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Sentencia AC-480-18 — Registro 8721

Resumen

Resolución impugnada que declaró sin lugar recurso de apelación con relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Judicial de un Juicio de Desahucio, promovida por impetrante para el pago de los conceptos de rentas y servicios públicos, pero no condena al pago de daños y perjuicios e intereses

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar Sin Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; con relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Judicial de un Juicio de Desahucio, promovida por el señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, en contra los señores EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES y LIZZET GUILLEN BARDALES; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogadas BESSY LILY ORDOÑEZ SOLIZ y MILGIAN JUDITH SANCHEZ SANCHEZ, a favor del señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; con relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Judicial de un Juicio de Desahucio, promovida por el señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, en contra los señores EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES y LIZZET GUILLEN BARDALES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representado, los Artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato, del Departamento de Francisco Morazán, las Abogadas BESSY LILY ORDOÑEZ SOLIZ y MILGIAN JUDITH SANCHEZ SANCHEZ, actuando en su condición de apoderadas legales del señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, interponiendo Demanda de Ejecución de Titulo Judicial de un Juicio de Desahucio, en contra los señores EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES y LIZZET GUILLEN BARDALES, solicitando que se declare con lugar la presente demanda, ordenando al demandado al pago de: la cantidad adeudada; los incrementos que ha sufrido la misma; los intereses legales; daños ocasionados al inmueble; las costas y los honorarios del presente juicio. (Folios 1–96 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO (1): Tener por presentado el escrito de EJECUCION FORZOSA DE TITULO JUDICIAL, presentada ante este Tribunal por las Abogadas BESSY LILY ORDOÑEZ SOLIZ y la Abogada MILGIAN JUDITH SANCHEZ SANCHEZ quienes actúan en su condición de representantes procesales del señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, como parte demandante (ejecutada), contra los señores EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES, y LIZZET GUILLEN BARDALES como parte demandada (ejecutada). RECHAZASE la presente solicitud de ejecución en virtud de los siguientes puntos: 1) La ejecución debe acorde al título ejecutivo en que se funda, con la relación a los daños al inmueble presentado los mismos deben ser solicitados acorde, única y exclusivamente en el reconocimiento judicial de fecha quince (15) de junio del dos mil dieciséis (2016). (Folio 114 y vuelto). 2) No presenta una minuta detallada de las costas y honorarios profesionales. Por lo tanto, no podría solicitar simultáneamente la aplicación del Artículo 757 numeral 2 del Código Procesal Civil en virtud de existir ya las cantidades determinadas en concepto de rentas por el desalojo del inquilino. 3) La sentencia no establece como condena el pago de seis (6%) por ciento de interés legal. 4) Siendo que existe sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de los Civil del Departamento de Francisco Morazán sin determinar cantidades donde efectivamente revocan el numeral segundo de la sentencia aludida, en la misma solo establece la condena al señor EXEQUIEL BAQUEDANO FLIORES en el pago de las rentas y servicios públicos, pero no relaciona la condena al pago de daños al inmueble. SEGUNDO (2): Esta resolución será susceptible de recurso de apelación el cual se interpondrá ante este juzgado dentro del plazo de diez (10) días contados a partir desde el día siguiente a la notificación de este auto. En el escrito de interposición el apelante expresara los agravios que la resolución le cause.-” (Folios 97 y 98 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por las Abogadas BESSY LILY ORDOÑEZ SOLIZ y MILGIAN JUDITH SANCHEZ SANCHEZ, en su condición de apoderadas legales del señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las abogadas BESSY LILY ORDOÑEZ SOLIZ y MILGIAN JUDITH SANCHEZ SANCHEZ, en su condición de Apoderadas Legales del señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR.- SEGUNDO: SE CONFIRMA el auto impugnado por medio del Recurso de Apelación.- TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, por no haber aún parte ejecutada.-” (Folios 22–27 de la Segunda Pieza de los antecedentes)- 4) Que las Abogadas BESSY LILY ORDOÑEZ SOLIZ y MILGIAN JUDITH SANCHEZ SANCHEZ, comparecieron ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, contra la sentencia de fecha dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–52 y 71 de la presente Recurso)- 5) Que en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente Acción de Amparo, el Ministerio Público opina que SE DENIEGUE la misma en virtud de no vislumbrase violación a los preceptos señalados por las Amparistas.” (Folios 74–83 del presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras de Inquilinato, del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Judicial de un Juicio de Desahucio, promovida por el señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, en contra los señores EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES y LIZZET GUILLEN BARDALES.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que las recurrentes exponen su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República; al considerar que el Ad-Quem incurre en transgresión de los derechos fundamentales, cuando no provoca la imposibilidad de hacer cumplir el contenido del Título ejecutivo que ha paso a ser ya una cosa Juzgada, y de hacer efectiva de manera expedita como manda la Ley, la Tutela Judicial otorgada.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente Acción de Amparo, el Ministerio Público opina que SE DENIEGUE la misma en virtud de no vislumbrase violación a los preceptos señalados por las Amparistas.”- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), se concluye que el señor EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES, compareció como gestor oficioso de su ex esposa LIZZETH GUILLEN BARDALES, ante el Departamento Administrativo de Inquilinato, a fin de proponer un arreglo de pago en concepto de las rentas atrasadas y los pagos de servicios públicos, asumió la obligación para darle el cumplimento al contrato de arrendamiento en un acto voluntario ante un órgano administrativo. Por lo anterior, de la redacción del fallo de segunda instancia, se desprende que EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES, se condenó al pago de dichos conceptos, no así al concepto de daños y perjuicios tal como la A-Quo como lo ha expresado en la resolución recurrida, no pudiendo ese Tribunal suponer o hacer conjeturas que dicha sentencia también establece que a dicho señor se le ha condenado a otros conceptos, pues de su contenido no se aprecia tal aspecto.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar Sin Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; con relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Judicial de un Juicio de Desahucio, promovida por el señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, en contra los señores EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES y LIZZET GUILLEN BARDALES; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0480-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogadas BESSY LILY ORDOÑEZ SOLIZ y MILGIAN JUDITH SANCHEZ SANCHEZ, a favor del señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; con relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Judicial de un Juicio de Desahucio, promovida por el señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, en contra los señores EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES y LIZZET GUILLEN BARDALES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representado, los Artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato, del Departamento de Francisco Morazán, las Abogadas BESSY LILY ORDOÑEZ SOLIZ y MILGIAN JUDITH SANCHEZ SANCHEZ, actuando en su condición de apoderadas legales del señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, interponiendo Demanda de Ejecución de Titulo Judicial de un Juicio de Desahucio, en contra los señores EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES y LIZZET GUILLEN BARDALES, solicitando que se declare con lugar la presente demanda, ordenando al demandado al pago de: la cantidad adeudada; los incrementos que ha sufrido la misma; los intereses legales; daños ocasionados al inmueble; las costas y los honorarios del presente juicio. (Folios 1–96 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO (1): Tener por presentado el escrito de EJECUCION FORZOSA DE TITULO JUDICIAL, presentada ante este Tribunal por las Abogadas BESSY LILY ORDOÑEZ SOLIZ y la Abogada MILGIAN JUDITH SANCHEZ SANCHEZ quienes actúan en su condición de representantes procesales del señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, como parte demandante (ejecutada), contra los señores EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES, y LIZZET GUILLEN BARDALES como parte demandada (ejecutada). RECHAZASE la presente solicitud de ejecución en virtud de los siguientes puntos: 1) La ejecución debe acorde al título ejecutivo en que se funda, con la relación a los daños al inmueble presentado los mismos deben ser solicitados acorde, única y exclusivamente en el reconocimiento judicial de fecha quince (15) de junio del dos mil dieciséis (2016). (Folio 114 y vuelto). 2) No presenta una minuta detallada de las costas y honorarios profesionales. Por lo tanto, no podría solicitar simultáneamente la aplicación del Artículo 757 numeral 2 del Código Procesal Civil en virtud de existir ya las cantidades determinadas en concepto de rentas por el desalojo del inquilino. 3) La sentencia no establece como condena el pago de seis (6%) por ciento de interés legal. 4) Siendo que existe sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de los Civil del Departamento de Francisco Morazán sin determinar cantidades donde efectivamente revocan el numeral segundo de la sentencia aludida, en la misma solo establece la condena al señor EXEQUIEL BAQUEDANO FLIORES en el pago de las rentas y servicios públicos, pero no relaciona la condena al pago de daños al inmueble. SEGUNDO (2): Esta resolución será susceptible de recurso de apelación el cual se interpondrá ante este juzgado dentro del plazo de diez (10) días contados a partir desde el día siguiente a la notificación de este auto. En el escrito de interposición el apelante expresara los agravios que la resolución le cause.-” (Folios 97 y 98 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por las Abogadas BESSY LILY ORDOÑEZ SOLIZ y MILGIAN JUDITH SANCHEZ SANCHEZ, en su condición de apoderadas legales del señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las abogadas BESSY LILY ORDOÑEZ SOLIZ y MILGIAN JUDITH SANCHEZ SANCHEZ, en su condición de Apoderadas Legales del señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR.- SEGUNDO: SE CONFIRMA el auto impugnado por medio del Recurso de Apelación.- TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, por no haber aún parte ejecutada.-” (Folios 22–27 de la Segunda Pieza de los antecedentes)- 4) Que las Abogadas BESSY LILY ORDOÑEZ SOLIZ y MILGIAN JUDITH SANCHEZ SANCHEZ, comparecieron ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, contra la sentencia de fecha dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–52 y 71 de la presente Recurso)- 5) Que en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente Acción de Amparo, el Ministerio Público opina que SE DENIEGUE la misma en virtud de no vislumbrase violación a los preceptos señalados por las Amparistas.” (Folios 74–83 del presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras de Inquilinato, del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Judicial de un Juicio de Desahucio, promovida por el señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, en contra los señores EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES y LIZZET GUILLEN BARDALES.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que las recurrentes exponen su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República; al considerar que el Ad-Quem incurre en transgresión de los derechos fundamentales, cuando no provoca la imposibilidad de hacer cumplir el contenido del Título ejecutivo que ha paso a ser ya una cosa Juzgada, y de hacer efectiva de manera expedita como manda la Ley, la Tutela Judicial otorgada.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente Acción de Amparo, el Ministerio Público opina que SE DENIEGUE la misma en virtud de no vislumbrase violación a los preceptos señalados por las Amparistas.”- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018), se concluye que el señor EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES, compareció como gestor oficioso de su ex esposa LIZZETH GUILLEN BARDALES, ante el Departamento Administrativo de Inquilinato, a fin de proponer un arreglo de pago en concepto de las rentas atrasadas y los pagos de servicios públicos, asumió la obligación para darle el cumplimento al contrato de arrendamiento en un acto voluntario ante un órgano administrativo. Por lo anterior, de la redacción del fallo de segunda instancia, se desprende que EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES, se condenó al pago de dichos conceptos, no así al concepto de daños y perjuicios tal como la A-Quo como lo ha expresado en la resolución recurrida, no pudiendo ese Tribunal suponer o hacer conjeturas que dicha sentencia también establece que a dicho señor se le ha condenado a otros conceptos, pues de su contenido no se aprecia tal aspecto.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar Sin Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; con relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Judicial de un Juicio de Desahucio, promovida por el señor MANUEL ERNESTO MARTINEZ ESCOBAR, en contra los señores EXEQUIEL BAQUEDANO FLORES y LIZZET GUILLEN BARDALES; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0480-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional