Sentencia AC-349-19 — Registro 11603
Resumen
Acto recurrido que resolvió el recurso de apelación incoado contra la sentencia definitiva dictada por el a-quo, en relaciòn a la denuncia de violencia domestica de tipo patrimonia, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad..." ..." Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que respetaron en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley..." ..." Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., cinco de septiembre del año dos mil diecinueve. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado HÉCTOR GERARDO RODRIGUEZ MARADIAGA, a favor del señor KARLO ROBERTO MATUTE ZABLAH, contra la sentencia definitiva dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación incoado contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho, en la denuncia por violencia doméstica de tipo patrimonial promovida por la señora LUISA CLAUDINA ZUNIGA CALONA, contra el señor KARLO ROBERTO MATUTE ZABLAH.CONSIDERANDO: Que con el escrito de interposición del recurso de amparo, el reclamante expone que el A-quo condenó a su representado con apreciaciones y suposiciones expuestas por la denunciante, aun cuando a criterio del recurrente logró acreditar que no concurren los supuestos para que se condenara a su representado, agregando que la Alzada al confirmar dicha sentencia discrimina por sexo a su representado vulnerando el derecho de igualdad. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que el recurrente invoca como vulnerados entre otros, las garantías y los derechos contenidos en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República, que reconoce el derecho de petición, defensa y la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado, se aprecia que el órgano jurisdiccional denunciado decidió confirmar la sentencia del A-quo toda vez que de los antecedentes se desprende la nota emitida por el Banco Atlántida que hace constar que el señor KARLO ROBERTO MATUTE ZABLAH, solicitó a dicha institución bancaria la cancelación de la firma de la señora LUISA CLAUDINA ZUNIGA CALONA, lo cual aceptó el mismo denunciado lo cual indica la autoridad recurrida se enmarca en violencia patrimonial o económica de la denunciante. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que según de lo que se desprende de la foliada y en especial del acto reclamado, no se logró concretizar la existencia real de alguna afectación de la parte que representa el recurrente, toda vez que la Corte denunciada se limitó a resolver conforme lo que consta en los antecedentes y en apego a lo dispone en el artículo 5 numeral 4 de la Ley de Violencia Doméstica, no apreciándose de dicho pronunciamiento el tratamiento discriminatorio denunciado. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del afectado, y no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, no obstante, esta Sala no observa el quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad corresponden ser juzgadas por la justicia ordinaria y que si bien, están vinculadas con la normativa constitucional, deben ser conocidas y resueltas por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, mismos que respetaron en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 417 Código de Procedimientos de 1906; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado HÉCTOR GERARDO RODRIGUEZ MARADIAGA, a favor del señor KARLO ROBERTO MATUTE ZABLAH, contra la sentencia definitiva dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve; por apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, estimándose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-349-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL