Sentencia AC-602-19 — Registro 11743
Resumen
Sobreseimiento de acción de amparo contra resolución que concedió recurso de reposición contra impugnación a tasación de costas, realizada por Secretaría del Despacho, por no haberse incluido en aquellos gastos debidamente justificados y reclamados (como es la totalidad de la minuta de honorarios del profesional de derecho que reclama el recurrente,en el único sentido de proceder a tasar las costas procesales; con relación a la Demanda por la vía del proceso ordinario para el pago por incumplimiento de un contrato de un seguro de vida promovida por recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la sentencia que se revisa, fue dictada en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, resolviendo la acción constitucional de amparo interpuesta por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, a favor del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la resolución de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que concede un recurso de reposición en el único sentido de proceder a tasar las costas procesales; con relación a la Demanda por la vía del proceso ordinario para el pago por incumplimiento de un contrato de un seguro de vida promovida por el señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la Sociedad Mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A. En el fallo objeto de examen, la Corte de Alzada estimó concurrente la causal de inadmisibilidad estipulada en el inciso 7º del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone que es inadmisible el recurso de amparo en los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal. En sus consideraciones, la Alzada estimó que (sic): “… SEGUNDO: Al revisar minuciosamente el expediente de primera instancia venido en virtud de la presente acción de amparo, se puede constatar que se concedió el recurso de reposición con el único sentido que la Secretaría del Despacho del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, procediera a tasar las costas procesales, mismas que fueron tasadas en fecha tres (03) de abril de dos mil diecinueve (2019), en relación al artículo 46 numeral 7 de la Ley sobre Justicia Constitucional, este Tribunal es del criterio de sobreseer la acción de amparo por tener el recurrente acciones expeditas o acciones legales, la cual sería la impugnación a la tasación de costas, realizada por la Secretaría del Despacho, por no haberse incluido en aquellos gastos debidamente justificados y reclamados (como es la totalidad de la minuta de honorarios del profesional de derecho que reclama el recurrente), articulo 225.2 del Código Procesal Civil.” Con lo cual el Tribunal de Apelación concluyó que la parte recurrente, tiene expedito recurso en el mismo juicio, estimando entonces la procedencia de la causal referida y determinando el sobreseimiento de las diligencias de mérito.-CONSIDERANDO (6): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, sabemos que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo ante tribunales ordinarios, y que estos recursos puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, como acontece en el caso de autos, ya que la recurrente puede reproducir este alegato en apelación al dictarse la sentencia que le ponga fin al proceso de primera instancia. -CONSIDERANDO (8): Que de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.-CONSIDERANDO (9): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.-CONSIDERANDO (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho mérito, al presentarse causas de inadmisibilidad; al tratarse de situaciones de tener acciones legales o recursos expeditos"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 7 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la sentencia que se revisa, fue dictada en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, resolviendo la acción constitucional de amparo interpuesta por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, a favor del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la resolución de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que concede un recurso de reposición en el único sentido de proceder a tasar las costas procesales; con relación a la Demanda por la vía del proceso ordinario para el pago por incumplimiento de un contrato de un seguro de vida promovida por el señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la Sociedad Mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A. En el fallo objeto de examen, la Corte de Alzada estimó concurrente la causal de inadmisibilidad estipulada en el inciso 7º del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone que es inadmisible el recurso de amparo en los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal. En sus consideraciones, la Alzada estimó que (sic): “… SEGUNDO: Al revisar minuciosamente el expediente de primera instancia venido en virtud de la presente acción de amparo, se puede constatar que se concedió el recurso de reposición con el único sentido que la Secretaría del Despacho del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, procediera a tasar las costas procesales, mismas que fueron tasadas en fecha tres (03) de abril de dos mil diecinueve (2019), en relación al artículo 46 numeral 7 de la Ley sobre Justicia Constitucional, este Tribunal es del criterio de sobreseer la acción de amparo por tener el recurrente acciones expeditas o acciones legales, la cual sería la impugnación a la tasación de costas, realizada por la Secretaría del Despacho, por no haberse incluido en aquellos gastos debidamente justificados y reclamados (como es la totalidad de la minuta de honorarios del profesional de derecho que reclama el recurrente), articulo 225.2 del Código Procesal Civil.” Con lo cual el Tribunal de Apelación concluyó que la parte recurrente, tiene expedito recurso en el mismo juicio, estimando entonces la procedencia de la causal referida y determinando el sobreseimiento de las diligencias de mérito.-CONSIDERANDO (6): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, sabemos que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo ante tribunales ordinarios, y que estos recursos puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, como acontece en el caso de autos, ya que la recurrente puede reproducir este alegato en apelación al dictarse la sentencia que le ponga fin al proceso de primera instancia. -CONSIDERANDO (8): Que de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.-CONSIDERANDO (9): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.-CONSIDERANDO (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho mérito, al presentarse causas de inadmisibilidad; al tratarse de situaciones de tener acciones legales o recursos expeditos"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 7 Y 9 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero de dos mil veinte.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Sobreseyó la acción de Amparo interpuesta por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, a favor del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la resolución de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que concede un recurso de reposición en el único sentido de proceder a tasar las costas procesales; con relación a la Demanda por la vía del proceso ordinario para el pago por incumplimiento de un contrato de un seguro de vida promovida por el señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la Sociedad Mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.- Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, actuando en su condición de apoderado legal del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, interponiendo Demanda de Ejecución de Titulo Judicial, contra la sociedad mercantil denominada SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A., solicitando se dictara mandamiento de Ejecución y Embargo, la habilitación de días y horas inhábiles, práctica de medidas de averiguación de bienes del deudor.-(Folio 1 al 4 de la pieza del Juzgado)
- Que en fecha treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: PRIMERO: Admítase a trámite la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL CONSISTENTE EN SENTENCIA FIRME DE CONDENA…”presentada por parte del Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en su condición de apoderado del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, junto con la copia de la demanda acompañada los que se mandan agregar a sus antecedentes.- SEGUNDO: Por medio del Receptor del Despacho, NOTIFÍQUESE el mandamiento de ejecución a la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A., por medio de su Gerente General y Representante Legal el señor RAUL EFRAIN MEJIA SEQUEIROS haciéndole entrega de la copia de la solicitud y demás documentos, por la cantidad reclamada de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L 2,620,770.93) , más las costas del juicio, dicha copia de requerimiento debe ser entregado a un familiar mayor de 14 años o encargado que se encuentre en el lugar donde tienen su domicilio o su trabajo habitual, advirtiéndoles que de no pagar en el acto del requerimiento se les practicará un embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad reclamada más intereses legales y costas del juicio, quienes para efectos de la comunicación judicial pueden ser ubicados en la dirección señalada en la comparecencia de la presente demanda; haciéndoles saber que tienen plazo de TRES (3) días, para oponerse a partir del día siguiente de la notificación… TERCERO: De igual forma hágasele la advertencia a la ejecutada que los efectos de la notificación de la ejecución conllevan orden judicial a los deudores de no poder disponer, limitar o gravar sus bienes o derechos sin autorización judicial,…” (Folios 18 y 19 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019), el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, presentando manifestación en la que solicita embargo por la suma de L. 655,192.73 correspondiente a las costas de ejecución y que resulta de calcular el 25% sobre la cantidad de L. 2620,770.93 cantidad condenada en sentencia definitiva. En consecuencia, el citado Juzgado, en fecha doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019), resolvió declarando sin lugar dicha solicitud, en virtud de constar en pieza separada la tasación de costas. (Folios 54 y 55 de la pieza del Juzgado).-4) Que en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil diecinueve (2019) el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de reposición contra el auto de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, del que se hace referencia en el numeral que antecede. (Folios 58 al 60 de la pieza del Juzgado).-5) Que en fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, (SIC) RESOLVIO: Conceder el Recurso de Reposición en el único sentido de tasar las costas procesales. - (folio 61 de la pieza del Juzgado) .-6) Que en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, interponiendo recurso de amparo a favor del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la resolución de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, Manifestando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República. (Folio 01al 08 la pieza del juzgado).-7) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictó sentencia mediante la cual falló Primero:… SEGUNDO: Sobreseer la acción de amparo interpuesta por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en su condición de representante procesal del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, quien recurre contra la resolución de fecha cinco de marzo del año dos mil diecinueve (2019) emitido por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Fráncico Morazán…” (Folios 37 al 38 de la pieza de segunda instancia). -8) Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, resolviendo la acción constitucional de amparo interpuesta por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, a favor del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la resolución de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que concede un recurso de reposición en el único sentido de proceder a tasar las costas procesales; con relación a la Demanda por la vía del proceso ordinario para el pago por incumplimiento de un contrato de un seguro de vida promovida por el señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la Sociedad Mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A. En el fallo objeto de examen, la Corte de Alzada estimó concurrente la causal de inadmisibilidad estipulada en el inciso 7º del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone que es inadmisible el recurso de amparo en los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal. En sus consideraciones, la Alzada estimó que (sic): “… SEGUNDO: Al revisar minuciosamente el expediente de primera instancia venido en virtud de la presente acción de amparo, se puede constatar que se concedió el recurso de reposición con el único sentido que la Secretaría del Despacho del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, procediera a tasar las costas procesales, mismas que fueron tasadas en fecha tres (03) de abril de dos mil diecinueve (2019), en relación al artículo 46 numeral 7 de la Ley sobre Justicia Constitucional, este Tribunal es del criterio de sobreseer la acción de amparo por tener el recurrente acciones expeditas o acciones legales, la cual sería la impugnación a la tasación de costas, realizada por la Secretaría del Despacho, por no haberse incluido en aquellos gastos debidamente justificados y reclamados (como es la totalidad de la minuta de honorarios del profesional de derecho que reclama el recurrente), articulo 225.2 del Código Procesal Civil.” Con lo cual el Tribunal de Apelación concluyó que la parte recurrente, tiene expedito recurso en el mismo juicio, estimando entonces la procedencia de la causal referida y determinando el sobreseimiento de las diligencias de mérito.-CONSIDERANDO (6): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, sabemos que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo ante tribunales ordinarios, y que estos recursos puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, como acontece en el caso de autos, ya que la recurrente puede reproducir este alegato en apelación al dictarse la sentencia que le ponga fin al proceso de primera instancia. -CONSIDERANDO (8): Que de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.-CONSIDERANDO (9): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.-CONSIDERANDO (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho mérito, al presentarse causas de inadmisibilidad; al tratarse de situaciones de tener acciones legales o recursos expeditos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 7) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0602-2019 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero de dos mil veinte.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Sobreseyó la acción de Amparo interpuesta por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, a favor del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la resolución de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que concede un recurso de reposición en el único sentido de proceder a tasar las costas procesales; con relación a la Demanda por la vía del proceso ordinario para el pago por incumplimiento de un contrato de un seguro de vida promovida por el señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la Sociedad Mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.- Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, actuando en su condición de apoderado legal del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, interponiendo Demanda de Ejecución de Titulo Judicial, contra la sociedad mercantil denominada SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A., solicitando se dictara mandamiento de Ejecución y Embargo, la habilitación de días y horas inhábiles, práctica de medidas de averiguación de bienes del deudor.-(Folio 1 al 4 de la pieza del Juzgado)._2) Que en fecha treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: PRIMERO: Admítase a trámite la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL CONSISTENTE EN SENTENCIA FIRME DE CONDENA…”presentada por parte del Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en su condición de apoderado del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, junto con la copia de la demanda acompañada los que se mandan agregar a sus antecedentes.- SEGUNDO: Por medio del Receptor del Despacho, NOTIFÍQUESE el mandamiento de ejecución a la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A., por medio de su Gerente General y Representante Legal el señor RAUL EFRAIN MEJIA SEQUEIROS haciéndole entrega de la copia de la solicitud y demás documentos, por la cantidad reclamada de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L 2,620,770.93) , más las costas del juicio, dicha copia de requerimiento debe ser entregado a un familiar mayor de 14 años o encargado que se encuentre en el lugar donde tienen su domicilio o su trabajo habitual, advirtiéndoles que de no pagar en el acto del requerimiento se les practicará un embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad reclamada más intereses legales y costas del juicio, quienes para efectos de la comunicación judicial pueden ser ubicados en la dirección señalada en la comparecencia de la presente demanda; haciéndoles saber que tienen plazo de TRES (3) días, para oponerse a partir del día siguiente de la notificación… TERCERO: De igual forma hágasele la advertencia a la ejecutada que los efectos de la notificación de la ejecución conllevan orden judicial a los deudores de no poder disponer, limitar o gravar sus bienes o derechos sin autorización judicial,…” (Folios 18 y 19 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019), el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, presentando manifestación en la que solicita embargo por la suma de L. 655,192.73 correspondiente a las costas de ejecución y que resulta de calcular el 25% sobre la cantidad de L. 2620,770.93 cantidad condenada en sentencia definitiva. En consecuencia, el citado Juzgado, en fecha doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019), resolvió declarando sin lugar dicha solicitud, en virtud de constar en pieza separada la tasación de costas. (Folios 54 y 55 de la pieza del Juzgado).-4) Que en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil diecinueve (2019) el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de reposición contra el auto de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, del que se hace referencia en el numeral que antecede. (Folios 58 al 60 de la pieza del Juzgado).-5) Que en fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, (SIC) RESOLVIO: Conceder el Recurso de Reposición en el único sentido de tasar las costas procesales. - (folio 61 de la pieza del Juzgado) .-6) Que en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, interponiendo recurso de amparo a favor del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la resolución de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, Manifestando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República. (Folio 01al 08 la pieza del juzgado).-7) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictó sentencia mediante la cual falló Primero:… SEGUNDO: Sobreseer la acción de amparo interpuesta por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en su condición de representante procesal del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, quien recurre contra la resolución de fecha cinco de marzo del año dos mil diecinueve (2019) emitido por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Fráncico Morazán…” (Folios 37 al 38 de la pieza de segunda instancia). -8) Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, resolviendo la acción constitucional de amparo interpuesta por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, a favor del señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la resolución de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que concede un recurso de reposición en el único sentido de proceder a tasar las costas procesales; con relación a la Demanda por la vía del proceso ordinario para el pago por incumplimiento de un contrato de un seguro de vida promovida por el señor EDOARDO FRANCISCO AGUILAR ZELAYA, contra la Sociedad Mercantil SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A. En el fallo objeto de examen, la Corte de Alzada estimó concurrente la causal de inadmisibilidad estipulada en el inciso 7º del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone que es inadmisible el recurso de amparo en los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal. En sus consideraciones, la Alzada estimó que (sic): “… SEGUNDO: Al revisar minuciosamente el expediente de primera instancia venido en virtud de la presente acción de amparo, se puede constatar que se concedió el recurso de reposición con el único sentido que la Secretaría del Despacho del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, procediera a tasar las costas procesales, mismas que fueron tasadas en fecha tres (03) de abril de dos mil diecinueve (2019), en relación al artículo 46 numeral 7 de la Ley sobre Justicia Constitucional, este Tribunal es del criterio de sobreseer la acción de amparo por tener el recurrente acciones expeditas o acciones legales, la cual sería la impugnación a la tasación de costas, realizada por la Secretaría del Despacho, por no haberse incluido en aquellos gastos debidamente justificados y reclamados (como es la totalidad de la minuta de honorarios del profesional de derecho que reclama el recurrente), articulo 225.2 del Código Procesal Civil.” Con lo cual el Tribunal de Apelación concluyó que la parte recurrente, tiene expedito recurso en el mismo juicio, estimando entonces la procedencia de la causal referida y determinando el sobreseimiento de las diligencias de mérito.-CONSIDERANDO (6): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, sabemos que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo ante tribunales ordinarios, y que estos recursos puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, como acontece en el caso de autos, ya que la recurrente puede reproducir este alegato en apelación al dictarse la sentencia que le ponga fin al proceso de primera instancia. -CONSIDERANDO (8): Que de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.-CONSIDERANDO (9): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.-CONSIDERANDO (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho mérito, al presentarse causas de inadmisibilidad; al tratarse de situaciones de tener acciones legales o recursos expeditos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 7) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0602-2019 .- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL