Sentencia AC-465-18 — Registro 11787
Resumen
Resolución que declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó sentencia que declaro sin lugar Demanda para la Modificación de Medida Definitiva de Pensión Alimenticia por cambio de circunstancia, promovida por recurrentes, solicitando se decrete medida cautelar de embargo de salario de demandado, por no acreditar con libros contables y talonarios de pago autorizados por el Servicio de Administración de Rentas SAR, el movimiento de ingresos y egresos del gimnasio Power Gym, que es obligación ineludible de todo establecimiento de servicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que, en la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho (2018); se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora para dictar sentencia en esa instancia. Llegando a la conclusión de que no se probó en forma fehaciente, que la fuente de ingresos del Gimnasio Power Gym, para efecto de alimento de los menores, según convenio regulador, sean insuficientes; y, que ambos padres que laborar independientemente, y que ambos corresponde la obligación de proporcionar alimentos. Por lo que no aparece acreditado el cambio de circunstancias de sustancial mejora económica del alimentante demandado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Derecho de Familia, dada la naturaleza de los intereses que tutela, sobre todo cuando de menores se trata, tiene sus propias particularidades, que lo diferencian del Derecho Civil propiamente dicho, cuyas controversias normalmente no trascienden del ámbito privado y frecuentemente presentan un fuerte contenido patrimonial. En el Derecho de Familia, sin perjuicio de que se ventilen conflictos con ese mismo componente, también se dirimen diferencias como lo es el ejercicio de la patria potestad, en los que han de ponderarse otros aspectos en los que debe primar el interés superior del niño, y por lo tanto lo que concierne a la tutela efectiva de su integridad física, síquica, moral y su bienestar en general.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los difusos e inconcretos razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa ni tratados internacionales, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional .- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de marzo de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, a favor de la señora MONICA VALLECILLO MARTINEZ, quien a su vez actúa como representante de los menores M. C. y M. O., ambos de apellidos A. V., contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, en fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018); con relación a la Demanda para la Modificación de una Medida Definitiva de Pensión Alimenticia, promovida por la señora MONICA VALLECILLO MARTINEZ, quien a su vez actúa como representante de los menores M. C. y M. O., ambos de apellidos A. V., en contra del señor LUIS MANUEL AYESTAS VALLADARES. Estima la recurrente, que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de su representada, los derechos consignados en los Artículos 59, 60, 82, 90, 119, 121 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES .- 1) Que en fecha siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, Departamento de La Paz, la señora MONICA VALLECILLO MARTINEZ, quien a su vez actúa como representante de los menores M. C. y M. O., ambos de apellidos A. V., interponiendo Demanda para la Modificación de una Medida Definitiva de Pensión Alimenticia, en contra del señor LUIS MANUEL AYESTAS VALLADARES, solicitando que decrete una medida cautelar de embargo de salario; se declare CON LUGAR la demanda y se condene al demandado a pagar una pensión alimenticia del cincuenta por ciento (50%) sobre su salario mensual. (Folios 1–21 de la Primera Pieza de los antecedentes).- citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “1.- Declarar SIN LUGAR la DEMANDA PARA LA MODIFICACION DE UNA PENSION ALIMENTICIA POR EL CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS vía proceso abreviado no dispositivo, promovida por la señora M. V. M. en la condición con que actúa, contra el señor LUIS MANUEL AYESTAS VALLADARES, por no acreditar con libros contables y talonarios de pago autorizados por el Servicio de Administración de Rentas SAR, el movimiento de ingresos y egresos del gimnasio Power Gym, que es obligación ineludible de todo establecimiento de servicios. 2.- SIN COSTAS.-” (Folios 142–147 de la Primera Pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, en su condición de apoderado legal de la señora MONICA VALLECILLO MARTINEZ, quien a su vez actúa como representante de los menores M. C. y M. O., ambos de apellidos A. V., la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, dictó Sentencia en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAMOS SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, contra la SENTENCIA DEFINITIVA proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Paz, Departamento de La Paz, en fecha dieciocho (18) septiembre del dos mil diecisiete (2017), en la Demanda para la Modificación de una Medida Definitiva de Pensión Alimenticia derivada de un Acuerdo Anterior por el cambio de Circunstancias, Vía Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por la señora MONICA VALLECILLO MARTINEZ, en representación de sus menores hijos M. C. y M. O. ambos de apellido A. V., contra el señor LUIS MANUEL AYESTAS VALLADARES. SEGUNDO: CONFIRMAMOS la sentencia impugnada. TERCERO: SIN COSTAS.” (Folios 9–12 de la Segunda Pieza de los antecedentes).-4) Que la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, compareció ante este Tribunal en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la señora MONICA VALLECILLO MARTINEZ, quien a su vez actúa como representante de los menores M. C. y M. O., ambos de apellidos A. VA., contra la Sentencia de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 59, 60, 82, 90, 119, 121 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–8 y 24 del presente Recurso).-5) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, en virtud de No existir las vulneraciones de los derechos Constitucionales invocados por la Amparista.” (Folios 27–32 del presente Recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada LORNA VIOLETA MENDEZ MANUELES, a favor de la señora MONICA VALLECILLO MARTINEZ, quien a su vez actúa como representante de los menores M. C. y M. O., ambos de apellidos A. V., se dirige contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, en fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecisiete (2017); con relación a la Demanda para la Modificación de una Medida Definitiva de Pensión Alimenticia, promovida por la señora M. V. M., quien a su vez actúa como representante de los menores M. C. y M. O., ambos de apellidos A. V., en contra del señor LUIS MANUEL AYESTAS VALLADARES.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la recurrente aduce, en su escrito de interposición del Recurso de Amparo, fundamentalmente que la Corte de Apelaciones con su fallo violenta lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que declarar que el patrimonio de un contribuyente se considera indivisible, cuando pretenden que su representada, quien es comerciante individual; y, cuya empresa denominada “Power Gym”, ha sido dividida contrariando la ley para beneficiar a su ex esposo, para que no soporte la alimentación de sus hijos.-CONSIDERANDO TRES (3): Que en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, en virtud de No existir las vulneraciones de los derechos Constitucionales invocados por la Amparista.”-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Civil, conforme lo establecían los Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Comunes, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que, en la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho (2018); se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora para dictar sentencia en esa instancia. Llegando a la conclusión de que no se probó en forma fehaciente, que la fuente de ingresos del Gimnasio Power Gym, para efecto de alimento de los menores, según convenio regulador, sean insuficientes; y, que ambos padres que laborar independientemente, y que ambos corresponde la obligación de proporcionar alimentos. Por lo que no aparece acreditado el cambio de circunstancias de sustancial mejora económica del alimentante demandado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Derecho de Familia, dada la naturaleza de los intereses que tutela, sobre todo cuando de menores se trata, tiene sus propias particularidades, que lo diferencian del Derecho Civil propiamente dicho, cuyas controversias normalmente no trascienden del ámbito privado y frecuentemente presentan un fuerte contenido patrimonial. En el Derecho de Familia, sin perjuicio de que se ventilen conflictos con ese mismo componente, también se dirimen diferencias como lo es el ejercicio de la patria potestad, en los que han de ponderarse otros aspectos en los que debe primar el interés superior del niño, y por lo tanto lo que concierne a la tutela efectiva de su integridad física, síquica, moral y su bienestar en general.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los difusos e inconcretos razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa ni tratados internacionales, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0465-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL