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Sentencia AC-729-16 — Registro 8532

Resumen

Sentencia impugnada con relación a la Demanda Ordinaria para la indemnización de daños y perjuicios por Violación a los derechos humanos promovida por impetrante contra la Coorporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) y la nulidad de oficio decretada por Ad-quem fundamentada en la inmunidad jurisdiccional por ser la parte demandada un organismo regional y que dicha controversia según ésta debería de ser sometida a tribunal con Jurisdicción internacional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(16) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que la parte demandada no hizo uso de las disposiciones que sobre los incidentes establece el Código del Trabajo, todo ello ya referido en el acápite anterior, antes bien ha seguido el proceso laboral desde su inicio contestando la demanda proponiendo y evacuando medios de prueba haciendo uso de la acción recursiva hasta llegar a sentencia. Que es precisamente en la audiencia primera de Trámite, en la que la parte demandada(COCESNA), debió invocar los incidentes que considerara oportunos, entre ellos que dada la inmunidad que goza el Ente que representa no podía someterse a los Tribunales del Estado, sin embargo su actuación a lo largo del proceso resulta en una sumisión tacita de sometimiento al órgano jurisdiccional que conoce de la controversia, así como a la ley laboral del Estado, considerando que la parte demandada ha comparecido ante el A quo no con el objeto de impugnar la competencia de éste, sino a contestar la demanda instruida contra su representada, la comparecencia es indicativa de su deseo y decisión a que dicho Tribunal conozca la controversia laboral suscitada, habiendo un concurso de voluntades Demandante – Demandado de someterse ante aquel Tribunal; materializando la parte demandada esta decisión manteniendo una actuación procesal efectiva durante la tramitación del proceso. Por todo lo cual se aprecia que jurídicamente la decisión del Ad quem es totalmente errónea conculcando los derechos del recurrente habiéndose constatado que la actuación de la jurisdicción ordinaria fue arreglada a derecho, respetuosa del derecho de defensa y de las pretensiones garantistas de protección a los derechos y privilegios inmunitarios, los cuales son renunciables por las partes procesales de pleno derecho, toda vez que el organismo inmunitario se someta voluntariamente, sea de forma expresa o tácita, a la jurisdicción ordinaria, lo cual se desprende en el presente caso de actos tácitos, subsumibles de pleno derecho en la presunción legal que queda expresada.- CONSIDERANDO: (17) Que ésta Sala ya se ha pronunciado en reiteradas controversias sobre el tema de la inmunidad de jurisdicción dejando sentada suficiente jurisprudencia al respecto, en marcada en el respeto de los principios garantías del Debido Proceso y el respeto a los derechos fundamentales de las partes, entre ellas se hace referencia a las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional así: 1.- AL 500-11 Interpuesto por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, a favor de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA) Al 581-11 ) 2.- Sentencia Al 500-11 de fecha 07 de agosto del 2012 (F. 35 al 39 vuelto). 3.- Sentencia Al 450-12 de fecha (10) de febrero del 2015 (F. 40 al 45 vuelto). 4.- Sentencia AL 422 -12 de fecha 24 de febrero del 2016 (F. 46 al 52 vuelto). 5.- Sentencia AC No, 142-2014 de fecha 18 de enero del 2016.- CONSIDERNADO: (18) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el Ad quem ha quebrantado los derechos del recurrente al inobservar los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por lo que la vulneración invocada por el recurrente es de recibo, en consecuencia, se aprecia que la resolución dictada por el A quo es conforme a derecho.- CONSIDERANDO: (19) Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el derecho de defensa, estrechamente ligado al debido proceso, que se ha vulnerado en el caso subjúdice.- CONSIDERANDO: (20) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, a favor del señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra las resoluciones dictadas por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fechas doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), declara Nulidad absoluta de actuaciones a partir inclusive de auto de admisión; y en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar la Nulidad de actuaciones presentada por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de octubre del año dos mil once, con relación a la Demanda Ordinaria para la indemnización de daños y perjuicios promovida por el señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra la COORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA (COCESNA).- Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en los artículos 82, 90 Y 321, de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de Apoderado Legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, interponiendo Demanda Ordinaria De Indemnización de Daños y Perjuicios por Violación a los derechos humanos, contra la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA).-(Folio 1 al 17 de la pieza del Juzgado).- 2) Que en fecha doce (12) de octubre del año dos mil once (2011), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, (SIC) FALLA: DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ORDINARIA DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS, INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA Y OTROS, Promovida por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de Apoderado legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), representada por su presidente ejecutivo señor BAYARDO PAGOADA FIGUEROA; todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia en consecuencia: 2) CONDENA a la Sociedad demandada CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), a pagar al señor ZELYN SANCHEZ REYES, como parte demandante o su apoderado Legal la suma de DOCE MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LEMPIRAS (LPS 12,080,916.79) calculados al mes de octubre del presente año dos mil once, misma que se incrementara hasta que este fallo cause ejecutorio y de acuerdo al Libro de VALORACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL SEÑOR ZELYN SANCHEZ REYES, y que se encuentra aportando al proceso en carácter de prueba documental fehacientemente (Folio 451 al 458 de la pieza del Juzgado).- 3) Que en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada MELVA R. VASQUEZ, en su condición de Apoderada Legal de la Corporación Centro Americana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN (SIC) “FALLA: PRIMERO: DE OFICIO DECLARANDO NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir e inclusive del auto de admisión de la DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS.- INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS, promovida por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de representante Legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra LA CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA (COSESNA), a través de su presidente Ejecutivo y/o Representante Legal el señor BAYARDO PAGOADA FUGUEROA.- SEGUNDO: Que tal y como lo dispone la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la controversia aludida deberá de ser sometida a órgano a tribunal con Jurisdicción internacional.- SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA…”(FOLIO 285 AL FOLIO 291 DE LA PIEZA DE CORTE DE APELACIONES).- 4) Que en fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil dieciséis (2016) compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, solicitó se decretara la Nulidad Absoluta de las actuaciones desde la Sentencia de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), y subsidiariamente interponiendo recurso de reposición contra la citada Sentencia. (FOLIOS 303 AL 332 DE LA PIEZA DE CORTE DE APELACIONES).- 5) Que en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciséis (2016) la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la Nulidad Absoluta de Actuaciones presentada por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de parte Apelada, contra la Sentencia de fecha doce (12) de Abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por esta Corte.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de Reposición interpuesto por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de parte apelada, contra la Sentencia antes descrita.-…” (FOLIOS 333 Y 334 DE LA PIEZA DE CORTE DE APELACIONES).- 6) El recurrente Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, Compareció ante este alto Tribunal en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo recurso de amparo a favor del señor ZELYN SANCHEZ REYES, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fechas doce (12) de abril del año dos mil dieciséis y veinte (20) de junio del año dos mil dieciséis (2016), violenta los artículos 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecisiete (2017); ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen.- 7) Que con fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha Doce de abril y veinte de junio del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró de oficio, en la primera resolución (Doce de abril 2016), NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir e inclusive del auto de admisión de la DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.- INCLUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS, promovida contra la CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (COCESNA), y la segunda resolución que declaró sin lugar la solicitud de Nulidad absoluta de Actuaciones y el Recurso de Reposición interpuesto.- CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización del recurso expone los Antecedentes Procesales, constando que la Demanda da inicio en el año 2010 y durante varios años se han realizado una serie de diligencias procesales, que en todo momento han sido sometidas a la acción recursiva. En el párrafo que corresponde a la Relación De Hechos que Motivan la Acción de Amparo el impetrante expone que considera que se han quebrantado “los derechos constitucionales de Derecho de Defensa y Debido Proceso de los artículo 82 y 90 relacionados con 321 constitucional de las responsabilidad de los Servidores del Estado, señalando el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, manifestando: “Que en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016) la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la etapa de tramitación del Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandada (COCESNA) dicta la resolución que en su parte dispositiva contiene dos puntos que cita: PRIMERO: de oficio declara nulidad absoluta de actuaciones, a partir E inclusive del auto de admisión de la Demanda Ordinaria de Daños y Perjuicios por violación a los Derechos Humanos.- Incumpliendo al Debido Proceso, Derecho de Defensa y Otros…. En el párrafo Segundo dispone: “Que tal como lo dispone la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia la controversia aludida deberá ser sometida a Órganos o Tribunal con Jurisdicción Internacional”.- CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente no conforme con lo resuelto por el Ad quem solicitó nulidad de actuaciones y Recurso de Reposición, tratando de que la autoridad recurrida reconsiderara y enmendara su decisión judicial con respecto de la anulación de la sentencia de primera instancia y las actuaciones desde la admisión de la demanda, por ser evidente la infracción del ordenamiento jurídico, sin embargo el órgano recurrido declaró sin lugar la solicitud de nulidad de actuaciones y el recurso de reposición interpuesto.- CONSIDERANDO: (6) Que el recurrente expone el quebrantamiento de derechos de la siguiente manera: Indebida Interpretación y Aplicación del Convenio Constitutivo y el Convenio sede de COCESNA, señala la indebida interpretación y aplicación de las disposiciones legales del artículo 2 del CONVENIO CONSTITUTIVO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO, TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICA Y RADIO AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREAS EN LA REGION DE VUELO (FIR) CENTROAMERICANA, firmado el 26 de febrero de 1960, así como los artículos 3 al 8 del Convenio Sede entre el Gobierno de Honduras y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), contenido en el Decreto legislativo No. 20-2001, publicado en el “Diario Oficial La Gaceta” en fecha 21 de mayo del año 2001.- CONSIDERANDO: (7) Que el impetrante manifiesta que el Ad quem interpreta y declara errónea e indebidamente en el numeral Tercero de los fundamentos de Derecho de la sentencia dictada el doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), que ahora se recurre la supuesta inmunidad de (COCESNA) de acuerdo con el artículo 2 con el CONVENIO CONSTITUTIVO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO, TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICA Y RADIO AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREAS EN LA REGION DE VUELO (FIR) CENTROAMERICANA, firmado el 26 de febrero de 1960, lo cual es completamente falso y erróneo, ya que el referido artículo 2 de dicho Convenio Constitutivo únicamente se refiere a los derechos exclusivos sobre la prestación de Servicios de Tránsito Aéreo, de Telecomunicaciones Aeronáuticas y Radio Ayudas para la Navegación Aérea en los territorios de las partes contratantes y otros relacionados con las Atribuciones técnicas en esta Materia, sin mencionarse en dicho artículo la supuesta Inmunidad de (COCESNA), a que se refiere y declara el Tribunal Ad quem. Expresa que el Ad quem interpreta y declara errónea e indebidamente en el numeral tercero de los fundamentos de derecho de la sentencia de fecha 12 de abril del 2016, la supuesta inmunidad de COCESNA al relacionar los artículos 3 al 8 del CONVENIO SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AÉREA (COCESNA).- CONSIDERANDO (8): Que el recurrente expone que el Ad quem ha infringido Doctrina Legal, adjuntando las siguientes Copias de Certificaciones de Sentencia dictadas por la Sala de lo Constitucional debidamente autenticadas: 1) Sentencia Al 500-11 de fecha 07 de agosto del 2012 (F. 35 al 39 vuelto). 2) Sentencia AL- 450-12 de fecha (10) de febrero del 2015 (F. 40 al 45 vuelto). 3) Sentencia AL 422 -12 de fecha 24 de febrero del 2016 (F. 46 al 52 vuelto). 4) Sentencia AC No 142-2014 de fecha 18 de enero del 2016. manifestando que dichas sentencias son Doctrina Legal, en materia constitucional dictado por la Corte Suprema de Justicia de conformidad con los dispuesto en el artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyas disposiciones se interpretarán y aplicarán de manera que aseguren una protección eficaz de los Derechos Humanos, procurando evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los Tribunales a efecto de conservar lo que se conoce como principio unificador de la jurisprudencia y cuya aplicación corresponde a la Corte Suprema de Justicia.- CONSIDERANDO: (9) Que el impetrante manifiesta que las resoluciones dictadas en fecha 12 de abril del 2016 y 20 de junio del 2016, son violatoria de los derechos constitucionales y disposiciones de Convenciones Internacionales siguientes: 1.- Derecho a la Defensa, contenido en el artículo 82; 2.- Derecho al debido Proceso artículo 90; 3.- Derecho a una decisión enmarcada en ley específicamente artículo 321 de las facultades de los Servidores del Estado, tales preceptos contenidos en la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuyo artículo 4 se contempla la no admisión de restricciones a los derechos de la Convención, entre ellos el Derecho al Trabajo y al establecimiento de condiciones, justas, equitativas y satisfactoria del trabajo contempladas en los artículo 6 y 7 de dicho protocolo y el artículo 8 sobre el derecho de las personas a ser oídas con las debidas garantías en un plazo razonable y un Tribunal competente independiente e imparcial. Declaración Universal Sobre Derechos Humanos artículo 8 y 10 que determinan el derecho de las personas a un recurso efectivo ante los Tribunales a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.1 que declara la igualdad de las personas ante los Tribunales y Cortes de Justicia, a ser oída públicamente y con las debidas garantías y por un Tribunal independiente e imparcial.- CONSIDERANDO: (10) Que el Ad quem conociendo del recurso de apelación interpuesto por la representante de la CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN, por considerarse agraviada con la sentencia definitiva dictada por el A quo, objeto de la apelación interpuesta, mediante la cual declaró con lugar la DEMANDA ORDINARIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.- INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS. En el numeral Tercero de los fundamentos de Derecho el Ad quem establece que “en el caso concreto es verificable que la CORPORACION CENTROAMERICNANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, conocida con las siglas de “COCESNA” de acuerdo al artículo 2 del Convenio Constitutivo para prestar los servicios de Tránsito aéreo, telecomunicaciones, aeronáutica, y radio ayudas a la navegación aérea en la región de vuelo (FIR) Centroamericana, adhiriéndose Honduras a este Convenio el 26 de febrero del año 1960, siendo ratificado el 27 de mayo de 1960, artículo 3 al 8 del decreto Número 20-2001, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de mayo del año 2001, contentivo a la aprobación del CONVENIO SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA, conocida como “COCESNA”, GOZA DE INMUNIDAD E IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN, LO QUE ANALOGICAMENTE IMPIDE CUALQUIER PRETENSIÓN DECLARATIVA CONFORME A LAS LEYES ORDINARIAS DEL PAÍS. Invoca además el artículo 214 numeral 3, del Código Procesal Civil en cuanto a que “en ningún caso podrá el Tribunal con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial violencia o intimidación”. Señalando que el presente caso nace de un Convenio Internacional, el cual por orden constitucional se encuentra en superioridad de las leyes procedimentales, artículos 28, 29 numeral 1; 31.1 del Código Procesal Civil. En consecuencia, DE OFICIO: FALLA declarando NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir inclusive del auto de admisión de la DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS., Disponiendo en su numeral segundo que la controversia deberá ser sometida a órgano o y Tribunal con jurisdicción internacional.- CONSIDERANDO: (11) Que el Ad quem conociendo del escrito en que el recurrente solicita la Nulidad Absoluta de Actuaciones desde e inclusive la sentencia de fecha 12 de abril del año 2016 por infracción de ley, subsidiariamente interpone el recurso de Reposición contra la sentencia antes mencionada, petición que fue declarada sin lugar en fecha 20 de junio del año 2016.- CONSIDERANDO: (12) Que el Estado de Honduras reconoce la figura de la Inmunidad Jurisdiccional de las distintas organizaciones internacionales que gocen de dicho Estatuto, una vez seguido el respectivo proceso ordinario de promulgación de la ley, lo cual es dimanante de la plena vigencia del artículo 18 Constitucional y de la actitud respetuosa que asume el Estado de Honduras respecto a los principios y prácticas del Derecho Internacional; así mismo se reconoce que la inmunidad jurisdiccional es un instituto jurídico delimitado y regulado en el ordenamiento jurídico nacional, lo cual inclusive se admite en la formalización del recurso, en la cual protesta el acatamiento de la entidad demandada a lo establecido en las leyes internas del país.- CONSIDERANDO: (13) Que el Estado de Honduras es respetuoso de cualquier institución corporación u organismo internacional, por ende se respetan los derechos de las personas que los conforman y/o de sus representantes empleados, funcionarios, sean hondureños o extranjeros, de tal manera que las autoridades hondureñas NO pueden vedar los derechos que estas deseen invocar, en el caso que nos ocupa la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÖN AËREA (COCESNA), voluntariamente ejerció e invocó su derecho de acción, su derecho de acceso a la justicia, contestando la demanda de mérito, sin interponer incidente alguno, y siguiendo el proceso de proposición y evacuación de medios de prueba, hasta llegar a su resultado final, de tal manera que es evidente que renuncio a la inmunidad de jurisdicción.- CONSIDERANDO: (14) Que la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), de acuerdo a lo que dispone el artículo 433 y 434 del Código Procesal Civil, en dicha contestación la parte demandada acepta una o más de las pretensiones, interpone excepciones, niega o admite los hechos tal como sucede en el caso de autos. Las normas procesales condicionan la eficacia de la tutela judicial efectiva, permitiendo a las partes en igualdad de condiciones ejercer sus derechos en el tiempo, modo y forma en que han de desarrollarse los actos procesales, sometidos al principio de legalidad. Este orden consecutivo del proceso está fundamentado en razones y valores jurídicos propios de un Estado de Derecho, a fin de que el proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas, (las negritas son nuestras), se aprecia que la parte demandada en ningún momento interpuso excepciones, superado este término sin que las partes hayan hecho uso del mismo, porque no interesan o no tienen incidentes y /o excepciones que proponer, dan impulso al proceso para continuar el procedimiento hasta su resolución definitiva. Asimismo, la ley orgánica de los Tribunales, desarrolla normativamente las consecuencias de la omisión de presentar las acciones o recursos respectivos en el acto de fijar la competencia.- CONSIDERANDO: (15) Que el artículo 143 Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT) establece legalmente la figura de la sumisión expresa o tácita a la competencia del Tribunal, que también resulta vinculante, al prescribir: “El Juzgado o Tribunal a que los litigantes se sometieren, expresa o tácitamente, será el competente para conocer de los pleitos y actos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles, siempre que la sumisión se haga en quien tenga jurisdicción para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado”; mientras que el artículo 145 del mismo cuerpo legal, prescribe: “Se entenderá hecha la sumisión tácita: 1)…; 2) Por el demandado, en el hecho de hacer, después de personado en juicio, cualquier otra gestión que no sea la de proponer la declinatoria”.- CONSIDERANDO: (16) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que la parte demandada no hizo uso de las disposiciones que sobre los incidentes establece el Código del Trabajo, todo ello ya referido en el acápite anterior, antes bien ha seguido el proceso laboral desde su inicio contestando la demanda proponiendo y evacuando medios de prueba haciendo uso de la acción recursiva hasta llegar a sentencia. Que es precisamente en la audiencia primera de Trámite, en la que la parte demandada(COCESNA), debió invocar los incidentes que considerara oportunos, entre ellos que dada la inmunidad que goza el Ente que representa no podía someterse a los Tribunales del Estado, sin embargo su actuación a lo largo del proceso resulta en una sumisión tacita de sometimiento al órgano jurisdiccional que conoce de la controversia, así como a la ley laboral del Estado, considerando que la parte demandada ha comparecido ante el A quo no con el objeto de impugnar la competencia de éste, sino a contestar la demanda instruida contra su representada, la comparecencia es indicativa de su deseo y decisión a que dicho Tribunal conozca la controversia laboral suscitada, habiendo un concurso de voluntades Demandante – Demandado de someterse ante aquel Tribunal; materializando la parte demandada esta decisión manteniendo una actuación procesal efectiva durante la tramitación del proceso. Por todo lo cual se aprecia que jurídicamente la decisión del Ad quem es totalmente errónea conculcando los derechos del recurrente habiéndose constatado que la actuación de la jurisdicción ordinaria fue arreglada a derecho, respetuosa del derecho de defensa y de las pretensiones garantistas de protección a los derechos y privilegios inmunitarios, los cuales son renunciables por las partes procesales de pleno derecho, toda vez que el organismo inmunitario se someta voluntariamente, sea de forma expresa o tácita, a la jurisdicción ordinaria, lo cual se desprende en el presente caso de actos tácitos, subsumibles de pleno derecho en la presunción legal que queda expresada.- CONSIDERANDO: (17) Que ésta Sala ya se ha pronunciado en reiteradas controversias sobre el tema de la inmunidad de jurisdicción dejando sentada suficiente jurisprudencia al respecto, en marcada en el respeto de los principios garantías del Debido Proceso y el respeto a los derechos fundamentales de las partes, entre ellas se hace referencia a las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional así: 1.- AL 500-11 Interpuesto por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, a favor de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA) Al 581-11 ) 2.- Sentencia Al 500-11 de fecha 07 de agosto del 2012 (F. 35 al 39 vuelto). 3.- Sentencia Al 450-12 de fecha (10) de febrero del 2015 (F. 40 al 45 vuelto). 4.- Sentencia AL 422 -12 de fecha 24 de febrero del 2016 (F. 46 al 52 vuelto). 5.- Sentencia AC No, 142-2014 de fecha 18 de enero del 2016.- CONSIDERNADO: (18) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el Ad quem ha quebrantado los derechos del recurrente al inobservar los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por lo que la vulneración invocada por el recurrente es de recibo, en consecuencia, se aprecia que la resolución dictada por el A quo es conforme a derecho.- CONSIDERANDO: (19) Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el derecho de defensa, estrechamente ligado al debido proceso, que se ha vulnerado en el caso subjúdice.- CONSIDERANDO: (20) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61,4, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132, 143 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;715 y 716 del Código del Trabajo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, a favor del señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra la Sentencia de fecha doce de abril y auto de fecha veinte de junio ambos, del año dos mil dieciséis, dictada por el La CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL, del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0729-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, a favor del señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra las resoluciones dictadas por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fechas doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), declara Nulidad absoluta de actuaciones a partir inclusive de auto de admisión; y en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar la Nulidad de actuaciones presentada por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de octubre del año dos mil once, con relación a la Demanda Ordinaria para la indemnización de daños y perjuicios promovida por el señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra la COORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA (COCESNA).- Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en los artículos 82, 90 Y 321, de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de Apoderado Legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, interponiendo Demanda Ordinaria De Indemnización de Daños y Perjuicios por Violación a los derechos humanos, contra la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA).-(Folio 1 al 17 de la pieza del Juzgado).- 2) Que en fecha doce (12) de octubre del año dos mil once (2011), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, (SIC) FALLA: DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ORDINARIA DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS, INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA Y OTROS, Promovida por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de Apoderado legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, en contra de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), representada por su presidente ejecutivo señor BAYARDO PAGOADA FIGUEROA; todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia en consecuencia: 2) CONDENA a la Sociedad demandada CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), a pagar al señor ZELYN SANCHEZ REYES, como parte demandante o su apoderado Legal la suma de DOCE MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE LEMPIRAS (LPS 12,080,916.79) calculados al mes de octubre del presente año dos mil once, misma que se incrementara hasta que este fallo cause ejecutorio y de acuerdo al Libro de VALORACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL SEÑOR ZELYN SANCHEZ REYES, y que se encuentra aportando al proceso en carácter de prueba documental fehacientemente (Folio 451 al 458 de la pieza del Juzgado).- 3) Que en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada MELVA R. VASQUEZ, en su condición de Apoderada Legal de la Corporación Centro Americana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN (SIC) “FALLA: PRIMERO: DE OFICIO DECLARANDO NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir e inclusive del auto de admisión de la DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS.- INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS, promovida por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de representante Legal del señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra LA CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA (COSESNA), a través de su presidente Ejecutivo y/o Representante Legal el señor BAYARDO PAGOADA FUGUEROA.- SEGUNDO: Que tal y como lo dispone la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la controversia aludida deberá de ser sometida a órgano a tribunal con Jurisdicción internacional.- SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA…”(FOLIO 285 AL FOLIO 291 DE LA PIEZA DE CORTE DE APELACIONES).- 4) Que en fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil dieciséis (2016) compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, solicitó se decretara la Nulidad Absoluta de las actuaciones desde la Sentencia de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), y subsidiariamente interponiendo recurso de reposición contra la citada Sentencia. (FOLIOS 303 AL 332 DE LA PIEZA DE CORTE DE APELACIONES).- 5) Que en fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciséis (2016) la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la Nulidad Absoluta de Actuaciones presentada por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de parte Apelada, contra la Sentencia de fecha doce (12) de Abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por esta Corte.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de Reposición interpuesto por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, en su condición de parte apelada, contra la Sentencia antes descrita.-…” (FOLIOS 333 Y 334 DE LA PIEZA DE CORTE DE APELACIONES).- 6) El recurrente Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, Compareció ante este alto Tribunal en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo recurso de amparo a favor del señor ZELYN SANCHEZ REYES, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fechas doce (12) de abril del año dos mil dieciséis y veinte (20) de junio del año dos mil dieciséis (2016), violenta los artículos 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecisiete (2017); ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen.- 7) Que con fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha Doce de abril y veinte de junio del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró de oficio, en la primera resolución (Doce de abril 2016), NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir e inclusive del auto de admisión de la DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.- INCLUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS, promovida contra la CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (COCESNA), y la segunda resolución que declaró sin lugar la solicitud de Nulidad absoluta de Actuaciones y el Recurso de Reposición interpuesto.- CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización del recurso expone los Antecedentes Procesales, constando que la Demanda da inicio en el año 2010 y durante varios años se han realizado una serie de diligencias procesales, que en todo momento han sido sometidas a la acción recursiva. En el párrafo que corresponde a la Relación De Hechos que Motivan la Acción de Amparo el impetrante expone que considera que se han quebrantado “los derechos constitucionales de Derecho de Defensa y Debido Proceso de los artículo 82 y 90 relacionados con 321 constitucional de las responsabilidad de los Servidores del Estado, señalando el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, manifestando: “Que en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016) la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la etapa de tramitación del Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandada (COCESNA) dicta la resolución que en su parte dispositiva contiene dos puntos que cita: PRIMERO: de oficio declara nulidad absoluta de actuaciones, a partir E inclusive del auto de admisión de la Demanda Ordinaria de Daños y Perjuicios por violación a los Derechos Humanos.- Incumpliendo al Debido Proceso, Derecho de Defensa y Otros…. En el párrafo Segundo dispone: “Que tal como lo dispone la Sala de lo Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia la controversia aludida deberá ser sometida a Órganos o Tribunal con Jurisdicción Internacional”.- CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente no conforme con lo resuelto por el Ad quem solicitó nulidad de actuaciones y Recurso de Reposición, tratando de que la autoridad recurrida reconsiderara y enmendara su decisión judicial con respecto de la anulación de la sentencia de primera instancia y las actuaciones desde la admisión de la demanda, por ser evidente la infracción del ordenamiento jurídico, sin embargo el órgano recurrido declaró sin lugar la solicitud de nulidad de actuaciones y el recurso de reposición interpuesto.- CONSIDERANDO: (6) Que el recurrente expone el quebrantamiento de derechos de la siguiente manera: Indebida Interpretación y Aplicación del Convenio Constitutivo y el Convenio sede de COCESNA, señala la indebida interpretación y aplicación de las disposiciones legales del artículo 2 del CONVENIO CONSTITUTIVO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO, TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICA Y RADIO AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREAS EN LA REGION DE VUELO (FIR) CENTROAMERICANA, firmado el 26 de febrero de 1960, así como los artículos 3 al 8 del Convenio Sede entre el Gobierno de Honduras y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), contenido en el Decreto legislativo No. 20-2001, publicado en el “Diario Oficial La Gaceta” en fecha 21 de mayo del año 2001.- CONSIDERANDO: (7) Que el impetrante manifiesta que el Ad quem interpreta y declara errónea e indebidamente en el numeral Tercero de los fundamentos de Derecho de la sentencia dictada el doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), que ahora se recurre la supuesta inmunidad de (COCESNA) de acuerdo con el artículo 2 con el CONVENIO CONSTITUTIVO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO, TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICA Y RADIO AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREAS EN LA REGION DE VUELO (FIR) CENTROAMERICANA, firmado el 26 de febrero de 1960, lo cual es completamente falso y erróneo, ya que el referido artículo 2 de dicho Convenio Constitutivo únicamente se refiere a los derechos exclusivos sobre la prestación de Servicios de Tránsito Aéreo, de Telecomunicaciones Aeronáuticas y Radio Ayudas para la Navegación Aérea en los territorios de las partes contratantes y otros relacionados con las Atribuciones técnicas en esta Materia, sin mencionarse en dicho artículo la supuesta Inmunidad de (COCESNA), a que se refiere y declara el Tribunal Ad quem. Expresa que el Ad quem interpreta y declara errónea e indebidamente en el numeral tercero de los fundamentos de derecho de la sentencia de fecha 12 de abril del 2016, la supuesta inmunidad de COCESNA al relacionar los artículos 3 al 8 del CONVENIO SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AÉREA (COCESNA).- CONSIDERANDO (8): Que el recurrente expone que el Ad quem ha infringido Doctrina Legal, adjuntando las siguientes Copias de Certificaciones de Sentencia dictadas por la Sala de lo Constitucional debidamente autenticadas: 1) Sentencia Al 500-11 de fecha 07 de agosto del 2012 (F. 35 al 39 vuelto). 2) Sentencia AL- 450-12 de fecha (10) de febrero del 2015 (F. 40 al 45 vuelto). 3) Sentencia AL 422 -12 de fecha 24 de febrero del 2016 (F. 46 al 52 vuelto). 4) Sentencia AC No 142-2014 de fecha 18 de enero del 2016. manifestando que dichas sentencias son Doctrina Legal, en materia constitucional dictado por la Corte Suprema de Justicia de conformidad con los dispuesto en el artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyas disposiciones se interpretarán y aplicarán de manera que aseguren una protección eficaz de los Derechos Humanos, procurando evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los Tribunales a efecto de conservar lo que se conoce como principio unificador de la jurisprudencia y cuya aplicación corresponde a la Corte Suprema de Justicia.- CONSIDERANDO: (9) Que el impetrante manifiesta que las resoluciones dictadas en fecha 12 de abril del 2016 y 20 de junio del 2016, son violatoria de los derechos constitucionales y disposiciones de Convenciones Internacionales siguientes: 1.- Derecho a la Defensa, contenido en el artículo 82; 2.- Derecho al debido Proceso artículo 90; 3.- Derecho a una decisión enmarcada en ley específicamente artículo 321 de las facultades de los Servidores del Estado, tales preceptos contenidos en la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuyo artículo 4 se contempla la no admisión de restricciones a los derechos de la Convención, entre ellos el Derecho al Trabajo y al establecimiento de condiciones, justas, equitativas y satisfactoria del trabajo contempladas en los artículo 6 y 7 de dicho protocolo y el artículo 8 sobre el derecho de las personas a ser oídas con las debidas garantías en un plazo razonable y un Tribunal competente independiente e imparcial. Declaración Universal Sobre Derechos Humanos artículo 8 y 10 que determinan el derecho de las personas a un recurso efectivo ante los Tribunales a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.1 que declara la igualdad de las personas ante los Tribunales y Cortes de Justicia, a ser oída públicamente y con las debidas garantías y por un Tribunal independiente e imparcial.- CONSIDERANDO: (10) Que el Ad quem conociendo del recurso de apelación interpuesto por la representante de la CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN, por considerarse agraviada con la sentencia definitiva dictada por el A quo, objeto de la apelación interpuesta, mediante la cual declaró con lugar la DEMANDA ORDINARIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.- INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS. En el numeral Tercero de los fundamentos de Derecho el Ad quem establece que “en el caso concreto es verificable que la CORPORACION CENTROAMERICNANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, conocida con las siglas de “COCESNA” de acuerdo al artículo 2 del Convenio Constitutivo para prestar los servicios de Tránsito aéreo, telecomunicaciones, aeronáutica, y radio ayudas a la navegación aérea en la región de vuelo (FIR) Centroamericana, adhiriéndose Honduras a este Convenio el 26 de febrero del año 1960, siendo ratificado el 27 de mayo de 1960, artículo 3 al 8 del decreto Número 20-2001, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de mayo del año 2001, contentivo a la aprobación del CONVENIO SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y LA CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA, conocida como “COCESNA”, GOZA DE INMUNIDAD E IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN, LO QUE ANALOGICAMENTE IMPIDE CUALQUIER PRETENSIÓN DECLARATIVA CONFORME A LAS LEYES ORDINARIAS DEL PAÍS. Invoca además el artículo 214 numeral 3, del Código Procesal Civil en cuanto a que “en ningún caso podrá el Tribunal con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial violencia o intimidación”. Señalando que el presente caso nace de un Convenio Internacional, el cual por orden constitucional se encuentra en superioridad de las leyes procedimentales, artículos 28, 29 numeral 1; 31.1 del Código Procesal Civil. En consecuencia, DE OFICIO: FALLA declarando NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir inclusive del auto de admisión de la DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, INCUMPLIMIENTO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y OTROS., Disponiendo en su numeral segundo que la controversia deberá ser sometida a órgano o y Tribunal con jurisdicción internacional.- CONSIDERANDO: (11) Que el Ad quem conociendo del escrito en que el recurrente solicita la Nulidad Absoluta de Actuaciones desde e inclusive la sentencia de fecha 12 de abril del año 2016 por infracción de ley, subsidiariamente interpone el recurso de Reposición contra la sentencia antes mencionada, petición que fue declarada sin lugar en fecha 20 de junio del año 2016.- CONSIDERANDO: (12) Que el Estado de Honduras reconoce la figura de la Inmunidad Jurisdiccional de las distintas organizaciones internacionales que gocen de dicho Estatuto, una vez seguido el respectivo proceso ordinario de promulgación de la ley, lo cual es dimanante de la plena vigencia del artículo 18 Constitucional y de la actitud respetuosa que asume el Estado de Honduras respecto a los principios y prácticas del Derecho Internacional; así mismo se reconoce que la inmunidad jurisdiccional es un instituto jurídico delimitado y regulado en el ordenamiento jurídico nacional, lo cual inclusive se admite en la formalización del recurso, en la cual protesta el acatamiento de la entidad demandada a lo establecido en las leyes internas del país.- CONSIDERANDO: (13) Que el Estado de Honduras es respetuoso de cualquier institución corporación u organismo internacional, por ende se respetan los derechos de las personas que los conforman y/o de sus representantes empleados, funcionarios, sean hondureños o extranjeros, de tal manera que las autoridades hondureñas NO pueden vedar los derechos que estas deseen invocar, en el caso que nos ocupa la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÖN AËREA (COCESNA), voluntariamente ejerció e invocó su derecho de acción, su derecho de acceso a la justicia, contestando la demanda de mérito, sin interponer incidente alguno, y siguiendo el proceso de proposición y evacuación de medios de prueba, hasta llegar a su resultado final, de tal manera que es evidente que renuncio a la inmunidad de jurisdicción.- CONSIDERANDO: (14) Que la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA), de acuerdo a lo que dispone el artículo 433 y 434 del Código Procesal Civil, en dicha contestación la parte demandada acepta una o más de las pretensiones, interpone excepciones, niega o admite los hechos tal como sucede en el caso de autos. Las normas procesales condicionan la eficacia de la tutela judicial efectiva, permitiendo a las partes en igualdad de condiciones ejercer sus derechos en el tiempo, modo y forma en que han de desarrollarse los actos procesales, sometidos al principio de legalidad. Este orden consecutivo del proceso está fundamentado en razones y valores jurídicos propios de un Estado de Derecho, a fin de que el proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas, (las negritas son nuestras), se aprecia que la parte demandada en ningún momento interpuso excepciones, superado este término sin que las partes hayan hecho uso del mismo, porque no interesan o no tienen incidentes y /o excepciones que proponer, dan impulso al proceso para continuar el procedimiento hasta su resolución definitiva. Asimismo, la ley orgánica de los Tribunales, desarrolla normativamente las consecuencias de la omisión de presentar las acciones o recursos respectivos en el acto de fijar la competencia.- CONSIDERANDO: (15) Que el artículo 143 Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT) establece legalmente la figura de la sumisión expresa o tácita a la competencia del Tribunal, que también resulta vinculante, al prescribir: “El Juzgado o Tribunal a que los litigantes se sometieren, expresa o tácitamente, será el competente para conocer de los pleitos y actos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles, siempre que la sumisión se haga en quien tenga jurisdicción para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado”; mientras que el artículo 145 del mismo cuerpo legal, prescribe: “Se entenderá hecha la sumisión tácita: 1)…; 2) Por el demandado, en el hecho de hacer, después de personado en juicio, cualquier otra gestión que no sea la de proponer la declinatoria”.- CONSIDERANDO: (16) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que la parte demandada no hizo uso de las disposiciones que sobre los incidentes establece el Código del Trabajo, todo ello ya referido en el acápite anterior, antes bien ha seguido el proceso laboral desde su inicio contestando la demanda proponiendo y evacuando medios de prueba haciendo uso de la acción recursiva hasta llegar a sentencia. Que es precisamente en la audiencia primera de Trámite, en la que la parte demandada(COCESNA), debió invocar los incidentes que considerara oportunos, entre ellos que dada la inmunidad que goza el Ente que representa no podía someterse a los Tribunales del Estado, sin embargo su actuación a lo largo del proceso resulta en una sumisión tacita de sometimiento al órgano jurisdiccional que conoce de la controversia, así como a la ley laboral del Estado, considerando que la parte demandada ha comparecido ante el A quo no con el objeto de impugnar la competencia de éste, sino a contestar la demanda instruida contra su representada, la comparecencia es indicativa de su deseo y decisión a que dicho Tribunal conozca la controversia laboral suscitada, habiendo un concurso de voluntades Demandante – Demandado de someterse ante aquel Tribunal; materializando la parte demandada esta decisión manteniendo una actuación procesal efectiva durante la tramitación del proceso. Por todo lo cual se aprecia que jurídicamente la decisión del Ad quem es totalmente errónea conculcando los derechos del recurrente habiéndose constatado que la actuación de la jurisdicción ordinaria fue arreglada a derecho, respetuosa del derecho de defensa y de las pretensiones garantistas de protección a los derechos y privilegios inmunitarios, los cuales son renunciables por las partes procesales de pleno derecho, toda vez que el organismo inmunitario se someta voluntariamente, sea de forma expresa o tácita, a la jurisdicción ordinaria, lo cual se desprende en el presente caso de actos tácitos, subsumibles de pleno derecho en la presunción legal que queda expresada.- CONSIDERANDO: (17) Que ésta Sala ya se ha pronunciado en reiteradas controversias sobre el tema de la inmunidad de jurisdicción dejando sentada suficiente jurisprudencia al respecto, en marcada en el respeto de los principios garantías del Debido Proceso y el respeto a los derechos fundamentales de las partes, entre ellas se hace referencia a las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional así: 1.- AL 500-11 Interpuesto por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, a favor de la CORPORACION CENTROAMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA (COCESNA) Al 581-11 ) 2.- Sentencia Al 500-11 de fecha 07 de agosto del 2012 (F. 35 al 39 vuelto). 3.- Sentencia Al 450-12 de fecha (10) de febrero del 2015 (F. 40 al 45 vuelto). 4.- Sentencia AL 422 -12 de fecha 24 de febrero del 2016 (F. 46 al 52 vuelto). 5.- Sentencia AC No, 142-2014 de fecha 18 de enero del 2016.- CONSIDERNADO: (18) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el Ad quem ha quebrantado los derechos del recurrente al inobservar los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por lo que la vulneración invocada por el recurrente es de recibo, en consecuencia, se aprecia que la resolución dictada por el A quo es conforme a derecho.- CONSIDERANDO: (19) Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el derecho de defensa, estrechamente ligado al debido proceso, que se ha vulnerado en el caso subjúdice.- CONSIDERANDO: (20) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61,4, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132, 143 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;715 y 716 del Código del Trabajo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO, a favor del señor ZELYN SANCHEZ REYES, contra la Sentencia de fecha doce de abril y auto de fecha veinte de junio ambos, del año dos mil dieciséis, dictada por el La CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL, del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0729-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.

[3] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[4] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.