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Sentencia AC-431-18 — Registro 10465

Resumen

Resolución impugnada que declara con lugar recurso de apelación y confirma sentencia de reconvención declarada con lugar, con relación a demanda de suspensión de patria de potestad, guarda y cuidado promovida contra impetrante, la cual decreto una alerta migratoria para evitar la salida del país del menor salvo que se autorice por su padre de manera escrita.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."lo que observa la Sala, es que la diferencia entre una y otra decisión judicial, estriba en que la tomada por el ad quem, no contiene la posibilidad de que el joven Paulo Andrés Suárez Pizzati, pueda salir del país. -Este cambio de decisión, por parte de la corte de apelaciones, seguramente obedeció al agravio presentado por el apoderado procesal del padre del joven Paulo Andrés Suárez Pizzati, quien alegó que la decisión del juzgado imponía a su poderdante la obligación, sin posibilidad de negarse, a autorizar la salida de su hijo para visitar a su madre en Canadá, lo cual estima en su agravio, como una violación a lo dispuesto en el artículo 101 del Código de la niñez y la adolescencia, el cual establece la facultad que tienen los progenitores de un niño para decidir si permiten la salida del país de su hijo, esto como parte del ejercicio de la patria potestad. Así mismo, el apelante en su agravio señaló que el régimen de comunicación dispuesto por el juez a quo se oponía a lo dispuesto por el artículo 186 del Código de Familia, en relación con la facultad privativa y excluyente, que la patria potestad les da a los padres, para otorgar permisos de salida del país. -En otras palabras, para el apelante, la decisión del juez de primera instancia obviaba estas disposiciones legales, bajo el entendido que, de acuerdo a su propia interpretación, lo decidido por el iudex a quo, facultaba a la madre del joven Paulo Andrés Suárez Pizzati a sacar del país a su hijo, sin necesidad de la autorización escrita de su padre.-En conclusión, la diferencia entre los dos regímenes de comunicación, autorizados en sendas instancias, es que el dispuesto por la corte de apelaciones, sólo regla cuando la madre se encuentra en el país y no se pronuncia en absoluto mientras la madre se encuentre en Canadá.-De la lectura de los fundamentos que la corte tuvo en consideración para hacer cambios al régimen de comunicación apelado, la Sala constata en primer lugar, la vaguedad de los argumentos que pueda conducir a estimar erróneamente que el joven Paulo Andrés Suárez Pizzati, tiene prohibida la salida del país; y no, simplemente remitir el caso a lo que dispone el artículo 101 del Código de la niñez y la adolescencia. Dos posiciones, que son totalmente distintas y que no quedan aclaradas por la corte de apelaciones debida a la pobreza de su argumentación.-Este alto tribunal de justicia, evitando que se interprete de manera errónea la decisión judicial de la corte de apelaciones, estima procedente otorgar la presente garantía constitucional de amparo, para mantener el derecho que tiene el joven Paulo Andrés Suárez Pizzati de no ser restringido, o sea para comunicarse y tener contacto con su madre, teniéndose en cuenta para ello, que la Constitución le garantiza el derecho de tránsito y libertad para entrar y salir del país, con relación a lo establecido en los artículos 9.1, 10.1 y 10.2 de la Convención de los Derechos del Niño, invocados por el impetrante. Por ende, se otorga la presente garantía constitucional de amparo, en el sentido de que se le permita al joven Paulo Andrés Suárez Pizzati, salir del país, pero teniendo para ello que cumplirse, lo dispuesto en el artículo 101 del Código de la niñez y la adolescencia, respetándose en todo caso, la decisión de los progenitores sobre los permisos o autorizaciones de salida. Esto como una manifestación plena, del ejercicio que tienen ambos de la patria potestad"

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención sobre los Derechos del Niño, art. 9, numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención sobre los Derechos del Niño, art. 10, numeral 1 y 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado ROMAYN ANDREE BACA VELÁSQUEZ, a favor de la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS, contra la sentencia dictada en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete por la honorable Corte segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, contra la sentencia de fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete dictada por el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de suspensión de patria de potestad y guarda y cuidado por la vía del procedimiento abreviado, no dispositivo, promovida por la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS, contra el señor GUNTHER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES. Estima la amparista que con el acto reclamado se ha violentado lo establecido en los artículos 80, 82, 94, 103 y 106 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES PROCESALES.-1. En fecha ocho de mayo del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, el abogado JOSÉ ANTOLÍN CAYETANO BERNÁRDEZ, interponiendo demanda de suspensión de patria potestad por la vía del proceso abreviado no dispositivo, medida cautelar de guarda y cuidado definitiva. (Folios 1 al 8 de la pieza del juzgado).-2. En fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete el Juzgado de Letra de Familia del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: En virtud de lo antes expuesto: DECLARAR SIN LUGAR la demanda de SUSPENSIÓN DE PATRIA POTESTAD y GUARDA Y CUIDADO, por la vía del procedimiento abreviado no dispositivo, promovida por la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS, contra el señor GUNTHER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES, DECLARAR: CON LUGAR la demanda de GUARDA Y CUIDADO POR RECONVENCIÓN promovida por el señor GUNTHER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES contra la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS. SEGUNDO: En consecuencia, este juzgado: CONCEDE: la guarda y cuidado del menor P. A. S. P. a su padre el señor GUNTHER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES. TERCERO: Se mantiene la alerta migratoria de prohibir la salida del menor P. A. S. P., la cual será suspendida únicamente cuando se trate de que a la madre se le garantice el régimen de comunicación que deberá mantener con su menor hijo, en tal sentido el menor saldrá del país por un tiempo determinado, el cual se regirá dependiendo del periodo de vacaciones del menor, en relación a dicho extremo, la estadía de fecha a fecha del menor P. A. S. P., en Canadá que es el lugar en el cual se encuentra la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS, se pondrá en conocimiento de la Embajada de Canadá en Honduras y viceversa, para darle cumplimiento a lo antes ordenado que el secretario del despacho proceda a librar atento oficio a las autoridades migratorias, a la cual se acompañará copia de la presente resolución. CUARTO: Se establece el siguiente régimen de comunicación: a) la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS podrá ver su menor hijo P. A. S. P.. a) los fines de semana en forma alterna, cuando la madre se encuentre en el país, el cual comenzará a partir del día viernes a las seis de la tarde y lo retornará el día domingo a las cinco de la tarde. b) en cuanto a las vacaciones que le conceden las instituciones educativas al referido menor al final del año educativo, la mitad de cada periodo lo pasara con su madre y la otra mitad con su padre y mientras tanto la madre se encuentre en Canadá y para garantizar el retorno del menor a su país de origen, se deberá de seguir con lo ordenado en el numeral tercero de la parte dispositiva de la presente resolución, b) en cuanto a las festividades de Navidad y año nuevo, esta juzgadora resuelve que la madre cuando se encuentre en el país pasará la festividad de Navidad con su menor hijo, el cual comenzará el día veinticuatro de diciembre y lo retornara a su padre el día veintiocho de diciembre de cada año. Asimismo, el padre procurará que su menor hijo, mantenga comunicación con sus abuelos maternos. QUINTO: Que, contra el fallo pronunciado en la presente sentencia, cabe el recurso de apelación, el cual deberá de imponerse dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notificación de la sentencia de mérito, ante el órgano jurisdiccional que dicto la resolución que se impugna. SEXTO: Que firme la presente sentencia, se extienda a los interesados certificación integra de la misma. SIN COSTAS. (Folios 366 al 371 de la pieza del juzgado).-3. En fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete, conociendo del recurso de apelación promovido por el abogado ROMAYN ANDREE BACA VELÁSQUEZ, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la demanda de suspensión de patria potestad, asimismo la medida de guarda y cuidado promovida por la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS, en contra del señor GUNTER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES. SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la demanda de guarda y cuidado en vía de reconvención promovida por el señor GUNTHER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES, en contra de la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS. TERCERO: CONCEDE la guarda y cuidado del menor P. A. S. P., a su padre el señor GUNTHER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES. CUARTO: SE MANTIENE VIGENTE la alerta migratoria respecto a la salida del país del menor P. A. S. P., salvo autorización por escrito de su padre el señor GUNTHER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES. QUINTO: SE ESTABLECE como régimen de comunicación respecto a la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS, cuando se encuentre en el territorio nacional, quien podrá poder tener acceso a su hijo los fines de semana en forma alterna, comenzando el día viernes desde las cinco de la tarde (5:00pm) retornando el día domingo a las cinco de la tarde (5:00pm) a la casa de su padre el señor GUNTHER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES y en el periodo de vacaciones estudiantiles del referido menor, siempre y cuando su madre se encuentre en el país, lo referido menor siempre y cuando su madre se encuentre en el país, lo compartirá de forma equitativa (la mitad de tiempo con cada padre, comenzando dicho periodo con su madre) respecto a las festividades navideñas y de fin de año, el veinticuatro de diciembre lo compartirá con su madre retornándolo el día veintiocho de diciembre a las cinco de la tarde. Instando al padre procurar que su hijo mantenga comunicaciones con los con los abuelos maternos y demás parientes maternos. SIN COSTAS. SEXTO: Que firme que sea la presente sentencia se extienda certificación de estilo a las partes interesadas…” Folios 23 al 37 de la pieza de corte de apelaciones).-4. En fecha seis de junio del año dos mil dieciocho, el recurrente abogado ROMAYN ANDREE BACA VELÁSQUEZ, compareció ante este alto tribunal de justicia, reclamando amparo a favor de la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS, contra la sentencia dictada en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, sobre la cual se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria lo dispuesto en los artículos 80, 82, 94, 103 y 106 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma la garantía constitucional en fecha veintinueve de octubre del año dos mil dieciocho; ordenándose dar vista al fiscal del despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. -5. En fecha trece de noviembre del año dos mil dieciocho, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, actuando en su condición de fiscal del despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser los artículos 80, 82, 94, 103 y 106 de la Constitución de la República. (Página 54 a la 61 de la pieza de amparo).-FUNDAMENTOS DE DERECHO.-CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.-CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 80, 82, 94, 10 y 106 de la Constitución de la República. En la formalización de su garantía, la impetrante denuncia básicamente, que la sentencia que se impugna quebranta el principio superior del niño por las razones siguientes: Se le dió la razón al apelante en establecer un régimen de comunicación estrictamente cerrado, reducido y limitado a la señora Ana Paola Pizzati Lagos, madre del joven P. A. S. P., tomando como base que dicha señora, reside en Canadá y que el señor Gunther Antonio Suárez Antelices, padre del joven, reside en Honduras; concediéndole a este último la guarda y cuidado por vía de reconvención.-Reclama el quejoso el fundamento de derecho tercero infringe claramente normas establecidas del Derecho de Familia y derechos del niño, en virtud de que el ad quem determina que la sentencia de primera instancia en sus pronunciamientos tercero y cuarto de la parte dispositiva violenta lo preceptuado en los artículos 101 y 102-A del Código de la Niñez y la Adolescencia.-Indica que la patria potestad es compartida entre los padres del joven; y en el caso de autos, fue desestimada la pretensión principal de suspensión de patria potestad y la secundaria de guarda y cuidado, promovida por la señora Ana Paola Pizzati Lagos, estimando en cambio la pretensión del señor Gunther Antonio Suárez Antelices deducida por vía de reconvención. Sobre esto, señala que el hecho de haber rechazado la pretensión, el juez de primera instancia no queda limitado para establecer el régimen de comunicación en relación con su bienestar (social, psicológico y familiar), tal como fue establecido en las circunstancias y hechos del presente juicio, al constar que la madre del joven reside en Canadá, por lo que: “[le]resultaría materialmente imposible que pueda venir a ver a su hijo los fines de semana alternos, tal como lo estableció en su sentencia la honorable corte de apelaciones, en cuanto al régimen de comunicación, que con su decisión ha limitado, restringido y vulnerado el derecho del [niño] P. a. S. P. y de su madre Ana Paola Pizzati Lagos a que tenga una comunicación y pueda crear y afianzar el vínculo de madre e hijo, dadas las circunstancias en un ambiente favorable para ambos. Asimismo, es un derecho del niño mantener contacto directo con ambos padres. Es derecho de los niños, sus padres y madres salir de cualquier país y entrar en el propio país de nacimiento, con miras a la reunificación familiar o el mantenimiento de la relación entre unos y otros. Cita los artículos 10[4] y 11[5] de la Convención sobre los derechos del Niño.”.- El quejoso expresa también, que el acápite quinto de la parte dispositiva de la sentencia que se impugna, infringe el artículo 195 del Código de Familia; el 8 y 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 18 constitucional. El acápite cuarto mantiene una alerta migratoria para evitar la salida del país del joven P. A. S. P., salvo que se autorice por su padre de manera escrita. En este sentido, señala el quejoso, existe apego a la ley, pero se disponen medidas de seguridad o protección del niño, pero limita o restringe sus derechos como los de su madre.-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. La agente de tribunales, abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado Garay Hernández al emitir su dictamen fue de la opinión porque se deniegue la garantía de amparo de mérito.-La fiscal concluye, que la corte de apelaciones en su sentencia, estableció que una vez verificada la decisión del a quo, mediante la cual rechaza la pretensión principal de suspender la patria potestad del señor Gunther Antonio Suárez Antelices sobre su hijo P. A. S. P., resulta incongruente verificar regímenes legales fuera de los planteados por el recurrente; es decir, dice la fiscal, “que una vez que se determina dejar incólume esa patria potestad, tendría que agotarse esa vía legal para poder determinar la salida del [niño] del país, por lo que dicha postura es de recibo para ese tribunal de alzada.”-Sobre el régimen de comunicación, la fiscal recoge y le da la razón a lo dispuesto por la corte de apelaciones en su sentencia, verbigracia, que tomando en cuenta el interés superior del niño, entiende que, si la madre del joven se encuentra en el país, ésta tenga acceso a su hijo, pero bajo un régimen de comunicación preestablecido. Además, que al conservar su padre la patria potestad y la guarda y cuidado, no resulta adecuado, ni legal, dejar un régimen de comunicación que implique permitirle que el joven pueda salir del país, sin contar con la aprobación de su padre. -La fiscal estima que la sentencia impugnada se encuentra dictada conforme a derecho tomando en cuenta que, en el presente caso, ambos padres comparten la patria potestad, luego de haber sido desestimada la demanda de suspensión de ésta, entablada en contra del padre; y habiéndose concedido a él en forma exclusiva la guarda y cuidado de su hijo, por encontrarse su madre residiendo en Canadá. Asimismo, expresa la fiscal, se ha dejado un régimen de comunicación que permite al joven salir del país con la aprobación de su padre, por lo que dicha decisión no es limitativa, por el contrario, estima que se ajusta a lo regulado por el Código de la niñez y la adolescencia, que en su artículo 101 dispone:“Los niños sólo podrán salir del país si van acompañados de su padre, de su madre o de su representante legal o, en defecto de éstos, de la persona que cuente con la respectiva autorización escrita. Si la patria potestad la ejercen ambos padres, se requerirá la autorización escrita del otro si sólo uno acompañara al niño durante el viaje. Las correspondientes firmas deberán ser autenticadas por notario.”-Así mismo, lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Convención sobre los derechos del niño, ya citado y trascrito ut supra.-Por todo ello, estima procedente que se deniegue la presente petición de amparo. -CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen sobre el objeto de la impugnación en amparo. La resolución que se ha impugnado y por la cual se solicita amparo es la dictada con unanimidad de votos por la honorable Corte Segunda de apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, exactamente lo que se refiere al régimen de comunicación que se encuentra contenida en la parte dispositiva del fallo de mérito.-Dicha corte expresó lo siguiente:“TERCERO: CONCEDE la guarda y cuidado del menor P. A. S. P., a su padre el señor GUNTHER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES. CUARTO: SE MANTIENE VIGENTE la alerta migratoria respecto a la salida del país del menor P. A. S. P., salvo autorización por escrito de su padre el señor GUNTHER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES. QUINTO: SE ESTABLECE como régimen de comunicación respecto a la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS, cuando se encuentre en el territorio nacional, quien podrá poder tener acceso a su hijo los fines de semana en forma alterna, comenzando el día viernes desde las cinco de la tarde (5:00pm) retornando el día domingo a las cinco de la tarde (5:00pm) a la casa de su padre el señor GUNTHER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES y en el periodo de vacaciones estudiantiles del referido menor, siempre y cuando su madre se encuentre en el país, lo referido menor siempre y cuando su madre se encuentre en el país, lo compartirá de forma equitativa (la mitad de tiempo con cada padre, comenzando dicho periodo con su madre) respecto a las festividades navideñas y de fin de año, el veinticuatro de diciembre lo compartirá con su madre retornándolo el día veintiocho de diciembre a las cinco de la tarde. Instando al padre procurar que su hijo mantenga comunicaciones con los con los abuelos maternos y demás parientes maternos.”.- Sobre este punto, la Sala de lo Constitucional observa, que no existe motivación que explique las razones tomadas en consideración por parte del tribunal de alzada, para haber tomado la decisión transcrita. Al respecto, la corte se limitó a expresar que se ha guiado por lo que en su opinión resulta más beneficioso para el joven. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional, luego de analizar las presentes diligencias, estima procedente otorgar parcialmente la presente garantía constitucional de amparo.-El quejoso al formalizar la presente garantía constitucional, se circunscribe a reclamar la violación al principio superior del niño, en virtud de: a) Que se le otorgó la guarda y cuidado al padre del joven P. A. S. P.; b) que la alerta migratoria para evitar la salida del joven P. A. S. P. es una medida de seguridad o protección que limita o restringe sus derechos como los de su madre; y, c) que el régimen de comunicación impuesto por la corte de apelaciones es estrictamente “cerrado, reducido y limitado” para la señora Ana Paola Pizzati Lagos, en su condición de madre, estimando con ello que se le han violentado los artículos 80, 82, 94, 103 y 106 de la Constitución de la República.-A continuación, la Sala de lo Constitucional da respuesta a cada una de las pretensiones y alegaciones del amparista.-a) Violación de derechos con relación a la decisión de guarda y cuidado.-Sobre este extremo no existe ninguna argumentación por parte del censor, lo cual trae consigo que su reclamo no sea de recibo, dado que argumentar y acreditar son cargas procesales que deben ser observadas por quienes acuden en amparo.-Por otro lado, este asunto, corresponde ser dilucidado por los juzgados con jurisdicción distinta a la constitucional. De hecho, la guarda y cuidado ha sido en el presente caso, uno de los objetos principales del proceso y del debate dirimido ante el juzgado de familia y la corte de apelaciones correspondientes. -Ha sido ante estos órganos jurisdiccionales que las partes sometieron sus pruebas al escrutinio judicial, bajo la inmediación del juez a quo y la revisión en apelación del tribunal de alzada, obteniendo las partes una respuesta a cada una de sus pretensiones. -Por dichas razones, se desestima el mencionado motivo de amparo.-b) Violación de derechos con relación a la alerta migratoria.-Con relación a esto, el censor expresa nada más que dicha medida, aunque legal, le resulta restrictiva. Habiéndose expresado sólo eso, este alto tribunal observa que, de todas formas, la ley manda que ninguna persona menor de dieciocho años pueda salir del país, si no van acompañados de su padre, madre o representante legal. En defecto de ellos, sólo podrán con la persona que sea autorizada por escrito. -En el caso de mérito, en que la patria potestad es ejercida por ambos padres, el joven podrá viajar con uno sólo de sus progenitores, si se autoriza por el otro.-De manera que, la alerta migratoria no aporta nada distinto a lo que la ley establece, por cuanto no es más restrictiva que ésta. En este sentido no es de recibo el motivo alegado en los presentes términos, en virtud de que el quejoso no ha señalado en qué medida agrava su situación, más allá de lo que dispone la ley.-c) Violación de derechos con relación al régimen de comunicación.-Sobre este punto, la Sala de lo Constitucional observa que existe una diferencia entre el régimen de comunicación determinado por el juez a quo, en relación con el autorizado por la corte de apelaciones. Sobre este último el quejoso señala que es más restrictivo que el primero. -Sobre este punto, lo que observa la Sala, es que la diferencia entre una y otra decisión judicial, estriba en que la tomada por el ad quem, no contiene la posibilidad de que el joven P. A. S. P., pueda salir del país. -Este cambio de decisión, por parte de la corte de apelaciones, seguramente obedeció al agravio presentado por el apoderado procesal del padre del joven P. A. S. P., quien alegó que la decisión del juzgado imponía a su poderdante la obligación, sin posibilidad de negarse, a autorizar la salida de su hijo para visitar a su madre en Canadá, lo cual estima en su agravio, como una violación a lo dispuesto en el artículo 101 del Código de la niñez y la adolescencia, el cual establece la facultad que tienen los progenitores de un niño para decidir si permiten la salida del país de su hijo, esto como parte del ejercicio de la patria potestad. Así mismo, el apelante en su agravio señaló que el régimen de comunicación dispuesto por el juez a quo se oponía a lo dispuesto por el artículo 186 del Código de Familia, en relación con la facultad privativa y excluyente, que la patria potestad les da a los padres, para otorgar permisos de salida del país. -En otras palabras, para el apelante, la decisión del juez de primera instancia obviaba estas disposiciones legales, bajo el entendido que, de acuerdo a su propia interpretación, lo decidido por el iudex a quo, facultaba a la madre del joven P. A. S. P. a sacar del país a su hijo, sin necesidad de la autorización escrita de su padre.-En conclusión, la diferencia entre los dos regímenes de comunicación, autorizados en sendas instancias, es que el dispuesto por la corte de apelaciones, sólo regla cuando la madre se encuentra en el país y no se pronuncia en absoluto mientras la madre se encuentre en Canadá.-De la lectura de los fundamentos que la corte tuvo en consideración para hacer cambios al régimen de comunicación apelado, la Sala constata en primer lugar, la vaguedad de los argumentos que pueda conducir a estimar erróneamente que el joven P. A. S. P., tiene prohibida la salida del país; y no, simplemente remitir el caso a lo que dispone el artículo 101 del Código de la niñez y la adolescencia. Dos posiciones, que son totalmente distintas y que no quedan aclaradas por la corte de apelaciones debida a la pobreza de su argumentación.-Este alto tribunal de justicia, evitando que se interprete de manera errónea la decisión judicial de la corte de apelaciones, estima procedente otorgar la presente garantía constitucional de amparo, para mantener el derecho que tiene el joven P. A. S. P. de no ser restringido, o sea para comunicarse y tener contacto con su madre, teniéndose en cuenta para ello, que la Constitución le garantiza el derecho de tránsito y libertad para entrar y salir del país, con relación a lo establecido en los artículos 9.1, 10.1 y 10.2 de la Convención de los Derechos del Niño, invocados por el impetrante. Por ende, se otorga la presente garantía constitucional de amparo, en el sentido de que se le permita al joven P. A. S. P., salir del país, pero teniendo para ello que cumplirse, lo dispuesto en el artículo 101 del Código de la niñez y la adolescencia, respetándose en todo caso, la decisión de los progenitores sobre los permisos o autorizaciones de salida. Esto como una manifestación plena, del ejercicio que tienen ambos de la patria potestad.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 18, 80, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 y 355 de la Constitución de la República; 9.1, 10.1 y 10.2 de la Convención de los Derechos del Niño; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO PARCIALMENTE la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado ROMAYN ANDREE BACA VELÁSQUEZ, a favor de la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS, contra la sentencia dictada en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete por la honorable Corte segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán recaída en la demanda de suspensión de patria de potestad y guarda y cuidado por la vía del procedimiento abreviado, no dispositivo, promovida por la señora ANA PAOLA PIZZATI LAGOS, contra el señor GUNTHER ANTONIO SUÁREZ SANTELICES. Se otorga específicamente sobre lo dispuesto en el régimen de comunicación, el cual, será interpretado de manera que el joven P. A. S. P., mantiene el derecho que tiene para mantener comunicación con su madre, para lo cual la Constitución le garantiza el derecho de tránsito y libertad para entrar y salir del país, con relación a lo establecido en los artículos 9.1, 10.1 y 10.2 de la Convención de los Derechos del Niño, invocados por el impetrante, no obstante, para que el joven P. A. S. P., pueda salir del país, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 101 del Código de la niñez y la adolescencia, debiéndose respetar en todo caso, la decisión de los progenitores sobre los permisos o autorizaciones de salida. Esto como una manifestación plena, del ejercicio que tienen ambos de la patria potestad. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0431-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Vid “Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. […]”

[5] Vid. “Artículo 10 1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares. 2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención.”