Sentencia AC-380-18 — Registro 11390
Resumen
Resolución que declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto con relación a demanda de pretensión posesoria para que se tutele o conserve la posesión perturbada constituida en un inmueble promovida contra impetrantes argumentando éstos una resolución ultrapetita en relación a la tutela de la posesión del bien y no la restitución del mismo,considerando la Sala Constitucional que determinar no solo el derecho a la posesión, sino que también la restitución del bien inmueble al haberse acreditado el desalojo violento de demandantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Que de la revisión y análisis de los autos se observa que, en el decurso de la demanda de pretensión posesoria para que se tutele o conserve la posesión constituida en un inmueble, evacuada bajo el procedimiento abreviado, se acreditó con las formalidades del caso, un hecho nuevo, consistente en el despojo violento del inmueble sufrido por los demandantes cuya pretensión en aquel momento era solamente conservar la posesión de un inmueble, no obstante ante este hecho nuevo legalmente acreditado en autos, esta Sala de lo Constitucional no cataloga como una decisión ultrapetita, y por ende vulneradora del debido proceso, el determinar no solo el derecho a la posesión, sino que también a la restitución del bien inmueble, en tanto, con ello se restituye el derecho y las cosas a como estaban antes, tal y como lo manda el artículo 183 numeral 1 de la Constitución de la República y el 41 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que el debido proceso legal, comprende las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, y en este sentido, contempla los requisitos que sirven “para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”. En tal sentido este se materializa en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva, que es el reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Ni uno más ni otro menos. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas sean públicas o privadas. Es así que nuestra normativa procesal civil consagra el debido proceso en el artículo 3 y manda “Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente, e imparcial, una resolución de fondo justa, motivada congruentemente y razonable.” La motivación ha de ser congruente, es decir, responder tanto a lo pedido por el actor como a los fundamentos de su petición, y razonable porque ha de fundamentarse en cánones de interpretación y aplicación de las leyes generalmente admitidos por la comunidad jurídica, debiendo el juez resolver el asunto sometido a su conocimiento con una motivación congruente y apegada a derecho. El derecho de defensa forma parte del núcleo duro de las garantías del debido proceso, por llamarlo así que constituyen garantías infranqueables aplicables a cualquier proceso, el cual se encuentra reconocido de manera fehaciente en la Constitución, en tal sentido la “defensa” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala arriba a la Conclusión que la Decisión emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, objeto del Recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables; además por NO constar en el expediente examinado la vulneración a los Derechos Constitucionales invocados por los impetrantes <Artículos 82 y 90 CH>; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe DENEGAR el Amparo Demandado."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183, numeral 1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia del Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OLIVER GERARDO ANTONIO ERAZO a favor de los Señores HEBER MISAEL CERRATO SALGADO, MAURO CANALES MELENDEZ, MARCO TULIO ZAMORA CRIBAS y GREGORIO ESPINAL, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES en fecha doce (12) de marzo dos mil dieciocho (2018), que declaro sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha siete (07) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda de pretensión posesoria para que se tutele o conserve la posesión constituida en un inmueble promovida por la Sociedad Mercantil INVERSIONES E INMOBILIARIA VALLE NAVARRO, S DE R.L. DE C.V. (INVANA). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representado contemplados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós (22) de abril de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el Abogado DAVID MOLINA PINEDA, actuando como Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil INVERSIONES E INMOBILIARIA VALLE NAVARRO, S. DE R.L. DE C.V. (INVANA), promoviendo pretensión posesoria para que se tutele o conserve la posesión constituida en un bien inmueble por estar siendo perturbada en su disfrute, mediante el proceso abreviado, en contra de los Señores Abraham Enrique Andino Pineda, Gregorio Espinal, Marco Tulio Zamora Cribas y Oscar Rolando Maldonado Ortiz.- (Folio 1-18 de la Primera Pieza de los antecedentes). 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha siete (07) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “1) Declarar SIN LUGAR, la excepción material de PRESCRIPCION DE LA ACCION, interpuesta por los abogados HEBER MISAEL CERRATO SALGADO y MARCOS ARTURO ALEGRIA; 2) Declarar CON LUGAR, la Demanda de Pretensión Posesoria para que se tutele y conserve la posesión constituida de un inmueble por estar siendo perturbada en su disfrute y así recobrar la posesión material del inmueble perturbado, promovida por el Abogado DAVID MOLINA PINEDA, en su condición de apoderado Judicial de sociedad mercantil INVERSIONES E INMOBILIARIA VALLE NAVARRO S. DE R.L. DE C.V. (INVANA), en contra de los señores HEBER MISAEL CERRATO SALGADO (sucesor procesal de Abrahán Enrique Andino Pineda), GREGORIO ESPINAL, MARCO TULIO ZAMORA CRIBAS, OSCAR ROLANDO MALDONADO ORTIZ y MAURO CANALES MELENDEZ (litisconsorte); 3) Se condena a los señores HEBER MISAEL CERRATO SALGADO (sucesor procesal de Abrahán Enrique Andino Pineda), GREGORIO ESPINAL, MARCO TULIO ZAMORA CRIBAS, OSCAR ROLANDO MALDONADO ORTIZ y MAURO CANALES MELENDEZ (litisconsorte) a abstenerse de efectuar actos que perturben la posesión de la sociedad mercantil INVERSIONES E INMOBILIARIA VALLE NAVARRO S. DE R.L. DE C.V. (INVANA); 4) se condena a los señores HEBER MISAEL CERRATO SALGADO (sucesor procesal de Abrahán Enrique Andino Pineda), GREGORIO ESPINAL, MARCO TULIO ZAMORA CRIBAS, OSCAR ROLANDO MALDONADO ORTIZ y MAURO CANALES MELENDEZ (litisconsorte) a devolver la posesión del inmueble a la sociedad mercantil INVERSIONES E INMOBILIARIA VALLE NAVARRO S. DE R.L. DE C.V. (INVANA); 5) CON COSTAS, para los demandados a excepción del demandado Oscar Rolando Maldonado Ortiz, quien se allano a la demanda.-” (Folios 486–496 de la Primera Pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha dos (02) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), el Abogado HEBER MISAEL CERRATO SALGADO, actuando en causa propia y como Representante de los Señores GREGORIO ESPINAL y MARCO TULIO ZAMORA CRIBAS; y en fecha tres (03) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el Abogado MARCOS ARTURO ALEGRIA en su condición de Apoderado Judicial de MAURO CANALES MELENDEZ, interpusieron ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el recurso de apelación, el cual se remitió a la Honorable Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que consta mediante certificación en fecha doce (12) de marzo de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resuelve: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado HEBER MISAEL CERRATO SALGADO quien actúa en su condición personal y como apoderado judicial de los señores GREGORIO ESPINAL y MARCO TULIO ZAMORA CRIBAS, contra la sentencia definitiva de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la demanda de pretensión posesoria para que se tutele y conserve la posesión constituida en un inmueble por estar siendo perturbada en su disfrute y recobrar la posesión del inmueble, promovida en su contra y contra el señor OSCAR ROLANDO MALDONADO ORTIZ y MAURO CANALES MELENDEZ (litisconsorte), por el Abogado DAVID MOLINA PINEDA en su condición de Apoderado Judicial de la entidad mercantil INVERSIONES E INMOBILIARIA VALLE NAVARRO S. DE R.L. DE C.V. (INVANA).- SEGUNDO: declarar sin lugar EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL Abogado MARCOS ARTURO ALEGRIA quien actúa como apoderado judicial de MAURO CANALES MELENDEZ, contra la sentencia definitiva de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en la demanda de pretensión posesoria para que se tutele o conserve la posesión constituida en un inmueble por estar siendo perturbada en su disfrute y recobrar la posesión del inmueble, promovida en su contra y contra los señores ABRAHAM ENRIQUE ANDINO PINEDA (fallecido) sustituido procesalmente por el señor HEBER MISAEL CERRATO y los señores GREGORIO ESPINAL, MARCO TULIO ZAMORA CRIBAS y OSCAR ROLANDO MALDONADO ORTIZ, por el abogado DAVID MOLINA PINEDA en su condición de apoderado judicial de la entidad mercantil INVERSIONES E INMOBILIARIA VALLE NAVARRO S. DE R.L. DE C.V. (INVANA).- TERCERO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, venida en apelación.”.- (Folios 13–19 de la Segunda Pieza de los antecedentes). 4) Que en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado OLIVER GERARDO ANTONIO ERAZO, compareció ante la Sala de lo Constitucional interponiendo recurso de amparo a favor de los señores HEBER MISAEL CERRATO SALGADO, MAURO CANALES MELENDEZ, MARCO TULIO ZAMORA CRIBAS y GREGORIO ESPINAL, contra la resolución de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por estimar que el Ad-quem vulnera las garantías contenidas en los artículos82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. 5) Que en fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido su dictamen a través de su Fiscal la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, siendo de la opinión de que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, en virtud de no vislumbrarse violación de los preceptos señalados por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que en la Garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado OLIVER GERARDO ANTONIO ERAZO, aduce que la sentencia recurrida vulnera a sus representados el debido proceso, por haber dictado el Tribunal de Alzada una sentencia en desacuerdo con lo estipulado en el artículo 207 del Código Procesal Penal, que manda la obligatoriedad de motivar las sentencias, expresando los razonamientos facticos y jurídicos del pleito, así como señala la inobservancia a lo dispuesto en el artículo 208 de la ley adjetiva civil que señala que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las pretensiones deducidas oportunamente por las partes. A juicio del recurrente la sentencia emitida de la Corte de Apelaciones recurrida, al confirmar la dictada por el A-quo, vulnera el debido proceso al haber condenado ultrapetita, señalando que se trata de una demanda para conservar la posesión de un bien inmueble, no la de restitución de la misma, como en efecto se ordena dicha restitución. CONSIDERANDO (4): Que de la revisión y análisis de los autos se observa que, en el decurso de la demanda de pretensión posesoria para que se tutele o conserve la posesión constituida en un inmueble, evacuada bajo el procedimiento abreviado, se acreditó con las formalidades del caso, un hecho nuevo, consistente en el despojo violento del inmueble sufrido por los demandantes cuya pretensión en aquel momento era solamente conservar la posesión de un inmueble, no obstante ante este hecho nuevo legalmente acreditado en autos, esta Sala de lo Constitucional no cataloga como una decisión ultrapetita, y por ende vulneradora del debido proceso, el determinar no solo el derecho a la posesión, sino que también a la restitución del bien inmueble, en tanto, con ello se restituye el derecho y las cosas a como estaban antes, tal y como lo manda el artículo 183 numeral 1 de la Constitución de la República y el 41 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que el debido proceso legal, comprende las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, y en este sentido, contempla los requisitos que sirven “para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”. En tal sentido este se materializa en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva, que es el reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Ni uno más ni otro menos. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas sean públicas o privadas. Es así que nuestra normativa procesal civil consagra el debido proceso en el artículo 3 y manda “Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente, e imparcial, una resolución de fondo justa, motivada congruentemente y razonable.” La motivación ha de ser congruente, es decir, responder tanto a lo pedido por el actor como a los fundamentos de su petición, y razonable porque ha de fundamentarse en cánones de interpretación y aplicación de las leyes generalmente admitidos por la comunidad jurídica, debiendo el juez resolver el asunto sometido a su conocimiento con una motivación congruente y apegada a derecho. El derecho de defensa forma parte del núcleo duro de las garantías del debido proceso, por llamarlo así que constituyen garantías infranqueables aplicables a cualquier proceso, el cual se encuentra reconocido de manera fehaciente en la Constitución, en tal sentido la “defensa” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala arriba a la Conclusión que la Decisión emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, objeto del Recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables; además por NO constar en el expediente examinado la vulneración a los Derechos Constitucionales invocados por los impetrantes <Artículos 82 y 90 CH>; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe DENEGAR el Amparo Demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 2, 4, 82, 90, 110, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.3.b, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 207 y 208 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OLIVER GERARDO ANTONIO ERAZO a favor de los Señores HEBER MISAEL CERRATO SALGADO, MAURO CANALES MELENDEZ, MARCO TULIO ZAMORA CRIBAS y GREGORIO ESPINAL, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, Departamento de Cortes, en fecha doce (12) de marzo dos mil dieciocho (2018), que declaro sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha siete (07) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la demanda de pretensión posesoria para que se tutele o conserve la posesión constituida en un inmueble promovida por la Sociedad Mercantil INVERSIONES E INMOBILIARIA VALLE NAVARRO, S DE R.L. DE C.V. (INVANA). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.-Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA-.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0380=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.