Sentencia AC-259-17 — Registro 17779
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Juzgado de Primera Instancia que estimó Tasación de Honorarios Profesionales presentada por la abogada reclamante en Demanda de Pago por Consignación promovida por Nacional de Ingenieros S A contra La Constancia Asociación de Ahorro y Préstamo S A, habiendo sido condenado al pago de los honorarios profesionales de varios procesos; La Autoridad recurrida consideró que la reclamante mediante poder general para pleitos del Liquidador del recurrente realizó actos de procuración en defensa de éste por la representación procesal asumida en juicios, por lo que procede ajustarse a la normativa procesal civil en cuanto a reclamar Honorarios Profesionales debidos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el tema a decidir es si la profesional del derecho (reclamante) de los honorarios profesionales se desempeñaba como empleada permanente de Banco Capital S.A. en liquidación forzosa o bien si su condición era de una representante procesal independiente en defensa de los intereses del banco (poderdante) ante los órganos jurisdiccionales lo que origina el proceso de demanda para reclamar de su poderdante los honorarios profesionales debidos..."..."se desprende de autos que efectivamente entre la parte reclamada (el Banco) y la parte Reclamante existió un vínculo laboral como se deduce de los contratos a término que se firmaron por ambas partes. No obstante, la parte reclamada aduce que le fueron cancelados las prestaciones y derechos laborales a la reclamante el 7 de agosto del 2009, implica esta declaración, que evidentemente la relación contractual tuvo su fin con la Carta de Pago y Finiquito de Solvencia de fecha 7 de agosto del 2009 (folios 142-143-144, pieza de reclamo de honorarios) firmada por la empleada que dio por recibido a satisfacción sus prestaciones y demás derechos laborales. Sin embargo, se observa de autos el Mandato conferido, mediante poder general para pleitos, se entenderá entonces, que el poder ha sido aceptado cuando el profesional del derecho realiza gestiones a favor de la parte que lo otorga; asimismo, que dicho poder notarial se entenderá general y alcanzará a todos los procesos en que intervenga el poderdante, incluidas, en su caso, las diversas instancias y recursos, facultando al profesional del derecho para realizar válidamente en nombre de su poderdante todos los actos procesales mientras no le haya revocado el poder..."..."del estudio de los autos, resulta probado, que la abogada SONIA MARIA OCHOA LARA, mediante poder general para pleitos, otorgado por el Liquidador del Banco Capital S.A. licenciado JORGE ANTONIO FLORES PADILLA (folio 248 Pieza Demanda de Pago por Consignación) realizó actos de procuración en defensa de éste por la representación procesal asumida en los juicios supra indicados, tanto en la DEMANDA DE PAGO POR CONSIGNACION interpuesta por la Sociedad Mercantil Nacional de Ingenieros contra La Constancia, Asociación de Ahorro y Préstamo S.A. y Banco Capital S.A. cuya cuantía de la demanda se fijó en US$ 4,870.776.74, de la misma manera gestionó en el PROCESO DE TASACION DE HONORARIOS promovido por el abogado MIGUEL ANTONIO CASTILLO GAMERO por una cuantía de US$ 487,077.67, hasta obtener las respectivas sentencias y que le fueron notificadas en el año 2015, contexto que la lleva al reclamo de los honorarios profesionales devengados, encausando su reclamo al procedimiento establecido en el artículo 89 del Código Procesal Civil y a lo dispuesto en el Arancel del Profesional del Derecho, que fija los honorarios que devengaran los profesionales del derecho como resultado de sus actuaciones, conceptos económicos, que tasados y reclamados basta únicamente acreditar las actuaciones en juicio por parte del reclamante, (profesional del Derecho), por lo que el conflicto radica en el reclamo de honorarios profesionales y no en la intentada figura de una relación laboral que tuvo su fin con el pago de prestaciones y otros derechos laborales como obra de autos el pago de sus derechos laborales en agosto del 2009; radica entonces la controversia, al reclamo de honorarios profesionales que le son debidos por haber asumido la representación procesal en defensa de los intereses del Banco Capital S.A. en relación a las demandas incoadas en su contra, como ha quedado probado en la instancia que conoció del asunto, en el que intervino la parte reclamada (el Banco) observando que ha actuado en el procedimiento establecido..."..."el artículo 249 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), que los Procuradores Judiciales son los representantes de las partes, en virtud de poder conferido por estas, para defenderlas en los Juzgados y Tribunales, haciendo las peticiones y demás diligencias necesarias para el logro de sus pretensiones; en lo concerniente a asuntos de mera legalidad, se trata de todas aquellas situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscrita su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, pertinente a asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que se resuelven conforme lo establece el procedimiento normativo que los rige, sin embargo al resultar inconformidad para una de las partes la decisión adoptada bien en la sentencia jurisdiccional o en la resolución administrativa, la parte que se considera afectada recurre ante los órganos de justicia constitucional, cuando en el procedimiento la decisión que se adoptó quebranta los derechos constitucionales de los administrados; caso contrario, corresponde a la justicia ordinaria su juzgamiento, entendiendo con esto, que la normativa constitucional vigente no se desvincula, pero que corresponde su resolución y decisión a la autoridad competente como es el caso en estudio; la Sala estima, que la resolución recurrida en amparo se encuentra debidamente motivada, de forma razonada y coherente, así como las causas que orientaron su decisión, proceso en el que se han respetado cada una de las etapas procesales, los derechos y garantías, como ser el de petición, el derecho de defensa, el debido proceso y todas las garantías judiciales que le asisten a las partes en la causa..."..."la Sala de lo Constitucional ciñe sus decisiones al debate constitucional, una vez estudiado y analizado el caso, se remite concretamente a estimar si se han vulnerado las garantías, derechos y principios constitucionales invocados por el amparista en la exposición de motivos, apreciándose de autos en el caso sub judice que no se han vulnerado las garantías invocadas..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 79 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EMY CLAUDETH ASFURA ASFURA, a favor de la sociedad mercantil BANCO CAPITAL S.A, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete (2017), que confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), con relación a una solicitud de honorarios profesionales promovida por la Abogada SONIA MARIA OCHOA LARA, por haber representado a la SOCIEDAD MERCANTIL BANCO CAPITAL, S.A., en la demanda de pago por consignación promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL NACIONAL DE INGENIEROS S.A, contra LA CONSTANCIA ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO S.A, como mandataria en virtud del contrato de administración de la cartera crediticia de BANCO CAPITAL S.A.- Estima la recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1.- Que en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil cuatro (2004), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, en su condición de Representante Procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL NACIONAL DE INGENIEROS S.A., en la demanda de pago por consignación promovida contra LA CONSTANCIA ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO S.A, como mandataria en virtud del contrato de administración de la cartera crediticia de BANCO CAPITAL S.A.- (Folios 1 al 6 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha doce (12) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, Resuelve: PRIMERO: Téngase por presentado el escrito de Contestación a la impugnación de honorarios junto con los documentos debidamente autenticados y fotocopias simples de los mismos, presentados por la Abogada SONIA MARIA OCHOA LARA… SEGUNDO: DESESTIMESE la impugnación de Honorarios profesionales por Indebidos interpuesta por la Abogada EMY CLAUDETH ASFURA ASFURA, en su condición de representante profesional de la Sociedad Mercantil BANCO CAPITAL S.A en proceso de liquidación en la TASACION DE HONORARIOS PROFESIONALES interpuesta por la Abogada SONIA MARIA OCHOA LARA… TERCERO: ESTIMESE la tasación de Honorarios Profesionales presentada por la Abogada SONIA MARIA OCHOA LARA, quien actúa en causa propia y en el ejercicio libre de su profesión, como la parte reclamante, quien reclama la cantidad de Setecientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Dólares Americanos con Cincuenta Centavos de Dólares (USD$ 774,453.50) o su equivalente en moneda nacional en concepto de ser los honorarios profesionales devengados y no satisfechos por la representación procesal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO CAPITAL S.A en liquidación Forzosa, en la Demanda de Pago por Consignación interpuesta por el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, como apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada NACIONAL DE INGENIEROS S. A. contra la compañía … CUARTO: Por consiguiente, se condena al pago de los honorarios profesionales al señor EDUARDO SANCHEZ MADRAGON como Liquidador del BANCO CAPITAL S.A., de los procesos siguientes: Por la DEMANDA DE PAGO CONSIGNACION que fue interpuesta por el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, como apoderado Legal de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NACIONAL DE INGENIEROS S.A contra la COMPAÑÍA LA CONSTANCIA ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRESTAMOS S.A, trasladada a la Sociedad Mercantil denominada BANCO CAPITAL S.A. en liquidación forzosa la cantidad de SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS DÓLARES AMERICANOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLARES (USD$ 730,616.51) o su equivalente en moneda nacional; y en la solicitud de TASACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES promovida por el Abogado MIGUEL ANTONIO CASTILLO GAMERO, por la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (US$ 43,836.99) o su equivalente en moneda nacional, para ser un total de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD$774,453.50) o su equivalente en moneda nacional, a la Sociedad Mercantil denominada BANCO CAPITAL, S.A., en liquidación forzosa, Representada Legalmente por el señor EDUARDO SANCHEZ MONDRAGON.- QUINTO: Contra esta resolución cabe el recurso de apelación que debe cumplir los requisitos de los Artículos 709, 710 del Código Procesal Civil… (Folio 231 al 234 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete (2017), conocido del Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, en su condición de Apoderada Judicial de BANCO CAPITAL S.A. contra la resolución de fecha doce (12) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictado por el Juzgado de Letras de Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en la cual (Sic) “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN del que se ha hecho mérito.- SEGUNDO: CONFIRMA LA SENTENCIA DEFINITIVA apelada.- CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA…(Folios 9 al 25 de la pieza de corte de Apelaciones).-4) La recurrente Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, compareció ante este alto Tribunal en fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO CAPITAL S.A., afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete (2017), violenta los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen.-5) Que con fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 119 y 126 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (2): Que la Sala de lo Constitucional conoce en vía de Amparo la sentencia de fecha dieciocho (18) de enero del dos mil diecisiete (2017) emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán que en su parte resolutiva declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación y CONFIRMA la sentencia de fecha quince (15) de agosto del dos mil dieciséis (2016), detectándose por la Sala un lapsus calami de parte de la Alzada, en cuanto a la fecha en la certificación de la sentencia confirmada, siendo lo correcto la del doce (12) de agosto del dos mil dieciséis (2016), que fue emitida por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resolvió tener por estimada la tasación de honorarios profesionales presentada por la abogada SONIA MARIA OCHOA LARA en su condición de reclamante en causa propia, en el juicio promovido por la Sociedad Mercantil denominada NACIONAL DE INGENIEROS S.A. contra la CONSTANCIA, ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO S.A. que fue trasladado a BANCO CAPITAL S.A. en liquidación forzosa, asimismo, en la Tasación de Honorarios en pieza separada promovida por el abogado MIGUEL ANTONIO CASTILLO GAMERO contra BANCO CAPITAL S.A. en liquidación forzosa, en los que actuó como Representante procesal de LA CONSTANCIA, ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO S.A. y por ende de BANCO CAPITAL S.A. EN LIQUIDACION FORZOSA.-CONSIDERANDO (3): Que la suplicante EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, recurre a esta instancia motivando que el fallo emitido por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, entre otros conceptos, ha vulnerado derechos consagrados en la Constitución contenidos en los artículos 80 en relación al derecho de petición, 82 a la inviolabilidad del derecho de defensa, 90 párrafo primero, relativo al debido proceso y artículos 128.15; que las leyes que rigen entre patronos y trabajadores son de orden público y en cuanto a que el Estado tutela los contratos privados celebrados entre dichas partes; 2, 19, 20 y 47 del Código de Trabajo; artículos 11 y 89 del Arancel del Profesional de Derecho Y Artículos 10.2, 12.5, 13 del Código Procesal Civil referente a la pretensión y valoración de la prueba.-CONSIDERANDO(4): Continua expresando que el fallo recurrido, en su Numeral CUARTO establece de manera errónea que la relación de servicios con la profesional del derecho abogada Sonia María Ochoa Lara y Banco Capital S.A. fue por tiempo limitado, basado en lo que en su momento fueron los dos contratos de servicios profesionales celebrados uno en pos del otro, por tiempo limitado; así el primero del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2007 y el segundo contrato, del 03 de enero al 31 de marzo del 2008, no obstante al vencimiento del segundo contrato, la relación laboral continuo entre la empleada y su representado (el banco) hasta el 7 de diciembre del 2009 en que finalizó con el pago de prestaciones y demás derechos laborales. Sustentando como motivo que la relación de trabajo se volvió permanente de conformidad al artículo 20 del Código de Trabajo, relacionando el artículo 47 del mismo cuerpo legal que “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa se consideran como celebrados por …” lo que no fue considerado por la Alzada, trayendo a colación los contratos suscritos en los que se consignó que el cargo era de ASESORA JURIDICA y que además se estipuló que actuaría como apoderada legal de la liquidación en los tramites de naturaleza administrativa y judicial que le encomiende el Liquidador, por cuanto la relación existente entre el Liquidador de Banco Capital S.A. y la Abogada fue una relación laboral establecida de conformidad con los artículos 19, y 20 del Código de trabajo, de lo que resulta que la sentencia sea inexplicable.-CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes y de conformidad a la pretensión planteada por la recurrente, el tema a decidir es si la profesional del derecho (reclamante) de los honorarios profesionales se desempeñaba como empleada permanente de Banco Capital S.A. en liquidación forzosa o bien si su condición era de una representante procesal independiente en defensa de los intereses del banco (poderdante) ante los órganos jurisdiccionales lo que origina el proceso de demanda para reclamar de su poderdante los honorarios profesionales debidos.-CONSIDERANDO (6): Que se desglosa de las piezas del proceso, que la parte reclamante presentó en fecha 2 de febrero del 2016 ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán en pieza separada al Expediente 0801-2007-23825-CO la Tasación de Honorarios Profesionales por los procesos en los cuales representó a la parte reclamada así: 1. DEMANDA DE PAGO POR CONSIGNACION interpuesta por la Sociedad Mercantil Nacional de Ingenieros contra La Constancia, Asociación de Ahorro y Préstamo S.A. y Banco Capital S.A., cuantía de la demanda es de US$ 4,870.776.74, en aplicación del artículo 30 numeral 4) del Arancel del Profesional del Derecho corresponde un 15% y 2. PROCESO DE TASACION DE HONORARIOS promovido por el abogado MIGUEL ANTONIO CASTILLO GAMERO, cuantía US$ 487,077.67, en aplicación del Artículo 30 numeral 2) juicio sumario corresponde 60% de lo designado al juicio ordinario, en caso de oposición, totalizando la tasación de los honorarios reclamados la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR (US$774,453.50), evidenciándose que la representante procesal continuó actuando con el poder conferido ante los órganos jurisdiccionales, hasta obtener las respectivas sentencias, actuaciones de representación por las cuales reclama de su poderdante los honorarios profesionales que le son debidos y que mediante sentencia la parte reclamada fue condenada al pago de los mismos y confirmados por la Alzada, y que no estando conforme la parte vencida con la decisión adoptada, recurre en amparo.-CONSIDERANDO (7): Que el Artículo 89.1.6 del Código Procesal Civil establece: 1. que los profesionales del derecho podrán reclamar de sus clientes el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto por la defensa efectuada y por la representación procesal asumida, presentando minuta detallada de los conceptos reclamados, la cual deberá ser calculada de acuerdo al Arancel o al convenio de Honorarios respectivos y manifestando formalmente que esos honorarios le son debidos y no han sido satisfechos, especificando en diversos apartados los conceptos por los que se reclama, en su caso. 6. El pago de los honorarios gozaran de derecho especialísimo y preferente, salvo en el caso de alimentos.-CONSIDERANDO (8): Que se desprende de autos que efectivamente entre la parte reclamada (el Banco) y la parte Reclamante existió un vínculo laboral como se deduce de los contratos a término que se firmaron por ambas partes. No obstante, la parte reclamada aduce que le fueron cancelados las prestaciones y derechos laborales a la reclamante el 7 de agosto del 2009, implica esta declaración, que evidentemente la relación contractual tuvo su fin con la Carta de Pago y Finiquito de Solvencia de fecha 7 de agosto del 2009 (folios 142-143-144, pieza de reclamo de honorarios) firmada por la empleada que dio por recibido a satisfacción sus prestaciones y demás derechos laborales. Sin embargo, se observa de autos el Mandato conferido, mediante poder general para pleitos, se entenderá entonces, que el poder ha sido aceptado cuando el profesional del derecho realiza gestiones a favor de la parte que lo otorga; asimismo, que dicho poder notarial se entenderá general y alcanzará a todos los procesos en que intervenga el poderdante, incluidas, en su caso, las diversas instancias y recursos, facultando al profesional del derecho para realizar válidamente en nombre de su poderdante todos los actos procesales mientras no le haya revocado el poder.
CONSIDERANDO(9): Que del estudio de los autos, resulta probado, que la abogada SONIA MARIA OCHOA LARA, mediante poder general para pleitos, otorgado por el Liquidador del Banco Capital S.A. licenciado JORGE ANTONIO FLORES PADILLA (folio 248 Pieza Demanda de Pago por Consignación) realizó actos de procuración en defensa de éste por la representación procesal asumida en los juicios supra indicados, tanto en la DEMANDA DE PAGO POR CONSIGNACION interpuesta por la Sociedad Mercantil Nacional de Ingenieros contra La Constancia, Asociación de Ahorro y Préstamo S.A. y Banco Capital S.A. cuya cuantía de la demanda se fijó en US$ 4,870.776.74, de la misma manera gestionó en el PROCESO DE TASACION DE HONORARIOS promovido por el abogado MIGUEL ANTONIO CASTILLO GAMERO por una cuantía de US$ 487,077.67, hasta obtener las respectivas sentencias y que le fueron notificadas en el año 2015, contexto que la lleva al reclamo de los honorarios profesionales devengados, encausando su reclamo al procedimiento establecido en el artículo 89 del Código Procesal Civil y a lo dispuesto en el Arancel del Profesional del Derecho, que fija los honorarios que devengaran los profesionales del derecho como resultado de sus actuaciones, conceptos económicos, que tasados y reclamados basta únicamente acreditar las actuaciones en juicio por parte del reclamante, (profesional del Derecho), por lo que el conflicto radica en el reclamo de honorarios profesionales y no en la intentada figura de una relación laboral que tuvo su fin con el pago de prestaciones y otros derechos laborales como obra de autos el pago de sus derechos laborales en agosto del 2009; radica entonces la controversia, al reclamo de honorarios profesionales que le son debidos por haber asumido la representación procesal en defensa de los intereses del Banco Capital S.A. en relación a las demandas incoadas en su contra, como ha quedado probado en la instancia que conoció del asunto, en el que intervino la parte reclamada (el Banco) observando que ha actuado en el procedimiento establecido.-CONSIDERANDO (10): Que precisa el artículo 249 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), que los Procuradores Judiciales son los representantes de las partes, en virtud de poder conferido por estas, para defenderlas en los Juzgados y Tribunales, haciendo las peticiones y demás diligencias necesarias para el logro de sus pretensiones; en lo concerniente a asuntos de mera legalidad, se trata de todas aquellas situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscrita su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, pertinente a asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que se resuelven conforme lo establece el procedimiento normativo que los rige, sin embargo al resultar inconformidad para una de las partes la decisión adoptada bien en la sentencia jurisdiccional o en la resolución administrativa, la parte que se considera afectada recurre ante los órganos de justicia constitucional, cuando en el procedimiento la decisión que se adoptó quebranta los derechos constitucionales de los administrados; caso contrario, corresponde a la justicia ordinaria su juzgamiento, entendiendo con esto, que la normativa constitucional vigente no se desvincula, pero que corresponde su resolución y decisión a la autoridad competente como es el caso en estudio; la Sala estima, que la resolución recurrida en amparo se encuentra debidamente motivada, de forma razonada y coherente, así como las causas que orientaron su decisión, proceso en el que se han respetado cada una de las etapas procesales, los derechos y garantías, como ser el de petición, el derecho de defensa, el debido proceso y todas las garantías judiciales que le asisten a las partes en la causa.-CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional ciñe sus decisiones al debate constitucional, una vez estudiado y analizado el caso, se remite concretamente a estimar si se han vulnerado las garantías, derechos y principios constitucionales invocados por el amparista en la exposición de motivos, apreciándose de autos en el caso sub judice que no se han vulnerado las garantías invocadas.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, atendida la opinión del Fiscal y por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 70, 80, 82, 127, 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a., 249 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 63, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 79, 82 y 89 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EMY CALUDET ASFURA ASFURA a favor de BANCO CAPITAL S.A. Contra la Sentencia emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha dieciocho (18) de Enero del año dos mil diecisiete (2017); Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para que surta los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019),recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0259-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL