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Sentencia AC-427-18 — Registro 8541

Resumen

Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo contra auto dictado por juzgado de primera instancia que declaró con lugar incidente de nulidad absoluta de actuaciones en consecuencia inadmitió solicitud de ejecución forzosa para liquidar daños y perjuicios presentado por ejecutante en relación a demanda ejecutiva para el cumplimiento forzoso de contrato de promesa de compra venta pago de daños e indemnización de perjuicios promovida por recurrente contra sociedad ejecutada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que resuelve la demanda de Amparo interpuesta por...la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CANDI S. de R.L. de C.V., no violenta normativa Constitucional alguna, su fallo es totalmente apegado a derecho, por lo que constando en el expediente examinado vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente Otorgar el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que otorgo el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha tres (03) de abril de dos mil dieciocho (2018), en relación a la demanda ejecutiva para el cumplimiento forzoso de un contrato de promesa de compra venta promovida por la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CANDI S. DE R. L. DE C-V., anteriormente conocida como GREEN VALLEY BUSINESS PARK S.A. DE C.V.- Estimando la recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 60, 64, 82, 90, Y 94 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el señor NERY EDUARDO PEREZ BARRIERI, en su Condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CANDI S. de R.L. de C.V., interponiendo recurso de Amparo contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha tres de abril de dos mil dieciocho que declaro con lugar un incidente de nulidad absoluta de actuaciones en la demanda ejecutiva para el cumplimiento forzoso de un contrato de promesa de compra venta pago de daños y la correspondiente indemnización de perjuicios contra la Sociedad MERCANTIL DENOMINADA ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V., anteriormente conocida como GREEN VALLEY BUSINESS PARK S.A. de C.V..- (FOLIOS 1 -9 DE LA PRIMERA PIEZA DE ANTECEDENTES).- 2) Que en fecha veintiuno(21) de mayo de dos mil dieciocho (2018) la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortes, dicto sentencia en la cual FALLA: Otorgando la garantía Constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado NERY EDUARDO PEREZ BARRIERI a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CANDI S DE R.L. contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de esa Sección Judicial en fecha tres de abril de dos mil dieciocho, para que el A-Quo dicte resolución con el fin de que se restituya los Derechos y Garantías que han sido transgredidos y que la Constitución de la Republica establece (folio 47 al 48 de la pieza de la Corte de Apelaciones).- 3) Que en fecha cuatro (04) de junio del dos mil dieciocho(2018), esta Sala recibió para su Consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de merito de conformidad con lo establecido en el articulo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho, mediante la cual resolvió, otorgar la acción de amparo interpuesta por el Abogado NERY EDUARDO PEREZ BARRIERI a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CANDI S. de R.L..- CONSIDERANDO (3): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, emitió sentencia en la que determino: “FALLA: Otorgar la garantía Constitucional de Amparo, interpuesta por el Abogado NERY EDUARDO PEREZ BARRIERI, a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CANDI S. de R.L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial en fecha tres de abril de dos mil dieciocho para que el A-Quo dicte resolución con el fin de que se restituyan los derechos y garantías que han sido transgredidos que la Constitución de la Republica establece.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente expresa en su Acción de Amparo, como cita la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes: ”HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO.- Primero: En fecha diez (l0) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) en mi condición de apoderado ejecutante presente escrito de solicitud de ejecución forzosa para la liquidación de daños y perjuicios debido al incumplimiento de un contrato de promesa de compra venta, el cual este Juzgado legalmente admitió mediante auto dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) resolvió en esa fecha el señor Juez; ordenar el traslado de ley al Ejecutado y este se sometió; procediendo a dar contestación a la Liquidación de daños y perjuicios interpuesta. Segundo: Para conocimiento de esta Honorable Corte y comprobar que se ha violentado el derecho a la defensa y el debido procedimiento en contra de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CANDI S. de R.L. de C.V. se señalan como antecedentes los siguientes recursos ya sobreseídos: a) Recursos de amparo que obra con número de expediente 01-18 en contra del mismo auto de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017). b) Recurso de Amparo con número de expediente 04-18 en contra de la Resolución de fecha 8 de diciembre del año 2017; también SOBRESEIDO en fecha cinco (5) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), por esta Honorable Corte de Apelaciones Civil; se hace énfasis en que esta Honorable Corte RESOLVIO EN SU MOTIVO CUARTO lo siguiente: "COMO PODRA APRECIARSE EL AUTO POR EL CUAL SE SOLICITA AMPARO NO ES VIOLATORIO DEL DERECHO DE LEGALIDAD, DEL DERECHO DE DEFENSA, COMO LO EXPRESA EL RECURRENTE YA QUE EN EL MISMO AUTO SE ORDENA AL RECURRENTE EL TERMINO DE 10 DIAS PARA QUE CONTESTARA O PRESENTARA OPOSICION A LA LIQUIDACION CABE MENCIONAR QUE EL AMPARISTA HIZO USO DE LOS RECURSOS QUE FRANQUEA LA LEY DANDOLE EL A-QUO EL TRAMITE EN CUANTO QUE EL JUEZ INADMITIO DE PLANO EL RECURSO DE REPOSICION ESTE ESTA FACULTADO PARA DENEGARLO TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 897 QUE DICE SALVO QUE LA RESOLUCION IMPUGNADA FUERA DICTADA EN FORMA ORAL EN UNA AUDIENCIA EL ESCRITO SE INTERPONDRA POR ESCRITO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DIAS, SI FUESE MANIFIESTAMENTE INADMISIBLE POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y FUNDAMENTACION EL TRIBUNAL LO RECHAZARA SIN NINGUN OTRO TRAMITE . . . .- EN CONSECUENCIA, EL AUTO DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 NO ES VIOLATORIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES QUE ALEGA EL RECURRENTE Y ASI MISMO ESTE TRIBUNAL CONSIDERA QUE LO EXPRESADO ES DE MERA LEGALIDAD POR LO QUE EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO DEBE SOBRESEERSE. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE HAN SIDO VIOLENTADOS POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES: PRIMERO: A) El artículo 64 de la Constitución de la República establece: No se aplicaran leyes y disposiciones gobernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, SI los disminuyen, restringen o tergiversan. B) El Artículo 82 Párrafo Segundo de la Constitución de la República literalmente dice: 11 Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las Leyes." Si nos atenemos al espíritu de esta norma determinantemente, se concluirá en que es obligatorio para toda autoridad judicial observar totalmente las formas que señalan las Leyes, al momento de resolver los asuntos que los particulares han sometido al ámbito de sus atribuciones. Consecuente va en contra de este principio, cuando el Juez de Primera Instancia, no se informa y desconoce lo resuelto por el Ad-Quem y admite una nulidad de actuaciones en el juicio ejecutivo; aduciendo que ANULA UN PROCEDIMIIENTO, UNA ACTUACION YA FIRME; porque considera que en ese momento procesal carecía de competencia objetiva y funcional para resolver; extralimitándose de las facultades que le confiere la Ley, disminuyendo, tergiversando las declaraciones, derechos y garantías de mi Mandante. C) El Artículo 90 de la Constitución de la República literalmente dice: " Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece", esta infracción es congruente con el artículo 17 del Código Civil, que regula que no podrán atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador se relaciona estrictamente con el artículo 767 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL QUE ESTABLECE: SUSPENSION DE LA EJECUCION.- REGLA GENERAL: SOLO PROCEDERA LA SUSPENSION DE LA EJECUCION CUANDO ASI LO SOLICITEN TODAS LAS PARTES PERSONADAS O CUANDO LO ORDENE EXPRESAMENTE LA LEY. LA SUSPENSION SE DECRETRA POR AUTO Y MIENTRAS DURE SE MANTENDRAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LAS ACTUACIONES EJECUTIVAS DICTADAS Y SE CUMPLIRAN LAS MEDIDAS EJECUTIVAS ADOPTADAS ANTES DE DECRETARSE. 2.- LOS RECURSOS QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS ACTUACIONES EJECUTIVAS NO SUSPENDERAN EL CURSO DE LA EJECUCION, EXCEPCIONALMENTE PODRA EL JUEZ ACORDAR LA SUSPENSION A PETICION DEL EJECUTADO QUE ACREDITE QUE LA NO SUSPENSION LE ACARREA DAÑOS DE DIFICIL REPARACION y SIEMPRE QUE PRESTE CAUCION SUFICIENTE PARA ASEGURAR LA EVENTUAL INDEMNIZACION AL EJECUTANTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA SUSPENSION. Por lo anterior el A-quo no debió declarar CON LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES TERGIVERSANDO LA NORMA POR ENDE CONTRARIANDO EL ESPIRITU DEL CODIGO PROCESAL CIVIL EN LO QUE RESPECTA A CELERIDAD Y PROBIDAD PROCESAL. SEGUNDO: El Artículo 94 de la Constitución de la República establece: "A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o autoridad competente".- Con la infracción de los ARTICULOS 767 y 866, 884 del Código Procesal civil; el A-quo HA VIOLENTADO LOS PRINCIPIOS DE PROBIDAD PROCESAL, DERECHO A LA DEFENSA Y EL DEBIDO PROCEDIMIENTO, al extralimitarse en relación a lo resuelto POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES EN AMBOS RECURSOS DE AMPARO YA SEÑALADOS E interpuestos por el ejecutado y SOBRESEIDOS pues esta Honorable Corte de Apelaciones ya resolvió jurídicamente: QUE CON LA ADMISON y TRASLADO DEL ESCRITO DE LIQUIDACION DE CANTIDADES; NO SE VIOLENTABA EL DERECHO DE LEGALIDAD, EL DERECHO DE DEFENSA, COMO LO EXPRESABA EL RECURRENTE y al sobreseer los recursos de amparo interpuestos por el Ejecutado y ser del criterio procesal que el a quo actuó apegado a derecho Y NO carecía de competencia funcional para conocer de LA SOLICITUD DE LIQUIDACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS al dar trámite a la liquidación ordenando su traslado de ley para que el ejecutado contesta o se opusiere, por lo que la resolución que hoy es impugnada vía acción de amparo, emitida por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial en fecha de fecha TRES (03) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), dictada en el expediente número 0501-2017-02983-LCV, a que en su parte.- PARTE DISPOSITIVA.- RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones interpuesto contra el auto de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) que obra a folio ciento noventa y nueve (199) de los autos, planteado por el abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ CONSTITUYE UNA FLAGRANTE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES POR ENDE CONSTITUCIONALES DE MI MANDANTE INVERSIONES CANDI S. de R.L. de C.V.”- CONSIDERANDO (5): La Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, establece en los antecedentes y considerandos de su fallo: “ANTECEDENTES PROCESALES: PRIMERO: En fecha tres de abril del dos mil dieciocho, el juzgado de Letras Civil de esta sección judicial, dicto resolución mediante la cual declara con lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones interpuesto contra el auto de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, planteado por el apoderado legal de la de la parte ejecutada.- SEGUNDO: Que la fiscalía del ministerio público en fecha veinticuatro de enero del presente año, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se otorgue la garantía de amparo por considerar que el amparo interpuesto es de mera legalidad. MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA: PRIMERO: La resolución objeto de amparo, es la que resuelve con lugar el incidente de nulidad de actuaciones del auto de fecha dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete, consecuentemente inadmite a trámite el escrito de solicitud de ejecución forzosa para la liquidación de daños y perjuicios presentado por el apoderado legal de la ejecutante.- El juez en la resolución objeto de amparo, manifiesta, que la solicitud de ejecución forzosa para la liquidación de daños y perjuicios, es un acto nulo de pleno derecho, que debió haberse declarado inadmisible porque su interposición se realiza por la ejecutante al momento de estar transcurriendo diez días concedidos por el juzgado a las partes para la interposición del recurso de apelación, que el tribunal era incompetente para seguir conociendo.- Este tribunal, observa, la secuencia de los actos procesales que se lleva a cabo a partir de la resolución que declara sin lugar la oposición a la ejecución, pudiendo evidenciar: 1- que en el término que la ley establece para la interposición del recurso de apelación, la parte ejecutante presento solicitud de ejecución forzosa para liquidación de cantidades, el juez resuelve tener por presentada la liquidación y concedió a la parte ejecutada el plazo de diez días para que se oponga o acepte la liquidación, 2- La parte ejecutada en el término de ley recurre de la resolución que declara sin lugar la oposición a la ejecución, dándosele el trámite de ley, 3- La parte ejecutada presenta recurso de reposición contra la resolución que da tramite a la liquidación, inadmitiendo el juez el recurso bajo el argumento que la interposición de recursos no suspende la ejecución forzosa, 4- La parte ejecutada contesta y presenta oposición a la liquidación de daños y perjuicios, el juez en una sola resolución, por economía procesal manifiesta, dicta tener por contestados los agravios del recurso de apelación en trámite y por admitido la contestación y oposición a la liquidación convocando a las partes a una audiencia para el dieciocho de enero del dos mil dieciocho (audiencia que no se realizó), 5- En fecha dos de marzo del presente año, juez tiene por recibida la certificación proveniente de esta Corte de Apelación, que contiene la sentencia que confirma a su vez la sentencia que declara sin lugar la oposición a la ejecución de Laudo Arbitral, 6- En fecha tres de abril del presente año, el juez resuelve con lugar el incidente de nulidad que le fue planteado.- SEGUNDO: Siguiendo el orden cronológico de lo ocurrido en el proceso, a partir de la sentencia que declara sin lugar la oposición, y de los argumentos y fundamentos de derecho de los cuales se ha hecho valer el juez, podemos establecer en primer término, la interposición de los recursos no suspende la ejecución forzosa, art. 767 del Código Procesal Civil, entendiéndose que la liquidación en concepto de daños y perjuicios es parte de la ejecución forzosa, de tal manera que el artículo 884 del mismo cuerpo legal así lo dispone, al establecer cómo se determina la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios. Considera este tribunal consecuentemente que el juzgado si era competente para el conocimiento de la solicitud de liquidación, como en su oportunidad así lo hizo, incluso, se dio el tramite a la liquidación, en donde el ejecutado se opuso a la liquidación señalando el juez la audiencia correspondiente, no existiendo razón alguna para no continuar el mismo, cuando las partes convalidaron el proceso, más aun cuando en fecha dos de marzo del presente año consta en el expediente, el juzgado tiene por recibida la certificación emitida por este tribunal que confirma la sentencia dictada por el juzgado que declara sin lugar la oposición a la ejecución, en tal sentido no tenía razón de ser lo argumentado por el juez en la resolución que dictara un mes después de recibo de la certificación, específicamente en fecha tres de abril del presente año, anulando la resolución que da tramite a la solicitud de liquidación. TERCERO: En base a los análisis y consideraciones antes expuestas, es claro que se violentan normas de índole procesal, que la Constitución de la Republica establece, no pudiendo ser consideradas las causas de amparo como mera legalidad como así lo ve el ministerio público, tal situación va más allá, un acceso completo a la tutela judicial efectiva, no solo declarativa sino también ejecutiva. CUARTO: Que, si se violenta el debido proceso, de igual forma se violentan otros derechos fundamentales a que ha hecho relación el amparista al no observarse disposiciones legales contenidos en la ley. Llegando este tribunal al convencimiento que la resolución dictada por el juez, quebranta las garantías invocadas por el reclamante, especialmente El Debido Proceso, razón por la cual procede otorgar el amparo para que el juez recurrido dicte resolución con el fin de que se restituyan los Derechos y garantías que la Constitución de la República establece.”- CONSIDERANDO (6): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que resuelve la demanda de Amparo interpuesta por el Abogado Nery Eduardo Perez Barrieri, en su Condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CANDI S. de R.L. de C.V., no violenta normativa Constitucional alguna, su fallo es totalmente apegado a derecho, por lo que constando en el expediente examinado vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente Otorgar el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 13, 41, 42, 63 y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 767, 771 884 del Código Procesal Civil.- FALLA: CONFIRMANDO la Resolución del recurso de Amparo emitido en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte de Apelaciones Seccional, San Pedro Sula, Cortes; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0427-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que otorgo el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha tres (03) de abril de dos mil dieciocho (2018), en relación a la demanda ejecutiva para el cumplimiento forzoso de un contrato de promesa de compra venta promovida por la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CANDI S. DE R. L. DE C-V., anteriormente conocida como GREEN VALLEY BUSINESS PARK S.A. DE C.V.- Estimando la recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 60, 64, 82, 90, Y 94 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el señor NERY EDUARDO PEREZ BARRIERI, en su Condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CANDI S. de R.L. de C.V., interponiendo recurso de Amparo contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha tres de abril de dos mil dieciocho que declaro con lugar un incidente de nulidad absoluta de actuaciones en la demanda ejecutiva para el cumplimiento forzoso de un contrato de promesa de compra venta pago de daños y la correspondiente indemnización de perjuicios contra la Sociedad MERCANTIL DENOMINADA ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V., anteriormente conocida como GREEN VALLEY BUSINESS PARK S.A. de C.V..- (FOLIOS 1 -9 DE LA PRIMERA PIEZA DE ANTECEDENTES).- 2) Que en fecha veintiuno(21) de mayo de dos mil dieciocho (2018) la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortes, dicto sentencia en la cual FALLA: Otorgando la garantía Constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado NERY EDUARDO PEREZ BARRIERI a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CANDI S DE R.L. contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de esa Sección Judicial en fecha tres de abril de dos mil dieciocho, para que el A-Quo dicte resolución con el fin de que se restituya los Derechos y Garantías que han sido transgredidos y que la Constitución de la Republica establece (folio 47 al 48 de la pieza de la Corte de Apelaciones).- 3) Que en fecha cuatro (04) de junio del dos mil dieciocho(2018), esta Sala recibió para su Consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de merito de conformidad con lo establecido en el articulo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho, mediante la cual resolvió, otorgar la acción de amparo interpuesta por el Abogado NERY EDUARDO PEREZ BARRIERI a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CANDI S. de R.L..- CONSIDERANDO (3): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, emitió sentencia en la que determino: “FALLA: Otorgar la garantía Constitucional de Amparo, interpuesta por el Abogado NERY EDUARDO PEREZ BARRIERI, a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CANDI S. de R.L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial en fecha tres de abril de dos mil dieciocho para que el A-Quo dicte resolución con el fin de que se restituyan los derechos y garantías que han sido transgredidos que la Constitución de la Republica establece.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente expresa en su Acción de Amparo, como cita la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes: ”HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO.- Primero: En fecha diez (l0) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) en mi condición de apoderado ejecutante presente escrito de solicitud de ejecución forzosa para la liquidación de daños y perjuicios debido al incumplimiento de un contrato de promesa de compra venta, el cual este Juzgado legalmente admitió mediante auto dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) resolvió en esa fecha el señor Juez; ordenar el traslado de ley al Ejecutado y este se sometió; procediendo a dar contestación a la Liquidación de daños y perjuicios interpuesta. Segundo: Para conocimiento de esta Honorable Corte y comprobar que se ha violentado el derecho a la defensa y el debido procedimiento en contra de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CANDI S. de R.L. de C.V. se señalan como antecedentes los siguientes recursos ya sobreseídos: a) Recursos de amparo que obra con número de expediente 01-18 en contra del mismo auto de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017). b) Recurso de Amparo con número de expediente 04-18 en contra de la Resolución de fecha 8 de diciembre del año 2017; también SOBRESEIDO en fecha cinco (5) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), por esta Honorable Corte de Apelaciones Civil; se hace énfasis en que esta Honorable Corte RESOLVIO EN SU MOTIVO CUARTO lo siguiente: "COMO PODRA APRECIARSE EL AUTO POR EL CUAL SE SOLICITA AMPARO NO ES VIOLATORIO DEL DERECHO DE LEGALIDAD, DEL DERECHO DE DEFENSA, COMO LO EXPRESA EL RECURRENTE YA QUE EN EL MISMO AUTO SE ORDENA AL RECURRENTE EL TERMINO DE 10 DIAS PARA QUE CONTESTARA O PRESENTARA OPOSICION A LA LIQUIDACION CABE MENCIONAR QUE EL AMPARISTA HIZO USO DE LOS RECURSOS QUE FRANQUEA LA LEY DANDOLE EL A-QUO EL TRAMITE EN CUANTO QUE EL JUEZ INADMITIO DE PLANO EL RECURSO DE REPOSICION ESTE ESTA FACULTADO PARA DENEGARLO TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 897 QUE DICE SALVO QUE LA RESOLUCION IMPUGNADA FUERA DICTADA EN FORMA ORAL EN UNA AUDIENCIA EL ESCRITO SE INTERPONDRA POR ESCRITO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DIAS, SI FUESE MANIFIESTAMENTE INADMISIBLE POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y FUNDAMENTACION EL TRIBUNAL LO RECHAZARA SIN NINGUN OTRO TRAMITE . . . .- EN CONSECUENCIA, EL AUTO DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 NO ES VIOLATORIO DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES QUE ALEGA EL RECURRENTE Y ASI MISMO ESTE TRIBUNAL CONSIDERA QUE LO EXPRESADO ES DE MERA LEGALIDAD POR LO QUE EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO DEBE SOBRESEERSE. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE HAN SIDO VIOLENTADOS POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES: PRIMERO: A) El artículo 64 de la Constitución de la República establece: No se aplicaran leyes y disposiciones gobernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, SI los disminuyen, restringen o tergiversan. B) El Artículo 82 Párrafo Segundo de la Constitución de la República literalmente dice: 11 Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las Leyes." Si nos atenemos al espíritu de esta norma determinantemente, se concluirá en que es obligatorio para toda autoridad judicial observar totalmente las formas que señalan las Leyes, al momento de resolver los asuntos que los particulares han sometido al ámbito de sus atribuciones. Consecuente va en contra de este principio, cuando el Juez de Primera Instancia, no se informa y desconoce lo resuelto por el Ad-Quem y admite una nulidad de actuaciones en el juicio ejecutivo; aduciendo que ANULA UN PROCEDIMIIENTO, UNA ACTUACION YA FIRME; porque considera que en ese momento procesal carecía de competencia objetiva y funcional para resolver; extralimitándose de las facultades que le confiere la Ley, disminuyendo, tergiversando las declaraciones, derechos y garantías de mi Mandante. C) El Artículo 90 de la Constitución de la República literalmente dice: " Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece", esta infracción es congruente con el artículo 17 del Código Civil, que regula que no podrán atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador se relaciona estrictamente con el artículo 767 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL QUE ESTABLECE: SUSPENSION DE LA EJECUCION.- REGLA GENERAL: SOLO PROCEDERA LA SUSPENSION DE LA EJECUCION CUANDO ASI LO SOLICITEN TODAS LAS PARTES PERSONADAS O CUANDO LO ORDENE EXPRESAMENTE LA LEY. LA SUSPENSION SE DECRETRA POR AUTO Y MIENTRAS DURE SE MANTENDRAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LAS ACTUACIONES EJECUTIVAS DICTADAS Y SE CUMPLIRAN LAS MEDIDAS EJECUTIVAS ADOPTADAS ANTES DE DECRETARSE. 2.- LOS RECURSOS QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS ACTUACIONES EJECUTIVAS NO SUSPENDERAN EL CURSO DE LA EJECUCION, EXCEPCIONALMENTE PODRA EL JUEZ ACORDAR LA SUSPENSION A PETICION DEL EJECUTADO QUE ACREDITE QUE LA NO SUSPENSION LE ACARREA DAÑOS DE DIFICIL REPARACION y SIEMPRE QUE PRESTE CAUCION SUFICIENTE PARA ASEGURAR LA EVENTUAL INDEMNIZACION AL EJECUTANTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA SUSPENSION. Por lo anterior el A-quo no debió declarar CON LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES TERGIVERSANDO LA NORMA POR ENDE CONTRARIANDO EL ESPIRITU DEL CODIGO PROCESAL CIVIL EN LO QUE RESPECTA A CELERIDAD Y PROBIDAD PROCESAL. SEGUNDO: El Artículo 94 de la Constitución de la República establece: "A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o autoridad competente".- Con la infracción de los ARTICULOS 767 y 866, 884 del Código Procesal civil; el A-quo HA VIOLENTADO LOS PRINCIPIOS DE PROBIDAD PROCESAL, DERECHO A LA DEFENSA Y EL DEBIDO PROCEDIMIENTO, al extralimitarse en relación a lo resuelto POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES EN AMBOS RECURSOS DE AMPARO YA SEÑALADOS E interpuestos por el ejecutado y SOBRESEIDOS pues esta Honorable Corte de Apelaciones ya resolvió jurídicamente: QUE CON LA ADMISON y TRASLADO DEL ESCRITO DE LIQUIDACION DE CANTIDADES; NO SE VIOLENTABA EL DERECHO DE LEGALIDAD, EL DERECHO DE DEFENSA, COMO LO EXPRESABA EL RECURRENTE y al sobreseer los recursos de amparo interpuestos por el Ejecutado y ser del criterio procesal que el a quo actuó apegado a derecho Y NO carecía de competencia funcional para conocer de LA SOLICITUD DE LIQUIDACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS al dar trámite a la liquidación ordenando su traslado de ley para que el ejecutado contesta o se opusiere, por lo que la resolución que hoy es impugnada vía acción de amparo, emitida por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial en fecha de fecha TRES (03) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), dictada en el expediente número 0501-2017-02983-LCV, a que en su parte.- PARTE DISPOSITIVA.- RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones interpuesto contra el auto de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) que obra a folio ciento noventa y nueve (199) de los autos, planteado por el abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ CONSTITUYE UNA FLAGRANTE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES POR ENDE CONSTITUCIONALES DE MI MANDANTE INVERSIONES CANDI S. de R.L. de C.V.”- CONSIDERANDO (5): La Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, establece en los antecedentes y considerandos de su fallo: “ANTECEDENTES PROCESALES: PRIMERO: En fecha tres de abril del dos mil dieciocho, el juzgado de Letras Civil de esta sección judicial, dicto resolución mediante la cual declara con lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones interpuesto contra el auto de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, planteado por el apoderado legal de la de la parte ejecutada.- SEGUNDO: Que la fiscalía del ministerio público en fecha veinticuatro de enero del presente año, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se otorgue la garantía de amparo por considerar que el amparo interpuesto es de mera legalidad. MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA: PRIMERO: La resolución objeto de amparo, es la que resuelve con lugar el incidente de nulidad de actuaciones del auto de fecha dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete, consecuentemente inadmite a trámite el escrito de solicitud de ejecución forzosa para la liquidación de daños y perjuicios presentado por el apoderado legal de la ejecutante.- El juez en la resolución objeto de amparo, manifiesta, que la solicitud de ejecución forzosa para la liquidación de daños y perjuicios, es un acto nulo de pleno derecho, que debió haberse declarado inadmisible porque su interposición se realiza por la ejecutante al momento de estar transcurriendo diez días concedidos por el juzgado a las partes para la interposición del recurso de apelación, que el tribunal era incompetente para seguir conociendo.- Este tribunal, observa, la secuencia de los actos procesales que se lleva a cabo a partir de la resolución que declara sin lugar la oposición a la ejecución, pudiendo evidenciar: 1- que en el término que la ley establece para la interposición del recurso de apelación, la parte ejecutante presento solicitud de ejecución forzosa para liquidación de cantidades, el juez resuelve tener por presentada la liquidación y concedió a la parte ejecutada el plazo de diez días para que se oponga o acepte la liquidación, 2- La parte ejecutada en el término de ley recurre de la resolución que declara sin lugar la oposición a la ejecución, dándosele el trámite de ley, 3- La parte ejecutada presenta recurso de reposición contra la resolución que da tramite a la liquidación, inadmitiendo el juez el recurso bajo el argumento que la interposición de recursos no suspende la ejecución forzosa, 4- La parte ejecutada contesta y presenta oposición a la liquidación de daños y perjuicios, el juez en una sola resolución, por economía procesal manifiesta, dicta tener por contestados los agravios del recurso de apelación en trámite y por admitido la contestación y oposición a la liquidación convocando a las partes a una audiencia para el dieciocho de enero del dos mil dieciocho (audiencia que no se realizó), 5- En fecha dos de marzo del presente año, juez tiene por recibida la certificación proveniente de esta Corte de Apelación, que contiene la sentencia que confirma a su vez la sentencia que declara sin lugar la oposición a la ejecución de Laudo Arbitral, 6- En fecha tres de abril del presente año, el juez resuelve con lugar el incidente de nulidad que le fue planteado.- SEGUNDO: Siguiendo el orden cronológico de lo ocurrido en el proceso, a partir de la sentencia que declara sin lugar la oposición, y de los argumentos y fundamentos de derecho de los cuales se ha hecho valer el juez, podemos establecer en primer término, la interposición de los recursos no suspende la ejecución forzosa, art. 767 del Código Procesal Civil, entendiéndose que la liquidación en concepto de daños y perjuicios es parte de la ejecución forzosa, de tal manera que el artículo 884 del mismo cuerpo legal así lo dispone, al establecer cómo se determina la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios. Considera este tribunal consecuentemente que el juzgado si era competente para el conocimiento de la solicitud de liquidación, como en su oportunidad así lo hizo, incluso, se dio el tramite a la liquidación, en donde el ejecutado se opuso a la liquidación señalando el juez la audiencia correspondiente, no existiendo razón alguna para no continuar el mismo, cuando las partes convalidaron el proceso, más aun cuando en fecha dos de marzo del presente año consta en el expediente, el juzgado tiene por recibida la certificación emitida por este tribunal que confirma la sentencia dictada por el juzgado que declara sin lugar la oposición a la ejecución, en tal sentido no tenía razón de ser lo argumentado por el juez en la resolución que dictara un mes después de recibo de la certificación, específicamente en fecha tres de abril del presente año, anulando la resolución que da tramite a la solicitud de liquidación. TERCERO: En base a los análisis y consideraciones antes expuestas, es claro que se violentan normas de índole procesal, que la Constitución de la Republica establece, no pudiendo ser consideradas las causas de amparo como mera legalidad como así lo ve el ministerio público, tal situación va más allá, un acceso completo a la tutela judicial efectiva, no solo declarativa sino también ejecutiva. CUARTO: Que, si se violenta el debido proceso, de igual forma se violentan otros derechos fundamentales a que ha hecho relación el amparista al no observarse disposiciones legales contenidos en la ley. Llegando este tribunal al convencimiento que la resolución dictada por el juez, quebranta las garantías invocadas por el reclamante, especialmente El Debido Proceso, razón por la cual procede otorgar el amparo para que el juez recurrido dicte resolución con el fin de que se restituyan los Derechos y garantías que la Constitución de la República establece.”- CONSIDERANDO (6): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que resuelve la demanda de Amparo interpuesta por el Abogado Nery Eduardo Perez Barrieri, en su Condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CANDI S. de R.L. de C.V., no violenta normativa Constitucional alguna, su fallo es totalmente apegado a derecho, por lo que constando en el expediente examinado vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente Otorgar el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 13, 41, 42, 63 y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 767, 771 884 del Código Procesal Civil.- FALLA: CONFIRMANDO la Resolución del recurso de Amparo emitido en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte de Apelaciones Seccional, San Pedro Sula, Cortes; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0427-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional