Sentencia AC-504-19 — Registro 11608
Resumen
Acto recurrido que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la del a-quo, con relación a la demanda vía procedimiento declarativo abreviado de daños y perjuicios derivada de un accidente de tránsito promovida, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que este Alto Tribunal advierte de las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la impetrante..." ..." Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones de mero derecho y propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (10): Que este Alto Tribunal advierte de las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la impetrante
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve.-VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VILMA CLEMENTINA ZUÑIGA D VICENTE a favor de la sociedad mercantil denominada AGENCIA RIVERA FIALLOS, S. DE R.L. y del señor OSCAR ARTURO RIVERA ZAVALA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho; con relación a la demanda vía procedimiento declarativo abreviado de daños y perjuicios derivada de un accidente de tránsito promovida por el señor JAIME MARTINEZ HERNANDEZ contra la sociedad mercantil AGENCIA RIVERA FIALLOS, S. DE R.L. y del señor OSCAR ARTURO RIVERA ZAVALA. (Exp. 2142-2017/45-19).-CONSIDERANDO (01): Que, en sus alegaciones, la recurrente sostuvo que en la valoración que se hizo de la prueba propuesta, no fueron aplicadas las reglas de la sana crítica, aduciendo además la existencia de pruebas prohibidas, documentos adulterados, declaraciones testificales falsas e inclusive un (sic) “interés manifiesto del juez” en el caso..-CONSIDERANDO (02): Que como ya lo ha señalado previamente este Supremo Tribunal[1], en la doctrina se han dado diversas acepciones de lo que se debe entender por sana critica, siendo un criterio generalmente aceptado que la sana crítica es el método de apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados[2]. Para algunos tratadistas, aquello que se deduce de la sana crítica, no difiere en absoluto de lo que pretende la intimate conviction[3] o libre valoración de la prueba, que se oponía al sistema de tarifa legal de prueba al que hemos hecho referencia anteriormente, en el que la ley era la que fijaba o señalaba al juez el grado de credibilidad que debía otorgar a la prueba. Así, ha existido algún consenso en afirmar que las reglas de la sana crítica no son otra cosa que el análisis racional y lógico de la prueba, una conclusión con la que este Alto Tribunal asiente. Es racional por cuanto debe ajustarse a la razón o el discernimiento; y es lógico, por tener que enmarcarse dentro de las leyes del conocimiento. Lo uno y lo otro se efectúa por regla general, mediante un silogismo o deducción, cuya premisa mayor la constituyen las normas de la experiencia y la menor, la situación en particular, para obtener una conclusión determinada.[4].-CONSIDERANDO (03): Que ciertamente que para estimar los argumentos de la impetrante y con ello desmeritar la valoración probatoria que se ha hecho en el presente caso, se exige más que meros señalamientos e inculpaciones, como se ha limitado a hacerlo la amparista. La valoración de la prueba es propia del juez y es la que le permite establecer su convencimiento con respecto a los hechos que se alegan. Por supuesto que esta valoración debe hacerse siempre dentro de los límites legales y en acatamiento a los principios que rectoran el proceso, siguiendo con las formalidades que por ley le son requeridas a todo juzgador.-CONSIDERANDO (04): Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. Esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Asimismo, esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba.-CONSIDERANDO (05): La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[5], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. Que, en este sentido, esta Sala ha dejado establecido también que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[6] -CONSIDERANDO (06): Que como también lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (07): Conforme lo anterior, es necesario dejar señalado, que debería resultar evidente que no compete a la acción constitucional de amparo la decisión de los litigios privados o de los procesos declarativos que se insten ante los tribunales ordinarios, la justicia constitucional interviene cuando las decisiones o acciones del juzgador en torno a estos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.-CONSIDERANDO (08): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que en este caso el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la cuestionada valoración probatoria también propia de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO (09): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones de mero derecho y propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (10): Que este Alto Tribunal advierte de las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada, corresponde conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la impetrante.-CONSIDERANDO (11): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1) SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VILMA CLEMENTINA ZUÑIGA D VICENTE a favor de la sociedad mercantil denominada AGENCIA RIVERA FIALLOS, S. DE R.L. y del señor OSCAR ARTURO RIVERA ZAVALA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Resolución de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 504-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] En los recursos de amparo ACA-163-2014 y 947-2016
[2] MONTERO AROCA, JUAN (2002). “La prueba en el proceso civil”. Civitas. pp. 278-279.
[3] JORDI NIEVA FENOLL (2010). “La Valoración de la Prueba”. Cit., p.89
[4] JAIME AZULA CAMACHO (1998). “Manual de Derecho Probatorio”. Temis. p.48
[5] APC 631-z12: AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11
[6] Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA