Sentencia AC-259-18 — Registro 11600
Resumen
Acto recurrido que resolvió un recurso de apelación contra la del a-quo, con relación a la demanda de pago de honorarios profesionales promovida, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que si bien la ley no define expresamente en qué casos se incurre en el ámbito de la referida causal de inadmisibilidad, y consiguiente sobreseimiento, se ha sostenido también por esta Sala de lo Constitucional que constituye carga procesal del garantista explicitar de qué forma el acto recurrido confrontaría las normas constitucionales concernidas; lo cual no fue señaladamente el caso. Constatándose, por tanto, la improcedencia de la garantía de amparo, en aplicación de lo preceptuado de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que consista el contenido del recurso, en alegación de violaciones de mera legalidad; dada la insuficiencia de argumentación constitucional presentada en el alegato garantista, el cual no incide en la razonabilidad de la motivación efectuada por el voto partido de la Alzada para resolver el Recurso de mérito; pues todos y cada uno de los votos particulares y disidente emitidos, se reconducen a la aplicación del derecho vigente, con base a la interpretación autorizada del órgano judicial imparcial e independiente, y con miras a asegurar el acceso a la justicia de las partes en el proceso. - En continencia a lo antes expresado, concurre al presente caso, la expresada causal de inadmisibilidad del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); ordenando, por consiguiente, el sobreseimiento de las presentes diligencias..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, N.1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio del dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Álvaro Raúl Escobar O´hara a favor del Estado de Honduras contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de pago de honorarios profesionales promovida por el Abogado José Roberto Zelaya Álvarez contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 70 y 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado José Roberto Zelaya Álvarez, a favor de sí mismo, promoviendo demanda de pago de honorarios profesionales contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional (Hospital Militar). (Folios 1-5 de la pieza del A-quo) 2) El Abogado Abraham Alvarenga Urbina Procurador General de la República, presentó ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el escrito de oposición de tasación de honorarios profesionales y requerimiento de pago contra la demanda promovida por el Abogado José Roberto Zelaya Álvarez. (Folios 93-99 de la pieza del A-quo) 3) Que en fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, el Juzgado antes mencionado, resolvió: Primero: Declárese Con Lugar la impugnación a tasación de Honorarios Profesionales presentada por el Abogado Abraham Alvarenga Urbina en su condición de Procurador General de la República; en virtud de estar acreditado que el solicitante Abogado José Roberto Zelaya Álvarez fungió como empleado permanente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa (Hospital Militar) devengando un salario mensual pagado por la institución para la cual laboraba; quedando obligado al aceptar la delegación del poder que en su momento le fue dado, a realizar los actos procesales a él encomendados, por ser un empleado permanente, que como se dijo anteriormente, devengaba un salario o remuneración como procurador constituido en juicio por el poder delegado.-Segundo: Téngase al Abogado Abraham Alvarenga Urbina en su condición de Procurador General de la República quien delega poder en los Abogados Álvaro Raúl Escobar O´Hara y Tony David Rivas Gómez con las facultades legales a ellos delegadas con prohibición de sustituir poder y hacer uso en perjuicio del Estado de Honduras; y con la dirección señalada para efectos de comunicación judicial….(Folio 138 vuelto de la pieza del A-quo) 4) Que en fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, el Abogado José Roberto Zelaya Álvarez, actuando a favor de sí mismo, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, interponiendo un recurso de apelación contra la resolución que ha sido referenciada en el numeral que antecede (Folios 142-146 de la pieza del A-quo) 5) Remitidos que fueron los antecedentes a la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, ésta en fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, falló: Primero: Declarando nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, emitido por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.-Segundo: Que al recibo del expediente, la señora Juez de primera instancia, ordene: 1) Que se establezca quien será el profesional del derecho único delegado que representará al Estado de Honduras.-2) Que se dé traslado al reclamante de los honorarios profesionales, del escrito de oposición.-Tercero: Sin costas en segunda instancia…. (Folios 19-28 de la pieza del Ad-quem) 6) Que el Abogado Álvaro Raúl Escobar O´hara, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 70 y 82 de la Constitución de la República. Asimismo, habiéndose caducado el derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso de mérito, en fecha quince de junio de dos mil dieciocho, siendo las once con veinticinco minutos de la mañana, esta Sala apreció que, conforme al escrito de interposición del recurso, el peticionario desarrolló de manera puntual el concepto de violación, por lo que procedió a dar vista de los antecedentes al Fiscal para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 43 de la pieza de amparo) 7) Que en fecha de uno de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Yulibeth Garay Hernández, del que se desprende de su análisis jurídico lo siguiente: …De la cuestión traída a examen: El amparista expresa en la interposición de la presente acción de amparo, la violación de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 70 y 82 de la Constitución de la República; es por ello que una vez analizado el caso de autos, el Ministerio Público concluye: Al respecto el Código Procesal Civil establece: Articulo 3.-Debido Proceso. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. Articulo 4. Contradicción. Todas las partes considerando la dualidad de posiciones, tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que afecte directa e indirectamente a la resolución que ponga fin al proceso que deba dictarse, bien en la instancia, bien en los recursos…Articulo 7. Legalidad Procesal y Formas. 1. El proceso civil se desarrollará según las disposiciones de éste código, de acuerdo a la Constitución de la República, las formalidades previstas en el, son imperativas…Articulo 115.Actuaciones Judiciales.1.-Los actos procesales que conforman el procedimiento civil deben realizarse de acuerdo con las prescripciones de éste Código, de la ley orgánica de tribunales y de la Constitución de la República, siendo nulo o anulables en caso contrario. 2…3… y 4…De la lectura del escrito de interposición y formalización de la presente acción de amparo, se observa que el recurrente centra su alegato en lo siguiente: -Que la resolución dictada por el A-quo fue dictada en estricto apego al Principio de Legalidad, en completa armonía, que no se violentaron garantías constitucionales.-Sin embargo, en relación a la resolución dictada por el Ad-quem, que es objeto de la presente acción de amparo, no señala de manera precisa en que forma la resolución dictada por el Tribunal de Alzada le vulnera las garantías constitucionales, así como tampoco explica el concepto de las vulneraciones a las garantías constitucionales señalas.-De lo expuesto se aprecia que el recurrente expresa una conformidad con la resolución dictada por el A-quo y una disconformidad con la resolución dictada por el Ad-quem. En relación a la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, se aprecia que señala los defectos procesales por los cuales considera han sido vulnerados los derechos del debido proceso, igualdad y contradicción, en la sustanciación del presente proceso civil; y para efectos de salvaguardar tales garantías, decretó la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha 10 de mayo de 2017, ordenando la A-quo dar en traslado al reclamante de los honorarios profesionales del escrito de oposición, sin costas en segunda instancia. –Desprendiéndose de su contenido que señala los fundamentos fácticos y jurídicos que le sirven de base para decretar la nulidad de actuaciones, conteniendo tal resolución la motivación suficiente satisfaciendo los requisitos, las formalidades que señala la ley para garantizar la efectividad del derecho, por lo que no se aprecia violación a las garantías constitucionales invocadas. El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se Deniegue el presente amparo por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que en el escrito de interposición del recurso de amparo, manifiesta el recurrente, Abogado Álvaro Raúl Escobar O´Hara, que estima vulnerados los derechos constitucionales que asisten a su representado, el Estado de Honduras, según contenidos en los artículos 70 y 82 de la Constitución de la República; los cuales tutelan, en criterio del garantista, el debido proceso y el de inviolabilidad de la defensa, todo ello con relación al artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el artículo 19 del Código de Ética del Funcionario Público. Que lo anteriormente expuesto acaece en virtud que la resolución recurrida en esta vía de justicia constitucional, desvalora la resolución de primera instancia, la cual declaró correctamente CON LUGAR la impugnación de la tasación de honorarios de mérito, al amparo del artículo 89 numerales segundo y tercero del Código Procesal Civil, los cuales establecen que presentada la reclamación en costas, el presunto deudor podrá impugnar los honorarios por indebidos, caso en el cual, resolverá el Juzgado o Tribunal con base a la documentación aportada, fijando la cantidad debida, mediante auto; lo cual es el caso. Realiza aclaración el amparista, en el sentido que el Reclamante ha fundado su pretensión en artículos que aluden al procedimiento especial mediando condena en Costas, lo cual no fue el caso, pues su representado no fue condenado en Costas, procedimiento el cual está dispuesto en los artículos 222 al 227 del Código Procesal Civil; por lo que la Oposición realizada no se fundó en que los Honorarios fueran “Excesivos”, sino que “Indebidos”; no aplicando de esta forma la tergiversación de las actuaciones jurisdiccionales del Juez de primera instancia, alegando infundada arbitrariedad e indefensión. CONSIDERANDO (4): Que considera, asimismo, el Abogado garantista, en formalización de su recurso, que tal actitud procesal del Ad Quem, vulnera las aludidas garantías constitucionales, en virtud de acoger las alegaciones de agravios formuladas por el reclamante de Costas, abogado JOSÉ ROBERTO ZELAYA ÁLVAREZ, referentes a que el A Quo decidió arbitrariamente la Oposición, sin convocar a una audiencia, violentando así el principio de contradicción, infringiendo el principio de valoración de la prueba, al no valorar que sus funciones eran de asesoría y no de procuración en juicio; así como por la supuesta infracción de los fundamentos de derecho, basada en falsas apreciaciones. Considera el garantista que el fallo al que hoy se le busca remedio mediante la presente acción constitucional, dispone en sus fundamentos de derecho que el derecho a la defensa es inviolable y que se garantiza a las partes un debido proceso, al amparo de derechos y en condiciones de igualdad; sin embargo, en el caso aludido, se ha cumplido con las formalidades que la ley establece, a razón del procedimiento especial que el Código Procesal Civil establece para procesos especiales de cobro de servicios profesionales, lo cual se encuentra perfectamente normativizado en el artículos 89 del Código Procesal Civil, con relación al artículo 82 de la Constitución de la República, situación que es manifiesta en el proceso y de pleno conocimiento de la parte demandante, a quien se le ha respetado el principio de contradicción, en la forma y alcance que precave la ley adjetiva. - Por todo lo cual pude se dicte sentencia definitiva otorgando el amparo solicitado, dada la violación ostensible de las garantías y declaraciones que han sido debidamente señaladas. CONSIDERANDO (5): Que vista para estudio la presente acción de amparo, se denota que, el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos constitucionales por el amparista, recae sobre alegaciones de instancia contra la sentencia dictada, por mayoría de votos, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, departamento de Francisco Morazán en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Lo anterior, según pacífica jurisprudencia constitucional, según la cual, la reiteración de aspectos o alegaciones de mera legalidad ante este alto Tribunal impide su conocimiento fundado en razones de peso y trascendencia constitucional; pues se pretende la verificación de un nuevo análisis de la normativa secundaria en el orden procesal civil de la nulidad parcialmente decretada por el Ad Quem, el cual carecería de trascendencia constitucional, al recaer sobre alegaciones de instancia contra la sentencia recurrida en amparo; la cual resulta, por demás, concluyente sobre las razones para declarar fundado el recurso de apelación impetrado por la parte afectada, con vista a los efectos garantistas y subsanadores del debido proceso y de garantía que se precave para el derecho de defensa, del que gozan ambas partes procesales. CONSIDERANDO (6): Que si bien la ley no define expresamente en qué casos se incurre en el ámbito de la referida causal de inadmisibilidad, y consiguiente sobreseimiento, se ha sostenido también por esta Sala de lo Constitucional que constituye carga procesal del garantista explicitar de qué forma el acto recurrido confrontaría las normas constitucionales concernidas; lo cual no fue señaladamente el caso. Constatándose, por tanto, la improcedencia de la garantía de amparo, en aplicación de lo preceptuado de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que consista el contenido del recurso, en alegación de violaciones de mera legalidad; dada la insuficiencia de argumentación constitucional presentada en el alegato garantista, el cual no incide en la razonabilidad de la motivación efectuada por el voto partido de la Alzada para resolver el Recurso de mérito; pues todos y cada uno de los votos particulares y disidente emitidos, se reconducen a la aplicación del derecho vigente, con base a la interpretación autorizada del órgano judicial imparcial e independiente, y con miras a asegurar el acceso a la justicia de las partes en el proceso. - En continencia a lo antes expresado, concurre al presente caso, la expresada causal de inadmisibilidad del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); ordenando, por consiguiente, el sobreseimiento de las presentes diligencias. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 15, 18, 59, 60, 80, 82, 90 párrafo primero, 128 numeral 6, 132, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1) y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-259-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL