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Sentencia AC-700-17 — Registro 8975

Resumen

Resolución que declara sin lugar recurso de apelación con relación a la denuncia por violencia doméstica promovida contra recurrente e incomparecencia de denunciante y la inaplicabilidad de articulo referente al plazo para la caducidad de dicho proceso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(05): Que el Juzgado ordenó que se practiquen las diligencias de investigación, a efecto de determinar las razones de la incomparecencia de la denunciante mediante auto de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el que consta a folio ocho (08) de la primera pieza, y a folio veinte (20) (misma pieza), se lee el informe emitido por la secretaria Adjunta del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, quien en fecha once (11) de enero de dos mil diecisiete, informa que la denunciante aduce no haber llegado, porque a ella le dijeron que le iban a hablar por teléfono y no recibió llamada alguna notificándole la fecha de la audiencia. Ese mismo día la denunciante compareció al Juzgado solicitando se cite a las partes para la celebración de la audiencia; el Juzgado emitió en esa misma fecha resolución, señalando como día y hora para la celebración de la audiencia, miércoles quince de marzo del año dos mil diecisiete a las ocho de la mañana. Es precisamente ésta decisión jurisdiccional que el apoderado legal del recurrente RICARDO ENRIQUE BARLETTA GONZALES, debió impugnar; de haberlo hecho, esta Sala devenía obligada a otorgar el amparo, en virtud de que ya había pasado el término de un mes que señala el artículo 19 de la supra mencionada Ley contra la Violencia Doméstica, sin embargo, al no impugnar la negativa a aplicar la norma, lo consintió.- CONSIDERANDO (06): Que las disposiciones de la Ley Contra la Violencia Doméstica, son de orden público y de obligatorio cumplimiento…”.- La Constitución de la República, establece un mandato a los jueces y a los Magistrados y es el de impartir justicia en nombre del Estado de Honduras, de forma independiente y únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes.- CONSIDERANDO (07): Que el artículo diecinueve (19) de la Ley Contra la Violencia Domestica, en el séptimo párrafo establece que: “Si la denunciante no comparece a la audiencia señalada por el Juzgado, el Juez o Jueza podrá ordenar que dentro de un plazo no mayor de un (1) mes se practiquen las medidas investigativas necesarias para determinar las causas de este abandono. Una vez determinado el abandono de la causa, y después de seis (6) meses contados a partir de la última actuación se declarará la caducidad de la denuncia.”- CONSIDERANDO (08): Que al no haber impugnado el acto mediante el cual se inaplicó el párrafo séptimo del artículo 19 supra, sino que la sentencia de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, el recurrente está supeditado a plantear los agravios con relación a la sentencia recurrida, y no a actos anteriores aceptados y consentidos por él mismo al no haberlos recurridos en tiempo.- CONSIDERANDO (09): Que al interponer y formalizar el recurso de mérito, el recurrente alega que el fallo proferido por el Ad-quem es violatorio del derecho fundamental de petición y consecuentemente de defensa, establecidos en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República, sin embargo al estudiar detenidamente la causa, este tribunal observa que ante todas las peticiones elevadas por el impetrante, en ambas instancias han sido objeto de respuesta dentro de los plazos legales establecidos, tal y como lo apunta el artículo señalado como vulnerado.- CONSIDERANDO (10): Que con respecto al párrafo segundo del artículo 90 de la Carta Magna, esta Sala de lo Constitucional considera, que la sentencia emitida en segunda instancia es clara y precisa, requisitos indispensables precisamente para dar cumplimiento a los estamentos nacionales e internacionales en el cumplimiento de una tutela judicial positiva y firme.- CONSIDERANDO (11): Que la sentencia recurrida limita su razonamiento a las pretensiones deducidas por el recurrente quien, como se dijo, recurrió la sentencia definitiva la que fue emitida en observancia a lo dispuesto en los cinco primeros párrafos del artículo 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica, puesto que el recurrente denunciado, no compareció a la audiencia, mandando la ley, que, en estos casos, se impondrán los mecanismos de protección y se dictará sentencia definitiva.- CONSIDERANDO (12): Que la Sala Constitucional considera que la sentencia recurrida no violenta el derecho fundamental del debido proceso, ya que, dentro de este, se observa el principio de motivación de las sentencias, basado en argumentos jurídicos aplicables al caso, sentencia pronunciada sobre el fondo del conflicto sometido a su conocimiento contando con un razonamiento lógico y apegado a derecho"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de abril de dos mil diecinueve.- VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales a favor de Sí Mismo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la denuncia por violencia doméstica promovida por la señora Chantal Katy Germaine Bontems Mejía contra el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 59, 60, 80, 90, 321,323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintinueve días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora Chantal Katy Germaine Bontems Mejía, promoviendo denuncia por violencia doméstica contra el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales. (Folio 1-3 de la pieza del A-quo)- 2) Que en fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, el Juzgado antes referido, falló: (Sic)”Declarando Con Lugar los hechos de violencia doméstica, denunciados por la señora: Chantal Katy Germaine Bontems Mejía, de generales conocidas en el preámbulo de la presente sentencia, en contra del señor: Ricardo Enrique Barleta Gonzales, por haber cometido actos de Violencia Psicológica y violencia Patrimonial y/o Económica, en contra de la señora: Chantal Katy Germaine Bontems Mejia, se impone al señor: Ricardo Enrique Barleta Gonzales, como sanción de Tres (03) Meses de trabajo comunitario obligatorio y Manda: A.-)Que se libre atento oficio a la Policía Municipal de San Pedro Sula, Cortes a fin que se le asigne el servicio comunitario ordenado por este juzgado el cual es de carácter obligatorio, se le hace la prevención al señor: Ricardo Enrique Barletta Gonzales, que de no cumplir con la sanción impuesta su conducta será considerada como delito y se penalizara de acuerdo a lo establecido en el artículo 346 del código penal referente al delito de desobediencia.-B-) Procédase al cumplimiento de los mecanismos de protección impuestos y ratificados al denunciado señor: Ricardo Enrique Barletta Gonzales.-C.-) Contra esta Sentencia Definitiva, cabe el recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Civil, de esta ciudad de San Pedro Sula, el cual deberá interponerse en el término señalado por la Ley Contra la Violencia Domestica que es de tres días y será tramitado a través del Procedimiento que establece el Código Procesal Civil y dentro del término legal, no se interponen recursos legales por las partes, quede firme la presente Sentencia;.-D.-) Sin Costas.-notifiquese.”(Folio 50-53 de la pieza del A-quo).- 3) Que en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, el Juzgado antes referido tuvo por admitido en tiempo y forma el recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Fernando Mejía Moreno, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales, y en fecha treinta de mayo se remitió el expediente contentivo de las diligencias iniciadas por la denuncia de violencia de domestica ya relacionadas, a la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. (Folios 58-60/79 de la pieza del A-quo).- 4) Que la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictó sentencia en la cual falló: “Primero: Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jose Fernando Mejia Moreno en su condición de apodero judicial del señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales, contra la sentencia definitiva de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica de esa ciudad de San Pedro Sula, Cortes, en la denuncia por violencia doméstica, promovida en su contra, por la señora Chantal Katy Germaine Bontems Mejía.-Segundo: Confirmado la sentencia definitiva de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete (F-50), dictada por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortes, agregada al expediente de mérito…” (Folios 9-11 de la pieza del Ad-quem)- 5) Que el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales, compareció ante este Tribunal en fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 59, 60, 80, 90, 321,323 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. (Folios 1-5/11 de la pieza de amparo)- 6) Que en fecha de catorce de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público, Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…El amparista expone su argumento recursivo señalando que la resolución del Ad-quem vulnera los Derechos Constitucionales del Derecho de Petición, el Debido Proceso, el Principio de Legalidad, el Principio de Sumisión Legal, el Principio de Igualdad y el Principio de Dignidad Humana (contenidos en los artículos 80, 90, 321, 323, 59 y 60 de la Constitución de la República respectivamente)…siendo que las vulneraciones constitucionales alegadas se encuentran íntimamente vinculadas con la supuesta infracción al contenido del artículo 19 de la Ley de Violencia Domestica, es por ello que nos ocuparemos inicialmente de determinar la concurrencia o no de esa infracción. Efectivamente el artículo establece un plazo de 1 mes para realizar las investigaciones orientadas a determinar la razón por la que la denunciante no se presentó a la audiencia. Debemos determinar desde que momento empieza a correr el plazo, el articulo indica que la jurisdicción: “…podrá ordenar que dentro de un plazo no mayor de un mes se practiquen las medidas investigativas necesarias…”, al examinar la estructura de la norma podemos precisar que el plazo en referencia se le impone a la práctica de la diligencia de investigación, es decir, es un plazo que corre a fin de que la persona encargada de la investigación la evacue en menos de un mes, por lo que el mismo no empieza a correr desde la fecha en la que la audiencia original no pudo celebrarse por la incomparecencia, sino desde el momento en que se le comunica al encargado de la investigación dicha orden. Que la investigación fue ordenada mediante auto de fecha 09 de diciembre de 2016 y siendo que consta el informe rendido por la Secretaría Adjunta del Juzgado de Ejecución, de fecha 11 de enero de 2017, en el cual se establece haber realizado las investigaciones no es posible determinar que haya concurrido la condición que supone el recurrente para estimar las vulneraciones constitucionales que se aluden. Otro aspecto que imposibilita otorgar lo peticionado por el amparista es lo preceptuado en el artículo 19 mencionado, el cual en una de sus partes indica: “.-Una vez determinado el abandono de la causa y después de seis meses contados a partir de la última notificación, se declarará la caducidad de la denuncia…” lo cual no concurre en el caso de mérito: La pretensión del impetrante no es posible en tanto que la hipótesis jurídica que provocaría lo pretendido por el recurrente (caducidad de la denuncia), no se presenta en el caso de mérito; la norma dice que lo que provocará la caducidad deseada por el censor es la determinación del abandono, en el caso de mérito no se determinó el abandono, al contrario, la denunciante da razones y peticiona la continuación del procedimiento, en ningún momento la norma supedita la declaratoria del abandono al transcurso del tiempo, sino a la determinación del abandono, es decir, el mes es para realizar la investigación, el no cumplimiento de ello, en ningún momento determina el abandono, por ende no se puede decretar lo pretendido por el recurrente en el amparo. Por lo que, del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías constitucionales invocadas por el amparista en su petición de amparo como ser el Derecho de Petición, Debido Proceso, Principio de Legalidad, Principio de Sumisión Legal, Principio de Igualdad y De Dignidad Humana. El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que No Se Otorgue la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista.”- CONSIDERANDO (01): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (02): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (03): Que se conoce la Garantía Constitucional de Amparo promovida por el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales a favor de Sí Mismo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la denuncia por violencia doméstica promovida por la señora Chantal Katy Germaine Bontems Mejía contra el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales.- CONSIDERANDO (04): Que el génesis de esta acción de amparo tiene lugar dentro de un proceso en materia de Violencia Doméstica, con la inasistencia de la denunciante a la audiencia en la cual se ratifican o modifican las medidas de seguridad e imposición de medidas precautorias y cautelares. Se debe señalar que, en el acta de citación y notificación, a efecto de que se presente a la mencionada audiencia (Ver folio 05 p.p.), se le hace saber que sin la presencia del denunciante la audiencia no se lleva a cabo. No obstante, lo anterior, a folio seis de la primera pieza, aparece constancia de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, firmada por la Secretaria General del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, en donde hace constar la no comparecencia de la denunciante por lo que no se llevó a cabo la audiencia, al ser procesalmente inviable realizarla con la sola presencia del denunciado.- CONSIDERANDO (05): Que el Juzgado ordenó que se practiquen las diligencias de investigación, a efecto de determinar las razones de la incomparecencia de la denunciante mediante auto de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el que consta a folio ocho (08) de la primera pieza, y a folio veinte (20) (misma pieza), se lee el informe emitido por la secretaria Adjunta del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, quien en fecha once (11) de enero de dos mil diecisiete, informa que la denunciante aduce no haber llegado, porque a ella le dijeron que le iban a hablar por teléfono y no recibió llamada alguna notificándole la fecha de la audiencia. Ese mismo día la denunciante compareció al Juzgado solicitando se cite a las partes para la celebración de la audiencia; el Juzgado emitió en esa misma fecha resolución, señalando como día y hora para la celebración de la audiencia, miércoles quince de marzo del año dos mil diecisiete a las ocho de la mañana. Es precisamente ésta decisión jurisdiccional que el apoderado legal del recurrente RICARDO ENRIQUE BARLETTA GONZALES, debió impugnar; de haberlo hecho, esta Sala devenía obligada a otorgar el amparo, en virtud de que ya había pasado el término de un mes que señala el artículo 19 de la supra mencionada Ley contra la Violencia Doméstica, sin embargo, al no impugnar la negativa a aplicar la norma, lo consintió.- CONSIDERANDO (06): Que las disposiciones de la Ley Contra la Violencia Doméstica, son de orden público y de obligatorio cumplimiento…”.- La Constitución de la República, establece un mandato a los jueces y a los Magistrados y es el de impartir justicia en nombre del Estado de Honduras, de forma independiente y únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes.- CONSIDERANDO (07): Que el artículo diecinueve (19) de la Ley Contra la Violencia Domestica, en el séptimo párrafo establece que: “Si la denunciante no comparece a la audiencia señalada por el Juzgado, el Juez o Jueza podrá ordenar que dentro de un plazo no mayor de un (1) mes se practiquen las medidas investigativas necesarias para determinar las causas de este abandono. Una vez determinado el abandono de la causa, y después de seis (6) meses contados a partir de la última actuación se declarará la caducidad de la denuncia.”- CONSIDERANDO (08): Que al no haber impugnado el acto mediante el cual se inaplicó el párrafo séptimo del artículo 19 supra, sino que la sentencia de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, el recurrente está supeditado a plantear los agravios con relación a la sentencia recurrida, y no a actos anteriores aceptados y consentidos por él mismo al no haberlos recurridos en tiempo.- CONSIDERANDO (09): Que al interponer y formalizar el recurso de mérito, el recurrente alega que el fallo proferido por el Ad-quem es violatorio del derecho fundamental de petición y consecuentemente de defensa, establecidos en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República, sin embargo al estudiar detenidamente la causa, este tribunal observa que ante todas las peticiones elevadas por el impetrante, en ambas instancias han sido objeto de respuesta dentro de los plazos legales establecidos, tal y como lo apunta el artículo señalado como vulnerado.- CONSIDERANDO (10): Que con respecto al párrafo segundo del artículo 90 de la Carta Magna, esta Sala de lo Constitucional considera, que la sentencia emitida en segunda instancia es clara y precisa, requisitos indispensables precisamente para dar cumplimiento a los estamentos nacionales e internacionales en el cumplimiento de una tutela judicial positiva y firme.- CONSIDERANDO (11): Que la sentencia recurrida limita su razonamiento a las pretensiones deducidas por el recurrente quien, como se dijo, recurrió la sentencia definitiva la que fue emitida en observancia a lo dispuesto en los cinco primeros párrafos del artículo 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica, puesto que el recurrente denunciado, no compareció a la audiencia, mandando la ley, que, en estos casos, se impondrán los mecanismos de protección y se dictará sentencia definitiva.- CONSIDERANDO (12): Que la Sala Constitucional considera que la sentencia recurrida no violenta el derecho fundamental del debido proceso, ya que, dentro de este, se observa el principio de motivación de las sentencias, basado en argumentos jurídicos aplicables al caso, sentencia pronunciada sobre el fondo del conflicto sometido a su conocimiento contando con un razonamiento lógico y apegado a derecho.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8.1, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 64, 82, 90, 94, 304, 305, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.3.b, 37, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 5.1 y 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales a favor de Sí Mismo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la denuncia por violencia doméstica promovida por la señora Chantal Katy Germaine Bontems Mejía contra el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0700-2017.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de abril de dos mil diecinueve.- VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales a favor de Sí Mismo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la denuncia por violencia doméstica promovida por la señora Chantal Katy Germaine Bontems Mejía contra el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 59, 60, 80, 90, 321,323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintinueve días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora Chantal Katy Germaine Bontems Mejía, promoviendo denuncia por violencia doméstica contra el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales. (Folio 1-3 de la pieza del A-quo)- 2) Que en fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, el Juzgado antes referido, falló: (Sic)”Declarando Con Lugar los hechos de violencia doméstica, denunciados por la señora: Chantal Katy Germaine Bontems Mejía, de generales conocidas en el preámbulo de la presente sentencia, en contra del señor: Ricardo Enrique Barleta Gonzales, por haber cometido actos de Violencia Psicológica y violencia Patrimonial y/o Económica, en contra de la señora: Chantal Katy Germaine Bontems Mejia, se impone al señor: Ricardo Enrique Barleta Gonzales, como sanción de Tres (03) Meses de trabajo comunitario obligatorio y Manda: A.-)Que se libre atento oficio a la Policía Municipal de San Pedro Sula, Cortes a fin que se le asigne el servicio comunitario ordenado por este juzgado el cual es de carácter obligatorio, se le hace la prevención al señor: Ricardo Enrique Barletta Gonzales, que de no cumplir con la sanción impuesta su conducta será considerada como delito y se penalizara de acuerdo a lo establecido en el artículo 346 del código penal referente al delito de desobediencia.-B-) Procédase al cumplimiento de los mecanismos de protección impuestos y ratificados al denunciado señor: Ricardo Enrique Barletta Gonzales.-C.-) Contra esta Sentencia Definitiva, cabe el recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Civil, de esta ciudad de San Pedro Sula, el cual deberá interponerse en el término señalado por la Ley Contra la Violencia Domestica que es de tres días y será tramitado a través del Procedimiento que establece el Código Procesal Civil y dentro del término legal, no se interponen recursos legales por las partes, quede firme la presente Sentencia;.-D.-) Sin Costas.-notifiquese.”(Folio 50-53 de la pieza del A-quo).- 3) Que en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, el Juzgado antes referido tuvo por admitido en tiempo y forma el recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Fernando Mejía Moreno, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales, y en fecha treinta de mayo se remitió el expediente contentivo de las diligencias iniciadas por la denuncia de violencia de domestica ya relacionadas, a la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. (Folios 58-60/79 de la pieza del A-quo).- 4) Que la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictó sentencia en la cual falló: “Primero: Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jose Fernando Mejia Moreno en su condición de apodero judicial del señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales, contra la sentencia definitiva de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica de esa ciudad de San Pedro Sula, Cortes, en la denuncia por violencia doméstica, promovida en su contra, por la señora Chantal Katy Germaine Bontems Mejía.-Segundo: Confirmado la sentencia definitiva de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete (F-50), dictada por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortes, agregada al expediente de mérito…” (Folios 9-11 de la pieza del Ad-quem)- 5) Que el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales, compareció ante este Tribunal en fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 59, 60, 80, 90, 321,323 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. (Folios 1-5/11 de la pieza de amparo)- 6) Que en fecha de catorce de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público, Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…El amparista expone su argumento recursivo señalando que la resolución del Ad-quem vulnera los Derechos Constitucionales del Derecho de Petición, el Debido Proceso, el Principio de Legalidad, el Principio de Sumisión Legal, el Principio de Igualdad y el Principio de Dignidad Humana (contenidos en los artículos 80, 90, 321, 323, 59 y 60 de la Constitución de la República respectivamente)…siendo que las vulneraciones constitucionales alegadas se encuentran íntimamente vinculadas con la supuesta infracción al contenido del artículo 19 de la Ley de Violencia Domestica, es por ello que nos ocuparemos inicialmente de determinar la concurrencia o no de esa infracción. Efectivamente el artículo establece un plazo de 1 mes para realizar las investigaciones orientadas a determinar la razón por la que la denunciante no se presentó a la audiencia. Debemos determinar desde que momento empieza a correr el plazo, el articulo indica que la jurisdicción: “…podrá ordenar que dentro de un plazo no mayor de un mes se practiquen las medidas investigativas necesarias…”, al examinar la estructura de la norma podemos precisar que el plazo en referencia se le impone a la práctica de la diligencia de investigación, es decir, es un plazo que corre a fin de que la persona encargada de la investigación la evacue en menos de un mes, por lo que el mismo no empieza a correr desde la fecha en la que la audiencia original no pudo celebrarse por la incomparecencia, sino desde el momento en que se le comunica al encargado de la investigación dicha orden. Que la investigación fue ordenada mediante auto de fecha 09 de diciembre de 2016 y siendo que consta el informe rendido por la Secretaría Adjunta del Juzgado de Ejecución, de fecha 11 de enero de 2017, en el cual se establece haber realizado las investigaciones no es posible determinar que haya concurrido la condición que supone el recurrente para estimar las vulneraciones constitucionales que se aluden. Otro aspecto que imposibilita otorgar lo peticionado por el amparista es lo preceptuado en el artículo 19 mencionado, el cual en una de sus partes indica: “.-Una vez determinado el abandono de la causa y después de seis meses contados a partir de la última notificación, se declarará la caducidad de la denuncia…” lo cual no concurre en el caso de mérito: La pretensión del impetrante no es posible en tanto que la hipótesis jurídica que provocaría lo pretendido por el recurrente (caducidad de la denuncia), no se presenta en el caso de mérito; la norma dice que lo que provocará la caducidad deseada por el censor es la determinación del abandono, en el caso de mérito no se determinó el abandono, al contrario, la denunciante da razones y peticiona la continuación del procedimiento, en ningún momento la norma supedita la declaratoria del abandono al transcurso del tiempo, sino a la determinación del abandono, es decir, el mes es para realizar la investigación, el no cumplimiento de ello, en ningún momento determina el abandono, por ende no se puede decretar lo pretendido por el recurrente en el amparo. Por lo que, del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías constitucionales invocadas por el amparista en su petición de amparo como ser el Derecho de Petición, Debido Proceso, Principio de Legalidad, Principio de Sumisión Legal, Principio de Igualdad y De Dignidad Humana. El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que No Se Otorgue la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista.”- CONSIDERANDO (01): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (02): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (03): Que se conoce la Garantía Constitucional de Amparo promovida por el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales a favor de Sí Mismo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la denuncia por violencia doméstica promovida por la señora Chantal Katy Germaine Bontems Mejía contra el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales.- CONSIDERANDO (04): Que el génesis de esta acción de amparo tiene lugar dentro de un proceso en materia de Violencia Doméstica, con la inasistencia de la denunciante a la audiencia en la cual se ratifican o modifican las medidas de seguridad e imposición de medidas precautorias y cautelares. Se debe señalar que, en el acta de citación y notificación, a efecto de que se presente a la mencionada audiencia (Ver folio 05 p.p.), se le hace saber que sin la presencia del denunciante la audiencia no se lleva a cabo. No obstante, lo anterior, a folio seis de la primera pieza, aparece constancia de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, firmada por la Secretaria General del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, en donde hace constar la no comparecencia de la denunciante por lo que no se llevó a cabo la audiencia, al ser procesalmente inviable realizarla con la sola presencia del denunciado.- CONSIDERANDO (05): Que el Juzgado ordenó que se practiquen las diligencias de investigación, a efecto de determinar las razones de la incomparecencia de la denunciante mediante auto de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el que consta a folio ocho (08) de la primera pieza, y a folio veinte (20) (misma pieza), se lee el informe emitido por la secretaria Adjunta del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, quien en fecha once (11) de enero de dos mil diecisiete, informa que la denunciante aduce no haber llegado, porque a ella le dijeron que le iban a hablar por teléfono y no recibió llamada alguna notificándole la fecha de la audiencia. Ese mismo día la denunciante compareció al Juzgado solicitando se cite a las partes para la celebración de la audiencia; el Juzgado emitió en esa misma fecha resolución, señalando como día y hora para la celebración de la audiencia, miércoles quince de marzo del año dos mil diecisiete a las ocho de la mañana. Es precisamente ésta decisión jurisdiccional que el apoderado legal del recurrente RICARDO ENRIQUE BARLETTA GONZALES, debió impugnar; de haberlo hecho, esta Sala devenía obligada a otorgar el amparo, en virtud de que ya había pasado el término de un mes que señala el artículo 19 de la supra mencionada Ley contra la Violencia Doméstica, sin embargo, al no impugnar la negativa a aplicar la norma, lo consintió.- CONSIDERANDO (06): Que las disposiciones de la Ley Contra la Violencia Doméstica, son de orden público y de obligatorio cumplimiento…”.- La Constitución de la República, establece un mandato a los jueces y a los Magistrados y es el de impartir justicia en nombre del Estado de Honduras, de forma independiente y únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes.- CONSIDERANDO (07): Que el artículo diecinueve (19) de la Ley Contra la Violencia Domestica, en el séptimo párrafo establece que: “Si la denunciante no comparece a la audiencia señalada por el Juzgado, el Juez o Jueza podrá ordenar que dentro de un plazo no mayor de un (1) mes se practiquen las medidas investigativas necesarias para determinar las causas de este abandono. Una vez determinado el abandono de la causa, y después de seis (6) meses contados a partir de la última actuación se declarará la caducidad de la denuncia.”- CONSIDERANDO (08): Que al no haber impugnado el acto mediante el cual se inaplicó el párrafo séptimo del artículo 19 supra, sino que la sentencia de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, el recurrente está supeditado a plantear los agravios con relación a la sentencia recurrida, y no a actos anteriores aceptados y consentidos por él mismo al no haberlos recurridos en tiempo.- CONSIDERANDO (09): Que al interponer y formalizar el recurso de mérito, el recurrente alega que el fallo proferido por el Ad-quem es violatorio del derecho fundamental de petición y consecuentemente de defensa, establecidos en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República, sin embargo al estudiar detenidamente la causa, este tribunal observa que ante todas las peticiones elevadas por el impetrante, en ambas instancias han sido objeto de respuesta dentro de los plazos legales establecidos, tal y como lo apunta el artículo señalado como vulnerado.- CONSIDERANDO (10): Que con respecto al párrafo segundo del artículo 90 de la Carta Magna, esta Sala de lo Constitucional considera, que la sentencia emitida en segunda instancia es clara y precisa, requisitos indispensables precisamente para dar cumplimiento a los estamentos nacionales e internacionales en el cumplimiento de una tutela judicial positiva y firme.- CONSIDERANDO (11): Que la sentencia recurrida limita su razonamiento a las pretensiones deducidas por el recurrente quien, como se dijo, recurrió la sentencia definitiva la que fue emitida en observancia a lo dispuesto en los cinco primeros párrafos del artículo 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica, puesto que el recurrente denunciado, no compareció a la audiencia, mandando la ley, que, en estos casos, se impondrán los mecanismos de protección y se dictará sentencia definitiva.- CONSIDERANDO (12): Que la Sala Constitucional considera que la sentencia recurrida no violenta el derecho fundamental del debido proceso, ya que, dentro de este, se observa el principio de motivación de las sentencias, basado en argumentos jurídicos aplicables al caso, sentencia pronunciada sobre el fondo del conflicto sometido a su conocimiento contando con un razonamiento lógico y apegado a derecho.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8.1, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 64, 82, 90, 94, 304, 305, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.3.b, 37, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 5.1 y 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales a favor de Sí Mismo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado Especial Contra la Violencia Domestica de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la denuncia por violencia doméstica promovida por la señora Chantal Katy Germaine Bontems Mejía contra el señor Ricardo Enrique Barletta Gonzales; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0700-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional