Sentencia AC-667-16 — Registro 12794
Resumen
Resolución que declaro sin lugar recurso de apelación con relación a rectificación de acta de subasta de oficio y en la fase de ejecución en demanda de pago por la vía del proceso ordinario promovida por recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(9): Que vistos los antecedentes del caso y el Dictamen Fiscal, encuentra esta Sala de lo Constitucional, que esa representación fiscal fue de la opinión que SE OTORGUE, el amparo solicitado, en virtud que la resolución impetrada no se encuentra dictada acorde al debido proceso establecido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República con relación a lo normativizado en el artículo 3 del Código Procesal Civil; vulnerando también la resolución impetrada el derecho de defensa ínsito en el artículo 82 de la Constitución de la República, con relación a lo normativizado en los artículos 707 relacionado con el 193-b del Código Procesal Civil. En el presente caso, la procedencia del otorgamiento resulta de la irrazonable interpretación judicial en situaciones en que resulte necesario efectuar aclaraciones o rectificaciones de autos y sentencias, las cuales, sobre todo en fase de ejecución de sentencia, resulta menester interpretar en pro de la ejecución en sus propios términos. Así, cabe aplicar el contenido del Código Procesal Civil, en un sentido propio y nada ambiguo, cuando en su artículo 204.3, confiere tal facultad judicial, aun de oficio. En tal sentido, en congruencia al contenido manifiesto de la ley adjetiva aplicable el caso, no resultaba procedente la subsanación aditiva al acta de la audiencia subasta de fecha trece (13) de octubre del año dos mil quince (2015) realizada por el A Quo, sin ulterior, ni fundada motivación; la cual resultara refrendada por la Corte de Apelaciones en la resolución que es objeto de amparo, la cual carece también de motivación congruente y de fondo sobre un auto que tiene ciertamente características de definitividad, tal y como correspondería en concordancia con al debido proceso y a la plena vigencia de la generalidad de las garantías constitucionales.[3] CONSIDERANDO DIEZ (10): Que también ha resultado invocado por el amparista lo prescrito en el artículo 321 de la Constitución de la República que manda: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; lo cual constituye, en efecto, el marco regulativo en el cual debe enmarcarse la función pública, incluyendo desde luego, la resolución o acto reclamado. Asimismo, que resulta mandatorio en un Estado Constitucional de Derecho, lo prescrito en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que manda: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; prescripción que resulta extensiva a las personas jurídicas privadas, por la obligación convencional que supone, para el Estado de Honduras, la suscripción y ratificación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), particularmente de lo establecido en el artículo 8.1 de la misma; lo cual vincula al respeto, promoción y defensa de las garantías judiciales mínimas garantizadas en el ordenamiento jurídico hondureño. CONSIDERANDO ONCE (11): Que aunado en congruencia a lo antes expresado, se reafirma lo prescrito en el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, respecto a que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. Se refuerza así el objetivo y finalidad de tal norma adjetiva, como es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando la obligación de velar por el cumplimiento y realización de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República;[4] lo cual, ha señalado el amparista, procede en derecho ante la pretensión de la Alzada de aplicar rectificaciones oficiosas, más allá del ámbito preciso que concede la legalidad adjetiva; pretendiendo variar, inclusive, situaciones consolidadas de derecho en forma retroactiva; en vulneración al concepto de debido proceso, en su amplio concepto, así como, en lo conducente, a la intangibilidad del principio de no retroactividad de la ley, el cual tiene única salvedad en materia penal, cuando favorezca al reo; según prescrito en el artículo 96 de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 80, 82, 90, 321 y 323 de la Norma Fundamental. CONSIDERANDO DOCE (12): Que, de lo anteriormente expresado, considera la Sala de lo Constitucional que la resolución objeto de estudio, según emitida por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha nueve (9) de mayo de dos mil dieciséis (2016), no se ajusta a las normas jurídicas constitucionales que han quedado expresadas. Corresponde pues, con base a lo anteriormente, dictar estimatoria a la censura efectuada por el garantista con vistas a la resolución reclamada, en virtud poseer proyección y alcance constitucional, pues forma parte esencial del derecho al debido proceso la intangibilidad (invariabilidad) de las resoluciones judiciales firmadas en el juzgamiento y ejecución de lo juzgado, de conformidad a la legalidad vigente y sin desmedro de la seguridad jurídica, principio derivado de la legalidad constitucional conforme al cual toda pena o sanción, e inclusive, limitación o restricción de derechos constitucionales debe fundamentarse en lex scripta, lex praevia y lex certa;[5] lo cual no acaeció propiamente en el presente caso. - Por todo lo cual y a efecto se resuelva acorde los estándares constitucionales anteriormente especificados, procédase el otorgamiento del presente amparo2
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 707 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de mayo del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, a favor de la Sociedad Mercantil denominada “PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A DE C.V. (ZIP BUFALO, S.A DE C.V)” contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha quince de febrero de dos mil dieciséis; con relación a la demanda de pago por la vía del proceso ordinario promovida por la Sociedad Mercantil “PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A DE C.V. (ZIP BUFALO S.A DE C.V)”) contra la Sociedad Mercantil denominada CORDONES DE HONDURAS S. DE R.L., representada por el señor STEVEN WYNNE KEATING. Estimando el recurrente en la interposición de su recurso que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 80, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha diecinueve de agosto del año dos mil once, compareció ante Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado CESAR MILIAN PRADO, actuando en su condición de apoderado legal del PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A DE C.V., interponiendo demanda de pago por la vía del proceso ordinario contra la Sociedad Mercantil denominada CORDONES DE HONDURAS S. DE R.L. (Folios 01 al 21 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, con fecha quince de febrero del año dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó resolución mediante la cual Resuelve: “1) Admítase el escrito que antecede, junto con los documentos acompañados téngase al compareciente en el carácter que actúa; 2) Declárese con lugar la subsanación; 3) De oficio se subsana el acta de la audiencia subasta de fecha trece de octubre del año dos mil quince, en cuanto a lo relativo a la parte resolutiva correspondiente a los numerales 3.2 y 3.4, mismos que deben de leerse así; 3.2 En consecuencia se ADJUDICA a favor de PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A DE C.V. (ZIP BUFALO S.A DE C.V), el inmueble antes descrito, junto con las cargas gravámenes vigentes, quedando subrogado en la responsabilidad derivada de los mismo, conforme a lo establecido en al articulo 847.3 del Código Procesal Civil. 3.4 Líbrese atento mandamiento al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta ciudad dependencia del Instituto de la Propiedad para que cancela la anotación o inscripción del gravamen que haya originado el remate o la adjudicación, quedando subsistente el gravamen de la constitución de la hipoteca total a favor de HDH, LIMITED LIABILITY COMPANY (HDH LLC), que se encuentra inscrito bajo matricula 607166 asiento 2 de fecha 22 de junio del año 2009…”. (Folios 321 al 322 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: UNICO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación; lo cual tuvo como motivación fáctica y jurídica, la que se transcribe a continuación en su literalidad: “PRIMERO: Que de la lectura del auto antes señalado es procedente determinar lo siguiente: que el auto de fecha quince de febrero del año 2016, dictado por el A Quo no es un auto definitivo que le ponga fin al juicio. Ya que de la simple lectura del mismo se refiere a una subsanación. SEGUNDO: El Código Procesal Civil en su artículo 707 establece que sólo serán recurribles en apelación las sentencias los autos definitivos que le pongan fin al proceso y aquellos otros que la Ley expresamente señale, dictados en primera instancia por los juzgados de letras, cabe mencionar que el auto referido no está comprendido como resolución apelable ante esa alzada. Por lo que el A-QUO debió rechazarlo de plano. Esta resolución tiene su fundamento en los artículos 707, 713 del Código Procesal Civil”. (Folios 08 al 09 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado CESAR MILIAN PRADO, compareció ante este Tribunal, en fecha uno de julio del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada “PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A DE C.V. (ZIP BUFALO, S.A DE C.V)”, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis. 5) Que en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE, el amparo solicitado; lo cual tuvo como fundamento que la resolución impetrada no se encuentra dictada acorde al debido proceso establecido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República con relación a lo normativizado en el artículo 3 del Código Procesal Civil; conforme a lo cual las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones, ante un órgano competente, independiente e imparcial, obteniendo así una resolución justa y motivada; vulnerando también la resolución impetrada el derecho de defensa ínsito en el artículo 82 de la Constitución de la República con relación a lo normativizado en los artículos 707 relacionado con el 193-b del Código Procesal Civil. (Folios 40-46 del presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO DOS (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que el Abogado CÉSAR MILIAN PRADO, ha promovido acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada “PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A DE C.V. (ZIP BUFALO, S.A DE C.V)” contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha nueve (9) de mayo de dos mil dieciséis (2016), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha quince (15) de febrero de dos mil dieciséis (2016); con relación a la DEMANDA DE PAGO POR LA VÍA DEL PROCESO ORDINARIO promovida por la Sociedad Mercantil “PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A DE C.V. (ZIP BUFALO S.A DE C.V)”) contra la Sociedad Mercantil denominada CORDONES DE HONDURAS S. DE R.L., representada por el señor STEVEN WYNNE KEATING; resolución contra la cual ha manifestado el amparista, constituye una grave violación al proceso civil y a los derechos establecidos en los artículos 80, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, en su relación conjunta a los artículos 1 (Debido Proceso), 203 (Invariabilidad de las resoluciones), y 210 (Cosa Juzgada), todos del Código Procesal Civil; la cual consiste en dejar sin enmendar la violación cometida por la Juez A Quo al reformar una sentencia de subasta firme por haber transcurrido más de tres (3) meses desde que se dictare, en fecha trece (13) de octubre del año dos mil quince (2015), la cual originó un Título de Tradición de Dominio otorgado por esa Judicatura y valido ante terceros, derivado de un Juicio de Ejecución forzosa, en el cual se cumplieron todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Código Procesal Civil y el Código Civil vigentes: “… hasta concluir en la sentencia de subasta o auto definitivo por lo que no cabe hacer reformas o enmiendas a la sentencia de subasta puesto que la parte que se sienta perjudicada o no de acuerdo debe establecer la vía ordinaria a sus pretensiones”.[1] CONSIDERANDO CUATRO (4): Que reprocha, asimismo, el amparista, la interpretación dada al auto del cual se recurre por parte de la Alzada, según la cual, sería inapelable; lo cual obvia que el auto versa sobre un juicio ya firme y terminado, sobre el cual ya no cabría la subsanación, en el cual se habría vulnerado el principio de invariabilidad de las resoluciones, pues se está variando una resolución después de firmada, sin constituir dicha variación concepto oscuro alguno, ni rectificación de error material. Cita en apoyo a su aserto lo expresado en el Código Procesal Civil Comentado respecto al artículo 203, en donde se establece lo siguiente: “Esto significa que una vez dictado el fallo este no podrá modificarse en cuanto a su parte resolutiva, ya que para ello existen los recursos en los casos procedentes. Como puede observarse con ello se logra una mejor y más expedita impartición de justicia. Sobre esta cuestión debe de significarse como criterio interpretativo la doctrina constitucional sobre la intangibilidad de las resoluciones judiciales. La intangibilidad de lo decidido en resolución judicial firme, fuera de los casos legalmente establecidos, es, pues, un efecto íntimamente conectado con la efectividad de la tutela judicial tal como se consagra en el art. 24.1 de la Constitución Española (CE)”; concepto relacionado con la tutela judicial efectiva, a juicio del amparista, pues se ve recogido, tanto en el artículo 1 del Código Procesal Civil, como en el artículo 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CINCO (5): Que sigue sosteniendo el recurrente, Abogado CÉSAR MILIAN PRADO, en formalización de su acción constitucional, que existe amplia jurisprudencia española en función de los criterios dogmáticos constitucionales que se han dejado expresados, tales como los reconocidos en las sentencias: STC 58/2000, de 28 de febrero; STC 67/1984, FJ 2; SSTC 159/1987, FJ 2, y 12/1989, FJ 4, y; STC 43/1.998, de 24 de febrero, FJ 3; las cuales apuntan a que la inmutabilidad integra el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, como una sus diversas proyecciones, pues conlleva a que las resoluciones firmes se cumplan, impidiéndose su revisión o modificación fuera de los cauces expresamente previstos en el ordenamiento; pues lo contrario equivaldría a fraude a la tutela judicial efectiva mediante la inejecución de la sentencia firme, en agravio de la seguridad jurídica, dejando al albur de peticiones de las partes o de actuaciones de oficio, improcedentes y extemporáneas, el resultado final. En tal sentido, concurren a darle a la inmodificabilidad (Sic.) de las resoluciones firmes un valor jurídico consustancial a la tutela judicial efectiva, las sentencias SSTC 119/1.988, de 20 de junio, fundamento jurídico 2°, y; 12/1.989, de 23 de enero. CONSIDERANDO SEIS (6): Que, con relación a la denuncia constitucional formulada por el amparista, refiere que tal tesitura de variar lo dispuesto en resoluciones firmes y consentidas, alteraría y vulneraría el artículo 95 constitucional y, por ende, la prohibición de abrir juicios fenecidos, con salvedad a la acción de revisión, la cual ejercerá únicamente ante la Corte Suprema de Justicia. Sostiene el amparista que el artículo 204.3 del Código Procesal Civil no guarda relación como fundamento jurídico con la actuación seguida por la instancia en el presente caso, pues no habilitaría a la aclaración o reforma de la sentencia de subasta firme, ya que dicho artículo establece que los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento, inclusive de oficio;[2] esto significa, un simple error que no incide en la declaración jurídica, razón por la que no determina la anulación del acto; tal y como ha actuado la instancia ordinaria en el presente caso. Cita también, en apoyo a su tesitura, jurisprudencia plural del Tribunal Supremo de España; según la cual: “Los simples errores materiales, de hecho o aritméticos son aquellos cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al deducirse con plena certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones”. (Sentencias de la Sala Tercera de 19 de septiembre de 2004 (recurso 4174/2000), 4 de febrero de 2008 (recurso 2160/2003), inter alia). CONSIDERANDO SIETE (7): Que, finalmente, ha peticionado el garantista, que conceptúa como violentados a la sociedad mercantil conocida bajo la denominación social de “PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A DE C.V. (ZIP BUFALO, S.A DE C.V)”, los derechos y garantías fundamentales de debido proceso, cosa juzgada, legalidad y el derecho de defensa; por lo cual solicita de la Sala de lo Constitucional, la tutela jurisdiccional del caso, ordenando a la Corte de Apelaciones que REVOQUE el auto dictado en fecha quince (15) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) por estar violándose tales garantías constitucionales con el tenor de dicha resolución, volviendo la sentencia de subasta de fecha trece (13) de octubre del año dos mil quince (2015) a su estado original, según lo dispone el ordenamiento jurídico en sus ramas procesal civil y constitucional, de conformidad a derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Por ende, es deber de los órganos jurisdiccionales motivar y fundamentar sus resoluciones judiciales, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que les hubiere atribuido; lo cual compete realizar al órgano jurisdiccional que conoce del asunto en el ámbito de competencia que la ley le señala. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que vistos los antecedentes del caso y el Dictamen Fiscal, encuentra esta Sala de lo Constitucional, que esa representación fiscal fue de la opinión que SE OTORGUE, el amparo solicitado, en virtud que la resolución impetrada no se encuentra dictada acorde al debido proceso establecido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República con relación a lo normativizado en el artículo 3 del Código Procesal Civil; vulnerando también la resolución impetrada el derecho de defensa ínsito en el artículo 82 de la Constitución de la República, con relación a lo normativizado en los artículos 707 relacionado con el 193-b del Código Procesal Civil. En el presente caso, la procedencia del otorgamiento resulta de la irrazonable interpretación judicial en situaciones en que resulte necesario efectuar aclaraciones o rectificaciones de autos y sentencias, las cuales, sobre todo en fase de ejecución de sentencia, resulta menester interpretar en pro de la ejecución en sus propios términos. Así, cabe aplicar el contenido del Código Procesal Civil, en un sentido propio y nada ambiguo, cuando en su artículo 204.3, confiere tal facultad judicial, aun de oficio. En tal sentido, en congruencia al contenido manifiesto de la ley adjetiva aplicable el caso, no resultaba procedente la subsanación aditiva al acta de la audiencia subasta de fecha trece (13) de octubre del año dos mil quince (2015) realizada por el A Quo, sin ulterior, ni fundada motivación; la cual resultara refrendada por la Corte de Apelaciones en la resolución que es objeto de amparo, la cual carece también de motivación congruente y de fondo sobre un auto que tiene ciertamente características de definitividad, tal y como correspondería en concordancia con al debido proceso y a la plena vigencia de la generalidad de las garantías constitucionales.[3] CONSIDERANDO DIEZ (10): Que también ha resultado invocado por el amparista lo prescrito en el artículo 321 de la Constitución de la República que manda: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; lo cual constituye, en efecto, el marco regulativo en el cual debe enmarcarse la función pública, incluyendo desde luego, la resolución o acto reclamado. Asimismo, que resulta mandatorio en un Estado Constitucional de Derecho, lo prescrito en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que manda: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; prescripción que resulta extensiva a las personas jurídicas privadas, por la obligación convencional que supone, para el Estado de Honduras, la suscripción y ratificación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), particularmente de lo establecido en el artículo 8.1 de la misma; lo cual vincula al respeto, promoción y defensa de las garantías judiciales mínimas garantizadas en el ordenamiento jurídico hondureño. CONSIDERANDO ONCE (11): Que aunado en congruencia a lo antes expresado, se reafirma lo prescrito en el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, respecto a que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. Se refuerza así el objetivo y finalidad de tal norma adjetiva, como es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando la obligación de velar por el cumplimiento y realización de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República;[4] lo cual, ha señalado el amparista, procede en derecho ante la pretensión de la Alzada de aplicar rectificaciones oficiosas, más allá del ámbito preciso que concede la legalidad adjetiva; pretendiendo variar, inclusive, situaciones consolidadas de derecho en forma retroactiva; en vulneración al concepto de debido proceso, en su amplio concepto, así como, en lo conducente, a la intangibilidad del principio de no retroactividad de la ley, el cual tiene única salvedad en materia penal, cuando favorezca al reo; según prescrito en el artículo 96 de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 80, 82, 90, 321 y 323 de la Norma Fundamental. CONSIDERANDO DOCE (12): Que, de lo anteriormente expresado, considera la Sala de lo Constitucional que la resolución objeto de estudio, según emitida por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha nueve (9) de mayo de dos mil dieciséis (2016), no se ajusta a las normas jurídicas constitucionales que han quedado expresadas. Corresponde pues, con base a lo anteriormente, dictar estimatoria a la censura efectuada por el garantista con vistas a la resolución reclamada, en virtud poseer proyección y alcance constitucional, pues forma parte esencial del derecho al debido proceso la intangibilidad (invariabilidad) de las resoluciones judiciales firmadas en el juzgamiento y ejecución de lo juzgado, de conformidad a la legalidad vigente y sin desmedro de la seguridad jurídica, principio derivado de la legalidad constitucional conforme al cual toda pena o sanción, e inclusive, limitación o restricción de derechos constitucionales debe fundamentarse en lex scripta, lex praevia y lex certa;[5] lo cual no acaeció propiamente en el presente caso. - Por todo lo cual y a efecto se resuelva acorde los estándares constitucionales anteriormente especificados, procédase el otorgamiento del presente amparo. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 96, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 1,8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 9, 41 Nº1, 42, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGAR la Acción de AMPARO interpuesta por CESAR MILIAN PRADO, a favor de la Sociedad Mercantil denominada “PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A DE C.V. (ZIP BUFALO, S.A DE C.V)”, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve (9) de mayo de dos mil dieciséis (2016); de lo cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales que han quedado taxativamente expresados en la presente sentencia. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-667-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver Fundamento Jurídico Cuarto de la Formalización de Amparo, a folio 32 frente de la pieza de amparo.
[2] En similitud a lo preceptuado en el artículo 267. 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) del Reino de España. Ver: Enjuiciamiento Criminal (32° edición), THOMSON REUTERS – CIVITAS, 2011. Pág. 135.
[3] La utilidad de la jurisprudencia constitucional española, se infiere de la homogeneidad de los enunciados normativos en ambos ordenamientos, en lo pertinente a la rectificación de los contenidos de las sentencias. - Así, correspondería al órgano judicial competente en ejecución, la interpretación del fallo en sus propios términos y la fijación de su alcance, así como la determinación de cuales sean las medidas oportunas y razonablemente coherentes con el contenido de la resolución a ejecutar, que en cada caso hayan de adoptarse. P.E., ver lo referido por FOLGUERA CRESPO, José, en: El proceso laboral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Editor: Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996. pp. 56 y 57.
[4] En este sentido: BARROSO, L. El Neoconstitucionalismo y la Constitucionalización del Derecho. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, pp. 10 y ss.
[5] En este sentido: RODRÍGUEZ RUIZ, B. Los derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional. Valencia: Tirant lo blanch, 2016. Págs. 709 y ss. – En igual o parecido sentido: DE DIEGO DIEZ, L. Alfredo. El derecho a la tutela judicial efectiva. Prontuario de Derecho Procesal 1. Tegucigalpa M.D.C. OIM Editorial, 2014. Págs. 32, 131-136 y 154.