Sentencia AC-323-18 — Registro 13466
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó fallo definitivo dictado en primera instancia que desestimó oposición de ejecutada en demanda de ejecución de título extrajudicial promovida contra recurrente; la Autoridad recurrida considera que la prueba documental aportada por la ejecutada opositora no fue suficiente para poder extinguir la acción ejecutiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"ésta Sala de lo Constitucional, en el caso de mérito estima que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, emitió la resolución de fecha 26 de febrero de 2018, objeto de esta Acción de Amparo, confirmando la Sentencia definitiva de fecha 26 de octubre de 2017 dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, bajo el criterio de que la prueba documental aportada al proceso por la parte ejecutada opositora, no fue suficiente para poder extinguir este tipo de acción ejecutiva, por lo tanto, haciendo suyos los pronunciamientos del a quo, que no son más que resolver la oposición formulada por la parte ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 796 del Código Procesal Civil, sin embargo, la respuesta judicial en dicho fallo, debe ser, además de congruente a las pretensiones de las partes formuladas en sus escritos de oposición y contestación a la oposición, deben contener todos los pronunciamientos para que dicha respuesta pueda ser eficaz, es decir, que pueda ejecutarse conforme a los límites de la sentencia emitida..."..."esta Sala también aprecia, que la resolución del Ad-quem no contiene la motivación suficiente, incumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose la garantía constitucional del debido proceso y derecho de defensa, en toda su amplia gama de garantías que ampara; insuficiencia respecto de que para emitir su decisión y consecuentemente de los pronunciamientos, debe haberse realizado un análisis de la situación jurídica, valoración probatoria y ello conforme al principio de congruencia, pretensiones deducidas por las partes que han obtenido respuesta que conste en el fallo, así como que la misma sea suficiente y racional, con lógica que demuestre satisfacción procesal en la cuestión debatida; para el sub judice, lo elemental en el proceso de ejecución es establecer si debe estimarse o desestimarse la oposición, además de la revisión del Juzgador del título ejecutivo, para su admisibilidad al eventual proceso, luego deberá observar las causas, que ha de formular el opositor, sean de aquellas que procedan contra el título y que se encuentran establecidas en el Código Procesal Civil o las que directamente pueden ejercitarse como defensa o las perentorias que señalen las Leyes de la materia, completando así la revisión del título..."..."Las excepciones opuestas por el ejecutado, si bien tuvieron una respuesta en el fallo emitido por el A-Quo, la misma no ha sido suficiente, que por sí sola deje claridad en lo que a criterio del Juzgador procede, fundado en normas de derecho que amparen la decisión; en ese sentido se observa, que, en la causa de oposición de LA FALTA DE REPRESENTACIÓN, DE PODER BASTANTE O DE FACULTADES LEGALES EN QUIEN SUSCRIBIÓ EL TITULO A NOMBRE DEL DEMANDADO, los argumentos del opositor no parecen haber sido debidamente examinados por el Ad Quem, quien no hizo mayor alusión a las alegaciones de derechos presentadas por el opositor respecto al cuestionamiento de las facultades del representante legal de la Empresa ejecutada. Es el caso que no solo es de confrontar su capacidad de representación sino también debe establecerse con claridad lo referente a sus facultades legales y la autorización en quien suscribió el título que dio origen a la demanda. Esta Sala no encuentra que se haya dado respuesta al argumento de la oposición en cuanto a que los aspectos concernientes a la representación de la sociedad, ni a las alegaciones que se hicieron por parte del opositor en cuanto a que las transacciones entre partes vinculadas deben ser sometidas a autorización especial conforme lo dispuesto en el artículo 210 del Código de Comercio, ya que la representación no tendrá más límites que los consignados por el mandante en el instrumento o declaración respectivos (artículo 468 último párrafo del Código de Comercio). Así, resulta evidente que tanto el Ad Quem como el A Quo han omitido referirse al argumento de la oposición en cuanto a que, para la emisión de las obligaciones, además de estar autorizado, la sociedad deberá levantar acta ante notario, que se inscribirá en el registro público de comercio y en su caso, en el de la propiedad (artículos 255 y 258 del Código de Comercio). En la segunda causa de oposición, se observa que el A-Quo de igual forma, en esta causa, emite un fallo carente de suficiente motivación, LAS PERSONALES QUE TENGA EL DEMANDADO CONTRA EL ACTOR, respecto al origen o causa de la obligación que ha opuesto el ejecutado, donde la Corte se ha limitado en expresar que no se ha probado por el ejecutado, la existencia de obligaciones que tenga el ejecutante con el ejecutado, sin embargo, de los autos es visto que si existen obligaciones entre las partes en juicio, y como partes relacionadas acudiendo a instancias financieras, así como negocios jurídicos que deben ser analizados para determinar la procedencia o no de la causa de oposición, la correcta y el acertado pronunciamiento en la parte dispositiva de la sentencia al respecto..."..."esta Sala, procedió en retrospectiva a analizar el caso sub-examine, recorriendo el camino procesal, en el marco del artículo 796.2 del Código Procesal Civil que prescribe: “Si la oposición se desestimare totalmente, con condena en costas para el demandado, ordenará el juez seguir adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias.” De la premisa Civil Adjetiva se desprende la existencia de una regla general para la continuación del proceso, y seguir adelante con las actuaciones de apremio, pronunciamiento que no se observa en el fallo emitido por el A-Quo y ni en la confirmación de dicho fallo emitido por el Ad-Quem..."..."la sentencia recurrida deja sin respuesta la alegación del opositor que conforme lo dispuesto en el artículo 465.3 del Código de Comercio, pueden oponerse como excepciones contra las acciones derivadas de un título valor, LA FALTA DE REPRESENTACIÓN DE PODER BASTANTE O DE FACULTADES LEGALES EN QUIEN SUSCRIBIÓ EL TITULO A NOMBRE DEL DEMANDADO, siendo necesario para la suscripción del título que la representación sea conferida mediante poder notarial con facultad expresa para ello, y, por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de operar el representante, ello por mandato del artículo 468 de dicho Código de Comercio..."..." a la luz de los alegatos de la Acción de Amparo interpuesto por el Abogado SAÚL MUÑOZ ORELLANA a favor de ACEYCO S.A. de C.V. y del Señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA, esta Sala de lo Constitucional percibe que la inconformidad del postulante se origina en la resolución de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, que confirma la denegatoria de la oposición a la ejecución emitida por el A-quo, que obedece, según lo expone, a que no se ha seguido el debido proceso, no se ha juzgado con las formalidades derechos y garantías, lo cual ultraja derechos fundamentales, los cuales describe como el Derecho de Defensa (Artículo 82), Debido Proceso (Artículo 90) y el de Igualdad ante la Ley (Artículo 61) de nuestra Carta Magna, dado que según lo refiere, se le ha privado, con dicha resolución de una Tutela Judicial Efectiva, asimismo que se ha puesto en precario el Debido Proceso de su representada, y por ende su defensa, toda vez, que la carencia de pronunciamiento y consecuentemente la insuficiente motivación por la falta de valoración y análisis de la situación jurídica formulada en la oposición y de la valoración probatoria provoca un fallo violatorio de los derechos y garantías invocados..."..."esta Sala de lo Constitucional en diferentes ocasiones ha dejado sentado su posición de que el derecho de defensa se traduce, entre otros, en el derecho de las partes a la comunicación previa y detallada de la demanda formulada en su contra, que pueda presentar pruebas en su descargo, que manifieste libremente sus pretensiones y en su caso si lo estima pertinente interponer los recursos respectivos..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que, en el subju´dice, efectivamente se han producido la vulneración de los derechos de defensa, debido Proceso y Legalidad, en perjuicio del recurrente, y esto se estima así, puesto que la sentencia dictada por el ad-quem al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar el fallo de primera instancia, obviando pronunciarse de manera amplia, razonada, exhaustiva y suficiente sobre las causas de oposición opuestas por el demandado y que la ley otorga a el ejecutado aún y cuando las mismas presentan argumentos que debieron ser confrontados por el Juzgador de grado e incorporado en la motivación del fallo, ya que fueron fundamentadas y acreditadas en el proceso..."..."analizados que han sido los antecedentes y la resolución objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada no dio respuesta oportuna a las alegaciones del opositor en forma clara y precisa, en tanto que no abordó de manera exhaustiva todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento y decisión. Esta omisión deriva en una resolución que no ha cumplido debidamente las exigencias formales que asegura la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República, y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, por lo que la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA deberá dictar una nueva sentencia, siempre bajo los parámetros de una motivación clara, precisa, congruente y lógica, exponiendo con propiedad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que fue llamada a resolver, en atención a las normas aplicables al caso, tomando en cuenta las alegaciones de las partes y analizando en forma debida toda la prueba aportada al procedimiento iniciado de conformidad con la ley.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Saúl Muñoz Orellana a favor de la sociedad mercantil Accesorios Eléctricos y Controles, S.A. de C.V. (ACEYCO) y del Señor Salomón López Ayala contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar el recurso de apelación presentado contra la sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la sociedad mercantil Empresa Centroamericana de Energía S.A.. de C.V., (ECAE S.A. de C.V.), contra la sociedad mercantil Accesorios Eléctricos y Controles S.A. de C.V. (ACEYCO S.A. de C.V.) y del Señor Salomón López Ayala. Estima el Recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Carlos Jesús Meléndez Barnica, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Empresa Centroamericana de Energía S.A. de C.V. (ECAE S.A. DE C.V.) promoviendo demanda de ejecución de título extrajudicial contra la Sociedad Mercantil Accesorios Eléctricos y Controles S.A. de C.V. (ACEYCO S.A. de C.V.) y del Señor Salomón López Ayala. (Folio 2-3/12 de la pieza del A-quo) 2) El Abogado Saúl Muñoz Orellana, en su condición de Apoderado Procesal del señor Salomón López Ayala y de la sociedad mercantil Accesorios Eléctricos y Controles S.A. de C.V. (ACEYCO S.A. de C.V.), en fecha once de octubre de dos mil diecisiete, se presentó ante el Juzgado de Letras Civil antes referido, oponiendo las excepciones de falta de representación de poder bastante o de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado y las personales que tenga el demandado contra el actor, nulidad del pagaré por no existir relación causal. (Folios 18-20/53 de la pieza del A-quo). 3) Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, falló: I. Desestimar los motivos de oposición de falta de representación de poder o de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado, así como las personales que tenga el demandado. II. Se condena en costas a la parte ejecutada. III. Esta resolución no produce efecto de cosa juzgada. IV. Contra esta resolución cabe recurso de apelación el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días a su notificación, recurso este que no suspenderá las actuaciones por haber sido desestimados los motivos de oposición…. (Folio 113-115 de la pieza del A-quo). 4) Que en fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, el Abogado Saúl Muñoz Orellana, en su condición antes referida, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interponiendo un recurso de apelación contra la resolución relacionada en el numeral que antecede. (Folios 122-127/128 de la pieza del A-quo) 5) Remitidos que fueron los antecedentes a la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, falló: Primero: Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Saúl Muñoz Orellana, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil denominada Accesorios Eléctricos y Controles S.A. de C.V. conocida como (ACEYCO S.A. de C.V.),representada legalmente por el señor Salomón López Ayala, contra la sentencia definitiva de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula en la demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por el Abogado Carlos Jesús Meléndez Barníca en su condición de apoderado judicial de la entidad mercantil denominada Empresa Centroamericana de Energía S.A. de C.V. conocida como (ECAE S.A. de C.V.), contra la sociedad mercantil denominada Accesorios Electrónicos y Controles S.A. de C.V. conocida como (ACEYCO S.A. de C.V.), representada legalmente por el Señor Salomón López Ayala, para el pago de Tres Millones, Seiscientos Veintidós Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Dólares Estadounidenses con Catorce Centavos de Dólar (US$ 3,622,958.14), en concepto de capital e intereses pactados calculados hasta el 31 de agosto del año 2017, más los intereses del nueve por ciento (9)% anual, más los intereses moratorios del (2%) anual.- Segundo: Se Confirma la sentencia definitiva de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés.- Sin Costas…. (Folios 6-9 de la pieza del Ad-quem). 6) Que el Abogado Saúl Muñoz Orellana, compareció ante este Tribunal en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma al recurrente en el amparo de mérito, como así también declaró sin lugar la solicitud de apertura a pruebas, en virtud de no haber ofrecido el peticionario en su escrito, la vinculación de las mismas con el acto reclamado. Consecuentemente, se ordenó a la Secretaría de este Tribunal poner a disposición del Fiscal las presentes actuaciones, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 43 de la pieza de amparo). 7) Que en fecha de once de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público, Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, quien en su dictamen fue de la opinión porque “NO SE OTORGUE” la presente acción de amparo, por no existir vulneración de la legalidad y el debido proceso invocadas por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la Garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado SAÚL MUÑOZ ORELLANA, en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), en su condición de Representante Procesal de ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CONTROLES S.A. de C.V. (ACEYCO), y del señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA, por considerar que la Sentencia definitiva de fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada el veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en la oposición a la ejecución que se le sigue a sus representados, a raíz de la demanda ejecutiva de un título extrajudicial que les ha promovido la sociedad mercantil denominada EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (ECAE S.A.. de C.V.), para obtener el pago de la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES CON CATORCE CENTAVOS (USD$ 3,622,958.14). Estimando el Accionante que con el Acto Reclamado se ha Violentado a sus representados los Derechos establecidos en los artículos 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que el Accionante argumenta, que existe vulneración a los Derechos Constitucionales de sus mandantes por parte de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, mediante la Sentencia de fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018), que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada el veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula. Por lo que expone las razones de su acción así: ”1.- En el escrito en que interpuse la Demanda de Amparo hice una relación sucinta sobre los hechos y antecedentes que motivaron tal Recurso, por esa razón no me referiré sobre ellos y me concretaré a demostrar que la Resolución recurrida, viola, flagrantemente derechos constitucionales de los señores: a) ACCESORIOS ELÉCTRICOS y CONTROLES, S.A. DE C.V. (ACEYCO) y, b) SALOMÓN LÓPEZ AYALA; en cuyo favor se interpuso el Recurso" I.- VIOLACIÓN DEL DERECHO Al DEBIDO PROCESO CONSIGNADO EN EL ARTICULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. La violación la explico así: El párrafo primero del Artículo 90 de la Constitución de la República claramente señala que NADIE PUEDE SER JUZGADO SINO POR UN JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTÍAS QUE LA LEY ESTABLECE. El Artículo 3 del Código Procesal Civil establece también este derecho garantía, estableciendo que, "Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. La Sentencia recurrida violenta el debido proceso, pues, toda persona natural o jurídica debe de tener libre acceso a los Tribunales de la República a ejercer las acciones y Los recursos legales en la forma que establezcan las Leyes, a ser oído en los plazos que fija la Ley, a ser juzgado por Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, con las formalidades, derechos y garantías, que fija el debido proceso, a la sustanciación de su causa y a la determinación de sus derechos y obligaciones, en cualquiera de los asuntos de su interés regulados por la Ley, ya que a nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por Resolución Ejecutoriada de Juez o Tribunal competente. La Resolución recurrida quebranta las formalidades que establece la Ley y se violenta el debido proceso ya que este constituye una garantía constitucional que protege a las, personas frente a la acción del Estado y sus Autoridades, el debido proceso es la garantía que consagra dos valores la primacía de la persona y la limitación del poder público. El proceso legal en que el haya tenido la oportunidad razonable y suficiente de ejercer su derecho de defensa, con todas las formalidades, ya que toda persona tiene derecho de ejercer sus acciones enmarcadas dentro de la Ley y al procedimiento adecuado, en cuanto a la Motivación Fáctica y Jurídica que hace suyos el tribunal recurrido al expresar que los Títulos Valores son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna, la literalidad es la característica que delimita el contenido, la extensión y la modalidad del derecho que se incorpora en el Título Valor y la incorporación constituye el nacimiento jurídico de un Título Valor el cual tiene generalmente un antecedente, un origen o una causa al cual se le denominada negocio jurídico, en ese momento se Incluye un derecho en el documento, de tal manera que el derecho se convierte en un elemento accesorio del Título el que lleva una vida paralela a este último.- La autonomía significa que la posición Jurídica de las partes y los derechos que se transfieren en la serie de relaciones cambiarias generadas en el proceso de circulación de un título valor son independientes entre sí, pero en el caso de autos el título no circuló, no fue endosado, por lo tanto es susceptible de las excepciones Personales que pudiera tener el Ejecutado contra el actor.- La Sala de lo Constitucional ha dejado establecido, que el derecho de defensa forma parte del debido proceso, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidas por la Ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado que lo haya Sido alguno o algunos de esos elementos y en el caso que nos ocupa, se especifica con claridad y precisión que el derecho de defensa ha sido violentado y que la violación del derecho de defensa ha sido materialmente y se ha colocado al recurrente en una posibilidad de cero. Por lo que procede que se otorgue el presente amparo. II.- VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. La violación la explico así: El Artículo 82 de la Constitución de la República establece que: EL DERECHO DE DEFENSA ES INVIOLABLE. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.- Este razonamiento no se ha presentado en el fallo que ahora se recurre mediante ésta acción constitucional de Amparo, violentándose el derecho de defensa, ya que la ejecutante en abuso de derecho, ha incoado la ejecución de un título que no liga a ninguna obligación, si bien es cierto que los títulos ejecutivos tienen autonomía, desde un punto de vista legal que conlleva aparejada la ejecución del mismo, la revisión de los requisitos formales es indispensable, pero también aquellos requisitos esenciales, que dejen claridad al Juzgador de instancia que la naturaleza jurídica del título es verdadera y no un fraude a la Ley o abuso de derecho, como en el caso de autos. Circunstancias éstas que al no valorarse en la Sentencia que se impugna el material probatorio aportado violenta el derecho de defensa. En el fallo violatorio del Derecho Constitucional no ha existido tutela judicial, ya que, si bien se hace una revisión por parte del Juzgador de Instancia de la situación jurídica conforme a la norma adjetiva "requisitos formales", no lo hace en sentido esencial del derecho individual del ejecutado de NO ser considerado deudor por no existir obligación como elemento básico de la responsabilidad civil, ya que la relación jurídica subyacente o relación fundamental originaria no existe, constituyendo el fraude a la Ley y abuso de derecho del ejecutante, conculcándose el DERECHO DE DEFENSA al no valorar la prueba, la situación jurídica de empresas relacionadas, el verdadero negocio subyacente que derivo en otras obligaciones como la consolidación de deudas con la institución financiera denominada BANPAIS, pero no la constitución de un pagaré. Por otra parte, la Ley procesal ordinaria no franquea un Recurso Extraordinario como la casación en este tipo de juicio, que permita demandar la nulidad de un fallo mediante la confrontación del mismo con la Ley, lo cual también provoca indefensión, quedando esta vía de restitución de derechos mediante la acción constitucional de amparo. Durante la secuela del juicio, se ha procurado allegar al proceso los argumentos y elementos que constituyen el fundamento de la defensa en cuanto al nexo causal del título que se pretende ejecutar, aspectos de valoración que no contiene la sentencia que se recurre, ya que aplica disposiciones procesales respecto a la ejecución del pagaré, sin arribar al análisis del nexo causal, el origen de la supuesta obligación de pago, yerro e inobservancia que violenta el derecho de defensa al no brindar tutela judicial, a ser Juzgado con las formalidades derechos y garantías, ya que si no se hace una valoración en conjunto de la situación jurídica debatida estaremos en indefensión, porque entonces, ante quien recurrir si los Juzgadores de instancia no profundizan en las realidades de las contiendas que ante ellos se ventilan, aprovechando cualquier interesado en abuso de derecho esta estricta formalidad pero no implica justicia; EL NEXO CAUSAL REQUIERE QUE SE REVELE Y PRUEBE LA RELACIÓN JURÍDICA QUE DIO ORIGEN AL TÍTULO, que es la derivada del acto jurídico que dio origen a la emisión del mismo, esto es, establecer la subsistencia de la relación jurídica que dio origen a la emisión o transmisión del título, así como de las acciones que deriven de dicha relación o acto jurídico; cabe destacar que dicho nexo causal o derecho subyacente es en sí un contrato, acto o negocio jurídico que da nacimiento al título de crédito y, al ejercitarse es necesario, para que prospere, que se revele y pruebe la relación jurídica que dio origen a la suscripción del título, o sea, la relación jurídica subyacente por virtud de la cual los ejecutados se constituyen en deudores de la suma consignada en el título, y contra la cual son oponibles cualquier tipo de excepciones, ya que todo título de crédito es creado o emitido por una causa, que no es otra cosa que la relación fundamental, originaria subyacente que determina a las partes a que la objetivasen en el documento derivando su libramiento o circulación y, por ende, la causa toma la forma de un contrato o cualquier relación jurídica que puede ser probada con el título de crédito no desvirtuado, ya que no se pueden permitir que para la determinación del nexo causal pueda fundarse en meras conjeturas o posibilidades, sino de una certeza absoluta, circunstancia que no fue observada por la Sentencia recurrida, dejando a mis representados indefensos y sin tutela judicial al no contener el fallo los requisitos intrínsecos de toda decisión judicial como también hemos señalado. La Sentencia recurrida, carece de una motivación basada en la revisión del título y su nexo causal, y se trata pues de que se está pretendiendo ejecutar, lo cual debe haber certeza de que la pretensión procede, como hemos manifestado, no solamente desde la parte adjetiva o procesal, sino sustancial, ese vínculo o relación jurídica subyacente por virtud de la cual los ejecutados se constituyen en deudores de la suma consignada en el título; El fallo es omiso, si bien se opusieron excepciones, las que fueron desestimadas sin justificación alguna; la sentencia no tiene pronunciamiento a una excepción causal innominada que destrozaba la estructura del juicio ejecutivo, porque no puede utilizarse la Justicia para amparar fraudes a la Ley, como ocurre en el caso que nos ocupa, donde no hay nexo causal y en abuso de derecho del ejecutante pretende en su provecho ejecutar un pagaré que no tiene razón de su existencia, restringiendo las posibilidades de defensa del aparente deudor. El pagare es un contrato causal en el que es necesaria la existencia, aunque no la mención, de la causa. Esta causa puede impedir o frustrar la acción cambiaria en las relaciones entre librador y tomador. No puede asumir el carácter formal si no hay Buena Fe. Con la ruptura del nexo causal se pretendió acreditar que no hay razón del título por ende no hay obligación cierta. consecuentemente tampoco es válido pretender que existe literalidad o suma liquida real que tenga aparejada ejecución, por cuanto la autonomía no es absoluta tal y como lo hemos hecho ver en esta garantía constitucional de amparo, para que se restituya el derecho de mis representados a una legítima defensa, entendiendo ésta la que radica en una concepción de derecho natural y que sirve de norma fundamental de la vida del hombre en sociedad¡ la de que nadie debe causar un daño injusto a otra personal y en caso de causarlo, dicho daño debe ser reparado, pero que de ejecutarse el pagaré sin existir nexo causal, sin que se haya valorado en una sentencia que no fue dictada con las formalidades derechos y garantías, se haría un daño irreparable. III.-INFRACCIÓN AL ARTICULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA: La Violación la explico así: El precepto constitucional garantiza a los hondureños y extranjeros ….la Igualdad ante la Ley y la propiedad.- Lo que indica que el Órgano Jurisdiccional debe velar por el cumplimiento del ejercicio pleno de la Tutela Jurídica efectiva, pues la igualdad ante la Ley significa que las partes tienen el mismo tratamiento y que el proceso civil debe de desarrollarse por los trámites y procedimientos que ordena la Ley para cada caso, siendo evidente que la Resolución recurrida: es atentatoria al derecho humano y no se está tratando con la misma igualdad a los amparistas, de donde se evidencia que no existe igualdad.” CONSIDERANDO (5): Que esta Sala luego de la lectura y análisis, detallado del expediente, resalta los siguientes hechos: 1) Folio 2 al 3 de la primera pieza, DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL, de fecha 12 de septiembre de 2017.- 2) Folio 7 de la primera pieza, Constancia de desglose de pagare y a continuación copia del mismo que dice: “. . . DECLARO: Que mi representada acepta que DEBE Y PAGARE incondicionalmente y sin protesto a la Sociedad Mercantil EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGÍA, S.A., de C.V. (ECAE, S.A. de C.V.), la suma de TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 3,053099.31), mediante “PAGO EN EFECTIVO”. La cual hare efectiva en fecha 15 de agosto del 2017, en las oficinas de ECAE, S.A. de C.V., ubicadas en San Pedro Sula, Cortés. Cantidad adeudada proveniente de obligaciones que ACEYCO mantenía con BANPAIS, que fueron canceladas por ECAE S.A. de C.V., por cuenta de ACEYCO S.A. de C.V., mediante la Consolidación de deuda que ACEYCO mantenía con BANCO DEL PAÍS, S.A., y que fueron consolidadas a ECAE, S.A. de C.V., operada el día 12 de junio de 2014; . . .”, siendo este PAGARE de fecha 24 de Julio de 2015.- 3) Folio 8 de la primera pieza, CERTIFICACIÓN CONTABLE, de fecha 01 de septiembre de 2017, extendida por el Contador General de Empresa Centroamericana de Energía S.A. de C.V., que establece que los intereses adeudados es la cantidad de US$ 569,858.83 los que sumados al capital resultan en la cantidad de US $ 3,622,958.14.- 4) Folio 11 de la primera pieza, ACTA DE REQUERIMIENTO al señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA en su condición personal, aval solidario, presidente del consejo de administración, y representante legal de ACEYCO, de fecha 25 de septiembre de 2017.- 5) Folio 13 al 14 de la primera pieza, SOLICITUD DE EMBARGO, de fecha 26 de septiembre de 2017.- 6) Folio 15 de la primera pieza, AUTO QUE DECRETA EMBARGO, de fecha 27 de septiembre de 2017.- 7) Folio 18 al 20 de la primera pieza, ESCRITO DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN POR FALTA DE NEXO CAUSAL, Y DE FACULTADES EN QUIEN SUSCRIBIÓ EL TITULO, de fecha 28 de septiembre de 2017.- 8) Folio 24 al 50 de la primera pieza, copia de la escritura de Constitución de FIDEICOMISO celebrado entre SALOMÓN LÓPEZ AYALA, ACEYCO y ELVIA GÓMEZ CEDILLOS, siendo FIDUCIARIO FICOHSA; FIDEICOMISARIO BANCO DEL PAÍS S.A.., siendo este de fecha 30 de septiembre de 2011- 9) Folio 41 al 43 de la primera pieza, CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO entre ECAE S.A., y BANCO DEL PAÍS, S.A. hasta por $ 12,000,000.00 DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL, de fecha 19 de diciembre de 2013, siendo fiadores solidarios ACEYCO, LUMELSA, SALOMÓN LÓPEZ AYALA, GABRIEL ENRIQUE VILLARS ARAGÓN, ALEX GEOVANNI CRUZ PINTO, Y JOSÉ LUIS ROJAS MARADIAGA. - 10) Folio 44 al 47 de la primera pieza, CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CON LIMITACIÓN DE SUMA entre ECAE S.A. y BANCO DEL PAÍS, S.A. hasta por $ 500,000.00 de fecha 29 de diciembre de 2014.- 11) Folio 49 CONSTANCIA extendida en fecha 17 de agosto del 2016, mediante la cual la Secretaria del Consejo de Administración y de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ACEYCO, “HACE CONSTAR: Que ha buscado minuciosamente en el Libro de Actas de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como en el Libro de Actas de sesiones del Consejo de Administración de ACEYCO de este domicilio llevados durante los años 2014 y 2015, y no aparece que se le haya otorgado autorización al señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA, en su carácter de presidente de ACEYCO S.A., de C.V., para que emita o libre pagaré por la cantidad de TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y UNO DÓLARES AMERICANOS ($3,053,099.31) a favor de la Sociedad Mercantil ECAE S.A. de C.V., de este domicilio, con fecha de vencimiento el 15 de agosto del 2017, por carecer de negocio jurídico.”. 12) Folio 50 de la primera pieza, CONSTANCIA extendida en fecha 10 de agosto de 2017, por BANCO DEL PAÍS, S.A. mediante la cual “HACE CONSTAR: Que esta institución es acreedora de las obligaciones que mantienen las Sociedades EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGÍA, S.A. de C.V., (ECAESA), ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CONTROLES, S.A. de C.V. (ACEYCO S.A. de C.V.), y LUMINARIAS DEL SOL, S.A. de C.V., para las cuales el señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA, endoso en garantía los títulos que posee en la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGÍA, S.A., de C.V. (ECAESA).”. - 13) Folio 51 de la primera pieza, CONSTANCIA extendida por BANCO DEL PAÍS S.A., mediante la cual “HACE CONSTAR: Que la EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGÍA, S.A. de C.V. mantiene con nuestra institución préstamo (s) en MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, según detalle a continuación: a) Préstamo Nº 501343785 por un monto de L. 48,938,309.00 con un saldo actual de L. 21,433,322.81 y vencimiento al 21-08-2021; b) Préstamo Nº 505242418 por un monto de US$ 9,443,272.45 con un saldo actual de US$ 8,595,685.93 y vencimiento al 12-06-2029; c) Préstamo Nº 506399793 por un monto de US$ 500,000.00 con un saldo actual de US$ 479,343.03 y vencimiento al 30-06-2029.- Siendo esta de fecha 27 de septiembre de 2017.” 14) Folio 52 de la primera pieza, nota extendida por BANCO DEL PAÍS S.A., mediante la cual “HACE CONSTAR: Que nuestro cliente ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CONTROLES S.A., de C.V. con RTN 05019003077203, es aval solidario de los siguientes préstamos a nombre de EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGÍA, S.A. de C.V. con RTN 05019004468620: 1) Nº crédito; 505242418 moneda Dólares saldo 9,053,910.38.- 2) Nº crédito; 506399793 moneda Dólares saldo 491,237.10.- 3) Nº crédito; 501343785 moneda Lempiras saldo 27,269,456.79.- de fecha 17 de agosto de 2016.”.- 15) Folio 53 de la primera pieza, auto emitido por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 11 de octubre del 2017, que admite a trámite la oposición a la ejecución presentada por el demandado.- 16) Folio 102 de la primera pieza, auto emitido por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 19 de octubre del 2017, que señala audiencia para el 25 de octubre de 2017.- 17) Folio 108 al 112 de la primera pieza, acta de audiencia de oposición de fecha 25 de octubre de 2017.- 18) Folio 113 al 115 de la primera pieza, Sentencia de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, que declara con lugar la ejecución.- 19) Folio 122 al 127 de la primera pieza, Recurso de Apelación interpuesto por el demandado, contra la Sentencia de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés. 20) Folio 128 de la primera pieza, auto emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el cual admite la Apelación. - 21) Folio 170 al 174 de la primera pieza, escrito de contestación de agravios presentado por el Ejecutante demandante en fecha 10 de enero de 2018.- 22) Folio 183 al 187 de la primera pieza, consta CERTIFICACIÓN de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés en fecha 26 de febrero de 2018. CONSIDERANDO (6): Toda persona tiene derecho a presentar peticiones ante los tribunales, así como a la tutela efectiva en el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses legítimos; En ningún caso se puede producir indefensión para las partes, teniendo garantizada en los términos previstos en la legislación, la asistencia de profesional del derecho que le defienda y represente, siendo este de libre elección o designado por el Estado. (Artículo 1 del Código Procesal Civil). Artículos 82 y 83 de la Constitución de la República. - El proceso civil se desarrollará de acuerdo a la Constitución de la República y con las disposiciones del Código Procesal Civil, las formalidades previstas en él, son imperativas. (Art 7 Código Procesal Civil). CONSIDERANDO (7): Que, en el contenido formal de las sentencias, el fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación. (Artículo 200. d) del Código Procesal Civil.) CONSIDERANDO (8): Que dentro de los requisitos internos de la sentencia, las mismas deben ser claras, precisas y exhaustivas; asimismo, el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes; y, cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. (Artículo 206 del Código Procesal Civil.) CONSIDERANDO (9): Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho; La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. (Artículo 207 del Código Procesal Civil.) CONSIDERANDO (10): Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. (Artículo 208 del Código Procesal Civil.) CONSIDERANDO (11): La Corte Interamericana de Derechos Humanos, confirma que, si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a los procesos judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” (pg. 211 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). De esta manera, para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales, también conocidas como garantías procesales, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho (pg. 212-213 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). En principio, las garantías judiciales “deben observarse en las instancias procesales con el fin de proteger el derecho de los individuos a que se resuelvan con la máxima justicia posible”, por un lado, la culpabilidad o inocencia y, por el otro, “las controversias que se susciten entre dos partes sean ellas particulares u órganos del Estado y sea que se refieran a materias que estén o no en el ámbito de los derechos humanos–”. (pg. 214 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). CONSIDERANDO (12): La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha afirmado que la exigencia de que una persona sea oída “es equiparable al derecho a un ‘juicio’ o a ¨procedimientos judiciales justos¨. Sobre el particular, siguiendo al TEDH en los Casos Kraska vs. Switzerland, Van de Hurk vs. the Netherlands, Van Kück vs. Germany y, Krasulya vs. Russia, la Corte ha establecido que un procedimiento justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe “un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión”.53 En consecuencia, el estándar jurisprudencial supone que un juicio justo es aquél en el cual una persona ha sido oída con las debidas garantías. (pg. 217 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos) CONSIDERANDO (13): Que ésta Sala de lo Constitucional, en el caso de mérito estima que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, emitió la resolución de fecha 26 de febrero de 2018, objeto de esta Acción de Amparo, confirmando la Sentencia definitiva de fecha 26 de octubre de 2017 dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, bajo el criterio de que la prueba documental aportada al proceso por la parte ejecutada opositora, no fue suficiente para poder extinguir este tipo de acción ejecutiva, por lo tanto, haciendo suyos los pronunciamientos del a quo, que no son más que resolver la oposición formulada por la parte ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 796 del Código Procesal Civil, sin embargo, la respuesta judicial en dicho fallo, debe ser, además de congruente a las pretensiones de las partes formuladas en sus escritos de oposición y contestación a la oposición, deben contener todos los pronunciamientos para que dicha respuesta pueda ser eficaz, es decir, que pueda ejecutarse conforme a los límites de la sentencia emitida. CONSIDERANDO (14): Que esta Sala también aprecia, que la resolución del Ad-quem no contiene la motivación suficiente, incumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose la garantía constitucional del debido proceso y derecho de defensa, en toda su amplia gama de garantías que ampara; insuficiencia respecto de que para emitir su decisión y consecuentemente de los pronunciamientos, debe haberse realizado un análisis de la situación jurídica, valoración probatoria y ello conforme al principio de congruencia, pretensiones deducidas por las partes que han obtenido respuesta que conste en el fallo, así como que la misma sea suficiente y racional, con lógica que demuestre satisfacción procesal en la cuestión debatida; para el sub judice, lo elemental en el proceso de ejecución es establecer si debe estimarse o desestimarse la oposición, además de la revisión del Juzgador del título ejecutivo, para su admisibilidad al eventual proceso, luego deberá observar las causas, que ha de formular el opositor, sean de aquellas que procedan contra el título y que se encuentran establecidas en el Código Procesal Civil o las que directamente pueden ejercitarse como defensa o las perentorias que señalen las Leyes de la materia, completando así la revisión del título. CONSIDERANDO (15): Las excepciones opuestas por el ejecutado, si bien tuvieron una respuesta en el fallo emitido por el A-Quo, la misma no ha sido suficiente, que por sí sola deje claridad en lo que a criterio del Juzgador procede, fundado en normas de derecho que amparen la decisión; en ese sentido se observa, que, en la causa de oposición de LA FALTA DE REPRESENTACIÓN, DE PODER BASTANTE O DE FACULTADES LEGALES EN QUIEN SUSCRIBIÓ EL TITULO A NOMBRE DEL DEMANDADO, los argumentos del opositor no parecen haber sido debidamente examinados por el Ad Quem, quien no hizo mayor alusión a las alegaciones de derechos presentadas por el opositor respecto al cuestionamiento de las facultades del representante legal de la Empresa ejecutada. Es el caso que no solo es de confrontar su capacidad de representación sino también debe establecerse con claridad lo referente a sus facultades legales y la autorización en quien suscribió el título que dio origen a la demanda. Esta Sala no encuentra que se haya dado respuesta al argumento de la oposición en cuanto a que los aspectos concernientes a la representación de la sociedad, ni a las alegaciones que se hicieron por parte del opositor en cuanto a que las transacciones entre partes vinculadas deben ser sometidas a autorización especial conforme lo dispuesto en el artículo 210 del Código de Comercio, ya que la representación no tendrá más límites que los consignados por el mandante en el instrumento o declaración respectivos (artículo 468 último párrafo del Código de Comercio). Así, resulta evidente que tanto el Ad Quem como el A Quo han omitido referirse al argumento de la oposición en cuanto a que, para la emisión de las obligaciones, además de estar autorizado, la sociedad deberá levantar acta ante notario, que se inscribirá en el registro público de comercio y en su caso, en el de la propiedad (artículos 255 y 258 del Código de Comercio). En la segunda causa de oposición, se observa que el A-Quo de igual forma, en esta causa, emite un fallo carente de suficiente motivación, LAS PERSONALES QUE TENGA EL DEMANDADO CONTRA EL ACTOR, respecto al origen o causa de la obligación que ha opuesto el ejecutado, donde la Corte se ha limitado en expresar que no se ha probado por el ejecutado, la existencia de obligaciones que tenga el ejecutante con el ejecutado, sin embargo, de los autos es visto que si existen obligaciones entre las partes en juicio, y como partes relacionadas acudiendo a instancias financieras, así como negocios jurídicos que deben ser analizados para determinar la procedencia o no de la causa de oposición, la correcta y el acertado pronunciamiento en la parte dispositiva de la sentencia al respecto. CONSIDERANDO (16): Que bajo los argumentos expuestos, esta Sala, procedió en retrospectiva a analizar el caso sub-examine, recorriendo el camino procesal, en el marco del artículo 796.2 del Código Procesal Civil que prescribe: “Si la oposición se desestimare totalmente, con condena en costas para el demandado, ordenará el juez seguir adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias.” De la premisa Civil Adjetiva se desprende la existencia de una regla general para la continuación del proceso, y seguir adelante con las actuaciones de apremio, pronunciamiento que no se observa en el fallo emitido por el A-Quo y ni en la confirmación de dicho fallo emitido por el Ad-Quem. CONSIDERANDO (17): Que la sentencia recurrida deja sin respuesta la alegación del opositor que conforme lo dispuesto en el artículo 465.3 del Código de Comercio, pueden oponerse como excepciones contra las acciones derivadas de un título valor, LA FALTA DE REPRESENTACIÓN DE PODER BASTANTE O DE FACULTADES LEGALES EN QUIEN SUSCRIBIÓ EL TITULO A NOMBRE DEL DEMANDADO, siendo necesario para la suscripción del título que la representación sea conferida mediante poder notarial con facultad expresa para ello, y, por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de operar el representante, ello por mandato del artículo 468 de dicho Código de Comercio. CONSIDERANDO (18): Que a la luz de los alegatos de la Acción de Amparo interpuesto por el Abogado SAÚL MUÑOZ ORELLANA a favor de ACEYCO S.A. de C.V. y del Señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA, esta Sala de lo Constitucional percibe que la inconformidad del postulante se origina en la resolución de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, que confirma la denegatoria de la oposición a la ejecución emitida por el A-quo, que obedece, según lo expone, a que no se ha seguido el debido proceso, no se ha juzgado con las formalidades derechos y garantías, lo cual ultraja derechos fundamentales, los cuales describe como el Derecho de Defensa (Artículo 82), Debido Proceso (Artículo 90) y el de Igualdad ante la Ley (Artículo 61) de nuestra Carta Magna, dado que según lo refiere, se le ha privado, con dicha resolución de una Tutela Judicial Efectiva, asimismo que se ha puesto en precario el Debido Proceso de su representada, y por ende su defensa, toda vez, que la carencia de pronunciamiento y consecuentemente la insuficiente motivación por la falta de valoración y análisis de la situación jurídica formulada en la oposición y de la valoración probatoria provoca un fallo violatorio de los derechos y garantías invocados. CONSIDERANDO (19): Que esta Sala de lo Constitucional en diferentes ocasiones ha dejado sentado su posición de que el derecho de defensa se traduce, entre otros, en el derecho de las partes a la comunicación previa y detallada de la demanda formulada en su contra, que pueda presentar pruebas en su descargo, que manifieste libremente sus pretensiones y en su caso si lo estima pertinente interponer los recursos respectivos. CONSIDERANDO (20): Que el artículo 90 de la Constitución de la Republica, consagra el Derecho al Debido Proceso, respecto del cual esta Sala deviene en señalar que este constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que dé respuesta a sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento (non bis ídem) motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (resoluciones judiciales, entre otros) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO (21): Que señalado lo anterior esta Sala de lo Constitucional estima que, en el subjúdice, efectivamente se han producido la vulneración de los derechos de defensa, debido Proceso y Legalidad, en perjuicio del recurrente, y esto se estima así, puesto que la sentencia dictada por el ad-quem al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar el fallo de primera instancia, obviando pronunciarse de manera amplia, razonada, exhaustiva y suficiente sobre las causas de oposición opuestas por el demandado y que la ley otorga a el ejecutado aún y cuando las mismas presentan argumentos que debieron ser confrontados por el Juzgador de grado e incorporado en la motivación del fallo, ya que fueron fundamentadas y acreditadas en el proceso. CONSIDERANDO (22): Que en virtud de todo lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la resolución objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada no dio respuesta oportuna a las alegaciones del opositor en forma clara y precisa, en tanto que no abordó de manera exhaustiva todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento y decisión. Esta omisión deriva en una resolución que no ha cumplido debidamente las exigencias formales que asegura la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República, y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, por lo que la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA deberá dictar una nueva sentencia, siempre bajo los parámetros de una motivación clara, precisa, congruente y lógica, exponiendo con propiedad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que fue llamada a resolver, en atención a las normas aplicables al caso, tomando en cuenta las alegaciones de las partes y analizando en forma debida toda la prueba aportada al procedimiento iniciado de conformidad con la ley. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución dela República, por UNANIMIDAD de VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 61, 82, 90, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 numeral 2, 41, 44, 45, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 168, 169, 210 del Código de Comercio.- FALLA: I. OTORGANDO La Garantía de Amparo interpuesta por el Abogado SAÚL MUÑOZ ORELLANA, a favor de la Sociedad Mercantil “ACEYCO S.A.. de C.V.” y del Señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA, contra la sentencia definitiva dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, Departamento de Cortés, de fecha 26 de febrero de 2018, (Exp. 28-18), que declara sin lugar un recurso de apelación presentado contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado De Letras De Lo Civil De San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 26 de octubre de 2017 (Exp. 3192-17); con relación a la demanda ejecutiva promovida por Empresa Centroamericana de Energía S.A. de C.V., (ECAE S.A. de C.V.) contra la Empresa Accesorios Eléctricos y Controles S.A. de C.V. (ACEYCO S.A. de C.V.) Y contra el Señor SALOMÓN LÓPEZ AYALA”. - II. En consecuencia, a fin de restablecer los derechos y garantías conculcados, debe La Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, emitir nueva sentencia, conforme a las consideraciones expuestas, en las que señalamos las violaciones cometidas contra los Derechos Constitucionales del Accionante, debiendo por tanto pronunciarse de manera amplia, razonada, exhaustiva y suficiente, sobre los motivos de oposición alegados por el ejecutado.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y se continúe con el trámite procedente. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-323-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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