Sentencia AC-683-18 — Registro 8986
Resumen
Acto recurrido que sobreseyó la garantía constitucional de amparo con relación a la demanda de ejecución hipotecaria promovida por la sociedad mercantil inversiones y capital S.A. de C.V. INVERCAP, en perjuicio de la impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia, cuando señala que es obvio que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues en ningún momento se violentó el debido proceso ni el derecho a la defensa de ninguna de las partes; por lo que puede apreciarse que las alegaciones en que se funda el recurso son propias de instancia procesal a la que fue sometido el asunto; y no alcanzan a configurarse como afectaciones a derechos constitucionales; ya que se hacen alegaciones de mera legalidad siendo manifiesta la intensión del quejoso la dilación del proceso..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, miércoles dieciséis de enero del dos mil diecinueve. VISTA: En consulta obligatoria la sentencia dictada en fecha tres de septiembre del año dos mil dieciocho por la honorable CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante la cual sobreseyó la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado RAFAEL MURILLO GUTIÉRREZ, en su condición de apoderado judicial de la señora MELBA ZUYAPA FAJARDO BARAHONA, contra la resolución de fecha diecinueve de junio del año dos mil dieciocho proferida por el honorable JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; con relación a la demanda de ejecución hipotecaria promovida por la sociedad mercantil INVERSIONES Y CAPITAL S.A. de C.V. (INVERCAP S.A. de C.V.), contra la señora MELBA ZUYAPA FAJARDO BARAHONA. Manifestando el garantista que el impugnado ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha dos de agosto del año dos mil dieciocho, compareció ante la honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial del departamento de Cortés, el abogado RAFAEL MURILLO GUTIÉRREZ, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de la señora MELBA ZUYAPA FAJARDO BARAHONA. (Folios 1–3 de la pieza de antecedentes). 2. Seguido el trámite que al efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la referida corte de apelaciones, en fecha tres de septiembre del año dos mil dieciocho, emitió su sentencia, en la cual falló: “SOBRESEER el presente recurso de amparo interpuesto por el abogado RAFAEL MURILLO GUTIÉRREZ, a favor de la señora MELBA ZUYAPA FAJARDO BARAHONA, contra la resolución de fecha diecinueve de junio del año dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortés.-” (Folios 34–36 de la pieza de antecedentes). 3. En fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciocho, este alto tribunal de justicia recibió para su consulta obligatoria, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folios 1 y 2 de la presente garantía). FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés mediante la cual sobresee la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió por unanimidad de votos sobreseer la garantía constitucional de amparo de mérito, con fundamento en la motivación fáctica y jurídica que a continuación se resume. Para la corte de apelaciones, no fueron conculcados los derechos de defensa y debido proceso, debido a que las alegaciones del censor son de mera legalidad, propias de instancia. La corte, haciendo suya la argumentación del a quo, señaló que no hubo indefensión en virtud de que no se entorpeció en ningún momento el derecho de la demandada, ya que esta constituyó su defensor quien ha accionado en el trámite de la demanda; asimismo estima que la resolución impugnada no trasgrede el debido proceso, ya que el juez hizo aplicación de lo que establecen los artículos 1, 3 y 7 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre el acto impugnado en amparo. La resolución impugnada por la vía de la garantía constitucional de amparo es la dictada en fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho por el honorable Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Cortés. Mediante dicha resolución, el a quo resolvió desestimar el incidente de nulidad interpuesto por el abogado Rafael Murillo Gutiérrez, en su condición de apoderado judicial de la señora Melba Suyapa Barahona. La nulidad se solicitó, a partir inclusive, del auto de fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, argumentando que fueron violentados en perjuicio de su poderdante sus derechos de defensa y debido proceso. La razón para esto, es que el título ejecutivo con garantía hipotecaria, adolece de irregularidades procesales, ya que el mismo, fue otorgado en lempiras, estableciendo también una cantidad en dólares; y, en el acápite B del mismo título, se menciona un porcentaje, mismo que es injusto e ilegal, ya que el pago tiene que ser en lempiras y no en moneda extranjera. En el presente caso debido a ello, se está cobrando de más, la cantidad de 32 mil 286 lempiras con 53 centavos; y ya, el artículo 212.4 determina que son nulos los actos procesales: “siempre que por esa causa se haya producido indefensión”, Relacionando lo anterior con lo dispuesto en el artículo 82 constitucional. La a quo refiere que, conforme a la doctrina, existen dos clases de indefensión, la meramente formal y la material o real. Cita, además, la sentencia STC-109/2002 de seis de mayo dictada por el Tribunal Supremo español, que dispuso que la indefensión constitucionalmente relevante, es aquella situación de infracción que, impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando, su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses, para que le sean reconocidos estos, produciendo un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa La iudex a quo señala que, en el caso de autos, no se observa infracción procesal, debido a que la parte demandada ha sido requerida en legal y debida forma a través de los actos de comunicación legalmente establecidos, y ha acudido en procura de sus derechos consagrados en las leyes de la República. Señala además que, la nulidad no tiene lugar siempre que se vulnera una norma procesal, sino que es necesario que esa vulneración provoque un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado. Además de ser formal, debe ser material. Finalmente señala que, la nulidad de actuaciones debe hacerse valer mediante los recursos establecidos en la ley, concretamente los de reposición y apelación, si hubiere posibilidad de ello, o de los demás medios establecidos en la ley. La a quo aprecia que no concurre causal de indefensión, porque en ningún momento se ha entorpecido a la demandada, sino que se le ha garantizado al hacerse acompañar de defensor, no se le ha ocultado información, aunado a que el planteamiento del incidente estaba más encaminado a una oposición. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la opinión del agente de tribunales del Ministerio Público. En fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la Fiscalía fue de la opinión porque se sobresea la presente garantía de amparo. Expresa que, en el presente caso son alegaciones de mera legalidad y que existen recursos impugnatorios por agotar. Esto lo expresa después de señalar que, el amparo se basa sobre alegaciones atinentes al tipo de moneda en que se está obligado a pagar, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Monetaria; no obstante, las excepciones y la reforma del artículo 4 literal h del decreto legislativo número 136-1994, que se refiere a la moneda extranjera. Pronunciándose sobre el fondo de la demanda, la fiscalía expone que es permitido exigir pago en moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional, si fue pactado de común acuerdo en un documento. Otra idea que expone el dictamen del Ministerio Público, es que: “La demanda de amparo […] es idóneo para proteger los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, cuando estos derechos son amenazados o violentados por autoridad, y cuya protección inminente garantice evitar la consumación de la violación al derecho o que ese restituya el derecho, pero siempre cuando no existan otros medios que hagan ilusorios los derechos fundamentales.” CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los alegatos expuestos por el impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. La formalización del amparo se sustenta en los alegatos que a continuación se resumen. Expresa el censor que, el juez de primera instancia incumpliendo lo ordenado en los artículos 759 y 785 del Código Procesal Civil, admitió la demanda de ejecución hipotecaria sin la debida revisión para verificar si cumplía los requisitos de ley, violentando con ello el artículo 90 constitucional. Aduce esto, en virtud de que el proceso de ejecución hipotecaria, tiene muy pocas defensas, prácticamente sólo el pago. En el caso de mérito, señala el censor que, resulta evidente que, el crédito en dólares cuyo pago se reclama, no es el que está amparado con la hipoteca, ya que éste es un crédito en lempiras, y según el certificado de saldo deudor, esa modificación a dólares, aumenta el monto real a pagar, exigido a su poderdante. De igual forma señala que, siendo el ejecutante un prestamista no bancario, no le corresponde la aplicación de lo dispuesto en la Ley del sistema financiero, especialmente el artículo 166, ya que el 173, establece que su marco legal es el decreto ley 14 y su reglamento. Es así, que su poderdante no puede defenderse adecuadamente como la ley le permite y además está siendo juzgado mediante la aplicación de una ley no aplicable a su caso, ya que no es una institución autorizada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros para operar intermediación financiera, tal como lo establece el artículo de la misma ley. El censor menciona que la misma sociedad prestamista no bancaria demandó a la señora Claudia Alvarado y que la Sala de lo Constitucional, conociendo en consulta un amparo similar le otorgó el amparo fundándose precisamente en este argumento. Respecto a la violación del derecho de defensa, el censor señala que la admisión de la demanda de ejecución hipotecaria no le permite a su poderdante establecer oposiciones o defensas, tal como ocurre en las ejecuciones normales. También la admisión del estado de cuenta como si fuera una sociedad autorizada para ejercer actos de intermediación financiera, conculca su derecho de defensa. Señala que el derecho al debido proceso ha sido violado con el incumplimiento a lo ordenado en el artículo 214 del Código Procesal Civil, que dispone que se decrete, inclusive de oficio, la nulidad de actuaciones casos, como el presente, donde se ha acreditado que hubo admisión de la demanda en contravención a los artículos 759 y 805 del mismo código. CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Este alto tribunal de justicia al examinar las diligencias que se relacionan con el amparo de mérito, arriba a la conclusión de que procede confirmar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del artículo 46, con relación al 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. De los antecedentes, la Sala de lo Constitucional estima que las alegaciones expuestas por el censor, si bien es cierto reclaman la violación de de los derechos de defensa y debido proceso, en el fondo constituyen alegaciones de mera legalidad, cuya determinación no corresponden al ámbito constitucional. Se observa que la alegación que sustenta el amparo, se desarrolla básicamente bajo la idea de que las restricciones propias del proceso de ejecución hipotecaria, no permiten que se ejercite una oposición que evite que se le exija el pago de una cantidad mayor, derivada de un cobro en moneda extranjera, la cual no ha sido asumida o no existe en el título ejecutivo hipotecario, por lo que hubo necesidad de solicitar la nulidad de la admisión de la demanda. Debe tomarse en cuenta, que las restricciones previstas por la ley, en los procesos de ejecución forzosa, se encuentran legitimadas, según sea el caso, para garantizar el principio de completa satisfacción del ejecutante. Por otra parte, las alegaciones que se relacionan con el monto real a demandar o cobrar, en consideración al cálculo practicado en moneda extranjera, son cuestiones de mera legalidad que deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Por todo lo anteriormente expuesto se estima procedente confirmar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 46 No. 1, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha tres de septiembre del año dos mil dieciocho, dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual se sobresee la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado RAFAEL MURILLO GUTIÉRREZ, en su condición de apoderado judicial de la señora MELBA ZUYAPA FAJARDO BARAHONA, en contra de la resolución de fecha diecinueve de junio del año dos mil dieciocho proferida por el honorable JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiuno días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0683-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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