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Sentencia AC-429-18 — Registro 10464

Resumen

Recurso de amparo contra Resolución que declara sin lugar recurso de apelación e incidente de nulidad referente a omisión de notificación en relación a proceso de subasta en Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida contra la impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que una vez analizados los antecedentes del caso, se desprende que, como parte del procedimiento legalmente diseñado para resolver Demandas de Ejecución Hipotecaria, el aviso de subasta fue publicado en fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en aplicación del artículo 907 numeral 2 del Código Procesal Civil, con lo cual, se cumple el objeto de la notificación, que no es otro que las partes se enteren de los actos procesales que se desarrollan en el juicio. No obstante lo anterior, esta Sala estima, que en efecto la norma citada establece al mismo tiempo la obligatoriedad de que se le notifique al deudor las condiciones de la realización de la subasta, con veinte días de anticipación, notificación esta que no se efectuó, constituyendo violación al debido proceso, precisamente la inobservancia de la aplicación de la norma, pues de permitirlo, es así como comienzan a deformarse los procesos legalmente establecidos. La falta de notificación de actos procesales constituye una grave vulneración al derecho de defensa aun y cuando en el caso de autos, se observa una representación legal casi inexistente, por haberse efectuado el primer aviso de subasta para el día miércoles veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, sin haber habido actuación del apoderado demandado. En virtud de que la parte demandante solicitó suspensión y señalamiento de nueva fecha para el aviso de subasta, se señaló audiencia de subasta para el día miércoles doce de octubre de dos mil dieciséis, sin que haya habido actuación alguna por parte de apoderado legal demandado, y es hasta el tercer señalamiento de fecha para la celebración de la audiencia de subasta, es decir el veinticinco de abril de dos mil diecisiete que actúa el apoderado demandado señalando indefensión. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional le recuerda al Tribunal de alzada, que es el llamado a corregir los errores del inferior, y a ambas instancias, que son dadores de justicia y garantes de la legalidad de los procesos. CONSIDERANDO (7): Que el artículo 80 establece que toda persona o asociación de personas tienen derecho a presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal. La Sala entiende que esta norma garantiza el derecho del recurrente a ser oído, y a obtener una decisión ya sea favorable o adversa, pero fundada en derecho, lo que no ocurre en el caso de autos, por lo que al detectar vulneración a los derechos fundamentales de defensa y debido proceso, es procedente otorgar el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO (8): Que al respecto la Sala de lo Constitucional manifiesta que, como regla de interpretación aplicable a todo el ordenamiento jurídico, el artículo 17 del Título Preliminar del Código Civil establece que “…no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”. En este sentido, es menester señalar lo instituido en el artículo 148 del Código Procesal Civil que por su orden prescriben : “las resoluciones se notificaran personalmente” “la práctica se hará mediante entrega integra de la copia del acto de que se trata;” “las resoluciones judiciales se notificarán a todos los que sean parte en el proceso” “los actos de comunicación e realizarán bajo la dirección del Secretario… tales actos se efectuaran en algunas de las formas siguientes; a) a través del profesional del derecho en funciones de representante procesal…b) Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo electrónico… o cualquier otro medio técnico que permita dejar en el expediente constancia FEHACIENTE de la recepción, de su fecha y del contenido del comunicado. C) entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar.” “Serán nulos los actos de notificación que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este Código pudieren causar indefensión”. CONSIDERANDO (9): Que la notificación de los actos judiciales o administrativos constituyen una actividad de la jurisdiccional o de administración, para poner en conocimiento de los interesados, el contenido de los actos que favorezcan o afecten sus derechos o intereses, a fin de interponer los recursos que contra el acto proceda. Es por ello que la falta de notificación o notificación defectuosa de determinado acto jurisdiccional ó administrativo, y que afecte su eficacia, por ejemplo impidiendo sustentar una acción recursiva, constituye una vulneración al derecho de defensa y consecuentemente al derecho a un debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (11): Que en el caso que nos ocupa, la Sala de lo Constitucional, estima la vulneración al derecho de defensa del recurrente en el proceso, en tanto se ha advertido de la omisión de la notificaciones al deudor de las condiciones en las que se celebrara la subasta, en contraposición a lo establecido en el numeral 2 del artículo 907 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (12): Que el derecho al acceso a la justicia constitucional es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; es decir que se deben seguir los cauces marcados por el legislador o los procedimientos legalmente preestablecidos. En el caso de autos, esta Sala encuentra estimable la argumentación hecha por el recurrente con respecto a los precedentes vinculantes indicados"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DANNY GUALBERTO VARELA GARCIA, a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES TURISTICAS DEL MAR, S. DE R.L. (INTURMA, S. DE R.L), contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, en relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA) contra la sociedad mercantil INVERSIONES TURISTICAS DEL MAR, S. DE R.L. (INTURMA, S. DE R.L), y su Gerente General, la señora JULISSA SUYAPA GARCIA CHIRINO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho de mayo del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, la Abogada EDA SILVANA REYES ALVARADO, en su condición de Apoderada Legal BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), promoviendo demanda para el pago por ejecución directa exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, contra la señora JULISSA SUYAPA GARCIA CHIRINO en su condición personal y en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil INVERSIONES TURISTICAS DEL MAR, S. DE R.L. (INTURMA, S. DE R.L). (Folios 01 al 10 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que con fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, el Juzgado antes referido, dictó Sentencia mediante la cual RESUELVE: DECRETAR SIN LUGAR el incidente de nulidad de Actos procesales por vulnerar el debido proceso interpuesto por el abogado DANNY GUALBERTO VARELA GARCIA en su condición de apoderado legal de la parte ejecutada Sociedad mercantil Inversiones Turísticas del Mar S. de R.L. (INTURMA S. de R.L.) a través de su propietaria JULISSA SUYAPA GARCIA CHIRINOS. (Folios 91 al 92 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por la Abogada EDA SILVANA REYES ALVARADO, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictó sentencia mediante la cual: “…FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DANNY GUALBERTO VARELA GARCIA. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete. (Folios 09 al 13 de la primera pieza de antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado DANNY GUALBERTO VARELA GARCIA,, compareció ante este Tribunal, en fecha cinco de junio del año dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES TURISTICAS DEL MAR, S. DE R.L. (INTURMA, S. DE R.L), contra la sentencia, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cinco de noviembre del año dos mil dieciocho. 5) Que en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 con relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la garantía constitucional de amparo que ahora se conoce, es la promovida por el Abogado DANNY GUALBERTO VARELA GARCIA, a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES TURISTICAS DEL MAR, S. DE R.L. (INTURMA, S. DE R.L), contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, en relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA) contra la sociedad mercantil INVERSIONES TURISTICAS DEL MAR, S. DE R.L. (INTURMA, S. DE R.L), y su Gerente General, la señora JULISSA SUYAPA GARCIA CHIRINO. CONSIDERANDO (4): Que el génesis de esta acción de amparo se ubica cuando la Abogada EDA SILVANA REYES ALVARADO, en su condición de Apoderada Legal BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), compareció en fecha ocho de mayo del año dos mil catorce, ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, donde promovió demanda para el pago por ejecución directa exclusiva contra un bien inmueble hipotecado, contra la señora JULISSA SUYAPA GARCIA CHIRINO en su condición personal y en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil INVERSIONES TURISTICAS DEL MAR, S. DE R.L. (INTURMA, S. DE R.L).- Es menester señalar que la apoderada demandante, aportó al proceso, el original del testimonio de la escritura pública de hipoteca, (ver folios 19 al 23 v. p.p) en la cual se lee a folio 22 de la primera pieza, en la cláusula SEGUNDA, que la señora JULISSA SUYAPA GARCIA CHIRINO, en su condición ya mencionada, para el caso de ejecución judicial, renuncia a los trámites del juicio ejecutivo previo al señalamiento de la audiencia de remate. CONSIDERANDO (5): Que a folio 76 de la primera pieza de autos, se observa que el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, el siete de marzo de dos mil diecisiete, resolvió señalar día y hora para convocar subasta de bienes inmuebles, para el día martes veinticinco de abril de dos mil diecisiete, a las ocho con treinta minutos de la mañana, al mismo tiempo, se ordenó la publicación de la convocatoria, en un diario de mayor circulación nacional, por el término de veinte días, el cual deberá fijar, la Secretaría del despacho, en la tabla de avisos del Tribunal. A juicio del recurrente, el agravio expuesto consiste en la omisión del Tribunal de haberle notificado de la resolución de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, ya relacionada, manifestando que esta falta es constitutiva de violación al debido proceso, razón que le llevó a interponer, en fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, incidente de nulidad a partir del auto de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, donde se señala fecha para la celebración de la subasta, quien no conforme con la respuesta del A-quo interpuso recurso de apelación y expuso como agravios entre otros: “…no se me notificó ni personalmente ni por ningún otro medio electrónico y tampoco existe constancia que se me haya notificado sobre un auto, causando con ello indefensión, y vulneración a lo dispuesto en el artículo 907 numeral 2 del Código procesal Civil.” El Tribunal de alzada, dictó sentencia mediante Declara NO HA LUGAR el Recurso de Apelación. CONSIDERANDO (6): Que una vez analizados los antecedentes del caso, se desprende que, como parte del procedimiento legalmente diseñado para resolver Demandas de Ejecución Hipotecaria, el aviso de subasta fue publicado en fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en aplicación del artículo 907 numeral 2 del Código Procesal Civil, con lo cual, se cumple el objeto de la notificación, que no es otro que las partes se enteren de los actos procesales que se desarrollan en el juicio. No obstante lo anterior, esta Sala estima, que en efecto la norma citada establece al mismo tiempo la obligatoriedad de que se le notifique al deudor las condiciones de la realización de la subasta, con veinte días de anticipación, notificación esta que no se efectuó, constituyendo violación al debido proceso, precisamente la inobservancia de la aplicación de la norma, pues de permitirlo, es así como comienzan a deformarse los procesos legalmente establecidos. La falta de notificación de actos procesales constituye una grave vulneración al derecho de defensa aun y cuando en el caso de autos, se observa una representación legal casi inexistente, por haberse efectuado el primer aviso de subasta para el día miércoles veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, sin haber habido actuación del apoderado demandado. En virtud de que la parte demandante solicitó suspensión y señalamiento de nueva fecha para el aviso de subasta, se señaló audiencia de subasta para el día miércoles doce de octubre de dos mil dieciséis, sin que haya habido actuación alguna por parte de apoderado legal demandado, y es hasta el tercer señalamiento de fecha para la celebración de la audiencia de subasta, es decir el veinticinco de abril de dos mil diecisiete que actúa el apoderado demandado señalando indefensión. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional le recuerda al Tribunal de alzada, que es el llamado a corregir los errores del inferior, y a ambas instancias, que son dadores de justicia y garantes de la legalidad de los procesos. CONSIDERANDO (7): Que el artículo 80 establece que toda persona o asociación de personas tienen derecho a presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal. La Sala entiende que esta norma garantiza el derecho del recurrente a ser oído, y a obtener una decisión ya sea favorable o adversa, pero fundada en derecho, lo que no ocurre en el caso de autos, por lo que al detectar vulneración a los derechos fundamentales de defensa y debido proceso, es procedente otorgar el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO (8): Que al respecto la Sala de lo Constitucional manifiesta que, como regla de interpretación aplicable a todo el ordenamiento jurídico, el artículo 17 del Título Preliminar del Código Civil establece que “…no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”. En este sentido, es menester señalar lo instituido en el artículo 148 del Código Procesal Civil que por su orden prescriben : “las resoluciones se notificaran personalmente” “la práctica se hará mediante entrega integra de la copia del acto de que se trata;” “las resoluciones judiciales se notificarán a todos los que sean parte en el proceso” “los actos de comunicación e realizarán bajo la dirección del Secretario… tales actos se efectuaran en algunas de las formas siguientes; a) a través del profesional del derecho en funciones de representante procesal…b) Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo electrónico… o cualquier otro medio técnico que permita dejar en el expediente constancia FEHACIENTE de la recepción, de su fecha y del contenido del comunicado. C) entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar.” “Serán nulos los actos de notificación que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este Código pudieren causar indefensión”. CONSIDERANDO (9): Que la notificación de los actos judiciales o administrativos constituyen una actividad de la jurisdiccional o de administración, para poner en conocimiento de los interesados, el contenido de los actos que favorezcan o afecten sus derechos o intereses, a fin de interponer los recursos que contra el acto proceda. Es por ello que la falta de notificación o notificación defectuosa de determinado acto jurisdiccional ó administrativo, y que afecte su eficacia, por ejemplo impidiendo sustentar una acción recursiva, constituye una vulneración al derecho de defensa y consecuentemente al derecho a un debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (11): Que en el caso que nos ocupa, la Sala de lo Constitucional, estima la vulneración al derecho de defensa del recurrente en el proceso, en tanto se ha advertido de la omisión de la notificaciones al deudor de las condiciones en las que se celebrara la subasta, en contraposición a lo establecido en el numeral 2 del artículo 907 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (12): Que el derecho al acceso a la justicia constitucional es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; es decir que se deben seguir los cauces marcados por el legislador o los procedimientos legalmente preestablecidos. En el caso de autos, esta Sala encuentra estimable la argumentación hecha por el recurrente con respecto a los precedentes vinculantes indicados. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8.1, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 64, 82, 90, 94, 304, 305, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.3.b,37, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1).- OTORGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DANNY GUALBERTO VARELA GARCIA, a favor de la sociedad mercantil INVERSIONES TURISTICAS DEL MAR, S. DE R.L. (INTURMA, S. DE R.L), contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, en relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA) contra la sociedad mercantil INVERSIONES TURISTICAS DEL MAR, S. DE R.L. (INTURMA, S. DE R.L), y su Gerente General, la señora JULISSA SUYAPA GARCIA CHIRINO; 2).- Se REVOCA la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho; 3).- Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, proceda a dictar nueva sentencia, ordenando se notifique en legal y debida forma al deudor, las condiciones en que se realizará la supra-mencionada subasta; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0429=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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