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Sentencia AC-674-19 — Registro 12795

Resumen

Resolucion que declara con lugar recurso de apelación y anula sentencia apelada con relación a demanda ordinaria de nulidad absoluta de un instrumento público de título de propiedad promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."2): Que en el escrito de interposición de la presente acción de amparo, la recurrente indica que el acto reclamado en amparo es la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés que declara con lugar el recurso de apelación y anula la resolución definitiva apelada. Con dicha resolución, la Corte de Apelaciones contrasta la Ley, porque la Ley de Reforma Agraria expresamente establece el procedimiento a seguir en el expediente de mérito, los recursos que correspondan, como y cuando realizarlos; por lo que su no aplicación violenta las garantías constitucionales del debido proceso derecho de defensa y de una tutela judicial efectiva, razón por la cual dicha resolución violenta el derecho de las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República, en las leyes ordinarias y especiales vigentes, señalando la Corte de Apelaciones que los recursos extraordinarios son utilizados a potestad de las partes ante la violación de derechos y garantías constitucionales. CONSIDERANDO (3): Que según se desprende de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones en fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, la misma estima en dicha resolución está claro que se han agotado los recursos ordinarios que la ley establece. Asimismo, estipula que los recursos extraordinarios, son utilizados a potestad de las partes ante la violación de derechos y garantías constitucionales, por lo tanto, no puede considerarse el amparo como un recurso ordinario cuyo agotamiento es imprescindible para tenerse por agotada la vía administrativa previa. En consecuencia, la Corte es del parecer que, con la resolución vertida por el juzgado de primera instancia, se violentan normas esenciales de procedimiento como ser el acceso a la justicia, ante argumentos imprecisos que conllevan a la nulidad de sentencia objeto de este recurso de apelación. Por ello, al tratarse de la existencia de infracción procesal, se declara la nulidad de la sentencia apelada y se dicta la misma en el sentido de declarar sin lugar la excepción de falta de derecho para demandar, por haberse agotado la vía administrativa. CONSIDERANDO (4): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (5): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. CONSIDERANDO (6): Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible"

Legislación citada

Sentencia

SOQ.

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., veintidós de octubre de dos mil diecinueve. VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por la abogada MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON, a favor del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES; en fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, con relación a la demanda ordinaria de nulidad absoluta de un instrumento público de título de propiedad promovida por los señores BERNARDO RAFAEL MOREIRA GONZALES, en su condición de representante de la señora OLGA MOREIRA DE PRIETO, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO Y LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION “BRISAS DEL BEJUCO”. CONSIDERANDO (1): Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la resolución fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés en fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho y anula la resolución definitiva apelada. CONSIDERANDO (2): Que en el escrito de interposición de la presente acción de amparo, la recurrente indica que el acto reclamado en amparo es la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés que declara con lugar el recurso de apelación y anula la resolución definitiva apelada. Con dicha resolución, la Corte de Apelaciones contrasta la Ley, porque la Ley de Reforma Agraria expresamente establece el procedimiento a seguir en el expediente de mérito, los recursos que correspondan, como y cuando realizarlos; por lo que su no aplicación violenta las garantías constitucionales del debido proceso derecho de defensa y de una tutela judicial efectiva, razón por la cual dicha resolución violenta el derecho de las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República, en las leyes ordinarias y especiales vigentes, señalando la Corte de Apelaciones que los recursos extraordinarios son utilizados a potestad de las partes ante la violación de derechos y garantías constitucionales. CONSIDERANDO (3): Que según se desprende de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones en fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, la misma estima en dicha resolución está claro que se han agotado los recursos ordinarios que la ley establece. Asimismo, estipula que los recursos extraordinarios, son utilizados a potestad de las partes ante la violación de derechos y garantías constitucionales, por lo tanto, no puede considerarse el amparo como un recurso ordinario cuyo agotamiento es imprescindible para tenerse por agotada la vía administrativa previa. En consecuencia, la Corte es del parecer que, con la resolución vertida por el juzgado de primera instancia, se violentan normas esenciales de procedimiento como ser el acceso a la justicia, ante argumentos imprecisos que conllevan a la nulidad de sentencia objeto de este recurso de apelación. Por ello, al tratarse de la existencia de infracción procesal, se declara la nulidad de la sentencia apelada y se dicta la misma en el sentido de declarar sin lugar la excepción de falta de derecho para demandar, por haberse agotado la vía administrativa. CONSIDERANDO (4): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (5): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. CONSIDERANDO (6): Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por la abogada MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON, a favor del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece de mayo de dos mil diecinueve; en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ABOGADA REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), certificación del fallo de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo los números 00674-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL