tasación de costas, presentada por la abogada demandante; mismo que fue admitida en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016). (Folios 133–138 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 4) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Que por todo lo anteriormente expuesto, y siendo que consta de autos que el apoderado legal de la parte ejecutada no cumplió con los requisitos de ley, para la procedencia de su IMPUGNACION DE COSTAS planteada, pues ya el artículo 225 numeral 3 del Código Procesal Civil, establece que: “En el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere la discrepancia y las razones de ésta.- Y que de no efectuarse dicha mención, no se admitirá la impugnación a trámite”, en tal virtud y siendo que el propio apoderado legal de la parte ejecutada, manifestó y aceptó de viva vos en la audiencia señalada al efecto, que no realizó la operación aritmética para poder determinar las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere la discrepancia y las razones de ésta, y que no tenía calculadora para efectuarlas en el momento, además que con su escrito de impugnación solo acompaña un cronograma de plan de pagos; es criterio de esta Juzgadora que por esas razones es procedente DESESTIMAR LA IMPUGNACION DE COSTAS planteada por la parte ejecutada, ya que la misma no reúne los requisitos de ley para su aprobación, y el ejecutado no acompañó un principio de prueba para acreditar las aseveraciones realizadas por el mismo en su escrito de impugnación; razón por la cual la tasación de costas realizada por la secretaria del Despacho, se encuentra conforme a derecho.- SEGUNDO: DESETIMA LA IMPUGNACION DE COSTAS interpuesta por la parte ejecutada, en virtud de no reunir los requisitos de ley ya establecidos para su procedencia; y en virtud de que el presente auto no pone fin al proceso, y que la cuestión incidental no suspendió el curso del proceso principal, pues la ejecución continúa su curso normal, en consecuencia este auto solo podrá recurrirse mediante la apelación diferida; y en base a lo establecido en el artículo 227 numeral 2 del Código Procesal Civil, que establece que si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante, en consecuencia CON CONSTAS del incidente para el impugnante (parte ejecutada)…”. (Folios 145–148 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 5) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado ROQUE ERWIN GERMER CALINDO, en su condición de apoderado legal del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 29 de junio de 2016, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: Confirmando la resolución recurrida, bajo los argumentos de este Tribunal.- TERCERO: Con costas al recurrente.-” (Folios 9–12 de la Segunda Pieza de los antecedentes).- 6) Que el Abogado ROQUE ERWIN GERMER GALINDO, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, contra la sentencia de fecha quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 59, 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dos (2) de mayo de dos mil dieciocho (2018). (Folio 1–21 y 41 del presente Recurso).- 7) Que en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 44–48 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que en fecha trece de enero de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS, S.A. (BAC HONDURAS S.A.), interponiendo Demanda de Ejecución Hipotecaria, en contra el Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, solicitando que: se reconozca la legitimación del actor y la fuerza ejecutiva de los títulos; requerir al pago de la deuda al demandado, más los intereses moratorios y legales, el seguro de vida y daños y todos los demás gastos que se generen a lo largo del proceso; y se condene al pago de las costas.- CONSIDERANDO (2): Que, en el decurso del juicio, el Abogado ROQUE ERWIN GERMER GALINDO, como Apoderado Legal del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, presentó Escrito de Impugnación de Tasación de Costas en el expediente contentivo de la Demanda de Ejecución Hipotecaria, solicitando que se tenga por indebida la formulación de tasación de costas, presentada por la abogada demandante; mismo que fue admitida en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis.- CONSIDERANDO (3): Que el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, mediante la cual Resolvió que en virtud de no haber cumplido el apoderado legal de la parte ejecutada con los requisitos de ley que impone el artículo 225 numeral 3 del Código Procesal Civil, para la procedencia de la IMPUGNACION DE COSTAS por el planteada, es criterio de la Juez DESESTIMAR LA IMPUGNACION DE COSTAS planteada por la parte ejecutada. Señala la Juez en su resolución que el ejecutado no acompañó un principio de prueba para acreditar las aseveraciones realizadas por el mismo en su escrito de impugnación. Dicha resolución fue impugnada vía recurso de apelación; la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, mediante la cual Falló: Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 29 de junio de 2016, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán y consecuentemente Confirmando la resolución recurrida, bajo los argumentos de este Tribunal y Condenando en costas al recurrente.- CONSIDERANDO (4): Que, contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, el Apoderado Judicial del demandado CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, arguyendo que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de su patrocinado, el principio/derecho a un debido proceso y el derecho a la propiedad consagrados respectivamente, en los artículos 90 y 106 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (5): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (6): Que según expone el Quejoso, lo decidido por la Corte de Apelaciones le causa agravios al confirmar la resolución del A-quo, señalando que ambas decisiones jurisdiccionales están erradas al no tomar en cuenta en el cálculo de la tasación de costas, los pagos realizados por su patrocinado que ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L800.000.00), por lo que alega que no se debió inadmitir la oposición a la tasación de costas supra mencionada.- CONSIDERANDO (7): Que de conformidad a lo previsto por el artículo 225 numeral 3 del Código Procesal Civil, establece que: “En el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere la discrepancia y las razones de ésta. - Y que de no efectuarse dicha mención, no se admitirá la impugnación a trámite”.- CONSIDERANDO (8): Que de la revisión de los autos, (ver folios 145 en adelante, de la Primera Pieza), se observa la flexibilidad del Juzgador A-quo, al no desestimar en puertas, el escrito de impugnación presentado por el recurrente, en vista de que el apoderado legal de la parte ejecutada, manifestó en la audiencia señalada al efecto, que no realizó la operación aritmética para poder determinar las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere la norma procesal civil, procediendo el Juez a darle otra oportunidad en la audiencia, solicitándole que en ese momento procesa a “realizar las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere la discrepancia y las razones de ésta, alegada por el mismo” contestando el abogado apoderado del demandado, que no tenía calculadora para efectuarlas en el momento, es decir, desaprovechando la oportunidad de subsanar el error cometido en el escrito; pues en el mismo se limitó a acompañar un cronograma de plan de pagos.- CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional comparte el razonamiento del Tribunal Ad Quem en cuanto a la CONFIRMATORIA de la sentencia recurrida, pues la misma es garante del cumplimiento de lo establecido en el numeral tres del artículo 225 del Código Procesal Civil, el que manda a inadmitir de plano a que “de no efectuarse dicha mención, no se admitirá la impugnación a trámite”.- CONSIDERANDO (10): Que, en atención a las razones anteriormente expuestas, podemos afirmar que la sentencia recurrida, NO vulnera en perjuicio del Quejoso, el derecho al debido proceso, pues lo que ha ocurrido en autos es que el apoderado legal del recurrente, no observó los requerimientos taxativos de la norma procesal ya mencionada.- CONSIDERANDO (11): Que, por las razones anteriormente expuestas, el amparo interpuesto por el Quejoso, debe ser denegado.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y con fundamento en los Artículos 1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República, 225.3 del Código Procesal Civil, 1, 3, 4, 5, 19 del Código Civil, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.3.b,37, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por el Abogado ROQUE ERWIN GERMER GALINDO, a favor del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por la Sociedad Mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS, S.A. (BAC HONDURAS S.A.) en contra el Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. – Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0774-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROQUE ERWIN GERMER GALINDO, a favor del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por la Sociedad Mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS, S.A. (BAC HONDURAS S.A.) en contra el Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos contenidos en los artículos 1, 59, 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha trece (13) de enero de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS, S.A. (BAC HONDURAS S.A.), interponiendo Demanda de Ejecución Hipotecaria, en contra el Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, solicitando que: se reconozca la legitimación del actor y la fuerza ejecutiva de los títulos; requerir al pago de la deuda al demandado, más los intereses moratorios y legales, el seguro de vida y daños y todos los demás gastos que se generen a lo largo del proceso; y se condene al pago de las costas. (Folios 1–44 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 2) Que en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), se presentó al citado Juzgado, el Abogado JOSE FRANCISCO CARBAJAL GAHONA, como Apoderado Legal del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, presentando Escrito de Oposición en el expediente contentivo de la Demanda de Ejecución Hipotecaria; mismo que fue resuelto en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015), mediante la cual el Juzgado Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Después de haber estudiado la oposición y revisado las pruebas documentales presentada por la parte demandante se determina que: 1) en cuanto a la oposición presentada por la parte ejecutada y al no basar su oposición en ninguno de los dos motivos del artículo 899 del Código Procesal Civil la misma carece de fundamento legal; 2) en cuanto al vicio de nulidad con respecto al planteamiento de la demanda, tal como se señaló en la audiencia realizada en veintidós de mayo del presente año, la misma llena todos los requisitos de admisibilidad para este tipo de procedimientos.- SEGUNDO: La parte Ejecutante presento como medio de prueba A) Testimonio de escritura pública número 154 de compra vente e hipoteca y 563 de línea de crédito con garantía hipotecaria y B) Certificación del contador desglosando capital adecuado más intereses normales, moratorios, seguro de vida, seguro de daños , de fecha veintidós de mayo del dos mil quince, con lo que se acredita que existe hasta el momento una deuda hipotecaria contraída por la parte opositora-ejecutada.- TERCERO: en consecuencia se DESESTIMA LA OPOSICION planteada por la parte Ejecutada y se ordena reanudar la ejecución debiéndose seguir con la ejecución hipotecaria planteada en el presente juicio.-” (Folios 49–98 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 3) Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016), se presentó al citado Juzgado, el Abogado ROQUE ERWIN GERMER GALINDO, como Apoderado Legal del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, presentando Escrito de Impugnación de Tasación de Costas en el expediente contentivo de la Demanda de Ejecución Hipotecaria, solicitando que se tenga por indebida la formulación de tasación de costas, presentada por la abogada demandante; mismo que fue admitida en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016). (Folios 133–138 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 4) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Que por todo lo anteriormente expuesto, y siendo que consta de autos que el apoderado legal de la parte ejecutada no cumplió con los requisitos de ley, para la procedencia de su IMPUGNACION DE COSTAS planteada, pues ya el artículo 225 numeral 3 del Código Procesal Civil, establece que: “En el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere la discrepancia y las razones de ésta.- Y que de no efectuarse dicha mención, no se admitirá la impugnación a trámite”, en tal virtud y siendo que el propio apoderado legal de la parte ejecutada, manifestó y aceptó de viva vos en la audiencia señalada al efecto, que no realizó la operación aritmética para poder determinar las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere la discrepancia y las razones de ésta, y que no tenía calculadora para efectuarlas en el momento, además que con su escrito de impugnación solo acompaña un cronograma de plan de pagos; es criterio de esta Juzgadora que por esas razones es procedente DESESTIMAR LA IMPUGNACION DE COSTAS planteada por la parte ejecutada, ya que la misma no reúne los requisitos de ley para su aprobación, y el ejecutado no acompañó un principio de prueba para acreditar las aseveraciones realizadas por el mismo en su escrito de impugnación; razón por la cual la tasación de costas realizada por la secretaria del Despacho, se encuentra conforme a derecho.- SEGUNDO: DESETIMA LA IMPUGNACION DE COSTAS interpuesta por la parte ejecutada, en virtud de no reunir los requisitos de ley ya establecidos para su procedencia; y en virtud de que el presente auto no pone fin al proceso, y que la cuestión incidental no suspendió el curso del proceso principal, pues la ejecución continúa su curso normal, en consecuencia este auto solo podrá recurrirse mediante la apelación diferida; y en base a lo establecido en el artículo 227 numeral 2 del Código Procesal Civil, que establece que si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante, en consecuencia CON CONSTAS del incidente para el impugnante (parte ejecutada)…”. (Folios 145–148 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 5) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado ROQUE ERWIN GERMER CALINDO, en su condición de apoderado legal del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 29 de junio de 2016, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: Confirmando la resolución recurrida, bajo los argumentos de este Tribunal.- TERCERO: Con costas al recurrente.-” (Folios 9–12 de la Segunda Pieza de los antecedentes).- 6) Que el Abogado ROQUE ERWIN GERMER GALINDO, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, contra la sentencia de fecha quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 59, 82, 90, 106 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dos (2) de mayo de dos mil dieciocho (2018). (Folio 1–21 y 41 del presente Recurso).- 7) Que en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 44–48 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que en fecha trece de enero de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS, S.A. (BAC HONDURAS S.A.), interponiendo Demanda de Ejecución Hipotecaria, en contra el Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, solicitando que: se reconozca la legitimación del actor y la fuerza ejecutiva de los títulos; requerir al pago de la deuda al demandado, más los intereses moratorios y legales, el seguro de vida y daños y todos los demás gastos que se generen a lo largo del proceso; y se condene al pago de las costas.- CONSIDERANDO (2): Que, en el decurso del juicio, el Abogado ROQUE ERWIN GERMER GALINDO, como Apoderado Legal del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, presentó Escrito de Impugnación de Tasación de Costas en el expediente contentivo de la Demanda de Ejecución Hipotecaria, solicitando que se tenga por indebida la formulación de tasación de costas, presentada por la abogada demandante; mismo que fue admitida en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis.- CONSIDERANDO (3): Que el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, mediante la cual Resolvió que en virtud de no haber cumplido el apoderado legal de la parte ejecutada con los requisitos de ley que impone el artículo 225 numeral 3 del Código Procesal Civil, para la procedencia de la IMPUGNACION DE COSTAS por el planteada, es criterio de la Juez DESESTIMAR LA IMPUGNACION DE COSTAS planteada por la parte ejecutada. Señala la Juez en su resolución que el ejecutado no acompañó un principio de prueba para acreditar las aseveraciones realizadas por el mismo en su escrito de impugnación. Dicha resolución fue impugnada vía recurso de apelación; la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, mediante la cual Falló: Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 29 de junio de 2016, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán y consecuentemente Confirmando la resolución recurrida, bajo los argumentos de este Tribunal y Condenando en costas al recurrente.- CONSIDERANDO (4): Que, contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, el Apoderado Judicial del demandado CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, arguyendo que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de su patrocinado, el principio/derecho a un debido proceso y el derecho a la propiedad consagrados respectivamente, en los artículos 90 y 106 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (5): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (6): Que según expone el Quejoso, lo decidido por la Corte de Apelaciones le causa agravios al confirmar la resolución del A-quo, señalando que ambas decisiones jurisdiccionales están erradas al no tomar en cuenta en el cálculo de la tasación de costas, los pagos realizados por su patrocinado que ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L800.000.00), por lo que alega que no se debió inadmitir la oposición a la tasación de costas supra mencionada.- CONSIDERANDO (7): Que de conformidad a lo previsto por el artículo 225 numeral 3 del Código Procesal Civil, establece que: “En el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere la discrepancia y las razones de ésta. - Y que de no efectuarse dicha mención, no se admitirá la impugnación a trámite”.- CONSIDERANDO (8): Que de la revisión de los autos, (ver folios 145 en adelante, de la Primera Pieza), se observa la flexibilidad del Juzgador A-quo, al no desestimar en puertas, el escrito de impugnación presentado por el recurrente, en vista de que el apoderado legal de la parte ejecutada, manifestó en la audiencia señalada al efecto, que no realizó la operación aritmética para poder determinar las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere la norma procesal civil, procediendo el Juez a darle otra oportunidad en la audiencia, solicitándole que en ese momento procesa a “realizar las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiere la discrepancia y las razones de ésta, alegada por el mismo” contestando el abogado apoderado del demandado, que no tenía calculadora para efectuarlas en el momento, es decir, desaprovechando la oportunidad de subsanar el error cometido en el escrito; pues en el mismo se limitó a acompañar un cronograma de plan de pagos.- CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional comparte el razonamiento del Tribunal Ad Quem en cuanto a la CONFIRMATORIA de la sentencia recurrida, pues la misma es garante del cumplimiento de lo establecido en el numeral tres del artículo 225 del Código Procesal Civil, el que manda a inadmitir de plano a que “de no efectuarse dicha mención, no se admitirá la impugnación a trámite”.- CONSIDERANDO (10): Que, en atención a las razones anteriormente expuestas, podemos afirmar que la sentencia recurrida, NO vulnera en perjuicio del Quejoso, el derecho al debido proceso, pues lo que ha ocurrido en autos es que el apoderado legal del recurrente, no observó los requerimientos taxativos de la norma procesal ya mencionada.- CONSIDERANDO (11): Que, por las razones anteriormente expuestas, el amparo interpuesto por el Quejoso, debe ser denegado.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y con fundamento en los Artículos 1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República, 225.3 del Código Procesal Civil, 1, 3, 4, 5, 19 del Código Civil, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.3.b,37, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por el Abogado ROQUE ERWIN GERMER GALINDO, a favor del Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por la Sociedad Mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS, S.A. (BAC HONDURAS S.A.) en contra el Señor CARLOS ARTURO MATUTE OCHOA. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. – Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0774-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional