Sentencia AC-321-19 — Registro 11528
Resumen
Se interpuso recurso de amparo interpuesto por el Abogado Juan Pablo Cruz Garrido a favor sí mismo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, que resuelve un recurso de apelación y confirma la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, con relación a un interdicto posesorio mediante el proceso abreviado para la tutela del derecho de posesión sobre un inmueble que ha sido perturbado por actos humanos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO (07): Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO (08): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve. veintinueve de mayo de dos mil VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN PABLO CRUZ GARRIDO a favor sí mismo contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIONJUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, que resuelve un recurso de apelación y confirma la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; con relación a un interdicto posesorio mediante el proceso abreviado para la tutela del derecho de posesión sobre un inmueble que ha sido perturbado por actos humanos, promovido por el Abogado JUAN PABLO CRUZ GARRIDO contra el señor CARLOS YUSEFF YUJA VINDEL como mandatario legal de la señora EDNA LIZETT YUJA VINDEL (Exp. 5-2017). CONSIDERANDO (01): Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente es del criterio que con la resolución recurrida se le vulneran el derecho de igualdad, petición, defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 60, 80, 82 y 90 párrafo primero, de la Constitución de la República, pues considera que únicamente se valoraron, precisaron y razonaron las pruebas proporcionadas por la parte demandada, lo que produce discriminación al recurrente. Por otro lado, considera el recurrente que la resolución contiene defectos formales y procesales por no ajustarse a las exigencias de los artículos 200, 206, 2017 y 208 del Código Procesal Penal y que dicha resolución omite un razonamiento fáctico y jurídico que conduzca a una adecuada valoración de la prueba. Asimismo, considera que existen defectos formales de fondo relacionados a que el A-quo no consigna con claridad y precisión en ninguna de sus partes en párrafos separados y numerados los perjuicios o agravios en qué se sustentó el recurso de apelación promovido. CONSIDERANDO (02): Que analizada la sentencia ya referida y en relación al derecho que el recurrente considera vulnerado, se aprecia que la Alzada en la resolución recurrida se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma la sentencia definitiva, por observar que la tutela posesoria que pretende el actor es cuestionable ante las probanzas del demandado que ha acreditado con sendos recibos de pago de bienes inmuebles ante la Alcaldía Municipal de Comayagua, de la Junta de Agua, Permiso para construcción de mejoras, además con copia fotostática del instrumento número 273 autorizado por el notario NICOLAS OCHOCA VALLE, con el que se acredita que la señora EDNA LIZZETTE YUJA VINDEL, es la propietaria del bien inmueble que alega el censor que se le perturba en su posesión y por lo tanto es de su legítima propiedad. El actor, en cambio únicamente presenta como prueba un documento probado y la demandada con un documento público. CONSIDERANDO (04): Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO (05): Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO (06): Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (07): Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO (08): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN PABLO CRUZ GARRIDO a favor sí mismo contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIONJUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, que resuelve un recurso de apelación y confirma la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-321-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL