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Sentencia AC-354-19 — Registro 11604

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la del a-quo, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el Estado de Honduras, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria dilación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de octubre de dos mil diecinueve. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por Licenciado JOSÉ VIRGILIO OCHOA ANDERSON a favor del señor JOSÉ POMPILIO DIAZ ROSALES, contra la sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, el catorce de diciembre de dos mil diecisiete; con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS contra el señor JOSÉ POMPILIO DIAZ ROSALES. CONSIDERANDO: Que el recurrente Licenciado JOSÉ VIRGILIO OCHOA ANDERSON en su escrito de interposición alega, que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, al confirmar la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante la cual se declaró sin lugar la oposición planteada por esa defensa. Indica el impetrante, que únicamente sus medios de prueba aportados en la audiencia de oposición fueron inadmitidos y que con los mismos acreditaría que su representado no tenía ninguna responsabilidad civil con el Estado de Honduras. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, estimó procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado JOSÉ VIRGILIO OCHOA ANDERSON, al considerar que la Resolución Número 051/2005-SG-TSC, de fecha 7 de abril de 2005, se encontraba firme y tenía el carácter de título ejecutivo, según lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, además, no se logró probar el motivo de oposición alegado de pluspetición, ya que el ejecutado no acreditó haber pagado una parte de la deuda, ni hizo ningún cálculo que indicara cual era la cantidad que debía, ni la razón por la que la cantidad solicitada en la demanda era excesiva. CONSIDERANDO: Que el artículo 782 numeral 4 del Código Procesal Civil dispone, que procede la ejecución forzosa de un documento que por disposición de la ley, tenga reconocido el carácter título extrajudicial, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación de la demanda de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria dilación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; 782 inciso 4 y 792 del Código Procesal Civil; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por Licenciado JOSÉ VIRGILIO OCHOA ANDERSON a favor del señor JOSÉ POMPILIO DIAZ ROSALES, contra la sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria dilación del trámite del juicio principal. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los antecedentes al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, recaída en el amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal No. 0354=19.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL