Sentencia AC-668-16 — Registro 10466
Resumen
Impetrante promovió demanda para que se declare j terminación de contrato de arrendamiento, en primera instancia, ordenando el desalojo de demandada y anulada de oficio dicha sentencia, mediante recurso de apelación, argumentando ad-quem, que relación contractual de arrendamiento entre impetrante y demandada es un contrato mercantil, ya que el mismo es un acto de comercio y que por lo tanto se debe regir por las disposiciones emanadas por el Código de Comercio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(11): Que el contrato es una convención en virtud de la cual unas o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer algunas cosas. En cuanto a su validez y cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, según lo dispone el artículo 1539 del Código Civil. El artículo 1681 del Código Civil referido al Contrato de Arrendamiento literalmente dice: “El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra, o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio, un precio determinado. Por su parte la ley de Inquilinato vigente en su artículo 14 literal d), establece una serie de conceptos entre ellos: Locales: Los inmuebles urbanos y sub – urbanos o parte de los mismos, destinados a fines privados, industriales, profesionales o comerciales, y en general negocios y cualquier otra naturaleza, sean o no de índole lucrativa, siempre que no tengan el carácter de viviendas. CONSIDERANDO (12): Que en el contrato de arrendamiento firmado entre los representantes de las sociedades INTERAIRPORTS, S.A., Y DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A.,(DIVESA), claramente establece en el literal r): “Se conviene expresamente en cualquier diferencia que surgiere como consecuencia directa o indirecta de este contrato será resuelta conforme lo establecido en las leyes de Honduras, particularmente lo dispuesto en la Ley de Inquilinato y supletoriamente el Código Civil y el Juzgado competente del domicilio de INTERAIRPORTS”, (las negritas son nuestras). Siendo así, de acuerdo a lo convenido entre las partes, debe conocer el Juzgado de Inquilinato, del domicilio de INTERAIRPORTS”. Por otra parte en la cláusula K) del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes en controversia se aprecian las causas que podrán invocarse para dar por terminado dicho contrato: (SIC) “1) Por mora en el pago de una mensualidad vencida. S) Destinar el inmueble para usos diferentes de los estipulados en el contrato. 3) Subarrendar total o parcialmente el inmueble objeto del contrato. 4) Si por remodelación o mejoras del Aeropuerto se necesitara el espacio para dichas mejoras. 5) Si por cualquier motivo el gobierno de Honduras pone término al contrato de Concesión otorgado a INTERAIRPORTS”, apreciando que a lo largo del proceso tales causas no pueden ser invocadas para la terminación del contrato, en virtud de que las mismas han sido cumplidas. En consecuencia, debe darse cumplimiento a lo pactado por las partes, en el caso sub judice han decidido mediante el referido contrato someter sus diferencias conforme lo dispuesto a la Ley de Inquilinato y el Código Civil supletoriamente, en este orden de ideas el A quo ha dictado una resolución conforme a derecho, pues de acuerdo a dicho contrato, sin lugar a dudas debe ceñirse a la Ley Especial de Inquilinato. En cuanto a las cuestiones de fondo deben dirimirse y resolverse por el órgano jurisdiccional competente, en virtud de que, el quehacer fundamental del Juez Constitucional, es velar por mantener el orden constitucional en cuanto al respeto, protección, restablecimiento, mantenimiento y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos. Siendo competencia de los órganos jurisdiccionales resolver el conflicto sometido a su conocimiento, siguiendo el procedimiento previamente establecido en la Ley, en la que ambas partes han de tener las mismas oportunidades procesales, a fin de que las partes en conflicto obtengan una resolución fundada en derecho. CONSIDERANDO (13): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas el Ad quem ha vertido un criterio erróneo en virtud de no haber considerado los acuerdos fijados entre las partes al momento de suscribir el contrato de arrendamiento, donde queda claramente establecido que las partes decidieron someterse a las disposiciones de la Ley de Inquilinato y supletoriamente al código Civil. CONSIDERANDO (14): Que el Ministerio Público emitió dictamen en fecha 25 de agosto del año 2017, mediante el cual expone la apreciación jurídica de los hechos controvertidos señalando en la parte conducente, que del examen de la foliada de mérito y del estudio de la resolución dictada, estima que el Ad quem, apreció de manera errada los antecedentes y la norma jurídica aplicada, fallando en su función examinadora…. Por lo que fue del parecer que se otorgue la acción de amparo. CONSIDERANDO (15): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Civil, art. 1539 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1681 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Inquilinato, art. 14, literal D (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de mayo del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAUL BARNICA SOLORZANO, a favor de la Sociedad Mercantil INTERAIRPORTS S.A., contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha once de febrero de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Inquilinato de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, con relación a la demanda promovida por la Sociedad Mercantil INTERAIRPORTS S.A., contra la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. (DIVESA). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha diez de agosto del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Inquilinato de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado DAVID GERARDO AGURCIA MERCADAL, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil INTERAIRPORTS S.A., promoviendo demanda para que se declare judicialmente la terminación de un contrato de arrendamiento, contra la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. (DIVESA). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente en fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, el Juzgado antes referido, FALLA DECLARAR: PRIMERO (1): SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION promovida por La Sociedad Mercantil Distribuidora de Vehículo, S.A., en adelante DIVESA, en contra de La Sociedad Mercantil Interaiports S.A., como parte demandada reconvincente. SEGUNDO (II): SIN LUGAR la demanda de RECONVENCION QUE SE DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA DE CLAUSULA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE DETERMINA PLAZO DE VIGENCIA.- Interpuesta por el Abogado JORGE ALBERTO BURGOS MOLINA Apoderado legal de La Sociedad Mercantil Distribuidora de Vehiculos, S.A., en adelante DIVESA, en su condición de parte demandada reconvincente en contra de La Sociedad Mercantil Interaiports S.A., por medio del Presidente de su Consejo de Administración Señor FREDY NASSER en su condición de parte demandante reconvenida. TERCERO (III): CON LUGAR la Demanda PARA QUE SE DECLARE JUDICIALMENTE LA TERMINACION DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.- Promovida por el Abogado DAVID GERARDO AGURCIA MERCADAL, accionando en su condición de Apoderado legal de La Sociedad INTERAIRPORTS S.A., quien sustituyo poder en el Abogado RAUL BARNICA SOLORZANO como parte demandante reconvenida en contra LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE VEHICULO S.A., (DIVESA) Representada por la señora EUGENIA FLEFIL LARACH como parte demandada reconvincente. CUARTO (4): DECRETA la extinción del vinculo contractual de arrendamiento existente entra La Sociedad INTERAIRPORTS S.A., como parte demandante reconvenida con LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A., (DIVESA) Representada por la señora EUGENIA FLEFIL LARACH, como parte demandada reconvincente. QUINTO (5): ORDENA a LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE VEHICULO S.A., (DIVESA) Representada por la señora EUGENIA FLEFIL LARACH, como parte demandada reconviniente, Que desaloje el inmueble arrendado, en el plazo de treinta (30) días contado a partir del requerimiento respectivo. Debiendo pagar las rentas y lo valores estipulados en el contrato hasta la completa desocupación del inmueble. SEXTO (6): CON COSTAS. (Folios 433 al 443 de la segunda pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un Recurso de Amparo promovido por el Abogado JORGE ALBERTO BURGOS MOLINA a la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha once de febrero de dos mil dieciséis, dicto sentencia mediante la cual: FALLA: PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD DE LA SENTENCIA de fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR la demanda para que se declare judicialmente la terminación de un contrato de arrendamiento y la petición de desahucio, promovida por la Sociedad Mercantil INTERAIPORTS S.A., en contra de la Sociedad DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A., (DIVISA).- TERCERO: DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA VIA DE RECONVENCION referente a la nulidad absoluta de la cláusula de contrato de arrendamiento que determina plazo de vigencia promovida por la Empresa Mercantil DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A., (DIVESA) en contra de la Sociedad Mercantil INTERAIRPORTS S.A.- CUARTO: DECLARA SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción promovida por la Empresa Mercantil DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A., (DIVESA) en contra de la Sociedad Mercantil INTERAIPORTS S.A.- (Folios 08 al 26 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado RAUL BARNICA SOLORZANO,, compareció ante este Tribunal, en fecha uno de julio del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil INTERAIRPORTS S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha once de febrero de dos mil dieciséis, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha once de agosto del año dos mil diecisiete. 5) Que en fecha treinta de agosto del año dos mil diecisiete, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de febrero del año dos mil dieciséis, en el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JORGE ALBERTO BURGOS, en su condición de apoderado de la sociedad DIVESA, S.A., contra la sentencia de fecha 23 de octubre del año 2015, dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato en la demanda promovida por la sociedad INTERAIRPORTS, S.A. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la acción de Amparo manifiesta que la sociedad demandada presentó recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Inquilinato, en dicha sentencia el Tribunal de alzada falló: PRIMERO: Declarando de oficio la nulidad de la Sentencia de fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: declaró sin lugar la demanda, para que se declare judicialmente la terminación de un contrato de arrendamiento y la petición de desahucio promovida por la sociedad Mercantil INTERAIRPORTS, S.A., en contra de la sociedad DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS, S.A, (DIVESA). TERCERO: Se declara SIN LUGAR la Demanda vía de reconvención, referente a la nulidad absoluta de la cláusula del contrato de arrendamiento que determina plazo de vigencia, promovida por la Empresa Mercantil DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS, S.A., (DIVESA),en contra de la sociedad Mercantil INTERAIRPORTS, S.A., CUARTO: Declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción promovida por la Empresa Mercantil DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS DIVESA, (DIVESA), en contra de la sociedad mercantil INTERAIRPORTS, S.A. Además, Expresa que la Corte de Apelaciones impugnada entre sus fundamentos de derecho invoca el artículo 175 del Código de Comercio que determina que los contratos mercantiles que no estén especialmente regulados en éste código se regirán por las reglas generales y por las estipulaciones de las partes y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más Analogía los reglamentos en este ordenamiento o en el código Civil. Expone que la resolución impugnada dice que el contrato de arrendamiento firmado entre la parte demandada y demandante es un contrato mercantil, ya que el mismo es un acto de comercio y que por lo tanto se debe regir por las disposiciones emanadas por el Código de Comercio. Considera que se han quebrantado el debido Proceso, contenido en el artículo 90 constitucional y derivado de ésta norma, los artículos 1, 2, 3, 4, de la Ley de Inquilinato, ya que al aplicar en su fallo normas contenidas en el Código de comercio a una relación contractual de arrendamiento, se violentaron las formalidades y procedimientos que establecen las normas contenidas en la Ley de Inquilinato y el Código Civil. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones impugnada en su relación expone los antecedentes de hechos y las actuaciones de las partes en conflicto. En los Fundamentos de derecho invoca la aplicación del artículo 715 numeral 2 del Código Procesal Civil que señala los alcances de la decisión del recurso de apelación cuando: “Si se trata de infracciones de otra clase la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que en los autos constaran los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el tribunal de apelación resolverá directamente, por todo ello, señala que en el caso de mérito existen situaciones jurídicas que son verificables y encajan perfectamente con el precepto mencionado, siendo estas las siguientes: Se trata de un hecho aceptado y no controvertido por las partes en contienda, la suscripción del contrato de arrendamiento del primero (01) de junio del dos mil uno (2001), señala además que dicha relación comercial arrendataria se ha mantenido vigente durante más de nueve años, es decir tanto demandante - reconvenida (INTERAIRPORTS, S.A.) ha percibido sin ninguna objeción mes a mes cuando menos antes de la interposición de la demanda, la cantidad pactada en el contrato relacionado y por su lado la parte demandada reconviniente (DIVESA) ha procedido a pagar dicha cantidad, extremos probados que obran en el expediente de mérito. Señala además el plazo de treinta días desde el 01 de junio del año 2001 hasta el 30 de junio del 2001, con la observación que en el caso de que por cualquier motivo el Gobierno de Honduras pone término al contrato de concesión concedidos a INTERAIRPORTS antes del vencimiento programado o antes del vencimiento del presente contrato este contrato terminará de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Inquilinato. CONSIDERANDO (6): Que para los efectos del pago de la Renta todo mes comenzado será considerado vencido”. En relación al plazo del contrato el Ad quem en su razonamiento deja establecido que ambas partes hicieron caso omiso de dicha estipulación de forma voluntaria y expresa por lo que a esta fecha resulta irrelevante ese contenido de vigencia, señala además que esta situación hace presumir o estimar que de igual forma es insustancial y vano señalar conceptos de prescripción de la acción deducida, señalando que tanto el pago por renta periódica tanto otorgado como recibido impiden determinar el punto de partida de dicha figura, que como se reitera ante la posición de ambas partes, en irrespetar adrede la cláusula de vigencia del arrendamiento, esto no ha sido óbice para continuar con dicha relación contractual, incluso hasta el día de hoy, por no contar con prueba que verifique lo contrario. CONSIDERANDO (7): Que el Ad quem expone en el párrafo Cuarto de los fundamentos de Derecho, (parte conducente), (SIC) “en las posiciones tanto fáctica como jurídica expresadas por el recurrente, es menester hacer las siguientes acotaciones o valoraciones, por un lado resulta incongruente estimar, por las máximas de la experiencia común, que una empresa que se haya dedicado por más de cincuenta años al rubro del transporte aéreo haya podido suscribir un contrato de arrendamiento con un plazo de un mes o de treinta días, siendo lo más consecuente determinar plazos equivalentes al de la propias concesión que se otorgó a la demandante, de veinte años, es importante señalar que en dicho contrato se encuentra contenida la cláusula K) que dispone que serán causas para dar por terminado el mismo: 1) Por mora en el pago de una mensualidad vencida. S) Destinar el inmueble para usos diferentes de los estipulados en el contrato. 3) Subarrendar total o parcialmente el inmueble objeto del contrato. 4) Si por remodelación o mejoras del Aeropuerto se necesitara el espacio para dichas mejoras. 5) Si por cualquier motivo el gobierno de Honduras pone término al contrato de Concesión otorgado a INTERAIRPORTS.-CONSIDERANDO (8): Que el Ad Quem deja establecido que en el caso subjudice ninguna de las causales antes expresadas ha sido alegadas y probadas por la parte demandante, siendo que para que proceda la terminación del contrato de arrendamiento objeto de la demanda necesariamente debe haberse acreditado el incumplimiento de cualquiera de las circunstancias antes señaladas, lo que no aconteció. Además, expone que, si la inferencia anterior es en cierto modo incongruente respecto a la duración del contrato, “resulta que el extremo que la demanda de mérito haya sido presentada hasta el año dos mil diez (2010) es decir nueve años con posterioridad al contrato del que se ha hecho mención no coincide incluso con la cláusula “m” del contrato en relación, que a la letra dice: “FALTA DE ENTREGA DEL INMUEBLE Y PENALIDAD. La falta de entrega del inmueble arrendado en la fecha prevista para el vencimiento del contrato no se entenderá como prorroga del arriendo…” con lo cual constituye una contradicción el considerar que dicho contrato se prorrogó por más tiempo, sobre la base de que, de su propio contenido no admitía dicha prorroga, siendo un hecho notorio para los intervinientes que durante todo ese tiempo se ha venido prorrogando la duración o vigencia de la convención suscrita, e incluso hasta en la actualidad. CONSIDERANDO (9): Que el Ad quem estima que la relación contractual entre las partes tiene el carácter de ser un acto de comercio. Así como que la excepción perentoria de prescripción de la acción alegada, esta según la ley, opera por el mero transcurso del tiempo, en el presente caso la partes excepcionanté alega que el derecho se pudo hacer valer desde el 01 de julio del año dos mil uno y este no fue ejercitado, por otro lado su contraparte aduce que en materia de inquilinato de conformidad con el artículo 22 de la ley de Inquilinato cada pago periódico de renta producirá automáticamente una prórroga del contrato por el mismo lapso que medie entre dos vencimientos sucesivos de alquileres y que por el solo hecho de recibir su representada el pago de la renta estaba dando por aceptada la prorroga del contrato…, hecho que ninguna de las partes ha negado, por un lado que el arrendatario (DIVESA) ha pagado la renta mensual del arrendamiento y por otro extremo que el arrendador(INTERAIRPORTS), ha aceptado dichos pagos, por lo que se colige como ya se ha repetido que ha operado de una forma automática la prórroga del mencionado contrato de arrendamiento, y en lo que respecta al plazo para computar desde cuando puede correr la prescripción aludida, ninguna de las partes intervinientes y por sobre todo la interesada, ha podido probar desde cuando operó dicha prescripción, por lo que se considera improcedente dicha pretensión prescriptiva. CONSIDERANDO (10): Que el Ad Quem se pronuncia respecto de la nulidad absoluta de la cláusula de contrato de arrendamiento que determina el plazo de vigencia, promovida vía reconvención por la parte demandada, señalando que las partes han obviado adrede dicha cláusula por mas de diez (10) años, siendo a estas alturas irrelevante y por sobre todo lo que determina en primer lugar el artículo 746 del Código de Comercio, cuando dispone que la nulidad y anulabilidad de los contratos mercantiles se regirán por las disposiciones aplicables del Código Civil, si bien en los contratos plurilaterales, en los que las partes persiguen un fin común, la nulidad o anulabilidad que afecte a las obligaciones de una de las partes no supondrá la del contrato salvo que la realización del fin perseguido resulte imposible sin aquellas…”. En relación a dicha nulidad sostiene el Ad quem, que esta debió sustentarse en base a los presupuestos legales contenidos en los artículo 1586 al 1604 del Código Civil en donde se regula puntualmente la nulidad y rescisión de los contratos, siendo que el artículo 1602 señala que la nulidad de un acto puede ser completa o parcial habiéndose omitido por la parte reconvincente dicho sustento legal y sin haber probado que la cláusula en mención que determina el plazo de vigencia cuya nulidad solicita se encuentra comprendida en alguno de los presupuestos legales que dan lugar a la nulidad según el Código Civil, por lo que deja establecido que la misma no es de recibo para dicho Tribunal de alzada. Concluye PRIMERO: Declarando de oficio la nulidad de la sentencia de fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince (2015) dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Declara sin lugar la demanda para que se declare judicialmente la terminación de un contrato de arrendamiento y la petición de desahucio, promovida por la Sociedad Mercantil INTERAIRPORTS, S.A., en contra de la Sociedad DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A., (DIVESA). TERCERO: declara sin lugar la demanda vía reconvención, referente a la nulidad absoluta a la cláusula de contrato de arrendamiento que determina plazo de vigencia promovida por la Empresa Mercantil DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS (DIVESA) en contra de la Sociedad Mercantil INTERAIRPORTS, S.A. CUARTO: Declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción promovida por la empresa Mercantil DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS (DIVESA), en contra de la Sociedad Mercantil INTERAIRPORTS, S.A. CONSIDERANDO (11): Que el contrato es una convención en virtud de la cual unas o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer algunas cosas. En cuanto a su validez y cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, según lo dispone el artículo 1539 del Código Civil. El artículo 1681 del Código Civil referido al Contrato de Arrendamiento literalmente dice: “El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra, o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio, un precio determinado. Por su parte la ley de Inquilinato vigente en su artículo 14 literal d), establece una serie de conceptos entre ellos: Locales: Los inmuebles urbanos y sub – urbanos o parte de los mismos, destinados a fines privados, industriales, profesionales o comerciales, y en general negocios y cualquier otra naturaleza, sean o no de índole lucrativa, siempre que no tengan el carácter de viviendas. CONSIDERANDO (12): Que en el contrato de arrendamiento firmado entre los representantes de las sociedades INTERAIRPORTS, S.A., Y DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A.,(DIVESA), claramente establece en el literal r): “Se conviene expresamente en cualquier diferencia que surgiere como consecuencia directa o indirecta de este contrato será resuelta conforme lo establecido en las leyes de Honduras, particularmente lo dispuesto en la Ley de Inquilinato y supletoriamente el Código Civil y el Juzgado competente del domicilio de INTERAIRPORTS”, (las negritas son nuestras). Siendo así, de acuerdo a lo convenido entre las partes, debe conocer el Juzgado de Inquilinato, del domicilio de INTERAIRPORTS”. Por otra parte en la cláusula K) del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes en controversia se aprecian las causas que podrán invocarse para dar por terminado dicho contrato: (SIC) “1) Por mora en el pago de una mensualidad vencida. S) Destinar el inmueble para usos diferentes de los estipulados en el contrato. 3) Subarrendar total o parcialmente el inmueble objeto del contrato. 4) Si por remodelación o mejoras del Aeropuerto se necesitara el espacio para dichas mejoras. 5) Si por cualquier motivo el gobierno de Honduras pone término al contrato de Concesión otorgado a INTERAIRPORTS”, apreciando que a lo largo del proceso tales causas no pueden ser invocadas para la terminación del contrato, en virtud de que las mismas han sido cumplidas. En consecuencia, debe darse cumplimiento a lo pactado por las partes, en el caso sub judice han decidido mediante el referido contrato someter sus diferencias conforme lo dispuesto a la Ley de Inquilinato y el Código Civil supletoriamente, en este orden de ideas el A quo ha dictado una resolución conforme a derecho, pues de acuerdo a dicho contrato, sin lugar a dudas debe ceñirse a la Ley Especial de Inquilinato. En cuanto a las cuestiones de fondo deben dirimirse y resolverse por el órgano jurisdiccional competente, en virtud de que, el quehacer fundamental del Juez Constitucional, es velar por mantener el orden constitucional en cuanto al respeto, protección, restablecimiento, mantenimiento y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos. Siendo competencia de los órganos jurisdiccionales resolver el conflicto sometido a su conocimiento, siguiendo el procedimiento previamente establecido en la Ley, en la que ambas partes han de tener las mismas oportunidades procesales, a fin de que las partes en conflicto obtengan una resolución fundada en derecho. CONSIDERANDO (13): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas el Ad quem ha vertido un criterio erróneo en virtud de no haber considerado los acuerdos fijados entre las partes al momento de suscribir el contrato de arrendamiento, donde queda claramente establecido que las partes decidieron someterse a las disposiciones de la Ley de Inquilinato y supletoriamente al código Civil. CONSIDERANDO (14): Que el Ministerio Público emitió dictamen en fecha 25 de agosto del año 2017, mediante el cual expone la apreciación jurídica de los hechos controvertidos señalando en la parte conducente, que del examen de la foliada de mérito y del estudio de la resolución dictada, estima que el Ad quem, apreció de manera errada los antecedentes y la norma jurídica aplicada, fallando en su función examinadora…. Por lo que fue del parecer que se otorgue la acción de amparo. CONSIDERANDO (15): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado RAUL BARNICA SOLORZANOO a favor de la sociedad Mercantil INTERAIRPORTS, S.A., contra la sentencia de fecha once de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones De lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME–NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-668-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL