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Sentencia AC-610-17 — Registro 11610

Resumen

Acto recurrido que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación contra la del a-quo, con relación a la caducidad de medidas cautelares en la Demanda Ordinaria de Restitución de Pago de lo No Debido, perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el derecho constitucional al debido proceso invocado por el recurrente, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, toda vez que en la sentencia dictada por el tribunal de Alzada, se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben garantizar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando asimismo la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO REINA, a favor del señor RICARDO ERNESTO ULLOA AGURCIA, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (06) de abril del año dos mil diecisiete (2017), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la caducidad de medidas cautelares en la Demanda Ordinaria de Restitución de Pago de lo No Debido, promovida por el señor RICARDO ERNESTO ULLOA AGURCIA, contra los señores CINTIA MORALES ROSALES, GINA MORALES ROSALES, RODOLFO ALBERTO RAMIREZ PASTRANA, KARLA MARCELA ROQUE, DENIS A. SANCHEZ, NORMA LIDIA PAZ y YURI MANUEL MORENO.- Estima el recurrente que el acto recurrido violenta los derechos constitucionales del debido proceso, establecido en el artículo 90 y 64 de la Constitución de la República, al aplicar disposiciones totalmente incompatibles con el derecho a ser restituido en juicio del derecho que se reclama mediante la improcedente sentencia que decreta la Caducidad de las medidas impuestas.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil seis (2006), compareció ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el señor Ricardo Ernesto Ulloa Agurcia, promoviendo Demanda Ordinaria con el fin que en sentencia definitiva se condene a varios de los demandados a la Restitución del Pago de lo No Debido, demanda promovida en contra de los señores CINTIA MORALES ROSALES, GINA MORALES ROSALES, RODOLFO ALBERTO RAMIREZ PASTRANA, KARLA MARCELA ROQUE, DENIS A. SANCHEZ, NORMA LIDIA PAZ y YURI MANUEL MORENO. (Folios del 1 al 5 de la pieza principal de antecedentes de primera instancia).-2) Que en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil ocho (2008), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Walter Enrique Pineda Paredes, solicitando se decretara con carácter de urgente, la medida precautoria de Embargo sobre dos bienes inmuebles, el primero un solar situado hacia la tercera avenida de la ciudad de Comayagüela, distrito central inscrito a favor de las señoras Cintia Morales Rosales y Gina Morales Rosales, bajo Matricula 100631, Asiento 1 del Instituto de la Propiedad y el segundo un lote de terreno desmembrado de la Urbanización Residencial Tres Caminos, identificado con el número 239, bloque “G”, inscrito a favor de la señora Cintia Morales, bajo el asiento registral numero 76 del Tomo 626 del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones del Departamento de Francisco Morazán. (Folios 40 y 41 de la pieza principal de los antecedentes de primera instancia).-3) Que mediante providencia de fecha veinte (20) de enero del año dos mil nueve (2009), el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, resolvió decretar embargo sobre los bienes inmuebles relacionados en el acápite que antecede, ordenando librar comunicación al Instituto de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazán, mediante providencia de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil nueve (2009). (Folios 79 y 84 de la pieza principal de los antecedentes de primera instancia).-4) Que en fecha dos (2) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, la Abogada MARIA BERNARDETH MIRANDA GUARDIOLA, actuando en su condición de Apoderada Legal de la señora CINTIA MORALES ROSALES, promoviendo Solicitud para que se decrete caducidad cese de medida cautelar, de embargo, señalamiento de audiencia, libramiento de mandamiento. (Folios del 1 al 3 de la pieza separada de Cese de medida cautelar de los antecedentes de primera instancia).-5) Que en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó Resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “UNICO: Declara PROCEDENTE la solicitud de cancelación y cese de una medida precautoria de EMBARGO presentada en fecha dos de mayo de dos mil dieciséis por la abogada MARIA BERNARDETH MIRANDA GUARDIOLA actuando en su condición de apoderada legal de la señora CINTIA MORALES ROSALES como parte demandada, en consecuencia déjese sin ningún valor ni efecto la medida precautoria decretada en fecha veinte de enero de dos mil nueve e inscrita bajo matriculas Nos 100631 asiento No 2 y 536247 asiento No 3 y para la práctica líbrese atento mandamiento al Instituto de la Propiedad, a fin de que haga la anotación al margen del asiento precitado….”(Folios 48 y 49 de la pieza separada de Cese de medida cautelar de los antecedentes de primera instancia).-6) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, en su condición de Apoderado Sustituto de la parte demandante, contra la resolución relacionada en al acápite que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha seis (6) de abril del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto de fecha 12 de septiembre de 2016, por el abogado ROBERTO REINA VALLECILLO, en su condición de Apoderado Legal del señor RICARDO ERNESTO ULLOA AGURCIA.- SEGUNDO: Confirma dicha resolución, bajo los argumentos de este Tribunal.- TERCERO: Con costas….” (Folios del 10 al 15fv de la pieza de antecedentes del tribunal de Alzada).-7) Que el recurrente Abogado ROBERTO REINA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del señor RICARDO ERNESTO ULLOA AGURCIA, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (6) de abril del año dos mil diecisiete (2017), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República.- Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil dieciocho (2018). (Folios 22 y 23 de los autos).-8) Que en fecha siete (7) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE LA ACCIÓN DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República. Arguye la Fiscal del Despacho que del análisis de los antecedentes se desprende que en el caso de autos, el embargo supra citado fue decretado en fecha veinte de enero del año 2009 –folio 79 de la primera pieza-, y la solicitud de caducidad de dicha medida fue presentada en fecha dos de mayo del año 2016, de lo cual se aprecia que en efecto han transcurrido mas de los tres años que para tal efecto exige el Artículo 397 del Código Procesal Civil, por lo que en consonancia a lo dispuesto en la precitada norma se desprende de los antecedentes del caso que aun cuando la medida cautelar hubiese caducado de pleno derecho, la misma no fue Reactualizada por la parte interesada, por lo que la representación fiscal aprecia que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y fundamentada conforme a derecho, en observancia del Debido Proceso que consagra la Constitución de la República. (Folios del 28 al 33 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de abril del año dos mil diecisiete, que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Roberto Reina Vallecillo, en su condición de Apoderado Legal del señor RICARDO ERNESTO ULLOA AGURCIA, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de septiembre del año dos mil dieciséis, que declara procedente la solicitud de cancelación y cese de una medida precautoria de Embargo, promovida por la Abogada María Bernardeth Miranda Guardiola, en su condición de Apoderada Legal de la señora CINTIA MORALES ROSALES, en la Demanda Ordinaria de Restitución de Pago de lo No Debido, promovida por el señor RICARDO ERNESTO ULLOA AGURCIA, contra los señores CINTIA MORALES ROSALES, GINA MORALES ROSALES, RODOLFO ALBERTO RAMIREZ PASTRANA.-CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su discrepancia con la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, argumentando que el acto que se recurre en Amparo infringe los derechos constitucionales contenidos en los artículos 64 y 90 relativos al Debido proceso. Sostiene el impetrante que el inmueble sobre el que se decreto medida precautoria de Embargo y ubicado en la tercera avenida de Comayagüela se encuentra proindiviso, siendo titulares dominicales la señora Gina Morales Rosales y su hermana Cintia Morales Rosales ambas demandadas y con la particularidad excepcional en la presente solicitud de Cesación de Medida Cautelar, la demandada Cintia Morales Rosales manifestó ante el juzgado ser la única propietaria del referido inmueble, obviando de forma desleal en el proceso advertir al A-quo, que la señora Gina Morales Rosales, co-demandada, se encuentra en estado procesal de Rebeldía, por lo que la peticionaria no tiene facultades para postular en nombre de otra parte co-demandada, lo que dio como resultado por parte del A-quo y el Ad-quem al confirmar la providencia acusada, la comisión en sede judicial del delito de Abuso de Autoridad, al decretar la cesación de la medida cautelar que pesa sobre el referido inmueble por su condición legal de proindiviso y al ordenar el cese de la medida cautelar sobre todo el inmueble.-CONSIDERANDO (4): Que, continuando con sus alegaciones, el amparista aduce que al decretar la cesación de la medida cautelar sobre todo el bien inmueble, descarrila las disposiciones esculpidas en los artículos 129 y 263 del Código de Procedimientos de 1906, resolución que violenta el debido proceso, al permitir a la parte demandada rebelde, instar acciones procesales que le son prohibidas expresamente por la ley.-CONSIDERANDO (5): Que el derecho constitucional que el recurrente considera vulnerado es el siguiente: Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; relacionándolo con lo establecido en el Artículo 64 de la Constitución de la República, que al ser una declaración constitucional señala: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”-CONSIDERANDO (6): Que el derecho constitucional que invoca el impetrante como vulnerado, los relaciona con la inobservancia, en la resolución impugnada, de lo dispuesto en los artículos 129 y 263 del Código de Procedimientos Comunes de 1906, indicando el primero: “Transcurridos que sean los términos judiciales, se tendrá por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse. Exceptuada la reclamación de nulidad, no se admitirá escrito alguno que se oponga a esta disposición; y si fuere necesario recoger los autos para darles el curso correspondiente, se empelará el procedimiento establecido en el Articulo 126.”; asimismo la inobservancia de lo establecido en el Artículo 263 de la precitada norma legal que textualmente preceptúa: “Admitida la demanda, se conferirá traslado de ella al demandado para que la contesta dentro del término legal.”.-CONSIDERANDO (7): Que la resolución que se impugna, declara sin lugar el Recurso de Apelación promovido por el recurrente y en consecuencia confirma la resolución recurrida; el Ad-quem reafirma los hechos y fundamentos de derecho utilizados por el A-quo para declarar la Caducidad de la medida cautelar. En ese orden de ideas la resolución que se recurre en Amparo se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil que a la letra dispone: “CADUCIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR. Toda medida cautelar caduca a los tres (3) años contados desde la fecha de su ejecución. Si el proceso principal no hubiere concluido, puede el juez, a pedido de parte, disponer la reactualización de la medida.” –Lo subrayado es nuestro-. El precepto de la ley adjetiva antes relacionada, se encuentra en estrecha relación a lo dispuesto en el artículo 912 de la misma normativa, ello porque la demanda dio inicio en el año dos mil seis (2006), vigente en ese entonces el Código de Procedimientos Comunes de 1906, el referido artículo 912 preceptúa: “MEDIDAS PRECAUTORIAS. Las medidas precautorias o cautelares ya adoptadas antes de entrar en vigencia el presente Código Procesal Civil, se regirán por las disposiciones del Código anterior, pero el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar su revisión, modificación, sustitución o cese, con arreglo al presente Código.” –Énfasis y subrayado suplido-CONSIDERANDO (8): Que Como bien lo motiva la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, en la resolución impugnada, que en el presente caso se puede apreciar entre los folios 84 y 85 de la pieza principal de los antecedentes de primera instancia, acta de embargo de fecha 20 de enero del año 2009 practicada por el Juez Ejecutor nombrado, sobre los bienes inmuebles mencionados por la parte demandada, que demuestran claramente lo expuesto, en relación a que han transcurrido mas de los tres años que menciona el Artículo 397 del Código Procesal Civil, para su respectiva caducidad, limitándose la parte demandante, en lugar de hacer uso de la figura jurídica de la Reactualización que la misma norma jurídica le otorga, para contrarrestar los efectos de la caducidad de las medidas cautelares, a señalar aspectos referentes a la propiedad de dichos bienes inmuebles, elementos éstos que no menciona la ley, a efecto de declarar la caducidad de las medidas cautelares impuestas.-CONSIDERANDO (9): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha seis de abril del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivado, estableciendo el tribunal requerido, en los fundamentos de derecho el razonamiento de los hechos y los fundamentos legales que le sirvió para declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y con ello sustentando el porque de la decisión adoptada, decisión que no comparte la parte demandante y recurrente en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia que vulnere derechos constitucionales; se aprecia de la resolución impugnada que se ha respetado el debido proceso al dictar una sentencia con las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley, que invoca el impetrante como vulnerados.-CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en el artículo 129 y 263 del Código de procedimientos Comunes de 1906, relacionándolo con el derecho al debido proceso.-CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (12): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el derecho constitucional al debido proceso invocado por el recurrente, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, toda vez que en la sentencia dictada por el tribunal de Alzada, se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben garantizar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando asimismo la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 200, 206, 207, 208, 397 y 912 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado ROBERTO REINA, a favor del señor RICARDO ERNESTO ULLOA AGURCIA, contra la Resolución de fecha SEIS (6) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0610-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.