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Sentencia AC-275-18 — Registro 17775

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Juzgado de Primera Instancia que declaró sin lugar recurso de reposición por haber nombrado a un ingeniero civil como Juez Partidor de los bienes en conflicto en virtud de haber llegado a acuerdo conciliatorio entre las Partes en Demanda de Partición de Bienes Sucesorales promovida por recurrente contra varios demandados; La Autoridad recurrida consideró que no se desarrolló un agravio concreto y preciso de los derechos vulnerados, según el recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Al examinar las presentes diligencias, se hace necesario resaltar que el debido proceso legal, tal como se ha mantenido por esta Sala, es un conjunto de derechos y condiciones que permiten y aseguran el derecho a ser juzgado por un juez natural, independiente, imparcial, objetivo, dentro de un plazo legal razonable. Dentro de un proceso que le facilite el derecho de defensa, a ser oído y presentar prueba en condiciones de igualdad procesal, con acceso a recursos idóneos y eficaces, hasta obtener justicia mediante una sentencia razonada y fundamentada en derecho. Esto entre otros derechos procesales que aseguran el derecho de defensa y acceso a la justicia. En relación a lo anterior, se estima que un vicio es susceptible de ser amparable, si produce una lesión que conculque, limite o tergiverse un derecho fundamental protegido por la Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que la Sala ha mantenido que la violación de un derecho debe conllevar un perjuicio para que sea amparable, a esto la Sala le ha llamado el cumplimiento del PRINCIPIO DE LESIVIDAD, necesario para que prospere la garantía de amparo, por lo que en razón de dicho principio se hace imprescindible que quien acuda en amparo, sea convincente en la necesidad de que se le mantenga o restituya un derecho y en el caso sub examine, el amparista no cumple con esta necesidad ineludible y por tanto procede desestimar el amparo en virtud de que el recurrente no demuestra en su demanda en qué forma se han vulnerado los artículos los derechos y garantías constitucionales invocados como violados. Para la Sala de lo Constitucional la presente garantía de amparo no es de recibo en virtud de que, tanto en su interposición como en su formalización, el censor no exteriorizó el daño a sus derechos garantizados por la Constitución de la República. Expresado en otra forma, habrá que decir que la garantía de amparo no se encuentra prevista para la defensa de la ley, sino para mantener y restituir derechos dispuestos a favor de las personas. En ese sentido, se observa que el censor en su argumentación no señaló puntualmente en que forma la decisión que impugna en amparo le causa perjuicio a él y su poderdante. Asimismo, cabe la mención de que la argumentación y prueba de la lesión que provoca el acto impugnado, es carga procesal de quien interpone la garantía de amparo. Por lo tanto, no constando en forma clara ese extremo, corresponde desestimar la presente garantía constitucional de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"Al examinar las presentes diligencias, se hace necesario resaltar que el debido proceso legal, tal como se ha mantenido por esta Sala, es un conjunto de derechos y condiciones que permiten y aseguran el derecho a ser juzgado por un juez natural, independiente, imparcial, objetivo, dentro de un plazo legal razonable. Dentro de un proceso que le facilite el derecho de defensa, a ser oído y presentar prueba en condiciones de igualdad procesal, con acceso a recursos idóneos y eficaces, hasta obtener justicia mediante una sentencia razonada y fundamentada en derecho. Esto entre otros derechos procesales que aseguran el derecho de defensa y acceso a la justicia. En relación a lo anterior, se estima que un vicio es susceptible de ser amparable, si produce una lesión que conculque, limite o tergiverse un derecho fundamental protegido por la Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que la Sala ha mantenido que la violación de un derecho debe conllevar un perjuicio para que sea amparable, a esto la Sala le ha llamado el cumplimiento del PRINCIPIO DE LESIVIDAD, necesario para que prospere la garantía de amparo, por lo que en razón de dicho principio se hace imprescindible que quien acuda en amparo, sea convincente en la necesidad de que se le mantenga o restituya un derecho y en el caso sub examine, el amparista no cumple con esta necesidad ineludible y por tanto procede desestimar el amparo en virtud de que el recurrente no demuestra en su demanda en qué forma se han vulnerado los artículos los derechos y garantías constitucionales invocados como violados. Para la Sala de lo Constitucional la presente garantía de amparo no es de recibo en virtud de que, tanto en su interposición como en su formalización, el censor no exteriorizó el daño a sus derechos garantizados por la Constitución de la República. Expresado en otra forma, habrá que decir que la garantía de amparo no se encuentra prevista para la defensa de la ley, sino para mantener y restituir derechos dispuestos a favor de las personas. En ese sentido, se observa que el censor en su argumentación no señaló puntualmente en que forma la decisión que impugna en amparo le causa perjuicio a él y su poderdante. Asimismo, cabe la mención de que la argumentación y prueba de la lesión que provoca el acto impugnado, es carga procesal de quien interpone la garantía de amparo. Por lo tanto, no constando en forma clara ese extremo, corresponde desestimar la presente garantía constitucional de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.- VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez a favor de Sí Mismo y del señor Reinaldo Ochoa Rodríguez contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle en fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, con relación a la demanda de partición de bienes sucesoriales, por la vía del proceso abreviado dispositivo, promovida por el Abogado Erasmo Ochoa Rodríguez actuando en causa propia contra los señores Víctor Manuel, Santos Guillermo, Santos Mario, Martha Delia, Orfa Nohemi, Demetrio, todos de apellidos Ochoa Rodríguez. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio y el de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecinueve de marzo de dos mil cuatro, compareció ante el entonces Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez, a favor de Sí Mismo, promoviendo demanda de partición de bienes sucesoriales, por la vía del proceso abreviado dispositivo, contra los señores Víctor Manuel, Santos Guillermo, Santos Mario, Martha Delia, Orfa Nohemi, Demetrio, todos de apellidos Ochoa Rodríguez, admitiéndose la misma y previo a decretar la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados y el secuestro de la cosa objeto de la demanda, el A-quo manifestó que la parte interesada indicara con claridad los bienes sobre los cuales pedía dicha medida. (Folio 1-4/9 de la pieza del A-quo)- 2) El Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez, en su condición antes indicada, en fecha diecinueve de mayo de dos mil cuatro, presentó ante el Juzgado antes referido, recurso de reposición contra el auto de admisión de la demanda de fecha veintitrés de marzo de dos mil cuatro, que ha sido relacionado en el numeral primero. (Folios 10-12 de la pieza del A-quo)- 3) En fecha veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, el Juzgado ya citado, resolvió: admítase la solicitud de partición judicial interpuesta por el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez, decretándose la prohibición de celebrar actos y contratos y secuestro sobre los bienes indicados por el peticionario. (Folio 27 vuelto de la pieza del A-quo)- 4)En fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en audiencia de partición de bienes hereditarios por la vía del proceso abreviado dispositivo, en donde el Abogado José Erasmo Ochoa Rodriguez interpuso recurso de reposición contra lo resuelto por el juez en cuanto al nombramiento del Ingeniero Civil Oscar Romero Osorio como Juez Partidor, en virtud de que las partes presentes en la audiencia no llegaron a un acuerdo conciliatorio sobre los bienes en conflicto, es así, que el Tribunal resolvió: De conformidad con el artículo 694 del CPC, que establece que la reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos, a fin de que el mismo tribunal que los dictó pueda proceder a su reconsideración, en el presente caso de autos, los alegatos por la parte demandante están alegajado al presente proceso, tomando en cuenta el principio de la economía procesal tal como lo establece el artículo 8 del Código CPC, que establece que el Juez deberá dirigir el proceso de forma que conduzca a la reducción de tiempo, costo y esfuerzo de los actos procesales sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones, tomando en cuenta que el presente proceso se está conociendo desde el año 2004 y que hasta la fecha no se ha dado un resultado del mismo, en consecuencia de lo antes expuesto este Juzgado declara sin lugar el recurso de reposición, por considerar esta Juez que la resolución se encuentra conforme a la ley. (Folios 136-139 de la pieza del A-quo)- 5) Remitidos que fueron los antecedentes a la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez en contra de la resolución que antecede, en fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad de votos: Primero: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez, quien actúa en su propia causa y como Representante Procesal del señor Reynaldo Ochoa Rodríguez contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la demanda de partición de bienes sucesorales, por la vía del proceso abreviado dispositivo, promovida por el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez, actuando en su condición propia y como Representante Procesal del señor Reynaldo Ochoa Rodríguez, contra Víctor Manuel, Santos Guillermo, Santos Mario, Martha Delia, Orfa Nohemi, Demetrio, todos de apellidos Ochoa Rodríguez.-Segundo: Confirmar la resolución recurrida venida en apelación. (Folios 11-13 de la pieza del Ad-quem)- 6) Que el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez, compareció ante este Tribunal en fecha tres de abril de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma al recurrente en el amparo de mérito en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, ordenando a la Secretaría de este Tribunal poner a disposición del Fiscal las presentes actuaciones, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 1-2/25 de la pieza de amparo)- 7) Que en fecha de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Yulibeth Garay Hernández, del que se desprende de su análisis jurídico lo siguiente: De la cuestión traída a examen: El amparista expresa en la interposición de la presente acción de amparo, la violación de las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso, consagradas en los artículos 80,82 y 90 de la Constitución de la República. De la lectura de los escritos de interposición y formalización de la presente acción de amparo, se observa que el amparista, señala que existe una disconformidad tanto de la resolución de primera instancia, como de la recurrida vía amparo; pero sin embargo, no desarrolló de manera puntual la forma que la resolución dictada por el Ad-quem en fecha 3 de marzo del 2017, le vulnera las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso, reduciéndose a la simple enunciación de las mismas, no efectuando un ataque técnico jurídico a la resolución recurrida, ni confrontándola con las garantías constitucionales alegadas como vulneradas; aspecto que limita el estudio de control de constitucionalidad por parte de esta oficina. El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se Deniegue el presente amparo, por no poder hacerse el análisis de las supuestas vulneraciones de las garantías constitucionales invocadas por el amparista.”- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución.- Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación a los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Que, sobre este particular, el amparista se limita a enunciar que considera violados o amenazados, los derechos de petición, defensa y debido proceso, pero no desarrolla un agravio concreto y preciso de la forma que a su criterio le fueron violentados a él y su representado los derechos y garantías constitucionales.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si existe violación de los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Al examinar las presentes diligencias, se hace necesario resaltar que el debido proceso legal, tal como se ha mantenido por esta Sala, es un conjunto de derechos y condiciones que permiten y aseguran el derecho a ser juzgado por un juez natural, independiente, imparcial, objetivo, dentro de un plazo legal razonable. Dentro de un proceso que le facilite el derecho de defensa, a ser oído y presentar prueba en condiciones de igualdad procesal, con acceso a recursos idóneos y eficaces, hasta obtener justicia mediante una sentencia razonada y fundamentada en derecho. Esto entre otros derechos procesales que aseguran el derecho de defensa y acceso a la justicia. En relación a lo anterior, se estima que un vicio es susceptible de ser amparable, si produce una lesión que conculque, limite o tergiverse un derecho fundamental protegido por la Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que la Sala ha mantenido que la violación de un derecho debe conllevar un perjuicio para que sea amparable, a esto la Sala le ha llamado el cumplimiento del PRINCIPIO DE LESIVIDAD, necesario para que prospere la garantía de amparo, por lo que en razón de dicho principio se hace imprescindible que quien acuda en amparo, sea convincente en la necesidad de que se le mantenga o restituya un derecho y en el caso sub examine, el amparista no cumple con esta necesidad ineludible y por tanto procede desestimar el amparo en virtud de que el recurrente no demuestra en su demanda en qué forma se han vulnerado los artículos los derechos y garantías constitucionales invocados como violados. Para la Sala de lo Constitucional la presente garantía de amparo no es de recibo en virtud de que, tanto en su interposición como en su formalización, el censor no exteriorizó el daño a sus derechos garantizados por la Constitución de la República. Expresado en otra forma, habrá que decir que la garantía de amparo no se encuentra prevista para la defensa de la ley, sino para mantener y restituir derechos dispuestos a favor de las personas. En ese sentido, se observa que el censor en su argumentación no señaló puntualmente en que forma la decisión que impugna en amparo le causa perjuicio a él y su poderdante. Asimismo, cabe la mención de que la argumentación y prueba de la lesión que provoca el acto impugnado, es carga procesal de quien interpone la garantía de amparo. Por lo tanto, no constando en forma clara ese extremo, corresponde desestimar la presente garantía constitucional de amparo.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez a favor de Sí Mismo y del señor Reinaldo Ochoa Rodríguez contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle en fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, con relación a la demanda de partición de bienes sucesoriales, por la vía del proceso abreviado dispositivo, promovida por el Abogado Erasmo Ochoa Rodríguez actuando en causa propia contra los señores Víctor Manuel, Santos Guillermo, Santos Mario, Martha Delia, Orfa Nohemi, Demetrio, todos de apellidos Ochoa Rodríguez. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0275-2018.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.- VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez a favor de Sí Mismo y del señor Reinaldo Ochoa Rodríguez contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle en fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, con relación a la demanda de partición de bienes sucesoriales, por la vía del proceso abreviado dispositivo, promovida por el Abogado Erasmo Ochoa Rodríguez actuando en causa propia contra los señores Víctor Manuel, Santos Guillermo, Santos Mario, Martha Delia, Orfa Nohemi, Demetrio, todos de apellidos Ochoa Rodríguez. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio y el de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecinueve de marzo de dos mil cuatro, compareció ante el entonces Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez, a favor de Sí Mismo, promoviendo demanda de partición de bienes sucesoriales, por la vía del proceso abreviado dispositivo, contra los señores Víctor Manuel, Santos Guillermo, Santos Mario, Martha Delia, Orfa Nohemi, Demetrio, todos de apellidos Ochoa Rodríguez, admitiéndose la misma y previo a decretar la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados y el secuestro de la cosa objeto de la demanda, el A-quo manifestó que la parte interesada indicara con claridad los bienes sobre los cuales pedía dicha medida. (Folio 1-4/9 de la pieza del A-quo)- 2) El Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez, en su condición antes indicada, en fecha diecinueve de mayo de dos mil cuatro, presentó ante el Juzgado antes referido, recurso de reposición contra el auto de admisión de la demanda de fecha veintitrés de marzo de dos mil cuatro, que ha sido relacionado en el numeral primero. (Folios 10-12 de la pieza del A-quo)- 3) En fecha veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, el Juzgado ya citado, resolvió: admítase la solicitud de partición judicial interpuesta por el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez, decretándose la prohibición de celebrar actos y contratos y secuestro sobre los bienes indicados por el peticionario. (Folio 27 vuelto de la pieza del A-quo)- 4)En fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en audiencia de partición de bienes hereditarios por la vía del proceso abreviado dispositivo, en donde el Abogado José Erasmo Ochoa Rodriguez interpuso recurso de reposición contra lo resuelto por el juez en cuanto al nombramiento del Ingeniero Civil Oscar Romero Osorio como Juez Partidor, en virtud de que las partes presentes en la audiencia no llegaron a un acuerdo conciliatorio sobre los bienes en conflicto, es así, que el Tribunal resolvió: De conformidad con el artículo 694 del CPC, que establece que la reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos, a fin de que el mismo tribunal que los dictó pueda proceder a su reconsideración, en el presente caso de autos, los alegatos por la parte demandante están alegajado al presente proceso, tomando en cuenta el principio de la economía procesal tal como lo establece el artículo 8 del Código CPC, que establece que el Juez deberá dirigir el proceso de forma que conduzca a la reducción de tiempo, costo y esfuerzo de los actos procesales sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones, tomando en cuenta que el presente proceso se está conociendo desde el año 2004 y que hasta la fecha no se ha dado un resultado del mismo, en consecuencia de lo antes expuesto este Juzgado declara sin lugar el recurso de reposición, por considerar esta Juez que la resolución se encuentra conforme a la ley. (Folios 136-139 de la pieza del A-quo)- 5) Remitidos que fueron los antecedentes a la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez en contra de la resolución que antecede, en fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad de votos: Primero: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez, quien actúa en su propia causa y como Representante Procesal del señor Reynaldo Ochoa Rodríguez contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la demanda de partición de bienes sucesorales, por la vía del proceso abreviado dispositivo, promovida por el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez, actuando en su condición propia y como Representante Procesal del señor Reynaldo Ochoa Rodríguez, contra Víctor Manuel, Santos Guillermo, Santos Mario, Martha Delia, Orfa Nohemi, Demetrio, todos de apellidos Ochoa Rodríguez.-Segundo: Confirmar la resolución recurrida venida en apelación. (Folios 11-13 de la pieza del Ad-quem)- 6) Que el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez, compareció ante este Tribunal en fecha tres de abril de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma al recurrente en el amparo de mérito en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, ordenando a la Secretaría de este Tribunal poner a disposición del Fiscal las presentes actuaciones, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 1-2/25 de la pieza de amparo)- 7) Que en fecha de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Yulibeth Garay Hernández, del que se desprende de su análisis jurídico lo siguiente: De la cuestión traída a examen: El amparista expresa en la interposición de la presente acción de amparo, la violación de las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso, consagradas en los artículos 80,82 y 90 de la Constitución de la República. De la lectura de los escritos de interposición y formalización de la presente acción de amparo, se observa que el amparista, señala que existe una disconformidad tanto de la resolución de primera instancia, como de la recurrida vía amparo; pero sin embargo, no desarrolló de manera puntual la forma que la resolución dictada por el Ad-quem en fecha 3 de marzo del 2017, le vulnera las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso, reduciéndose a la simple enunciación de las mismas, no efectuando un ataque técnico jurídico a la resolución recurrida, ni confrontándola con las garantías constitucionales alegadas como vulneradas; aspecto que limita el estudio de control de constitucionalidad por parte de esta oficina. El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se Deniegue el presente amparo, por no poder hacerse el análisis de las supuestas vulneraciones de las garantías constitucionales invocadas por el amparista.”- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución.- Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], en relación con el artículo 25 de la misma convención[5] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[6].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación a los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Que, sobre este particular, el amparista se limita a enunciar que considera violados o amenazados, los derechos de petición, defensa y debido proceso, pero no desarrolla un agravio concreto y preciso de la forma que a su criterio le fueron violentados a él y su representado los derechos y garantías constitucionales.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si existe violación de los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Al examinar las presentes diligencias, se hace necesario resaltar que el debido proceso legal, tal como se ha mantenido por esta Sala, es un conjunto de derechos y condiciones que permiten y aseguran el derecho a ser juzgado por un juez natural, independiente, imparcial, objetivo, dentro de un plazo legal razonable. Dentro de un proceso que le facilite el derecho de defensa, a ser oído y presentar prueba en condiciones de igualdad procesal, con acceso a recursos idóneos y eficaces, hasta obtener justicia mediante una sentencia razonada y fundamentada en derecho. Esto entre otros derechos procesales que aseguran el derecho de defensa y acceso a la justicia. En relación a lo anterior, se estima que un vicio es susceptible de ser amparable, si produce una lesión que conculque, limite o tergiverse un derecho fundamental protegido por la Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que la Sala ha mantenido que la violación de un derecho debe conllevar un perjuicio para que sea amparable, a esto la Sala le ha llamado el cumplimiento del PRINCIPIO DE LESIVIDAD, necesario para que prospere la garantía de amparo, por lo que en razón de dicho principio se hace imprescindible que quien acuda en amparo, sea convincente en la necesidad de que se le mantenga o restituya un derecho y en el caso sub examine, el amparista no cumple con esta necesidad ineludible y por tanto procede desestimar el amparo en virtud de que el recurrente no demuestra en su demanda en qué forma se han vulnerado los artículos los derechos y garantías constitucionales invocados como violados. Para la Sala de lo Constitucional la presente garantía de amparo no es de recibo en virtud de que, tanto en su interposición como en su formalización, el censor no exteriorizó el daño a sus derechos garantizados por la Constitución de la República. Expresado en otra forma, habrá que decir que la garantía de amparo no se encuentra prevista para la defensa de la ley, sino para mantener y restituir derechos dispuestos a favor de las personas. En ese sentido, se observa que el censor en su argumentación no señaló puntualmente en que forma la decisión que impugna en amparo le causa perjuicio a él y su poderdante. Asimismo, cabe la mención de que la argumentación y prueba de la lesión que provoca el acto impugnado, es carga procesal de quien interpone la garantía de amparo. Por lo tanto, no constando en forma clara ese extremo, corresponde desestimar la presente garantía constitucional de amparo.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por el Abogado José Erasmo Ochoa Rodríguez a favor de Sí Mismo y del señor Reinaldo Ochoa Rodríguez contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle en fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, con relación a la demanda de partición de bienes sucesoriales, por la vía del proceso abreviado dispositivo, promovida por el Abogado Erasmo Ochoa Rodríguez actuando en causa propia contra los señores Víctor Manuel, Santos Guillermo, Santos Mario, Martha Delia, Orfa Nohemi, Demetrio, todos de apellidos Ochoa Rodríguez. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0275-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[5] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[6] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”