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Sentencia AC-433-19 — Registro 11391

Resumen

Resolución que resolvió recurso de apelación y decretó de oficio nulidad de la sentencia con relación a la demanda vía proceso ordinario promovida por impetrante para la restitución de un dinero, el cual fue pagado a un tercero de una cuenta de cheques que la recurrente mantenía en institución bancaria demandada, y a título de daños y perjuicios, el pago de intereses comerciales calculados desde aquella fecha, hasta la fecha en que con arreglo a derecho quede firme la sentencia,siendo declarada con lugar y anulada la misma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(3): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, decreta de oficio nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, en la demanda para la restitución de cantidades de dinero pagadas a un tercero de una cuenta de cheques por parte de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)en contra del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) sobre la base de haberse identificado prejudicialidad penal, siendo dicha resolución, motivada de manera precisa y razonada, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. CONSIDERANDO (4): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (5): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego del mismo. CONSIDERANDO (7): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA a favor de la DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA), adscrita a la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA; contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación y decretó de oficio nulidad de la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, con relación a la demanda vía proceso ordinario promovida por la DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) contra el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA). CONSIDERANDO (1): Que el impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que las diligencias en que ha sido dictada la resolución reclamada lo constituyen la demanda vía proceso ordinario promovida contra el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para la restitución de un dinero, el cual fue pagado a un tercero de una cuenta de cheques que la Dirección de Tecnología Agropecuaria (DICTA) mantenía en dicha institución bancaria, y a título de daños y perjuicios, el pago de intereses comerciales calculados desde aquella fecha, hasta la fecha en que con arreglo a derecho quede firme la sentencia. No obstante haber ejercitado la acción de promover demanda, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho emitió sentencia definitiva en la que declaró con lugar dicha demanda y condenó a BANADESA a la restitución de las cantidades reclamadas más el pago de intereses y costas del juicio, la Corte Segunda de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo en apelación, de oficio decretó nulidad de la sentencia apelada, en virtud de presumir la existencia de una causa de prejudicialidad penal, invocando el artículo 49 del Código Procesal Civil, sin previa audiencia para escuchar a las partes, causando indefensión a su mandante, ignorando convocar a audiencia a las partes, tal como imperativamente lo establece el artículo 214 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (2): Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución mediante la cual se decreta de oficio nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, en la demanda para la restitución de cantidades de dinero pagadas a un tercero de una cuenta de cheques por parte de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)en contra del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), se encuentra apegada a derecho; ya que se estima que es factible identificar la concurrencia de una causa penal instada concretamente en contra de la señora Roxana Maricely Interiano Romero por la comisión de los delitos de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida, circunstancias del orden penal que están o se encuentran ligadas estrechamente con el juicio civil del que se está conociendo, sin dejar de estimar que de resultar penalmente responsable dicha persona, derivará todo lo concerniente a la responsabilidad civil, que es vinculante desde la perspectiva de la restitución, reparación y demás derivados, de acuerdo a lo que dispone la norma penal sustantiva en sus artículos 105 y 107 del Código Penal. Por lo que después del análisis del caso, resulta consecuente determinar la existencia de prejudicialidad penal, en vista de que la jurisdicción civil se ve imposibilitada en resolver el fondo del asunto, sobre la base de que tal y como se ha explicado, existe un nexo muy cercano entre lo debatido en la causa penal y las actuaciones del proceso civil relacionado y no necesariamente repercutirían en las resultas del según proceso en mención. CONSIDERANDO (3): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, decreta de oficio nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, en la demanda para la restitución de cantidades de dinero pagadas a un tercero de una cuenta de cheques por parte de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)en contra del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) sobre la base de haberse identificado prejudicialidad penal, siendo dicha resolución, motivada de manera precisa y razonada, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. CONSIDERANDO (4): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (5): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego del mismo. CONSIDERANDO (7): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 197 numeral 1, 717, 718, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA a favor de la DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA), adscrita a la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA; contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0433-2019.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL