Sentencia AC-245-18 — Registro 17774
Resumen
Juzgado de instancia, inadmitió solicitud de nulidad de inscripción de Instrumento Público argumentando Juzgado de instancia entre otras cosas, que la pretensión no es una simple solicitud; sino que debe ser una demanda por vía ordinaria, Que posterior a un análisis de los antecedentes la Sala concluye que, procedimiento mediante el cual se obtiene una sentencia que decrete la Nulidad de una Inscripción de un Instrumento Público , es el procedimiento civil ordinario, el cual comenzará por medio de una demanda, tal cual lo establece el primer requisito del artículo 424 del Código Procesal Civil.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de apelaciones recurrida, basa su decisión en las siguientes argumentaciones jurídicas: “Que esta Corte después del estudio del caso, considero que la pretensión del recurrente al pretender anular una escritura pública y sus subsiguientes traspasos mediante una simple solicitud al Juez de instancia, considera una aberración jurídica en virtud de que se está Violentando flagrantemente la garantía constitucional consagrada en el artículo 82 de lo Constitución de la República que dice que ”el derecho de defensa es inviolable”. No es ningún pretexto legitimo el hecho de que la persona o personas a quienes se pretende demandar hayan fallecido, en virtud de que los herederos de éstos son continuadores de lo persona jurídica de su respectivo causante, y si ellos no se han declarado herederos por negligencia o malicia, la Ley contempla el remedio legal que es declarar lo herencia yacente y nombrarle a los causahabientes un representante de la herencia yacente a quien si se puede demandar legítimamente una vez declarada la herencia como tal. Agrega que: Que una escritura pública como la que pretende anular el impetrante con una simple solicitud, debe de plantearse una demanda mediante un proceso ordinario declarativo que llene los requisitos a que se refieren los artículos: 424 y 425 del Código Procesal Civil, y especialmente en el número 2 letra d) del citado artículo 424, debe de consignarse el nombre del demandado y su domicilio si fuere conocido, los hechos en que se funde la petición, la Fundamentación jurídica y la petición, y una vez ubicado el domicilio del demandado o sus herederos emplazarlos legalmente para que en el término de ley contesten la demanda y puedan oponer todo clase de excepciones o allanarse a la misma si así lo desean. CONSIDERANDO: Que posterior a un análisis de los antecedentes se concluye que, el procedimiento mediante el cual se obtiene una sentencia que decrete la NULIDAD DE UNA INSCRIPCIÓN DE UN INSTRUMENTO PÚBLICO, es el procedimiento civil ordinario, el cual comenzará por medio de una demanda, tal cual lo establece el primer requisito del artículo 424 del Código Procesal Civil. Pretender la nulidad de una inscripción de un instrumento público mediante una simple solicitud, sería dejar en indefensión a los que ostentan el derecho, y en consecuencia vulnerar el derecho genérico al debido proceso. CONSIDERANDO: Que la nulidad es el remedio extraordinario que la ley franquea para sanear la violación grave de la normativa de orden público que informa un proceso. CONSIDERANDO: Que podemos afirmar que lo dispuesto por el A-quo y confirmado por el tribunal de alzada en la sentencia recurrida en amparo, resulta procedente y conforme a Derecho, por lo que no se ha infringido con ello las garantías consagradas en los artículos 80, 82, 90, 110, 321 y 323 de la Constitución de la República de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, el amparo interpuesto por el recurrente debe ser denegado."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 424 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SANTOS CONSTANTINO GÓMEZ a favor del señor RIGOBERTO NIETO SOLÓRZANO contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, con relación a la solicitud de nulidad de un instrumento público, de su inscripción registral y de las subsiguientes inscripciones derivadas del mismo, presentada por el señor Rigoberto Nieto Solórzano, instrumento público número 198 que se refiere a la cancelación del asiento número 168, otorgado por Joaquín Alvarado Pineda y autorizado por el Notario Víctor Manuel Campos A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90, 110, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha uno de junio de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, el Abogado Santos Constantino Gómez, en su condición de apoderado legal del señor Rigoberto Nieto Solórzano, presentando solicitud de nulidad de un instrumento público, de su inscripción registral y de las subsiguientes inscripciones derivadas del mismo, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo. (Folios 1-7 de la pieza del A-quo) 2)En fecha siete de junio del año dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, inadmitió la solicitud, relacionado en el numeral primero, argumentando entre otras cosas, que la pretensión no es una simple solicitud; sino que debe ser una demanda por vía ordinaria. Asimismo, el Abogado Santos Constantino Gómez interpuso recurso de reposición en contra de la resolución antes referida. (Folios 10/11-12 del expediente del A-quo)3) Que en fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, el Juzgado antes referido, resolvió: Declare Sin Lugar, el recurso de reposición presentado por el Abogado Santos Constantino Gómez, quedando expedito el recurso de apelación…. (Folio 13 vuelto de la pieza del A-quo)4) Que en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil diecisiete, el Juzgado antes referido tuvo por admitido en tiempo y forma el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Santos Constantino Gómez, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Rigoberto Nieto Solórzano, contra la resolución relacionada en el numeral anterior, asimismo, se remitieron las diligencias a la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle. (Folio 17 de la pieza del A-quo) 5) Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia en la cual falló: Primero: Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Santos Constantino Gómez, en su condición de representante procesal de la parte demandante, contra la resolución de fecha ocho (8) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle, en la Solicitud de Nulidad de un Instrumento Público.-de su Inscripción Registral y de las Subsiguientes Inscripciones Derivadas del Mismo, promovida por el Abogado Santos Constantino Gómez como Representante Procesal del señor Rigoberto Nieto Solórzano.-Segundo: Se Confirma la resolución recurrida mencionada anteriormente.-Tercero: Que en virtud de lo que dispone el artículo 221 del Código Procesal Civil, se condena en costas al recurrente en esta instancia, en virtud del principio del vencimiento que contempla la ley…. (Folios 9-11 de la pieza del Ad-quem) 6) Que el Abogado Santos Constantino Gómez, compareció ante este Tribunal en fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 80, 90, 110, 321 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, asimismo, otorgando vista por el término de cuarenta y ocho horas al fiscal para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 1-5/27 de la pieza de amparo) 7) Que en fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutierrez Maldonado, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que en el escrito de interposición de la acción de amparo, se desprende que el amparista acude a esta instancia aduciendo que con la resolución emitida por el Ad-quem, se le han violentado las garantías contenidas en los artículos 80, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. Señala el amparista que la resolución emitida por el Ad-quem, no se encuentra ajustada a derecho, ya que está remediando los errores procesales cometidos por la autoridad de primera instancia, al no evacuar los medios de prueba propuestos en su momento procesal oportuno, por lo que al pronunciarse sobre hechos que no son parte del objeto de la litis violenta el principio de congruencia en la sentencia recurrida. De lo antes expuesto, el Ministerio Público observa que en el caso de autos, la solicitud de nulidad planteada contra la escritura pública de cancelación de contrato, no es legalmente procedente por no cumplir con los requisitos que exige la norma procesal civil en el artículo 424 que señala: Procedencia y Requisitos.1.Todo proceso judicial comenzará por medio de demanda escrita, en la que el demandante interpondrá la pretensión…Cabe señalar que la solicitud planteada, se contrae a pedir la nulidad de un instrumento público, que contiene la cancelación del asiento No.93 del tomo 168, el cual, solo puede ser cancelado mediante una sentencia definitiva tal como lo establece la Ley de Propiedad en su artículo 41, que dispone: “Las inscripciones y anotaciones preventivas pueden cancelarse total o parcialmente. Procederá la cancelación total de inscripciones y anotaciones preventivas cuando exista nulidad decretada mediante sentencia o laudo arbitral firme y cuando se haya extinguido por completo el derecho o el mandamiento Judicial”; por lo que al pretender anular el instrumento en mención, se verá afectado el titular de ese derecho, de ahí que dicho planteamiento deberá ser mediante una demanda ordinaria en donde sean escuchadas ambas partes a fin de garantizar el derecho de defensa. Asimismo el recurrente aduce que el Ad-quem “está remediando los errores procesales cometidos por la autoridad de primera instancia al no evacuar los medios de prueba propuestos en su momento procesal oportuno”, argumento que no resulta valido, ya que dicho aspecto no fue objeto de agravio en el recurso de apelación, por lo que al no haber sido alegado, es potestad del Ad-quem pronunciarse únicamente sobre lo que se ha pedido en atención al principio “tantum apellatum tanto devolutum”. Aunado a lo anterior observa esta representación fiscal, que el auto recurrido en apelación, es el que resuelve el recurso de reposición interpuesto; al respecto es importante señalar que el Código Procesal Civil en el artículo 699, dispone: “El auto que resuelve el recurso de reposición no se podrá recurrir, sin perjuicio de que la petición rechazada se haga valer como motivo en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva”, y en el caso de autos la resolución recurrida no pone fin al proceso, ya que no se le dio trámite a la solicitud planteada. El Ministerio Público, estima que la resolución recurrida, en la cual se establece el procedimiento correcto para incoar la petición pretendida por el amparista, no vulnera los derechos constitucionales alegados de acuerdo a las motivaciones que preceden. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que Se Deniegue la presente acción recurso de amparo, por No existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista, con las consecuencias jurídicas del caso. CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que según expone el recurrente, la infracción a los preceptos constitucionales invocados <artículos 80, 90, 110, 321 y 323 de la Constitución de la República>; se ha producido, cuando la Corte de Apelaciones en su sentencia está remediando los errores procesales cometidos por la autoridad de primera instancia, al no evacuar los medios de prueba propuestos en su momento procesal oportuno, por lo que al pronunciarse sobre hechos que no son parte del objeto de la litis violenta el principio de congruencia en la sentencia recurrida. CONSIDERANDO: Que un examen detenido de los antecedentes revela, que la pretensión del recurrente en amparo es lograr que se ANULE LA INSCRIPCIÓN DE UN INSTRUMENTO PÚBLICO CONTENTIVO DE LA CANCELACIÓN DEL ASIENTO NO. 93 DEL TOMO 168, no obstante, la ley establece en el artículo 41 de la Ley de Propiedad contenida en el Decreto 82-2004, manda que: “Las inscripciones y anotaciones preventivas, pueden cancelarse total o parcialmente. Procederá la cancelación total de inscripciones y anotaciones preventivas cuando exista nulidad decretada mediante sentencia o laudo arbitral firme y cuando se haya extinguido por completo del derecho o el mandamiento judicial;”. A juicio del impetrante, interponer una demanda vía juicio ordinario, pues señala que no existe persona natural o jurídica a quien demandar, al habérsele vencido el tiempo al señor JOAQUIN ALVARADO PINEDA de poder cancelar el contrato de compraventa como lo establece el artículo 1593 del Código Civil, y aduce que este plazo para pedir recisión es de cuatro años y manifiesta que ya han pasado cinco años; por tanto dice: como la recisión es nula de pleno derecho, basta que un órgano jurisdiccional la decrete. CONSIDERANDO: Que la sentencia de fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de apelaciones recurrida, basa su decisión en las siguientes argumentaciones jurídicas: “Que esta Corte después del estudio del caso, considero que la pretensión del recurrente al pretender anular una escritura pública y sus subsiguientes traspasos mediante una simple solicitud al Juez de instancia, considera una aberración jurídica en virtud de que se está Violentando flagrantemente la garantía constitucional consagrada en el artículo 82 de lo Constitución de la República que dice que ”el derecho de defensa es inviolable”. No es ningún pretexto legitimo el hecho de que la persona o personas a quienes se pretende demandar hayan fallecido, en virtud de que los herederos de éstos son continuadores de lo persona jurídica de su respectivo causante, y si ellos no se han declarado herederos por negligencia o malicia, la Ley contempla el remedio legal que es declarar lo herencia yacente y nombrarle a los causahabientes un representante de la herencia yacente a quien si se puede demandar legítimamente una vez declarada la herencia como tal. Agrega que: Que una escritura pública como la que pretende anular el impetrante con una simple solicitud, debe de plantearse una demanda mediante un proceso ordinario declarativo que llene los requisitos a que se refieren los artículos: 424 y 425 del Código Procesal Civil, y especialmente en el número 2 letra d) del citado artículo 424, debe de consignarse el nombre del demandado y su domicilio si fuere conocido, los hechos en que se funde la petición, la Fundamentación jurídica y la petición, y una vez ubicado el domicilio del demandado o sus herederos emplazarlos legalmente para que en el término de ley contesten la demanda y puedan oponer todo clase de excepciones o allanarse a la misma si así lo desean. CONSIDERANDO: Que posterior a un análisis de los antecedentes se concluye que, el procedimiento mediante el cual se obtiene una sentencia que decrete la NULIDAD DE UNA INSCRIPCIÓN DE UN INSTRUMENTO PÚBLICO, es el procedimiento civil ordinario, el cual comenzará por medio de una demanda, tal cual lo establece el primer requisito del artículo 424 del Código Procesal Civil. Pretender la nulidad de una inscripción de un instrumento público mediante una simple solicitud, sería dejar en indefensión a los que ostentan el derecho, y en consecuencia vulnerar el derecho genérico al debido proceso. CONSIDERANDO: Que la nulidad es el remedio extraordinario que la ley franquea para sanear la violación grave de la normativa de orden público que informa un proceso. CONSIDERANDO: Que podemos afirmar que lo dispuesto por el A-quo y confirmado por el tribunal de alzada en la sentencia recurrida en amparo, resulta procedente y conforme a Derecho, por lo que no se ha infringido con ello las garantías consagradas en los artículos 80, 82, 90, 110, 321 y 323 de la Constitución de la República de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, el amparo interpuesto por el recurrente debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación del artículo 90 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.3.b, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 109, 110, y 471 del Código Procesal Civil. FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SANTOS CONSTANTINO GÓMEZ a favor del señor RIGOBERTO NIETO SOLÓRZANO contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, con relación a la solicitud de nulidad de un instrumento público, de su inscripción registral y de las subsiguientes inscripciones derivadas del mismo, presentada por el señor Rigoberto Nieto Solórzano, instrumento público número 198 que se refiere a la cancelación del asiento número 168, otorgado por Joaquín Alvarado Pineda y autorizado por el Notario Víctor Manuel Campos A.; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.-Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueve.-NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-245-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL