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Sentencia AC-444-19 — Registro 11605

Resumen

Acto recurrido que confirmó la del a-quo, con relación a la demanda de ejecución de un título extrajudicial, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO a favor del señor HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO, en su condición de presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del rio Aguan y Cuyamapa (MAMUNCRAC-YORO); contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, que confirmó la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, con relación a la demanda de ejecución de un título extrajudicial promovida por el señor HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO, en su condición de presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del rio Aguan y Cuyamapa (MAMUNCRAC-YORO), contra la MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO.-CONSIDERANDO (1): Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que el interés directo de perjudicar se debe a que al ser apoderado legal de MAMUNCRAC-YORO, se demandó a las Municipalidades de Olanchito y Villa del Carmen, el Negrito, Yoro por membresía, que es el pago que les corresponde cancelar por ser miembros y fundadores de dicha mancomunidad; la Municipalidad de Olanchito solicitó el desembargo de una cuenta, pero lo embargado no es dinero de la Municipalidad de Olanchito sino que de MAMUNCRAC-YORO, y ese es el dinero que la municipalidad de Olanchito debe a MAMUNCRAC-YORO por concepto de membresía. Por otro lado, la Municipalidad de Villa del Carmen, el Negrito, Yoro, no está solicitando ningún desembargo; lo embargado no es de dicha municipalidad, sino que de la MAMUNCRAC-YORO y es dinero que dicha Municipalidad debe en concepto de membresía.-CONSIDERANDO (2): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, declara sin lugar el recurso de apelación dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro contra el auto de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en la demanda de procedimiento ordinario para el pago de honorarios profesionales, pactados en contratos escritos, más intereses civiles y las costas, acumulación de la media cautelar de embargo en forma de retención; asimismo confirma la resolución venida en apelación, ya que se estima que el demandante pretende el pago de honorarios profesionales, por ser el representante legal de la parte demandada, la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del rio aguan y cucuyagua (MAMUNCRAC-YORO), solicitando ante el órgano jurisdiccional instructor, la adopción de la medida cautelar de embargo en forma de retención, sobre el dinero que poseen las municipalidades de Olanchito y Villas del Carmen, El Negrito, Yoro, aduciendo que dichas municipalidades adeudan el pago de membresía a MAMUNCRAC-YORO, constatando que efectivamente las citadas municipalidades son miembros de dicha mancomunidad, siendo su presidente el señor Henry Javier Montoya Tinoco; si bien es cierto, la parte demandante acreditó que ha realizado ante los Tribunales, actos de procuración a favor de la parte demandada, quien debe responder por el pago de honorarios profesionales es la parte demandada, pero por el solo hecho de ser miembros de dicha mancomunidad no se les pude tener como parte demandad en el presente proceso, mucho menos embargar las cuentas bancarias,, de las cuales son titulares las municipalidades, si bien es cierto, conforman una mancomunidad de interés social, no tiene patrimonio en común, tampoco los miembros de esta mancomunidad, es solidaria con los actos y obligaciones de cada persona jurídica, ni son responsables solidarios con la demandada, por lo tanto no pueden responder al pago de honorarios profesionales prestados por el recurrente en representación de la mancomunidad, en virtud de que son terceras personas ajenas al proceso, consecuentemente, no se puede mantener la medida cautelar de embargo; siendo en consecuencia dicha resolución, motivada de manera precisa y razonada, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico.-CONSIDERANDO (3): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO (4): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO (5): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego del mismo.- CONSIDERANDO (6): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 197 numeral 1, 717, 718, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO a favor del señor HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO, en su condición de presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del rio Aguan y Cuyamapa (MAMUNCRAC-YORO); contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los seis (6) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Resolución de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0444-2019.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO a favor del señor HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO, en su condición de presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del rio Aguan y Cuyamapa (MAMUNCRAC-YORO); contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, que confirmó la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, con relación a la demanda de ejecución de un título extrajudicial promovida por el señor HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO, en su condición de presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del rio Aguan y Cuyamapa (MAMUNCRAC-YORO), contra la MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO.-CONSIDERANDO (1): Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que el interés directo de perjudicar se debe a que al ser apoderado legal de MAMUNCRAC-YORO, se demandó a las Municipalidades de Olanchito y Villa del Carmen, el Negrito, Yoro por membresía, que es el pago que les corresponde cancelar por ser miembros y fundadores de dicha mancomunidad; la Municipalidad de Olanchito solicitó el desembargo de una cuenta, pero lo embargado no es dinero de la Municipalidad de Olanchito sino que de MAMUNCRAC-YORO, y ese es el dinero que la municipalidad de Olanchito debe a MAMUNCRAC-YORO por concepto de membresía. Por otro lado, la Municipalidad de Villa del Carmen, el Negrito, Yoro, no está solicitando ningún desembargo; lo embargado no es de dicha municipalidad, sino que de la MAMUNCRAC-YORO y es dinero que dicha Municipalidad debe en concepto de membresía.-CONSIDERANDO (2): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, declara sin lugar el recurso de apelación dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro contra el auto de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en la demanda de procedimiento ordinario para el pago de honorarios profesionales, pactados en contratos escritos, más intereses civiles y las costas, acumulación de la media cautelar de embargo en forma de retención; asimismo confirma la resolución venida en apelación, ya que se estima que el demandante pretende el pago de honorarios profesionales, por ser el representante legal de la parte demandada, la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del rio aguan y cucuyagua (MAMUNCRAC-YORO), solicitando ante el órgano jurisdiccional instructor, la adopción de la medida cautelar de embargo en forma de retención, sobre el dinero que poseen las municipalidades de Olanchito y Villas del Carmen, El Negrito, Yoro, aduciendo que dichas municipalidades adeudan el pago de membresía a MAMUNCRAC-YORO, constatando que efectivamente las citadas municipalidades son miembros de dicha mancomunidad, siendo su presidente el señor Henry Javier Montoya Tinoco; si bien es cierto, la parte demandante acreditó que ha realizado ante los Tribunales, actos de procuración a favor de la parte demandada, quien debe responder por el pago de honorarios profesionales es la parte demandada, pero por el solo hecho de ser miembros de dicha mancomunidad no se les pude tener como parte demandad en el presente proceso, mucho menos embargar las cuentas bancarias,, de las cuales son titulares las municipalidades, si bien es cierto, conforman una mancomunidad de interés social, no tiene patrimonio en común, tampoco los miembros de esta mancomunidad, es solidaria con los actos y obligaciones de cada persona jurídica, ni son responsables solidarios con la demandada, por lo tanto no pueden responder al pago de honorarios profesionales prestados por el recurrente en representación de la mancomunidad, en virtud de que son terceras personas ajenas al proceso, consecuentemente, no se puede mantener la medida cautelar de embargo; siendo en consecuencia dicha resolución, motivada de manera precisa y razonada, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico.-CONSIDERANDO (3): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO (4): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO (5): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego del mismo.- CONSIDERANDO (6): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 197 numeral 1, 717, 718, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ORSON ENRIQUE PADILLA CARCAMO a favor del señor HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO, en su condición de presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del rio Aguan y Cuyamapa (MAMUNCRAC-YORO); contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los seis (6) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Resolución de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0444-2019.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL