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Sentencia AC-251-19 — Registro 11599

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del a-quo, con relación a demanda de separación de hecho que fue promovida en su contra, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de septiembre de dos mil diecinueve. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NICIA GERTRUDIS VAQUEDANO a favor de la señora ANA GUILLERMINA FALK, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, con relación a demanda de separación de hecho promovida por el señor LUIS EDGARDO MENENDEZ, contra la señora ANA GUILLERMINA FALK. CONSIDERANDO (1): Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que la audiencia se dio en la fecha y hora señaladas, aunque la ley establece que las partes deberán comparecer con sus apoderados y expondrán en su orden lo que pretenda; sin embargo, con un claro abuso de autoridad y transformando el sistema que hoy tenemos, la juez inicia un juicio tendiente a que mi representada declare contra si misma por desconocimiento de las normas procesales; sin la defensa o representación procesal, la juez inicio un papel de demandante y juzgadora, en donde los roles procesales no se encuentran definidos, pues a la abogada de la parte demandante no le quedo trabajo por hacer, pues todo lo hizo la juez en una práctica que riñe con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 8, que establece que toda persona debe ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Con lo narrado anteriormente, no solo se evidencia la violación al principio de defensa sino también el artículo 321 de la Constitución de la República, que establece que los servidores del estado, no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. CONSIDERANDO (2): Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución mediante la cual se declara sin lugar el recurso de apelación y que confirma la sentencia definitiva de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Leras de Familia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, se encuentra apegada a derecho; ya que se estima que no existió violación al derecho de defensa y demás garantías constitucionales, en vista de que si bien la señora Ana Guillermina Falk Zelaya no contó con la presencia de su apoderada legal en la audiencia, esto no le causó ninguna violación, ya que consta en el acta, que se contó con la comparecencia del agente fiscal, quien es el garante de los derechos de la sociedad y principalmente el derecho de los menores, tal como lo establece el artículo 630 del Código Procesal Civil, por lo tanto, la demandada no estuvo en indefensión en el proceso, porque fue asistida de manera eficaz por el agente fiscal, además la audiencia era con el objeto de que las partes se pusieran de acuerdo, con respecto al régimen de comunicación de visitas, guardia y custodia, pensión alimenticia y patria potestad concerniente a sus menores hijos, audiencia que no era indispensable la asistencia de un profesional del derecho, en vista de que el ente fiscal, también vela por los mismos intereses de la demandada, que era hacer velar los derechos de los menores. CONSIDERANDO (3): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, siendo dicha sentencia, motivada de manera precisa y razonada, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. CONSIDERANDO (4): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (5): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego del mismo. CONSIDERANDO (7): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede inadmitir el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 197 numeral 1, 717, 718, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NICIA GERTRUDIS VAQUEDANO a favor de la señora ANA GUILLERMINA FALK, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-251-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL