Sentencia AC-285-18 — Registro 11602
Resumen
Acto recurrido que declara sin lugar apelacion contra la del a-quo, con relación al reclamo de pago de honorarios profesionales por representaciòn legal en una demanda, promovido por un impetrante contra el otro
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una resolución de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por los recurrentes que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada en segunda instancia, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución carente de valoración de la prueba, motivación razonada y suficiente, vulnerando a los recurrentes en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..." ..." Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada, con la debida valoración de los elementos de prueba, dando respuesta a los agravios expresados por ambas partes procesales, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una resolución de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por los recurrentes que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada en segunda instancia, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución carente de valoración de la prueba, motivación razonada y suficiente, vulnerando a los recurrentes en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..." ..." Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada, con la debida valoración de los elementos de prueba, dando respuesta a los agravios expresados por ambas partes procesales, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) El Abogado OMAR ANTONIO TORRES ARDON, a favor de la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES KAFIE MOLINA, con registro de expediente No. SCO-0285-2018; y, 2) La Abogada SANDRA LIZZETH GONZALEZ CALIX, a favor de la señora MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO, con registro de expediente No. SCO-0322-2018, contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por ambas partes procesales, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017), con relación al reclamo de pago de honorarios profesionales promovido por la Abogada MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO, contra la señora MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA, por haberla representado en la demanda por la vía ordinaria para la nulidad de acta de asamblea general que promovieron contra la Sociedad Mercantil denominada HEREDEROS KAFIE MOLINA S. DE R.L.- Estiman los recurrentes que los derechos y garantías constitucionales que se consideran violentados están contenidos en los artículos 61, 64, 70, 80, 82, 90, 94 y 127 de la Constitución de la República y los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha diez de abril del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO, actuando en su condición personal, interponiendo Reclamo de pago de honorarios profesionales en concepto de representación procesal en el expediente 0801-2010-02689-CO, contra la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES KAFIE MOLINA. (Folios del 1 al 4fv de la pieza separada de antecedentes de Primera Instancia).-2) Que en fecha quince de mayo del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada María Guadalupe Cruz Brito, solicitando Tasación de Costas en el expediente 2689-2010, por la cantidad de Lps. 859,910.00. (Folio 23fv de la pieza separada de antecedentes de Primera Instancia).-3) Que en fecha siete de junio del mismo año dos mil diecisiete, compareció ante el referido Juzgado la señora María de los Ángeles Kafie Molina, presentado Oposición a la reclamación de Honorarios Profesionales ut supra; dando respuesta a la subsanación de Oposición ordenada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, el Abogado Omar Antonio Torres Ardon, presentó aclaración a la Oposición de Reclamación de Honorarios Profesionales, indicando (Sic) “con el debido respeto comparezco a ACLARAR PORQUE MOTIVO DE IMPUGNACIÓN HONORARIOS PROFESIONALES POR INDEBIDOS E IMPROCEDENTES POR EXISTIR UN CONTRATO….” (Folios del 28 al 31 y folios 62, 65 de la pieza separada de antecedentes de Primera Instancia).-4) Que seguido el trámite, el referido Juzgado dictó Resolución en fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el pago de honorarios profesionales por representación procesal asumida desde la presentación de la demanda por la vía ordinaria solicitando la nulidad del acta de asamblea general y pago de dividendos dejados de percibir, demanda que fue ingresada en el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha trece de mayo de dos mil diez por la Abogada MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO actuando en causa propia en esta demanda de honorarios SEGUNDO: CONDENA a la señora MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA también conocida como MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA DE REINA y/o MARIELOS KAFIE MOLINA DE REINA a pagar a la abogada MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO, la cantidad de L 336,865.47 menos L 35,000.00 que ya había adelantado a la demandante quedando un total de TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (L.301,865.47).Contra este auto resolutivo cabe el recurso de APELACION el que se deberá interponer ante este mismo Órgano Jurisdiccional por escrito en el plazo de DIEZ días hábiles desde el día siguiente de la notificación…” (Folio del 78 al 81 de la pieza separada de antecedentes de Primera Instancia).-5) Que en respuesta a los recursos de apelación promovidos por ambas partes procesales, contra la Resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, emitió Resolución mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto.- SEGUNDO: Confirma el auto recurrido de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecisiete (2017).- TERCERO: CON COSTAS.…” (Folio del 10 al 17 de la pieza de antecedentes del Tribunal de Alzada).-6) Que los recurrentes Abogado OMAR ANTONIO TORRES ARDON, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha cinco de abril del año dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor de la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES KAFIE MOLINA, y la Abogada SANDRA LIZZETH GONZALEZ CALIX, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor de la señora MARIA GUADALUOE CRUZ BRITO, contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diecisiete, que se deja relacionada en el acápite que antecede, la cual consideran violatoria de lo dispuesto en los artículos 61, 64, 70, 80, 82, 90, 94 y 127 de la Constitución de la República y los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizados en tiempo y forma sus acciones constitucionales en providencia de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). (Folio 104 de los autos).-7) Que mediante providencia de fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional resolvió que, al apreciarse de los autos, que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto reclamado, es procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de mérito produzcan oportunamente una sola sentencia, por lo que se resuelve la Acumulación de las acciones constitucionales de Amparo con registro de expediente No. 285-18 y 322-2018. (Folio 77 de los autos).-8) Que con fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por emitido el Dictamen presentado por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que: (Sic) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que SE DENIEGUE la acción de Amparo interpuesta por el Abogado Omar Antonio Torres Ardon, en virtud de no existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas, y SE OTORGUE respecto a la amparista Sandra Lizzeth Gonzales Cálix, por vislumbrarse vulneración a las garantías constitucionales alegadas….” (Folios del 107 al 118 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que declara Sin Lugar los Recursos de Apelación interpuestos por ambas partes procesales, demandante y demandado, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), que declara Con Lugar Parcialmente el Pago de Honorarios Profesionales, promovido por la Abogada María Guadalupe Cruz Brito, en contra de la señora María de los Ángeles Kafie Molina.-CONSIDERANDO (3): Que los recurrentes en Amparo Abogados Omar Antonio Torres Ardon y Sandra Lizzeth Gonzales Cálix, muestran su discrepancia con la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), argumentando que el acto que se recurre en Amparo violenta entre otros derechos, el debido proceso, defensa e igualdad, contenido en los artículos 61, 64, 70, 80, 82, 90, 94 y 127 de la Constitución de la República y los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente Abogado Omar Antonio Torres Ardon, en representación de la parte demandada, centra sus argumentos en el hecho que la señora María de los Ángeles Kafie Molina suscribió con la parte demandante un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, contrato que no fue observado por el Ad-quo ni por el Ad-quem; en ese orden de ideas indica el impetrante que a la hoy demandada no se le escuchó en juicio porque no se tomó en cuenta las pruebas presentadas o la buena fe de las partes. Asimismo, sostiene se vulneran preceptos internacionales que forman parte del derecho positivo interno vigente, al no seguirse un juicio justo, igualitario, con las formalidades legales establecidas y a su representada no se le dio validez al contrato ofrecido por la Abogada María Guadalupe Cruz Brito. Arguye el pedidor de Amparo se violenta el sagrado derecho a la defensa, porque el derecho a la defensa no es únicamente tener un apoderado legal, sino que el Juez o Tribunal que conoce de la situación jurídica actué con toda la objetividad que lo amerité y resuelva conforme a derecho. Finaliza diciendo el impetrante que la Corte de Apelaciones no revisó la sentencia emitida por el Ad-quo, sino que simplemente la ratificó con todos sus errores.-CONSIDERANDO (5): Que la recurrente Abogada Sandra Lizzeth Gonzales Cálix, en representación de la parte demandante, expone como hecho central de sus alegatos, que el Pago de Honorarios Profesionales no le fueron satisfechos a su representada, pues se produjo un error aritmético al calcular el monto de los honorarios profesionales no cancelados. Sostiene la impetrante que se incurrió en equivocación o error al determinar el monto de los valores reclamados por la señora María de los Ángeles Kafie Molina, que están representados por las cantidades que fueron objeto de embargo precautorio que pesan sobre la cuenta de dólares de Banco FICOHSA No. 004-207-90153; aduce la recurrente que esos valores embargados precautoriamente corresponden única y exclusivamente a las rentas mensuales que no le han sido pagadas y arbitrariamente le han sido retenidas desde el mes de agosto del año dos mil y en dicha cuenta esta embargado únicamente el porcentaje que le corresponde a la señora María de los Ángeles Kafie Molina, que los valores embargados precautoriamente representan las pretensiones o cuantía de la demanda, por esta razón, dicha cuantía sirve de base para cuantificar la cantidad que le es adeudada por concepto de honorarios profesionales que no le han sido satisfechos a su representada, los que ascienden a la suma de L. 859,910.00; finaliza argumentando, que a su representada se le está vulnerando el derecho a la defensa y debido proceso, al negarle el derecho a percibir la totalidad de honorarios devengados, ello debido a que no se efectúo la debida valoración de los medios de prueba, acreditados en el expediente.-CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que la recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; artículo 94 “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que haya sido impuesta resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado.”
CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que invoca uno de los impetrantes como vulnerados, los relaciona con la inobservancia, en la sentencia impugnada, de lo dispuesto en el artículo 89 numeral 4 del Código Procesal Civil el cual establece: “COBRO DE HONORARIOS. 1…. 2…. 3…. 4.Si se impugnaren los honorarios por excesivos, se procederá previamente a su tasación conforme a lo previsto en este Código para las costas, salvo que el profesional del derecho acredite la existencia de Contrato o presupuesto previo por escrito aceptado por el impugnante en cuyo caso, se dictará auto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la notificación…” –Lo resaltado es del recurrente-; la otra de las recurrentes enuncia la vulneración de preceptos constitucionales, en relación a la debida valoración de la prueba, contenido en los artículos 13, 228 y 245 de la ley adjetiva ut supra.-CONSIDERANDO (8): Que el objeto de la Ley sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional; por ello uno de los principios que rigen en la substanciación de la acción de Amparo es la prevalencia del derecho sustancial, observándose en las alegaciones de ambos recurrentes motivos esenciales a efecto de recurrir en Amparo la Resolución dictada en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diecisiete por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.-CONSIDERANDO (9): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[2]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empeladas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos
de la realización del juicio de hecho.[3]- CONSIDERANDO (10): Que uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República e invocado como vulnerado por ambos recurrentes, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las partes tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Asimismo otro de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente la valoración de la prueba, el artículo 13 indicado por la recurrente, refiere que el Juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico; en todo caso, señala el indicado precepto, el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad;.-CONSIDERANDO (11): Que la motivación de las resoluciones, entre otros, es de obligatorio cumplimiento por los Jueces y Tribunales civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de logarse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”[4].
CONSIDERANDO (12): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la Resolución emitida por el Ad-quem en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de segunda instancia ha inobservando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido carece de la motivación suficiente, a efecto de adquirir en las partes procesales la convicción necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión, tal es así que la resolución que se impugna por medio de esta vía constitucional, se limita a transcribir el artículo 89 del Código Procesal Civil, asimismo relaciona la decisión adoptada por el A-quo, sin realizar un razonamiento claro del fundamento de derecho que invoca en la decisión adoptada, aunado a ello, la carencia total de la valoración de elementos de prueba invocados por uno de los recurrentes y la falta de respuesta a los agravios expuestos por ambas partes procesales; concluyendo sin más razonamiento o argumentación jurídica, que el auto recurrido y dictado por el A-quo debe ser confirmado, vulnerando con ello los derechos que invocan ambos recurrentes en Amparo, pues se ha irrespetado el debido proceso al dictar una Resolución carente de motivación suficientemente razonada, con inobservancia a las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución -específicamente el artículo 90- y a los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Honduras.-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, los recurrentes lo relacionan y traen a colación específicamente lo establecido en los artículos 13, 89, 228 y 245 del Código Procesal Civil, relacionándolo con el derecho al debido proceso, defensa y la debida valoración de los medios de prueba, en las resoluciones que dictaren.-CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (15): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una resolución de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por los recurrentes que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada en segunda instancia, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución carente de valoración de la prueba, motivación razonada y suficiente, vulnerando a los recurrentes en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada, con la debida valoración de los elementos de prueba, dando respuesta a los agravios expresados por ambas partes procesales, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia en segunda instancia, según lo preceptuado en la ley.-POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 13, 199, 705, 707 y 715 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO LOS RECURSOS DE AMPARO promovidos por los Abogados OMAR ANTONIO TORRES ARDON, a favor de la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES KAFIE MOLINA, y por la Abogada SANDRA LIZZETH GONZALEZ CALIX a favor de la señora MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO, contra la resolución de fecha VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FARNCISCO MORAZÁN, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Civil (Acumulado), registrado en este Tribunal bajo el número 285 y 322 -2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) El Abogado OMAR ANTONIO TORRES ARDON, a favor de la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES KAFIE MOLINA, con registro de expediente No. SCO-0285-2018; y, 2) La Abogada SANDRA LIZZETH GONZALEZ CALIX, a favor de la señora MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO, con registro de expediente No. SCO-0322-2018, contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por ambas partes procesales, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017), con relación al reclamo de pago de honorarios profesionales promovido por la Abogada MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO, contra la señora MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA, por haberla representado en la demanda por la vía ordinaria para la nulidad de acta de asamblea general que promovieron contra la Sociedad Mercantil denominada HEREDEROS KAFIE MOLINA S. DE R.L.- Estiman los recurrentes que los derechos y garantías constitucionales que se consideran violentados están contenidos en los artículos 61, 64, 70, 80, 82, 90, 94 y 127 de la Constitución de la República y los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha diez de abril del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO, actuando en su condición personal, interponiendo Reclamo de pago de honorarios profesionales en concepto de representación procesal en el expediente 0801-2010-02689-CO, contra la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES KAFIE MOLINA. (Folios del 1 al 4fv de la pieza separada de antecedentes de Primera Instancia).-2) Que en fecha quince de mayo del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada María Guadalupe Cruz Brito, solicitando Tasación de Costas en el expediente 2689-2010, por la cantidad de Lps. 859,910.00. (Folio 23fv de la pieza separada de antecedentes de Primera Instancia).-3) Que en fecha siete de junio del mismo año dos mil diecisiete, compareció ante el referido Juzgado la señora María de los Ángeles Kafie Molina, presentado Oposición a la reclamación de Honorarios Profesionales ut supra; dando respuesta a la subsanación de Oposición ordenada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, el Abogado Omar Antonio Torres Ardon, presentó aclaración a la Oposición de Reclamación de Honorarios Profesionales, indicando (Sic) “con el debido respeto comparezco a ACLARAR PORQUE MOTIVO DE IMPUGNACIÓN HONORARIOS PROFESIONALES POR INDEBIDOS E IMPROCEDENTES POR EXISTIR UN CONTRATO….” (Folios del 28 al 31 y folios 62, 65 de la pieza separada de antecedentes de Primera Instancia).-4) Que seguido el trámite, el referido Juzgado dictó Resolución en fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el pago de honorarios profesionales por representación procesal asumida desde la presentación de la demanda por la vía ordinaria solicitando la nulidad del acta de asamblea general y pago de dividendos dejados de percibir, demanda que fue ingresada en el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha trece de mayo de dos mil diez por la Abogada MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO actuando en causa propia en esta demanda de honorarios SEGUNDO: CONDENA a la señora MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA también conocida como MARIA DE LOS ANGELES KAFIE MOLINA DE REINA y/o MARIELOS KAFIE MOLINA DE REINA a pagar a la abogada MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO, la cantidad de L 336,865.47 menos L 35,000.00 que ya había adelantado a la demandante quedando un total de TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (L.301,865.47).Contra este auto resolutivo cabe el recurso de APELACION el que se deberá interponer ante este mismo Órgano Jurisdiccional por escrito en el plazo de DIEZ días hábiles desde el día siguiente de la notificación…” (Folio del 78 al 81 de la pieza separada de antecedentes de Primera Instancia).-5) Que en respuesta a los recursos de apelación promovidos por ambas partes procesales, contra la Resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, emitió Resolución mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto.- SEGUNDO: Confirma el auto recurrido de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecisiete (2017).- TERCERO: CON COSTAS.…” (Folio del 10 al 17 de la pieza de antecedentes del Tribunal de Alzada).-6) Que los recurrentes Abogado OMAR ANTONIO TORRES ARDON, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha cinco de abril del año dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor de la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES KAFIE MOLINA, y la Abogada SANDRA LIZZETH GONZALEZ CALIX, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor de la señora MARIA GUADALUOE CRUZ BRITO, contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diecisiete, que se deja relacionada en el acápite que antecede, la cual consideran violatoria de lo dispuesto en los artículos 61, 64, 70, 80, 82, 90, 94 y 127 de la Constitución de la República y los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizados en tiempo y forma sus acciones constitucionales en providencia de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). (Folio 104 de los autos).-7) Que mediante providencia de fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional resolvió que, al apreciarse de los autos, que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto reclamado, es procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de mérito produzcan oportunamente una sola sentencia, por lo que se resuelve la Acumulación de las acciones constitucionales de Amparo con registro de expediente No. 285-18 y 322-2018. (Folio 77 de los autos).-8) Que con fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por emitido el Dictamen presentado por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que: (Sic) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que SE DENIEGUE la acción de Amparo interpuesta por el Abogado Omar Antonio Torres Ardon, en virtud de no existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas, y SE OTORGUE respecto a la amparista Sandra Lizzeth Gonzales Cálix, por vislumbrarse vulneración a las garantías constitucionales alegadas….” (Folios del 107 al 118 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[5]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que declara Sin Lugar los Recursos de Apelación interpuestos por ambas partes procesales, demandante y demandado, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), que declara Con Lugar Parcialmente el Pago de Honorarios Profesionales, promovido por la Abogada María Guadalupe Cruz Brito, en contra de la señora María de los Ángeles Kafie Molina.-CONSIDERANDO (3): Que los recurrentes en Amparo Abogados Omar Antonio Torres Ardon y Sandra Lizzeth Gonzales Cálix, muestran su discrepancia con la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), argumentando que el acto que se recurre en Amparo violenta entre otros derechos, el debido proceso, defensa e igualdad, contenido en los artículos 61, 64, 70, 80, 82, 90, 94 y 127 de la Constitución de la República y los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente Abogado Omar Antonio Torres Ardon, en representación de la parte demandada, centra sus argumentos en el hecho que la señora María de los Ángeles Kafie Molina suscribió con la parte demandante un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, contrato que no fue observado por el Ad-quo ni por el Ad-quem; en ese orden de ideas indica el impetrante que a la hoy demandada no se le escuchó en juicio porque no se tomó en cuenta las pruebas presentadas o la buena fe de las partes. Asimismo, sostiene se vulneran preceptos internacionales que forman parte del derecho positivo interno vigente, al no seguirse un juicio justo, igualitario, con las formalidades legales establecidas y a su representada no se le dio validez al contrato ofrecido por la Abogada María Guadalupe Cruz Brito. Arguye el pedidor de Amparo se violenta el sagrado derecho a la defensa, porque el derecho a la defensa no es únicamente tener un apoderado legal, sino que el Juez o Tribunal que conoce de la situación jurídica actué con toda la objetividad que lo amerité y resuelva conforme a derecho. Finaliza diciendo el impetrante que la Corte de Apelaciones no revisó la sentencia emitida por el Ad-quo, sino que simplemente la ratificó con todos sus errores.-CONSIDERANDO (5): Que la recurrente Abogada Sandra Lizzeth Gonzales Cálix, en representación de la parte demandante, expone como hecho central de sus alegatos, que el Pago de Honorarios Profesionales no le fueron satisfechos a su representada, pues se produjo un error aritmético al calcular el monto de los honorarios profesionales no cancelados. Sostiene la impetrante que se incurrió en equivocación o error al determinar el monto de los valores reclamados por la señora María de los Ángeles Kafie Molina, que están representados por las cantidades que fueron objeto de embargo precautorio que pesan sobre la cuenta de dólares de Banco FICOHSA No. 004-207-90153; aduce la recurrente que esos valores embargados precautoriamente corresponden única y exclusivamente a las rentas mensuales que no le han sido pagadas y arbitrariamente le han sido retenidas desde el mes de agosto del año dos mil y en dicha cuenta esta embargado únicamente el porcentaje que le corresponde a la señora María de los Ángeles Kafie Molina, que los valores embargados precautoriamente representan las pretensiones o cuantía de la demanda, por esta razón, dicha cuantía sirve de base para cuantificar la cantidad que le es adeudada por concepto de honorarios profesionales que no le han sido satisfechos a su representada, los que ascienden a la suma de L. 859,910.00; finaliza argumentando, que a su representada se le está vulnerando el derecho a la defensa y debido proceso, al negarle el derecho a percibir la totalidad de honorarios devengados, ello debido a que no se efectúo la debida valoración de los medios de prueba, acreditados en el expediente.-CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que la recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; artículo 94 “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que haya sido impuesta resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado.”
CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que invoca uno de los impetrantes como vulnerados, los relaciona con la inobservancia, en la sentencia impugnada, de lo dispuesto en el artículo 89 numeral 4 del Código Procesal Civil el cual establece: “COBRO DE HONORARIOS. 1…. 2…. 3…. 4.Si se impugnaren los honorarios por excesivos, se procederá previamente a su tasación conforme a lo previsto en este Código para las costas, salvo que el profesional del derecho acredite la existencia de Contrato o presupuesto previo por escrito aceptado por el impugnante en cuyo caso, se dictará auto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la notificación…” –Lo resaltado es del recurrente-; la otra de las recurrentes enuncia la vulneración de preceptos constitucionales, en relación a la debida valoración de la prueba, contenido en los artículos 13, 228 y 245 de la ley adjetiva ut supra.-CONSIDERANDO (8): Que el objeto de la Ley sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional; por ello uno de los principios que rigen en la substanciación de la acción de Amparo es la prevalencia del derecho sustancial, observándose en las alegaciones de ambos recurrentes motivos esenciales a efecto de recurrir en Amparo la Resolución dictada en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diecisiete por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.-CONSIDERANDO (9): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[6]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empeladas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos
de la realización del juicio de hecho.[7]- CONSIDERANDO (10): Que uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República e invocado como vulnerado por ambos recurrentes, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las partes tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Asimismo otro de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente la valoración de la prueba, el artículo 13 indicado por la recurrente, refiere que el Juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico; en todo caso, señala el indicado precepto, el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad;.-CONSIDERANDO (11): Que la motivación de las resoluciones, entre otros, es de obligatorio cumplimiento por los Jueces y Tribunales civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de logarse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”[8].
CONSIDERANDO (12): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la Resolución emitida por el Ad-quem en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de segunda instancia ha inobservando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido carece de la motivación suficiente, a efecto de adquirir en las partes procesales la convicción necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión, tal es así que la resolución que se impugna por medio de esta vía constitucional, se limita a transcribir el artículo 89 del Código Procesal Civil, asimismo relaciona la decisión adoptada por el A-quo, sin realizar un razonamiento claro del fundamento de derecho que invoca en la decisión adoptada, aunado a ello, la carencia total de la valoración de elementos de prueba invocados por uno de los recurrentes y la falta de respuesta a los agravios expuestos por ambas partes procesales; concluyendo sin más razonamiento o argumentación jurídica, que el auto recurrido y dictado por el A-quo debe ser confirmado, vulnerando con ello los derechos que invocan ambos recurrentes en Amparo, pues se ha irrespetado el debido proceso al dictar una Resolución carente de motivación suficientemente razonada, con inobservancia a las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución -específicamente el artículo 90- y a los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Honduras.-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, los recurrentes lo relacionan y traen a colación específicamente lo establecido en los artículos 13, 89, 228 y 245 del Código Procesal Civil, relacionándolo con el derecho al debido proceso, defensa y la debida valoración de los medios de prueba, en las resoluciones que dictaren.-CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (15): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una resolución de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia se vulneran los demás derechos invocados por los recurrentes que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada en segunda instancia, ha irrespetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución carente de valoración de la prueba, motivación razonada y suficiente, vulnerando a los recurrentes en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.-CONSIDERANDO (16): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la Resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emita una resolución suficientemente motivada, con la debida valoración de los elementos de prueba, dando respuesta a los agravios expresados por ambas partes procesales, con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en primera instancia, o los demás alcances que pueda determinar la sentencia en segunda instancia, según lo preceptuado en la ley.-POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 13, 199, 705, 707 y 715 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO LOS RECURSOS DE AMPARO promovidos por los Abogados OMAR ANTONIO TORRES ARDON, a favor de la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES KAFIE MOLINA, y por la Abogada SANDRA LIZZETH GONZALEZ CALIX a favor de la señora MARIA GUADALUPE CRUZ BRITO, contra la resolución de fecha VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FARNCISCO MORAZÁN, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Civil (Acumulado) , registrado en este Tribunal bajo el número 285 y 322 -2018.-Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[2] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.
[3] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.
[4] De Diego Diez, L. Alfredo. El derecho a la tutela judicial efectiva. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 90.
[5] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[6] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.
[7] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.
[8] De Diego Diez, L. Alfredo. El derecho a la tutela judicial efectiva. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 90.